La brutalidad del narco palidece con las historias de horror de mineras extranjeras en México

minera-2Tomado de: Sin Embargo

Entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia. La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano. Así lo consigna el periodista J. Jesús Lemus en su libro de reciente publicación “México a Cielo Abierto”, del que se presenta aquí un revelador capítulo para los lectores de SinEmbargo.

Si se ha de creer a las fuentes consultadas y a la observación directa de la violencia, a nivel nacional la lista de empresas trasnacionales que se valen del crimen organizado para la protección de sus intereses es larga; el recuento alcanzaría a por lo menos 915 regiones de todo el país, donde la protección de los intereses de los corporativos mineros posiblemente recaería en células de los cárteles de Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, Guerreros Unidos y el de los hermanos Beltrán Leyva.

Otro ejemplo se da en la región de Ixtacamaxtitlán, en el norte de Puebla: la empresa Almaden Minerals Ltd., por medio de la subsidiaria Compañía Gorrión, S. A. de C. V., descubrió el yacimiento de oro más grande —y uno de los más importantes de plata— de México, en la cuenca alta del río Apulco, sobre una extensión de más de 88 mil hectáreas. La mayor parte del banco de oro se ubica en la comunidad de Santa María Sotoltepec; tiene una proyección productiva de 130 mil onzas de oro y cerca de 8 mil onzas de plata por año.

En esa localidad, los opositores al proyecto minero han recibido amenazas y persecución por parte de las células de Los Zetas con el presunto respaldo de los gobiernos locales, los cuales supuestamente han puesto a disposición del crimen organizado los cuerpos de la policía municipal; los comandos han llegado hasta las casas de opositores al proyecto para hablarles sin tapujos. Les han marcado las alternativas que tienen: desisten de la resistencia, se marchan del pueblo o serán ejecutados.

El conflicto social en torno a las minas se agrava con el silencio de la autoridad estatal poblana y el desplazamiento forzado de la población no es reconocido por el gobierno federal. Ni por error las autoridades mencionan la posibilidad de que detrás de los grupos criminales esté la protección de los intereses de las mineras.

En Chihuahua las administraciones panistas de Fox y Calderón entregaron 2 mil 890 concesiones para el usufructo de 2 millones 734 mil 127 hectáreas, a las que se suman las 182 concesiones otorgadas por Enrique Peña Nieto para explotar una superficie de 223 mil 372 hectáreas, que es un caso muy similar al de Oaxaca, donde los panistas entregaron 267 concesiones para hacer minas en una superficie de 698 mil 198 hectáreas, a las que se suman las 26 concesiones para una superficie de 47 mil 422 hectáreas, entregadas por la administración priista de Peña Nieto.

Para comprender la forma en la que ha venido creciendo la entrega de concesiones en México, basta ver el registro histórico michoacano desde 1940, cuando los primeros títulos de explotación fueron entregados por Lázaro Cárdenas del Río, quien enajenó una superficie de 20 hectáreas para la extracción de hierro. La siguiente entrega de concesiones fue hecha por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que entregó en Michoacán 248 hectáreas con yacimientos minerales. Posteriormente el presidente José López Portillo cedió títulos para la explotación minera en 704 hectáreas. Siguió el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien concesionó mil 12 hectáreas de suelo michoacano.

Carlos Salinas de Gortari hizo entrega de títulos de concesión en suelo michoacano para una superficie de 7 mil 54 hectáreas, ejemplo que fue seguido por la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, que con cesionó 19 mil 206 hectáreas; el panista Vicente Fox entregó 380 mil 709. Por su parte, Felipe Calderón Hinojosa dio a las mineras internacionales 897 mil 735 hectáreas y, hasta el cierre de 2017, Enrique Peña Nieto ya había entregado títulos de explotación minera para otras 70 mil.

Si bien 80% de las concesiones mineras en Michoacán ha ido a parar a manos de grandes trasnacionales de capital estadounidense, canadiense, indio, chino, australiano, argentino e italiano, también una parte de esos títulos de explotación, principalmente de derivados pétreos, ha quedado en manos de algunos de los jefes de células de los cárteles de drogas que operan en la entidad.

Por eso, ante la facilidad con la que se puede obtener un permiso para la explotación minera, que no requiere mayores trámites que comprar la voluntad de los funcionarios en turno, y ante la rentabilidad económica que representan las minas, se ha dado paso a un nuevo fenómeno dentro del crimen organizado: cada vez son más los cárteles que se alejan del trasiego de drogas para incorporarse a la explotación minera, sin dejar de lado sus operaciones de secuestro, extorsión, cobro de piso y homicidio por encargo.

Sólo en la Tierra Caliente de Michoacán son cerca de 200 las minas —la mayoría de extracción de materiales pétreos— operadas por células escindidas del Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana; en Coahuila, de acuerdo con datos del Cisen, Los Zetas controlan la explotación de por lo menos 18; en Sinaloa, el cártel que una vez fue de Joaquín el Chapo Guzmán, tiene presencia en la explotación de 39 minas de materiales pétreos, mientras que el Cártel de Jalisco Nueva Generación se ha apropiado de por lo menos 79 de materiales pétreos y metales en Colima, Jalisco, Nayarit y Guerrero. Este cártel domina la extracción mineral y también controla los sistemas de compraventa y ha podido infiltrar el puerto de Manzanillo para hacer más fácil la exportación de los minerales a China.

La exención fiscal para las mineras es obra de Felipe Calderón Hinojosa, impulsor de la ratificación del convenio entre los gobiernos de México y Canadá para evitar la doble tributación de las empresas canadienses asentadas en nuestro país. Eso hizo posible que a esas compañías les baste pagar impuestos en su país de origen para recibir la condonación del gobierno mexicano, aun cuando extraen sus riquezas de nuestro suelo.

De ahí la gran contradicción en México: las regiones con mayor riqueza minera son a la vez las que mayor pobreza registran; los más pobres del país pisan a diario miles de millones de dólares que están en los yacimientos minerales de sus comunidades. Pero no tienen posibilidades de acceder a esa riqueza.

Zacatecas también ilustra esta situación. En el municipio Mazapil, en pleno semidesierto del centro del país, los vecinos viven en una de las pobrezas más extremas, aun cuando, como refiere el director de La Jornada Zacatecas, Raymundo Cárdenas, “esta gente debería vivir como lo hacen los habitantes de Dubái”, simplemente porque dentro de ese municipio está la mina de oro más grande de México, Peñasquito, operada por la canadiense Goldcorp Inc., asociada con Frisco.

Sólo en 2015 Peñasquito logró una producción de 860 mil 300 onzas de oro, que hicieron que los títulos de valor de ambas empresas crecieran casi 95%. El alto rendimiento de esa mina se ha logrado a pesar de las acciones de algunos de sus trabajadores, quienes en reclamo de mejores condiciones de trabajo realizaron entre 2015 y el primer semestre de 2016 al menos tres paros de labores y bloqueos, que fueron disueltos por la intervención del gobierno federal en favor de las trasnacionales.

De acuerdo con el Registro Público de Derechos del Agua, al cierre de 2016 eran 536 las empresas del ramo minero que habían logrado un título de concesión del gobierno federal para explotar una o varias partes de un manto freático o el cauce de algún afluente; es decir, mil 321 títulos de explotación, lo que le garantiza a esa industria un suministro de por lo menos 462 millones 382 mil 283.39 metros cúbicos anuales de agua, suficientes para para atender la demanda de una población de por lo menos 12 millones 292 mil 980 personas.

Leer completo:

http://www.sinembargo.mx/18-02-2018/3385173

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Boetín de prensa

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Los pueblos rebeldes caminan hacia la libertad;
los pueblos sumisos marchan hacia la esclavitud.
L.R

Imagen1El pasado viernes, sujetos armados y encapuchados que viajaban en una camioneta Ford Lobo negra, cabina y media, incendiaron una unidad de la línea AU rentada por nuestra organización, cerca de la comunidad de Alcomunga en la Sierra Negra de Ajalpan.

Los choferes del AU regresaban de haber dejado a nuestros compañeros en el municipio de Tlacotepec de Díaz,. después de haber participado en movilizaciones y protestas en la Ciudad de México contra la Secretaría de Energía (Sener), exigiendo la cancelación definitiva del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala, propiedad de Minera Autlan y que pretende construir en la zona baja de la montaña.

Los agresores les cerraron el paso antes de llegar a la comunidad mencionada, los maniataron y fueron bajados con violencia y amenazas, luego rociaron gasolina y prendieron fuego a la unidad de trasporte, señalando que era una advertencia para nosotros.

Denunciamos a Cirilo Trujillo Lezama, alcalde de Tlacotepec de Díaz como el autor material de este acto delictivo y de intimidación. Pistoleros a sus órdenes y bajo el mando de su hermano Marcelo son quienes encañonaron a los choferes y cometieron el incendio al autobus. Atrás de estos actos de violencia e intimidación se encuentra, desde luego, Minera Autlan,

No es la primera vez que Trujillo Lezama recurre a la violencia como su modus operandi. El 24 de noviembre de 2106, dos pistoleros contratados por él y su hermano atacaron a mano armada las instalaciones de Radio Tleyole, las Voces del Maíz, medio comunitario e independiente que pertenece a nuestro movimiento, resultando herido con una bala 9 mm el locutor Gerardo Rivera Juárez, crimen que sigue impune hasta la fecha.

Lo mismo ha sucedido con Fermín González León, alcalde de Zoquitlan. El, su familia y allegados han recurrido en reiteradas ocasiones a las amenazas y a la agresión física directa contra nosotros, de manera pública y en asambleas celebradas en Coyolapa. Zoquitlan y Pozotitla entre otras comunidades opositoras a los megaproyectos.

Estos alcaldes que pertenecen al grupo político del Senador Miguel Barbosa Huerta, virtual candidato de Morena al gobierno de Puebla y su principal mentor, actúan como el brazo armado de la empresa minera que tiene proyectado, además del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzalan, otras dos presas hidroeléctricas en la Sierra Negra.

El pasado 4 de este año y mes en curso, aprovechando la visita de López Obrador a la población de Zoquitlan, hicimos una protesta y acusamos públicamente a estos dos alcaldes por operar violenta y abiertamente en favor de los intereses de la minera. Ante esto, tanto López Obrador como Barbos Huerta, se vieron forzados a declararse en contra de la hidroeléctrica.

Ahora los emplazamos a ser coherentes con su dicho, exigiéndoles que veten y retiren la candidatura de Cirilo Trujillo Lezama por PT-Morena a la diputación por el distrito de Ajalpan, , por su actuar fuera de la ley y por ser operador de Minera Autlán.

Denunciamos también el actuar cómplice del gobierno federal en favor de la Minera, ya que la Secretaria de Energía, durante año y medio ha intentado mediante amenazas, sobornos, corrupción, violencia y la ayuda de estos dos alcaldes, imponer una “consulta indígena” para avalar la construcción de la represa, obra que afectaría de manera irreversible los ríos Huitzilac. Coyolpa y el Tonto, tanto en Puebla como en Oaxaca y Veracruz impactando toda la cuenca del Río Papaloapan.

Refrendamos nuestra postura contra los megaproyectos en la Sierra Negra y les decimos que no podrán construirlos, porque la determinación de nuestras comunidades ha sido contundente, firme e intransigente en la defensa del territorio, sus bosques y ríos.

​Declaramos que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, está rebasado por la realidad ya que no es un instrumento legal para la autodeterminación de los pueblos indígenas, sino la llave con la cual el gobierno mexicano y las empresas avalan y legalizan el despojo de nuestros territorios por medio del mecanismo de la consulta que dicha norma internacional establece y obliga.

Responsabilizamos públicamente a estos dos alcaldes, a Minera Autlan y a la Sener de cualquier acto de violencia que sigan desarrollando contra el MAIZ y las comunidades nahuas en resistencia de la Sierra Negra.

¡Por la libre autodeterminación de nuestros pueblos!

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan A.C.

¡Los ríos no se venden, se cuidan y defienden!

Fuera Minera Autlán de la Sierra Negra

Tehuacán, Ciudad de Indios; Puebla: 12 de Febrero de 2018.

Denuncia sobre asesinatos a compañeros de CODEDI

logo-CNI-ToTomado de a página del CNI

Hoy lunes 12 de febrero hace media hora alrededor de 10:30 de la noche hombres armados atacaron la camioneta donde viajaba el compañero Abraham Ramírez Vásquez cuando volvía de la ciudad de Oaxaca hacia la sierra sur de una reunión con funcionarios del gobierno del estado, donde fueron asesinados por el estado tres jóvenes de CODEDI, no se difunden por el momento sus nombre por respeto a las familias, por que la organización CODEDI RESPONSABILIZAN al gobierno estatal y federal representados por alejandro murat y peña nieto de este ataque que claramente pretenden generar desestabilización en el estado para sabotear su propia fiesta electoral.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y hombres y mujeres libres a SOLIDARIZARSE CON CODEDI. No seremos usados para generar miedo dentro de las filas del movimiento social de los pueblos de Oaxaca.

Exigimos esclarecimiento y justicia para los tres jóvenes mexicanos de CODEDI que son asesinados por el mismo gobierno que debería protegerlos cómo debe ser. Hacemos un llamado fraterno a todas las organizaciones sociales y pueblos de Oaxaca y particularmente a los compañeros de la SECCIÓN 22 a acompañarnos en los llamados que haremos en próximas horas.

Saludos combativos.

COMITE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDÍGENAS CODEDI.
Santa María Huatulco, Oaxaca, lunes 12 de febrero de 2018.

5 Aniversario de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar

0001Tomado de: Radioteca

En la memoria histórica de la resistencia mareña, la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar celebró recientemente el quinto aniversario de su existencia y lucha contra la imposición del proyecto eólico “Mareña Renovables”. El parque eólico pretendía instalarse en una zona lagunar conocida como la Barra Santa Teresa; un lugar sagrado para el pueblo ikjoots y una de las áreas principales para su subsistencia.

En entrevista con Virginia Torres Muriel, integrante del grupo “defensores del mar” y miembro de la ADPSM, platicamos sobre la historia de la Asamblea y el balance que hacen sus integrantes a 5 años de iniciar su resistencia en defensa del territorio.

Al inicio del programa les invitamos a reflexionar sobre los sueldos y gastos de los Diputados Federales, que provocaron la inconformidad ciudadana tras conocerse el caso de la Diputada Federal priísta en Sonora, Susana Corella Platt.

https://radioteca.net/media/uploads/audios/2017/01/espacio-social-aniversario-de-la-adpsm-2017.mp3

“Minera Media Luna esclaviza a los pueblos y a sus trabajadores”: Rexistir en Nuevo Balsas, Guerrero

Captura-de-pantalla-2017-12-01-a-las-01.29.13Tomado de: Ruptura Colectiva RC
Dic 2017.

Como parte del documental “¡Arriba las manos!: ¿el oro o la vida?” dirigido por el cineasta Demián Revart, el compañero Isaías del poblado de Nuevo Balsas, ofrece un análisis a gran panorama de la explotación tanto territorial como laboral de la minera Media Luna -filial de la empresa canadiense Torrex Gold Resources-, así como la serie de trabas que ha puesto en las exigencias de las comunidades afectadas, como la omisión de estudios de impacto ambiental y contaminación del río Balsas, las promesas de proyectos económicos que muchas veces son nulos, y en mayor medida, las amenazas de desempleo y penalizaciones a los trabajadores y subcontratistas que se atreven a denunciar las injusticias que se se viven al trabajar para la mina.

http://rupturacolectiva.com/minera-media-luna-esclaviza-a-los-pueblos-y-a-sus-trabajadores-rexistir-en-nuevo-balsas-guerrero/#.Wmd4IPDyGlk.link

Responsabiliza el CIG al gobierno del ataque a periodistas, pues “el crimen organizado actúa en contubernio con los malos gobiernos”

Tomado de: desInfórmemonosMexico_UNAM_BW_elections_candidate_Marichuy_CIG_28nov17_20_copy-1024x682

El Concejo Indígena, órgano colegiado compuesto por representantes de los pueblos originarios del país que desde octubre pasado recorren los territorios de las comunidades indígenas, responsabilizó también al gobierno “de las posibles agresiones que puedan sufrir las comunidades y pueblos del CNI, la Caravana del CIG, y periodistas que dan cobertura a su caminar, debido a que durante el recorrido por las comunidades de los pueblos originarios nos hemos cimbrado al escuchar los dolores causados por el crimen organizado en contubernio con los malos gobiernos”.

El ataque a los periodistas se dio cuando la caravana salía de un acto celebrado en la comunidad nahua de Ostula y “se dirigía a Paracho, habiendo salido apenas de los límites del municipio de Tepalcatepec, ya fuera del territorio bajo resguardo de la Guardia Comunal de Ostula y los grupos de Autodefensa que se articulan con ella”. El último vehículo de la caravana, en el que viajaban los periodistas independientes Daliri Oropeza, Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez, quienes, informa el CIG, han cubierto desde un inicio el recorrido del CIG y su vocera, “fue interceptado y arrinconado por una camioneta HONDA CR-V gris, en la cual viajaban cinco sujetos que portaban armas de alto calibre. Estos hombres obligaron a los compañeros Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez a descender, los amenazaron y los obligaron a entregar sus cámaras y teléfonos celulares únicamente”.

El CIG y el CNI reconocieron el trabajo de los periodistas independientes, en particular los que acompañan a la caravana, “ya que han sido fundamentales para visibilizar nuestro caminar y nuestros dolores”. Advirtieron que “ejercer el periodismo en México es un trabajo de alto riesgo”, ya que 40 periodistas han sido asesinados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. “Como Congreso Nacional Indígena nos indigna esta guerra contra la palabra, herramienta fundamental para la organización de los pueblos. Nos solidarizamos con los y las compañeras que realizan su oficio y defienden las libertades de expresión y prensa”, señalaron en un comunicado difundido esta mañana.

La comunidad de Ostula, localizada en la costa Pacífico de Michoacán, donde Maríchuy y el CIG celebraron un acto político por la mañana del domingo, se ha organizado precisamente para detener la ola del crimen organizado, que saqueaba las maderas preciosas y minerales dentro del territorio indígena. “Durante el festivo y multitudinario encuentro nos dimos cuenta de que Ostula es una comunidad libre, segura, donde la policía comunitaria cuida al pueblo, creciendo la resistencia en contra del despojo capitalista”, señalaron el CNI y el CIG.

El próximo miércoles 24 de enero la vocera Marichuy estará de vuelta en la Ciudad de México, en una actividad pública en el Hemiciclo a Juárez, a las 18 horas.

https://desinformemonos.org/responsabiliza-cig-al-gobierno-del-ataque-periodistas-pues-crimen-organizado-actua-contubernio-los-malos-gobiernos/

Detienen arbitrariamente a ocho integrantes de Las Abejas de Acteal en Chiapas

559825780185c625989916-750x430Ciudad de México | Desinformémonos. La organización Las Abejas de Acteal denunciaron el encarcelamiento masivo de ocho de sus integrantes el pasado 7 de enero por el agente municipal y gente de la comunidad Río Jordán, en Chiapas, cuando visitaban a un compañero detenido para asistirlo con atención médica y psicológica y llevar a cabo un rezo.

“Esta comisión que sólo iba a rezar, dar atención médica y psicológica a nuestro compañero José, se quedaron también encarcelados”, pues de acuerdo con Las Abejas, la detención ocurrió luego de que el agente municipal de la comunidad Río Jordán convocó una asamblea para decidir qué hacer con José Vázquez Entzín, integrante de la organización preso desde el 5 de enero. “Como la gente vio que ahí se encontraban nuestras compañeras y compañeros haciendo oración y acompañando a José en la cárcel, dijeron que también sean encarcelados”, señaló la oganización.

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Voces Feministas

Publicado el 10 ene. 2018
“Chiapas, 10 de enero.- Cerca de 22 compañeras de la Sociedad Civil Las Abejas llevaron el día de ayer una acción pacífica para exigir la liberación de sus compañeros detenidos injustamente en la Colonia Los Chorros. Trece de ellas son sobrevivientes de la masacre de Acteal y 4 llevan consigo a sus bebés. Salieron de Acteal a las 4:00 pm rumbo a Los Chorros. Iniciarán una procesión llegando a la comunidad en dirección a la Agencia municipal. Llevan velas, un estandarte de la virgen de Guadalupe, una bandera de paz y una manta exigiendo la libertad a los detenidos. Se espera que en el transcurso de la tarde se logre la liberación, de lo contrario permanecerán en compañía de los detenidos, en ayuno hasta que sean liberados”.