NOTICIAS 28-08-12

Policía estatal mata a un civil en un retén de revisión de vehículos Exigen justicia en San José del Progreso
MVS y el autoritarismo mexicano

Posible, el juicio a Calderón por crímenes de guerra

Por qué tiene tanta fuerza el movimiento estudiantil chileno

NOTICIAS DE OAXACA

Trabajadores del Ayuntamiento de Santa Lucia toman Palacio
13:05:06 28-08-2012
Ignacio Martínez Platas / Quadratín

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Oaxaca, Oax. 28 de agosto 2012 (Quadratín).- Trabajadores del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino tomaron éste medio día el Palacio de Gobierno para demandar el pago de sus sueldos que desde el pasado mes de abril les adeuda el municipio y advirtieron que de no haber alguna respuesta a sus exigencias se pondrán en huelga de hambre.
Los trabajadores encabezados por su dirigente, Francisco Javier Castillo García, señalaron que el conflicto iniciado desde el pasado mes de abril del año pasado, no muestra ningún avance de solución y en la última reunión con el Secretario de Finanzas del Gobierno del estado, no hubo ninguna respuesta, además de que se han agotado todas las instancias para dialogar con los concejales, por lo que “ya no hay nada que hacer”, reconoció.
Destacó que la controversia constitucional que interpuso el presidente municipal, Pedro Cabañas, el fallo de la Suprema Corte de Justicia, no fue favorable para el edil, por lo que se perdió toda posibilidad de que los trabajadores puedan seguir demandando sus pagos por esa vía.
Asimismo advirtió que al agotarse toda posibilidad de diálogo, solo resta la última medida que es la de ser recibidos por el Gobernador del estado, toda vez que los mas de 90 trabajadores llevan mas de un año y medio de no poder cobrar sus sueldos.
Aclaró que el plantón y bloqueo en las puertas de Palacio de Gobierno es por tiempo indefinido y aseguran que no se retirarán del lugar hasta no ser recibidos por el propio gobernador del estado.
Foto: Ambientación


 Padres de familia de Ocotlán de Morelos protestan por aulas para sus escuelas (10:21 h)

Lunes, 27 de Agosto de 2012 09:02 Saraí Jiménez Educación  (0 votos, media 0 de 5)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. Padres de familia de las escuelas primarias “Morelos” y “Melchor Ocampo” de Ocotlán de Morelos protestan frente al Palacio de Gobierno demandando el cumplimiento de los acuerdos firmados el 29 de febrero, en donde el Instituto Estatal de Educación Publica de Oaxaca (Ieepo) y el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed) se comprometían a construir las aulas que estas instituciones requieren.

Apoyados por profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), lamentaron que a los encargados de estas dependencias no le interese el buen rendimiento y necesidades de los menores.

Recordaron que son 24 aulas las que requieren, debido a que las escuelas no tienen más espacio para más estudiantes, ya que solo les dan mantenimiento para los 700 alumnos que diariamente las utilizan.

Los padres de familia, acompañados por sus hijos estudiantes y maestros, advirtieron que no se retirarán del Zócalo hasta lograr un acuerdo con el gobierno estatal.

De la constructora metida en asuntos de Amoltepec: Ley de Herodes (06:55 h)

Lunes, 27 de Agosto de 2012 05:07 ADNredacción Ley de Herodes

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Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. Felipe Calderón se puede ir en paz, pese a ser el presidente que más muertos ha causado en un sexenio, nadie le reclama, Andrés Manuel López Obrador a través de #YoSoy132 opta por protestar en contra de Enrique Peña Nieto e ignora los narcobloqueos que se dieron este fin de semana en Jalisco y Colima. Los inconformes con los resultados de la pasada elección presidencial siguen manifestándose en las calles de México, pero no dicen nada de la absurda guerra iniciada hace cinco años por el panista desde los Pinos.

***

El síndico municipal de Santiago Amoltepec Aurelio López Hernández le envió una carta al gobernador Gabino Cué para que envíe una comisión plural a la zona y frene la violencia además le advierte de la presencia de grupos paramilitares y de la mano negra de Adelfo Regino quien es dueño de una constructora.

Primero denuncia que hay desinterés y desatención del secretario general de gobierno Jesús Martínez Álvarez, luego indica que a raíz del deceso del señor Luis Jiménez Mata, presidente municipal asumió el cargo su hijo Pedro Luis Jiménez Hernández quien no figuraba en planilla original y por triquiñuelas y torcedura de la Ley del titular de la comisión de Gobernación del Congreso del Estado Elías Cortés,  manipuló el proceso de acreditación y mediante presiones y engaños, hizo renunciar a todos, para así poder erigir como edil a Pedro Luis quien se dedicó a conformar un grupo de pistoleros. Denuncia que grupos armados acabaron con la vida de Emiliano Peñas Palacios, Constantino Sánchez García y Bertoldo Chávez Mata y que de esto le informaron al Secretario General de Gobierno Jesús Martínez Álvarez quien en respuesta se dedicó a reprimirlos y amenazarlos con meterlos a la cárcel.

En el inciso b de su comunicado, denuncia la injerencia del Secretario de Asuntos Indígenas Adelfo Regino Montes y del subsecretario Hugo Aguilar quienes primero fungieron como asesores del pueblo y ahora bajo una asociación denominada “Servicios del Pueblo Mixe” construyen  el camino que va de Santiago Textitlán a Río Ciruelo, Santiago Amoltepec, de donde es originario Pedro Luis.

El síndico asegura que “Si metiendo a la cárcel a inocentes se resuelve el problema, quiero decirle enfáticamente que estoy dispuesto a entregarme a la “justicia”, solo pido que a su vez se asuma el compromiso público de que con mi detención se logrará la paz y tranquilidad que Amoltepéc tanto necesita”.

Y le pregunta a Gabino “¿que tan difícil es que una comisión plural se traslade a mi pueblo y verifique de manera directa e imparcial lo que está pasando?


 PARA UNA VIDA DIGNA Y CON DERECHOS

Demandan pueblos negros reconocimiento constitucional

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO/Foto: MARIO JIMÉNEZ LEYVA

27 Ago 2012 – 01:59

Oaxaca, Oax.- El Foro por el Reconocimiento, la Participación Social y Política de los Afromexicanos en Oaxaca demandó el reconocimiento constitucional de los más de 100 mil hombres y mujeres del pueblo negro, para garantizar su vida digna y con derechos.

Al dar a conocer los acuerdos, el coordinador general de la Alianza de Organizaciones Civiles de la Costa Oaxaqueña (AOCCO), Isidro Ramírez López dijo que la principal problemática es el desconocimiento sobre la existencia de los pueblos afromexicanos, la falta de reconocimiento Constitucional y la invisibilidad en los censos de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, expuso que no existe una delimitación geográfica de las autoridades federales y estatales sobre el territorio donde se ubican los pueblos afromexicanos ni se reconocen en ninguna ley de impacto positivo sobre sus vidas.

Explicó que los pueblos negros son discriminados en varios ámbitos porque no se cuenta su historia en las escuelas y no son incluidos en las reglas de operación de los programas sociales y productivos, por no hablar una lengua indígena.

Los pueblos negros, anotó, “no tienen las mismas oportunidades nuestros hermanos indígenas ya que estamos muy por debajo de los demás grupos étnicos”.

Además, mencionó que los afromexicanos no cuentan con espacios para ocupar puestos públicos o de elección popular.

Tampoco, subrayó que existe un reconocimiento específico para los médicos tradicionales de los pueblos afromexicanos y no sean discriminados por algunas personas o los mismos médicos de los centros de salud porque se les tacha de brujos o chamanes.

Ante esto, exigió la inclusión formal de los pueblos negros en la Constitución local y la elaboración de una Ley donde para garantizar y proteger sus derechos, así como impulsar la visibilización territorial de los asentamientos negros y la adecuación de las reglas de operación de los programas estatales y federales para su beneficio.

Además que las autoridades gubernamentales en común acuerdo con los municipios, agencias y organizaciones civiles convoquen y apoyen la idea de recuperar su historia, se incluyan en los censos de población y se les considere en los libros del nivel básico, medio superior y superior.

También que las diferentes dependencias gubernamentales federales y estatales identifiquen a los afromexicanos como pueblos distintos a los indígenas por sus expresiones, costumbres y tradiciones.

Y que se cree la Visitaduría para los Pueblos Negros en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Amarra parque eólico seguro de construcción

Staff/Agencia Reforma

28 Ago 2012 – 01:32

MÉXICO,DF- La empresa RSA Seguros México anunció que será la encargada de asegurar la construcción del parque eólico Mareña Renovables en Oaxaca, el más grande de América Latina.

En dicho parque se instalarán 132 torres de aerogeneradores y una línea de transmisión de 52 kilómetros hasta el Sistema Nacional Interconectado de la Comisión Federal de Electricidad.

La capacidad de 306 megawatts de generación es mayor a la suma de todos los parques eólicos construidos en 2011, aseguró la firma.

En un comunicado, RSA detalló que es el segundo parque eólico que aseguran en Latinoamérica, pues anteriormente lo hizo para uno en Argentina.

“Éste es el segundo gran proyecto de energía eólica que asegura RSA en América Latina en lo que va de año. A principios de 2012, RSA aseguró el parque eólico Rawson en Argentina, el más grande del país sudamericano, con capacidad para abastecer alrededor de 150 mil hogares”, explicó el documento.

Expertos de Dinamarca y América Latina trabajaron conjuntamente para ofrecer las soluciones adecuadas a sus clientes de Mareña Renovables.

Refutan señalamientos a Francisco Toledo

EN EL INAH HAY LUCHA DE PODERES, DICEN INDÍGENAS MICHOACANOS

ISMAEL GARCÍA M.

28 Ago 2012 – 01:58

Frente a los señalamientos de intelectuales y artistas como Francisco Toledo en contra de obras de rehabilitación que emprende el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Centro Cultural Comunitario “Tzintzuntzan” pidió al pintor oaxaqueño no dejarse llevar por rumores y mentiras y lo invitó a visitar los trabajos de rescate que se realizan en el antiguo convento franciscano de Tzintzuntzan, Michoacán.

“Lamentamos mucho que un grupo de investigadores y profesores del Instituto se hayan manteniendo al margen de este proyecto toda vez que desgarrándose las vestiduras y alegando ascendencia sobre el sitio, se hagan presentes una vez que el avance en la construcción porcentualmente es considerable”, refieren en la misiva.

Y es que la semana pasada, el artista juchiteco manifestó públicamente su respaldo a los investigadores y trabajadores del INAH en la lucha “para que se evite la destrucción de las zonas arqueológicas y los monumentos históricos que por obras de infraestructura de fin de sexenio promueven fuera del marco legal los funcionarios de esta institución en las zonas arqueológicas de Tzintzuntzan, Michoacán; de Atzompa, Oaxaca, y de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, Puebla, entre otros”.

Ante ello, los indígenas purépechas mandaron un escrito de dos cuartillas dirigido al maestro Toledo, en el que detallan los trabajos que se realizan en el conjunto conventual, con la participación de organismos civiles e instituciones municipales, estatales y federales.

“Como habrá de notar la diversidad de personalidades y cargos, tenemos un compromiso de rescatar, promover y difundir todo tipo de manifestaciones culturales, sociales, económicas y demás que tengan que ver con el desarrollo de la comunidad, apegados siempre a un principio de identidad”, exponen.

Del rescate del antiguo convento franciscano de Santa Ana, que data del siglo XVI, como el Atrio de los Olivos, “mismo que se encontraba en agonía y lejos del interés institucional”, manifiestan que se ha logrado gracias a las gestiones comunitarias y la “sensibilidad de particulares, instituciones nacionales e internacionales”.

Recalcan al pintor oaxaqueño que esos sitios recuperados “jamás podrán motivo de descuido, abandono y en el mejor de los casos olvido”.

Por ello, expresan:

“Con pesar y desilusión hemos sido testigos de la pugnas internas en el INAH, que con argumentos inválidos y abrigando intereses mezquinos, los toman como bandera al amparo de una lucha sindical que nos margina y nos pone a la expectativa y la defensa de este espacio (el ex convento), que si bien es de la nación, nunca lo será como es para nosotros”.

Refieren que los trabajos están bajo la coordinación de la doctora Nelly Robles (ex directora del Centro INAH Oaxaca), Coordinadora Nacional de Arqueología, y han estado vigilantes de que se preserven todos los testimonios constructivos.

Invitan a Francisco Toledo a acudir a esa comunidad michoacana para constatar personalmente “la veracidad de lo que se menciona y así pueda entender la posición que tomamos en torno a la problemática visceral y anárquica”. El documento lo firma el profesor Filiberto Villagómez Estrada, secretario del consejo directivo del Centro Cultural Comunitario “Tzintzuntzan”.

Documento

Misiva del Centro Cultural Comunitario “Tzintzuntzan” en la que puntualiza sobre los señalamientos de intelectuales y artistas como Francisco Toledo en contra de obras de rehabilitación del INAH en el antiguo convento franciscano de Tzintzuntzan, Michoacán.


Clero católico pretende destruir legado de Rodolfo Morales

La Fundación exige no tocar “un solo árbol” y dice que el plan es financiado con recursos públicos municipales. Se deslinda el Edil del proyecto

Mario ARELLANES

OCOTLÁN de Morelos, Oax.- Con sólo el dictamen de un arborista, el Comité de Obras parroquiales del templo de Santo Domingo de Guzmán e integrantes de otros grupos al interior de esa iglesia, impulsados por el sacerdote Saturnino Hernández Herrera, pretenden podar del atrio la mayoría de árboles plantados en 1993, por el maestro Rodolfo Morales, bajo el argumento de que necesitan renovarse por plaga.

Para concretizar sus intenciones, esas personas elaboraron un proyecto al que titularon “¡rescata tu atrio!”, mediante el que aseguran que “es urgente” rescatar y conservar ese espacio para detonar la economía por medio de los visitantes y por supuesto, fomentar la cultura.

Al respecto, los integrantes de la Fundación Cultural Rodolfo Morales denunciaron a El Imparcial que la intención real del párroco y allegados a él, nada tiene de cultural y sólo pretenden exterminar cuando menos el 40% de la masa arbórea existente para convertir ese espacio en una gran mole de concreto para utilizarlo en celebraciones eclesiásticas como misas y  procesiones.

Mencionaron que desde hace varios meses se han acercado a la Fundación integrantes del Comité de Obras de la Parroquia, entre ellos Gustavo Sumano Martínez, Herón Peralta Cruz y otros para tratar de convencerlos que acepten la destrucción de los árboles ubicados en un espacio de 4,402 metros cuadrados.

Alberto Morales Sánchez informó que la Fundación de la que él es presidente ha estado todo este tiempo ha cargo del atrio y le paga a una persona para que riegue y cuide de los árboles.

Dijo que ninguna persona o grupo de la iglesia se han preocupado por años de lo que suceda con los árboles ni con su cuidado sino hasta ahora que quieren quitarlos del atrio.

Esteban San Juan Maldonado, representante Legal y Albacea Testamentario de la Fundación y Director General del Teatro Macedonio Alcalá mencionó que ellos estarían de acuerdo en realizar podas justificadas pero “sin la necesidad de retirar un sólo árbol”.

Adán Esperanza Arellanes, tesorero de la Fundación afirmó que el proyecto eclesiástico también contempla mover las bancas ubicadas a los costados de la entrada principal del atrio.

“Permitir la destrucción de árboles y bancas  afecta el patrimonio artístico y cultural de Ocotlán”, comentó.

“Exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales que los lugares que sean rescatados por filantropía como en este caso, sean respetados”, dijeron los miembros de la Fundación Rodolfo Morales.

Por su parte, Miguel Ángel Pacheco Pérez, presidente municipal de Ocotlán,  aseguró que fueron los propios integrantes del clero quienes contrataron al arborista Víctor Velasco López con sus propios recursos y no con los del municipio como se ha especulado.

“Nosotros como autoridad no vamos a aceptar ni a autorizar nada hasta que no se tengan los dictámenes avalados por el Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de cuanta dependencia tenga que ver con este asunto”, dijo.

Todo esto ya provocó el primer connato de violencia el pasado sábado, cuando un grupo de ciudadanos opuestos a que se cristalice este plan acudieron al curato en donde el cura había convocado a sus partidarios para explicarles la bondad de su proyecto.

Hasta ahí llegaron sus detractores para exigir la cancelación de su propuesta  y pedirle al sacerdote que “ya no divida más a la grey católica”.

Por lo pronto, los inconformes informaron en una reunión pública realizada en la explanada municipal que este lunes dirigieron un escrito al gobernador Gabino Cué Monteagudo, a la Secretaría de Gobernación (Segob), al INAH y a la Presidencia Municipal de Ocotlán,  entre otras dependencias.

“Esta será nuestra primera actividad para oponernos a tan aberrante pretensión” dijeron.

EL APUNTE

La acusación

Acusan al clero católico de pretender exterminar el 40% de la masa arbórea existente en el atrio, a fin de convertirlo en un sacio de concreto para las celebraciones eucráticas

EL DATO

El daño

Los árboles que pretender podar se encuentran ubicados en un espacio de 4,402 metros cuadrados

“Exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales que los lugares que sean rescatados por filantropía como en este caso, sean respetados”

habitantes de Ocotlán de Morelos


www.despertardeoaxaca.com

Por la obstinación de Cajiga, continúan los retenes: ya tuvo su primer muerto

agosto 28, 2012 | Autor Arturo Vázquez

En abril, el secretario de Finanzas ordenó al de Seguridad Pública establecer retenes para detener vehículos que no hubieran pagado tenencia, las críticas los detuvieron, pero los retenes siguieron en el interior del estado; los resultados financieros deben ser desastrosos porque los diputados locales tuvieron que solicitar una prórroga en el pago de multas y recargos

Arturo Soriano

Un muerto y un herido es el resultado de un retén policiaco en las proximidades de Reyes, Etla, inmediatamente se observa la confusión entre los mandos policiacos, porque mientras el secretario de Seguridad Pública declara que fue un retén para detener vehículos sin placas, los comunicados de la Procuraduría hablan de un patrullaje de rutina que detectó un vehículo, le marcó el alto y, al no detenerse, un policía disparó. En ningún lado se habla del autor intelectual de las tropelías policiacas y de este artero crimen: el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada.

Una historia de tenencias

y órdenes policiacas

En abril de este año, cuando concluyó el periodo legal para el pago de la tenencia y los derechos vehiculares, el secretario de Finanzas ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) instrumentar retenes policiacos conjuntos entre la policía preventiva y tránsito estatal, para detener a todos los vehículos que no tuvieran sus documentos en regla, especialmente aquellos que trajeran placas de otros estados de la república, porque no era ético que no pagaran impuestos en el estado de origen.

Una andanada de críticas de los ciudadanos, de los medios de comunicación y de los propios diputados locales hizo repensar a los secretarios de Finanzas y Seguridad Pública la pertinencia de la absurda orden y optaron por dejar por la paz los operativos policiacos en la ciudad de Oaxaca, pero mantuvieron la orden de efectuarlos en el interior del estado.

Desde entonces, cada semana, la SSP reporta la cantidad de vehículos confiscados porque no traen en orden sus documentos, además de los detenidos por portación ilegal de armas de fuego; entre los casos han encontrado vehículos con reportes de robo, también.

Recientemente, el secretario de Finanzas se vanaglorió de haber incrementado la recaudación por concepto de tenencia y derechos vehiculares en más de 700 por ciento, con respecto a los años anteriores, sin embargo, tres semanas después, los diputados locales emitieron un acuerdo que echa por tierra la ficticia alegría del recaudador estatal.

En un punto de acuerdo de todos los partidos, pero iniciado por el panista Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, los diputados solicitaron al Poder Ejecutivo que durante los tres últimos meses de este año haga una excepción especial para condonar las multas y recargos de todos los automovilistas que deseen pagar su tenencia y los derechos vehiculares, lo que implica, para cualquier analista serio, que ni hay un incremento sustancial del pago de tenencia y derechos y, por el contrario, algo está fallando en la recaudación, donde que el gobierno tuvo que echar mano de los diputados para proponer la moratoria de multas y recargos.

Quienes conocen la forma de actuar de la Cámara de Diputados saben que toda disposición que afecte un área administrativa estatal debe provenir de una orden del secretario del ramo o emana directamente del titular del Ejecutivo, así que el acuerdo legislativo debió provenir directamente del encargado de las finanzas estatales, Gerardo Cajiga Estrada.

La preocupación del secretario de Finanzas crece en proporción directa al fracaso de su estrategia de recaudación, porque convenció al gobernador del estado que mantener el cobro de la tenencia vehicular —cuando casi todos los estados la están desechando— era un acierto, por la cantidad de dinero que ingresaría a la tesorería estatal, pero la práctica les está demostrando lo contrario.

En las calles de la ciudad de Oaxaca se observan cada vez más una mayor cantidad de vehículos emplacados en otros estados, especialmente en el Distrito Federal y el estado de México; antes se prefería a Puebla, pero por un acuerdo especial entre los gobiernos, ahora se dificulta el emplacamiento en ese estado, lo que no ocurre con las otras entidades federativas.

Sí, la política impulsada por el secretario de Finanzas y operada por el de Seguridad Pública, de continuar con el terrorismo fiscal contra los propietarios de vehículos automotores en las regiones de Oaxaca ha dado resultados, pero totalmente contraproducentes para la tesorería estatal.

En la Mixteca, la inmensa mayoría de los vehículos que circulan están emplacados en el estado de Puebla; en la Costa, se emplaca en Guerrero; en el Papaloápam, se opta por Veracruz y hasta en el Istmo cada vez hay más vehículos con placas de Chiapas, aunque en todas las regiones han encontrado que es más cómodo económicamente emplacar en el Distrito Federal y no en Oaxaca.

Los precios

En el estado de México, un coche del año, nuevo, es emplacado, con todos los documentos en regla, por la irrisoria cantidad de 362 pesos; anualmente se pagan por derechos, aproximadamente, 342 pesos y estamos hablando de un vehículo de lujo, con un costo de fábrica de 320 mil pesos al contado.

En el Distrito Federal, emplacar un vehículo con varias tenencias vencidas cuesta aproximadamente entre 3 mil y 3 mil 500 pesos, los pagos posteriores, anuales, no rebasan los 360 pesos.

Algo parecido cuesta obtener una placa en cualquier estado de la república.

El drama del secretario y del pueblo oaxaqueño

Contra esta situación se enfrenta la obstinación del secretario de Finanzas por mantener a fuerzas el pago de la tenencia vehicular y para eso insiste en el establecimiento de los retenes policiacos en las carreteras y ciudades del interior del estado, con la indicación de que todo vehículo que no tenga sus documentos en regla sea confiscado hasta que no regularice su situación administrativa.

El problema es que, bajo presión, los policías preventivos actúan como lo que son: personas con escasa preparación académica, desconocedores de las leyes y actúan bajo la consigna de detener, confiscar y/o corromperse, llegando a caer en los excesos que ya enlutaron un hogar como en el dramático caso del asesinato en Reyes, Etla.

¿El autor intelectual de estas políticas públicas será enjuiciado? O sólo estará preparando su próxima estrategia financiera: el reemplacamiento en 2013.

Policía estatal mata a un civil en un retén de revisión de vehículos

agosto 28, 2012 | Autor Arturo Vázquez

De un balazo, el policía asesinó a una persona y el copiloto del vehículo fue herido en un brazo; en una primera versión, el secretario de Seguridad Pública dice que fue en un retén de revisión de vehículos sin placas, aunque la Procuraduría dice que fue en un patrullaje de rutina

Agencias

Con un certero disparo, un policía estatal preventivo mató al conductor de un vehículo e hirió al copiloto, cerca de un retén, en Reyes, Etla, donde se realizaba la revisión de vehículos.

Los mandos policiacos han intentado justificar el hecho como una confusión.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla, informó que el implicado fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, pero advirtió que el incidente pudo ser consecuencia de una confusión generada durante la aplicación de los protocolos de seguridad durante el operativo de revisión efectuado para la revisión de vehículos sin placas.

Explicó que, de acuerdo a la versión de los testigos, entre ellos los policías que participaban en el operativo, una confusión en los momentos en que se le marca el alto al conductor del vehículo particular, quien se negó a detenerse y aceleró, generó que el elemento policiaco hiciera dos disparos sobre los ocupantes, hiriendo a uno de ellos, quien posteriormente murió.

Por su parte, el gobernador Gabino Cué consideró lamentable el incidente y dijo que solicitó al procurador de Justicia, Manuel de Jesús López, indagar el hecho para deslindar cualquier responsabilidad; sin embargo, el mandatario asumió que siempre la posición de un policía resulta ser una función muy difícil, sensible, advirtiendo que son servidores públicos que se encuentran en tensión permanente.

Aclara la Procuraduría

En un comunicado posterior, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indicó que realiza las diligencias para determinar con absoluta imparcialidad los hechos registrados la noche de este domingo 26 en jurisdicción de Reyes, Etla, donde perdió la vida una persona y fuera herido en el brazo uno más y el procurador de Justicia comprometió una investigación seria y objetiva.
Informó que hay una persona detenida, remitida a los separos de la PGJE, y el plazo para desarrollar el total de indagatorias es de 48 horas en la que emitirá el dictamen correspondiente.

También informó que, de acuerdo a reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el domingo, alrededor de las 23:00 horas, efectivos policiales realizaban un rondín de seguridad sobre la carretera Reyes-Etla, perteneciente al distrito de Etla, cuando encontraron de frente un automóvil tipo Tsuru, color rojo, que circulaba a alta velocidad. Se presume que la unidad era conducida con irregularidad y que el conductor viajaba bajo los influjos del alcohol, por lo que procedieron a marcarle el alto.

Con el balazo, perdió la vida quien viajaba en el asiento trasero del conductor, y resultó herido, en el brazo izquierdo, el piloto de la unidad, mientras quien viajaba como copiloto resultó ileso, y es quien ha aportado con su declaración elementos importantes.


Exigen justicia en San José del Progreso

Integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, denunciaron una nueva agresión en contra de sus seguidores por parte del presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez Muñoz.

Leovigildo Vásquez Sánchez, integrante de esta agrupación, dijo que el sábado pasado Celso Vásquez Sánchez, topógrafo, y Pascacio Perez Manuel,mueren interceptados por un grupo de seguidores del edil, quienes los detuvieron con violencia y los golpearon de forma brutal.

Explicó que el ataque fue muy grave, lo que provocó lesiones de consideración de estas personas sin que ninguna autoridad interviniera para apoyarles, a pesar de los antecedentes que se tienen en esta comunidad.

Afirmó que tampoco se tienen avances de las investigaciones de los crímenes que se han cometido como el de Bernardo Vázquez Sánchez, dirigente de esta coordinadora que encabezó las protestas en contra de la minera Cuzcatlán, lonquenha morivado los problemas en este lugar.

Exigieron la intervención de las autoridades estatales antes que la violencia vuelva a esta localidad, pues la comunidad esta molesta porque la justicia no se aplica como corresponde y los casos siguen en la impunidad.


CIPPEEO, atole con el dedo
Sociedad Artículo
Escrito por SOLEDAD JARQUÍN EDGAR
Domingo, 26 de Agosto de 2012 23:42
Mujeres y Política

Todo tiene un principio, un lugar que a veces no alcanzamos a identificar correctamente dónde está. Este año 2012, cuando se ha aprobado un nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca (CIPPEEO) se cumplirían más del cien años desde que las mujeres oaxaqueñas exigieron participar en la vida política o ejercer lo que ahora llamamos derechos políticos.
Ha sido, sin duda alguna, un larguísimo camino de muchas bajas y pocas altas. Incluso ahora, el nuevo CIPPEEO es una lista de buenas intenciones, carece de dientes suficientes y por si fuera poco hay una serie de reglamentaciones que se dejan a la interpretación y la conveniencia.
En 1997, se reformó el artículo 136, fracción cuarta, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, el cual determinaba que ningún partido podría designar a más de 70 por ciento de sus candidatos de un mismo sexo, a la larga era claro ese mandato no era suficiente, por años, los partidos políticos “cumplieron” registrando a mujeres en las suplencias.
Hace apenas unos días, la Legislatura local aprobó el nuevo Código de Instituciones Política y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca (CIPPEEO) en el que se esperaba fueran resarcidas las “deudas” con los derechos políticos de las mujeres y se favoreciera su participación en los procesos electorales, incluyendo los municipios donde la elección es por usos y costumbres y donde se margina a las mujeres de sus derechos políticos.
Sin embargo, es claro que por mucho el CIPPEEO no es lo que se esperaba, aunque hay avances en algunos casos, pero lo cierto es que nos quedaron a deber y mucho.
Algunos de los artículos fueron escritos en presente subjuntivo, es decir, de una forma en que la oración principal toma el carácter de posible, probable, hipotética, creída, deseada, temida o necesaria. Persiste la trampa a través de una recomendación y no mediante una orden concreta. No es lo mismo decir: procurando garantizar a decir garanticen. La primera es una probabilidad, la segunda es un verbo imperativo, que no da lugar a dobleces ni a interpretaciones posibles que finalmente no favorecen a las mujeres porque quienes deciden en los partidos políticos son los hombres.
Un ejemplo es lo que indica el Artículo 95, fracción IV y VI donde se señala: “La integración de sus órganos directivos, en la que se procure garantizar la paridad de género” y, por otro lado plantea, “Las normas para la postulación democrática de sus candidatos, procurando la paridad de género”.
Sin duda podríamos pensar que la propuesta del Artículo 101 ayudará a lograr la participación política de las mujeres, por lo que se establece en el numeral XV que plantea como obligación de los partidos políticos “impulsar y garantizar la participación de las mujeres, en la toma de decisiones e incorporar perspectiva de género en sus acciones de formación y capacitación política, así como el acceso paritario a los cargos de representación popular en los términos señalados en este ordenamiento”.
El numeral XXI dice que los partidos políticos están obligados a “procurar la paridad en la integración de sus órganos de dirección yen las candidaturas a cargos de elección popular, y”, en ambos casos hablamos de asuntos internos de los partidos que deberán ser resueltos por ellos mismos y sólo que no sucediera intervendrían el Tribunal Electoral del Estado o el del Poder Judicial de la Federación.
De igual forma los partidos políticos tendrán derecho a recibir hasta el cinco por ciento adicional del financiamiento anual que le corresponda, de acuerdo al párrafo 1 facción I del artículo 107 para capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo de las mujeres. ¿Lo veremos? O cómo ya sucede destinarán ese dinero a otras cosas distintas a la formación de liderazgos femeninos. ¿Lo exigirán las mujeres que militan en los partidos?
Por supuesto que era de esperarse en este nuevo código que las “trampas” no se dieran ni se dejaran a la interpretación de unos sobre el resto de quienes integran un partido y de quienes aspiran a ser candidatos.
El Artículo 153, referente al procedimiento de registro de candidatos, hay una mezcla de buenas intenciones que nos deja claro que nadie se echaría la soga al cuello. En el numeral 6, por ejemplo, se establece que las fórmulas de un mismo género (no dice sexo) sólo serán en los casos de representación proporcional y no por el principio de mayoría relativa. Así que, frente a la no conciencia de quienes dirigen los partidos y la maraña de intereses que surgen en esos momentos cruciales de elección de candidatos y, sobre todo, por la falta de dientes del nuevo CIPPEEO, tendremos resultados nada favorables para las mujeres. La ley es clara, sólo en casos de representación proporcional y los de mayoría relativa se dejará entonces a la “voluntad” de los partidos.
En el punto 7 del mismo Artículo 153, habla de la cuota de género 40-60 para partidos políticos y coaliciones, la trampa se establece porque no indica en qué lugares deberán ser ubicados: uno a uno o cada tres uno, es decir, si las mujeres son ubicadas al último de la lista, según esta ley no puede objetarse nada.
Y, finalmente, en el punto 8 aparece el verbo  “procurará” -presente subjuntivo que no es otra cosa que lo probable-: “en el caso de los municipios que se rigen por partidos políticos, se procurará integrar plantillas con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo genero”. ¿Llamadas a misa? Como las feministas califican a este “procurara”.
La sanción se estipula en el artículo 158, cierto, que en el peor de los casos sería el no registro de sus candidatos. Pero dejaron en el aire el asunto del lugar que ocuparán las mujeres, dijéramos “a lo que entiendan los partidos” y ellos sólo entienden que van primero.
Estos son apenas unos ejemplos. La tan cacareada reforma político electoral sin duda otra vez le quedó a deber a las oaxaqueñas, en especial para las que militan en algún partido político, que enfrentarán un proceso electoral estatal en 2013 bajo condiciones desventajosas, porque ¿quién puede asegurar que no truquearán las interpretaciones como ya es costumbre?
Preocupa también lo establecido en el numeral 9, donde se establece que en las poblaciones donde la población sea mayoritariamente indígena “se procurara” postular a candidatos indígenas. ¿Dónde quedó la cuota de género? La realidad me hace ser pesimista, sí, porque entonces “procurarán poner a los indígenas y no a las indígenas, porque “lo primero es lo primero”.
Sin duda, el año electoral que se avecina podría ser el escenario de una batalla campal y quienes tienen que tomar las riendas son las mujeres que militan en los partidos políticos y tal vez una de ellas haga historia, porque desde que las feministas empezamos a impulsar el sistema de cuotas ninguna ha recurrido al Tribunal Federal Electoral, terminan, lamentablemente, doblegándose bajo ese mal entendido principio de la “unidad partidista”.
La historia está escrita, ya muchas mujeres de partidos políticos, como las propias diputadas, y de instituciones se adelantaron a festinar “los avances” del nuevo CIPPEEO a través de sendas declaraciones a los medios de comunicación, tal vez porque no leyeron bien de qué se trataba, tal vez porque están conformes con los dos pasos que ya se dieron, tal vez porque siguen creyendo que la cosa es calmada y sí ha sido tan calmada que recuerdo que ya pasaron más de cien años buscando los caminos de una democracia real, donde las mujeres sean incluidas y que todavía no llega y seguramente no llegará ante las faltas, las omisiones y las interpretaciones que se puedan dar a lo que no es concreto y mucho menos es claro.
UNA HISTORIA CIEN VECES REPETIDA
Para cerrar la semana, Concepción Rueda Gómez, delegada de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) soltó la bomba, una que es ampliamente repetida, una que ya era conocida y una que durante años calló a pesar de las evidencias, los testimonios, las denuncias y las vidas desechas de niñas y niños que han sido violentados sexualmente por personal directivo y docente de los albergues escolares que se ubican en zonas indígenas de Oaxaca.
Reitero no es la primera vez que esto sucede, no es tampoco la primera vez que las víctimas se quedan sin recibir ninguna clase de justicia por lo que ya he planteado aquí, la inoperancia total del sistema de investigación policial que opera y ha operado en Oaxaca desde siempre y que demuestra lo que dijimos la semana pasada, las denuncias no siempre terminan en justicia. Ni los de  ayer ni los de ahora han podido resarcir los daños, los maestros simple y sencillamente son cambiados de sede y a nadie le interesa que esas niñas y niños indígenas y pobres reciban justicia.
En 2008, recuerdo el caso que publicamos de dos niñas violadas por personal del albergue una en Zacatepec y otra en Tamazulapam Mixe, una abusada sexualmente por el director y otra por uno de sus maestros. Las denuncias fueron presentadas contra las agresores Eloy Nicolás Laureano y Víctor Pérez González. En el primer caso se obsequió la orden de aprehensión en una primera instancia y del segundo la autoridad municipal obligó al padre de la víctima a firmar “un acta convenio”, así nada más, a pesar de que la ley no lo permite, señalaba entonces con indignación la abogada Flor Gutiérrez.
Por increíble que parezca, Eloy Nicolás Laureano fue puesto en libertad por decisión ya saben ustedes de quien, pero por si no lo saben lo recordaré: el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca porque se consideró que la niña mayor de 12 años habría consentido la cópula. ¿Si como no?
Pero en este entramado de injusticia hay más corrupción y en ella estaban involucrados funcionarios del IEEPO, de la propia institución que ahora volvió a destapar la cloaca, la CDI, y por supuesto la infalible Sección 22, quienes optaron por cambiar a los agresores de esos albergues para “solucionar el problema”.
Por eso digo, alguien quiere curarse en salud y sostiene que son los padres y las autoridades municipales quienes no atienden el problema y que ella ya no puede más, incluso declara a El Imparcial en un tono dramático digno de una de las patéticas series de Televisa, cuando afirma que “es muy importante abrir este caso, no quedarme callada, porque soy madre, porque soy mujer y porque lo siento en el fondo de mi corazón y con los riesgos que conlleve…” ¿no le bastaba a la funcionaria con ser ciudadana y ser funcionaria obligada a no permanecer callada? Realmente guardó silencio por mucho tiempo, demasiado tiempo. ¿Sabrá lo que siguen pasando estas dos niñas violadas en los albergues y obligadas a ser madres como producto de esas violaciones? ¿Qué hay detrás de todo esto?
www.caracolasfem.blogspot.com

http://caracolasfem.blogspot.mx/2012/08/mujeres-y-politica-cippeeo-atole-con-el.html


Retienen a cuatro agentes federales en Pochotepec, Mazatlán Villa de Flores

Domingo, 26 de Agosto de 2012 20:10

Jorge Luis

26/08/2012. Oaxaca de Juárez, Oax. Jorge Luis Martínez/OPL.- Cuatro agentes federales entre ellos una mujer, fueron retenidos por pobladores y autoridades municipales de la agencia municipal de Pochotepec perteneciente a Mazatlán, Villa de Flores, Teotitlán, Oaxaca, hoy alrededor de las 15 horas, debido a que se les hizo sospechoso que personas ajenas a la población, viajaran armados y en una camioneta sin placas en calles de dicha agencia, siendo dejados en libertad horas después.

De acuerdo al agente municipal, Teodoro Reyes Marín, los pobladores se organizaron y detuvieron la camioneta Cheyenne color blanca sin placas de circulación, donde viajaban 4 personas, tres hombres y una mujer los cuales responden a los nombres de Josué Lorenzo Romero, agente federal “b”; Arturo Martínez Pérez, agente investigador “c”; Karla Manuela Martínez Damián, agente investigador “c” y Julio César Ramos Lorenzana que al momento de marcarles el alto los pobladores se dijeron y acreditaron como agentes federales, pero a pesar de ello fueron conducidos como detenidos.

Posteriormente tras el arribo de la policía estatal y del síndico municipal de Mazatlán Villa de Flores, Jorge Martínez Cano, alrededor de las 18:30 horas, fueron dejados en libertad, debido a que por medio de oficios de comisión y órdenes de aprehensión, acreditaron su presencia en esa zona del estado de Oaxaca, así como su pertenencia a la Agencia Federal de Investigaciones , dependencia que les comisionara desde hace semanas investigar el paradero de personas que cuentan con ordenes de aprehensión federales.


Outsourcing en Oaxaca “sangra” al IMSS

Detalles

Categoría: General

Publicado el Lunes, 27 Agosto 2012 19:44

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El delegado del IMSS, Luciano Galicia comentó que al menos son unos 5 mil trabajadores cooperativistas quienes reciben sus honorarios a través de estás empresas, las cuales desvían casi 30 millones de pesos en impuestos.
En Oaxaca hay empresas cooperativas que través de outsourcing desvían impuestos y prestaciones por el orden de los 30 millones de pesos, reconoció el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Luciano Galicia.

Dijo que se ha detectado en Oaxaca al menos unos 5 mil trabajadores cooperativistas que reciben sus honorarios a través de empresas outsourcing que están siendo investigadas para ser sancionados por violentar la ley del trabajo.

“Hemos detectado que en estas compañía cooperativistas se esta dejando de pagar 9 millones de pesos anuales por cuotas obrero-patronal, además de impuesto locales en nomina por el orden de los 2 millones de pesos y por impuesto al fisco federal por alrededor de 17 millones de millones”.

Indicó que las cooperativas han sido ubicada en la zona del Cuenca del Papaloapan, Huatulco y el Puerto de Salina Cruz, donde se ha recibido las quejas y se han instruidos los procesos de investigación para sancionar a los evasores.

Galicia dijo que el organismo ha logrado ganar varios juicios a varias empresas que ha sido descubiertas utilizada los mecanismos de outsourcing para evadir sus responsabilidades fiscales, principalmente aquellas donde hacen pasar al empleado como cooperativista, o simulan que los trabajadores son dueños de la empresa.

“Hemos recibido queja confidenciales donde los mismos trabajadores nos denuncian que sus patrones no quieren cubrir sus prestaciones”.

Admitió que también se ha detectado empresas que con el fin de pagar menos cuotas obreras patronales, solo reflejan un salario menor al que realmente percibe el empleado.
“Hemos detectado casos donde los trabajadores reciben salarios de 2 mil pesos, pero solo se acredita al IMSS que obtienen menos de700 pesos.

El problema viene cuando el empleado sufre un accidente de trabajo u ocurre el deceso, que se otorgan pensiones mínimas y raquíticas”.

Dijo que en Oaxaca de 3 millones 800 mil habitantes, solo 128 mil son cotizantes al IMSS con un empleo formal.

En sus cifras se tienen un reporte de altas por empleos nuevos de poco más de 3 mil, En los últimos 10 años ha existido un crecimiento de 56mil empleos, entonces hay una buena tendencia.

En este último año se ha arreciado más y en consecuencia hemos crecido por encima del 26 por ciento en los últimos dos año, lo que implica tener un panorama es favorable.

Milenio


Denuncian incursión de empresas extranjeras en pueblo oaxaqueño de pescadores

Pedro Matías
27 de agosto de 2012 · 2 Comentarios
Nacional

OAXACA, Oax. (apro).- Pese a la oposición del pueblo Ikoots de San Dionisio del Mar para que se instale un parque eólico en esa zona, empresas extranjeras incursionaron en ese territorio para marcar la carretera que pretenden construir para introducir su maquinaria e iniciar los trabajos de instalación de 102 aerogeneradores, dos subestaciones eléctricas y cinco muelles de atraque que darán 266 vueltas diarias.
En respuesta a esa intromisión, un grupo nombrado por la asamblea general del pueblo Ikoots realizó hoy un recorrido por su barra y arrancó todas las marcas que dejaron en su territorio.
Los inconformes alegaron que las empresas extranjeras, que cuentan con el respaldo de las autoridades gubernamentales, continúan hostigándolos y amenazando con entrar a la isla, lo que, aseguraron, significará una franca provocación.
A través de una denuncia pública dirigida a organizaciones sociales, de derechos humanos y comunidades indígenas, el pueblo Ikoots de San Dionisio se pronunció en contra el proyecto porque, apuntaron, los despojará de su territorio.
Señalaron que cuando el parque eólico sea instalado, quienes vigilarán la zona para cuidar el dinero de las empresas será la Secretaría de Marina.
Hicieron hincapié en que el proyecto afecta totalmente el ecosistema marino, considerado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio) como una región prioritaria por su alta diversidad biológica.
De acuerdo con los pobladores, el consorcio Mareña Renovables –formado por el Fondo de Infraestructura MacQuarie México (FIMM), que administra el capital de los trabajadores de México (afores), junto con los recursos aportados por el gobierno federal mediante los fondos nacionales para infraestructura (Fonadin)– y Mitsubishi corporation pretenden instalar el parque eólico denominado San Dionisio & istmeño.
Su oposición, aclararon, es porque dicha construcción atenta contra su patrimonio biocultural y su vida como pueblo pescador.
Aseguraron que esas empresas sólo persiguen explotar los vientos que corren por su territorio, deidades que ellos veneran, y para los extranjeros únicamente significan un recurso abundante, gratuito e inagotable que pueden explotar.
“Denunciamos una vez más que los pueblos que estamos siendo afectados por este proyecto de energía, que únicamente beneficia a las empresas extranjeras, nunca fuimos informados, consultados, ni se pidió nuestro consentimiento, como está establecido en los tratados internacionales que México ha firmado”, puntualizaron.
Luego de exigir respeto a su voluntad, responsabilizaron a las empresas eólicas Mareña Renovables, Grupo Préñela S.A, Fondo de Infraestructura MacQuarie México (FIMM), Fondo de Pensiones Holandés (PGGM), Mitsubishi, FEMSA (Coca Cola y Oxxo) y Heineken de las agresiones que puedan sufrir los pueblos si intentan entrar en su territorio sin su consentimiento y con el apoyo de la fuerza pública.



NOTICIAS DE MÉXICO

La hora cero de #YoSoy132

Luis Hernández Navarro

L

a señal de alerta se ha encendido. La cuenta regresiva camina aceleradamente. La hora cero se acerca. El movimiento #YoSoy132 se ha declarado en alerta ante la imposición de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República.

Como respuesta a la imposición, el movimiento en la zona metropolitana del valle de México acordó realizar una movilización fúnebre, de Ciudad Universitaria a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez que este órgano emita un fallo. Las asambleas locales que lo consideren necesario efectuarán otras acciones.

Lejos de hacer cuentas alegres sobre su capacidad para revertir la decisión del Trife, #YoSoy132 ha reflexionado sobre su fuerza real en esta coyuntura. En el balance político que efectuó durante su octava Asamblea General Intrauniversitaria señaló: Hemos estado tan preocupados en invalidar las elecciones que no hemos considerado en primer lugar si podemos hacerlo. Y añadió: La situación nos está rebasando; ha ocurrido una baja en la participación, pues se cree que se está cumpliendo un programa que no ha emanado desde el movimiento mismo.

Esta sangre fría para analizar la correlación de fuerzas muestra la madurez de los jóvenes que han emprendido el camino de la transformación social. No es común encontrar en los movimientos sociales emergentes actitudes así. Por el contrario, lo usual es que se dejen llevar por el voluntarismo y la convicción de que es suficiente convocar a acciones colectivas para que éstas se lleven a cabo.

Pero esta claridad en los retos que enfrenta su movimiento no significa que hayan renunciado a tomar las calles y a protestar contra la imposición de Peña Nieto. Por el contrario. Su plan de resistencia está en marcha, y siguen surgiendo inesperadamente todo tipo de expresiones de descontento no proyectadas de antemano. Apenas el pasado viernes 24 de agosto, en Matamoros, Tamaulipas, varias decenas de estudiantes interrumpieron a gritos a Leonardo Valdés, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE). Agentes federales tuvieron que sacar a Valdés por una puerta lateral del inmueble donde se encontraba.

El plan de acción de #YoSoy132 es de pronóstico reservado. El movimiento surgió espontáneamente y, a pesar de sus enormes esfuerzos por darse una organización representativa y estable, sigue teniendo un impulso aparentemente sin causa. Los estallidos de descontento, como el que se presentó la semana pasada en el Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, donde los estudiantes tomaron las instalaciones del plantel para protestar por el exceso de vigilancia, están a la orden del día. Lo seguirán estando.

Además, existe, por afuera de #YoSoy132, una profunda y extendida rabia social que puede explotar en cualquier momento, de la misma manera en que brotó el malestar juvenil en la Universidad Iberoamericana hace más tres meses, en un acto de campaña política del PRI que, aparentemente, estaba absolutamente controlado. La situación es incierta. Cualquier cosa puede suceder en las próximas semanas, incluyendo que no pase nada.

Por lo pronto, el movimiento ha alcanzado ya grandes logros. Uno de ellos es el descarrilamiento de la agenda legislativa del tricolor. El PRI ha debido posponer hasta el año que entra las reformas laboral, energética y hacendaria, y concentrarse en sacar adelante iniciativas anticorrupción, de mayor transparencia a los órganos de gobierno y de supervisión ciudadana a los contratos de publicidad del Estado. Además, ha anunciado que considera la aplicación del IVA generalizado en alimentos y medicinas como un último recurso a aplicar en una reforma hacendaria integral, después de combatir la evasión fiscal, la optimización del gasto y la abolición de los privilegios.

Ciertamente, este cambio en las prioridades legislativas del tricolor, que provocó un sonoro berrinche de los intelectuales mediáticos que exigían a gritos las reformas estructurales, no es exclusivo del movimiento estudiantil. La resistencia interna de los mismos priístas y la disposición de la izquierda institucional de sentarse a negociar juegan también un papel en esta decisión. Pero no se puede desestimar la responsabilidad de las protestas estudiantiles, las del pasado inmediato y las del futuro próximo, en esta decisión.

#YoSoy132 está consciente del peligro de las reformas peñanietistas y de la necesidad de frenarlas. En el balance político de la misma octava asamblea señaló que Enrique Peña Nieto y los poderes que representa impulsarán reformas que atentan contra la sociedad mexicana.

Desde su nacimiento, los enemigos de #YoSoy132 han apostado a su división. Sin el menor pudor inventaron supuestas disidencias internas que desparecieron días después de anunciadas. Ahora se dedican a magnificar cuanta diferencia surge a su interior.

Por supuesto que dentro de un movimiento de la amplitud y trascendencia como el #YoSoy132 existen contradicciones, pero éstas no son antagónicas. Hasta hoy sus integrantes han sabido resolverlas creativamente. Nada hace suponer que no lo seguirán haciendo en los próximos meses.

El movimiento se encuentra muy cerca de su hora cero. Su respuesta ante el fallo del Trifeserá fundamental no sólo para su futuro sino para el conjunto del movimiento popular en el país. Una reacción inadecuada facilitará el terreno para el desencanto y la descomposición política; una respuesta inteligente dará aliento a la resistencia.

Astillero

Luvianos, Jalisco, Tres Marías

Pugna en las alturas

Desmiente, que algo queda

Felipe dulcemente informa

Julio Hernández López

PROTESTAS EN NUEVA JERUSALÉN. Habitantes de la comunidad Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, Michoacán, exigieron ayer el retorno de niños a clases, mientras otro grupo informó que debe existir educación acorde a sus usos y costumbresFoto Víctor Camacho

E

l cierre de fin de sexenio acusa una sintomática virulencia en el tema del narcotráfico que no solamente se refleja en el incremento de las cifras macabras sino, en estos momentos políticos difíciles, en una sensación creciente de que los grupos en pugna (tanto los atrincherados en la institucionalidad como los expresamente considerados criminales) han entrado en una fase de desesperación activa frente a la cual no hay opción de control o combate eficaces.

La percepción de desamparo absoluto proviene del número de muertos y de la dispersión geográfica de los hechos de sangre, pero también o, tal vez, sobre todo, de la conciencia de que se ha entrado en una fase en la que las voces y los mandos tradicionales entran en pugna y establecen dichos y contradichos en condiciones nunca antes vistas. Marinos y agentes estadunidenses contra federales sin que el siempre protagónico Genaro García Luna atine a dar cara de manera pública, como si por primera vez en su largo reinado de fuego estuviese frente a adversarios de mayor poder o como si estuviesen en curso los ajustes de cuentas correspondientes al término del calderonismo y el inicio de nueva administración gerencial del gran negocio de cada sexenio.

Pero también hay órdenes y contraórdenes (un desorden, según el conocido silogismo militar), versiones y desmentidos, asomos y recular en sucesos como los de Liévanos, en el emblemático estado de México o en Jalisco. En el primer caso hubo suficientes versiones, recogidas en portales informativos de Internet, respecto a un presunto enfrentamiento entre bandos contrarios de narcotraficantes, con un saldo de cuando menos 30 muertos. Mas no quedaron cuerpos para comprobar la historia de un enfrentamiento del que se mencionaron en detalle tanto las poblaciones involucradas como el largo tiempo de los tiroteos.

No es la primera vez que se habla de que los miembros de los cárteles confrontados recogen a sus caídos. También se habla de que las propias fuerzas federales exterminadoras recogen con ayuda mecánica los restos mortales para borrar evidencias de masacres con tufo a limpieza social. El peñanietista secretario de Seguridad Pública del estado de México negó enfáticamente cualquier posibilidad de que se hubieran producido los hechos señalados en las redes sociales. Ayer, sin embargo, el gobernador Eruviel Ávila reconoció que hubo disparos en la zona de Luvianos, pero sin mayores consecuencias.

En Jalisco también hay misterios por resolver. Así como en mayo de 2010 se habló de que la Marina había apresado al jefe de la plaza occidental, Ignacio Coronel (incluso el entonces secretario general de gobierno de la entidad habló del asunto, con el secuestro de Diego Fernández de Cevallos como turbio telón de fondo), ahora el mismo cuerpo acuático de aplicada actuación terrestre ha generado gran ruido al detener a algunos integrantes del cártel Nueva Generación, de Jalisco, entre la extendida versión, dada a conocer el mismo día de los hechos en diversos medios electrónicos, de que entre ellos iría el máximo jefe, Nemesio Oseguera, apodado El Mencho.

Un golpe de tal magnitud volvería explicables las decenas de narcoboloqueos que se produjeron en la zona metropolitana de Guadalajara y en otros municipios de la entidad el sábado pasado. Pero ahora se ha hecho saber que no fue detenido el gran gerente regional, asociado al cártel de Sinaloa, como en su momento el mencionado Coronel, quien dos meses después de las versiones de su aprehensión fue acribillado en su residencia tapatía.

Incluso en el delicado caso de los marinos y los estadunidenses atacados por policías federales están presentes esos signos de reacomodos y rediseños a toda velocidad, como si un negocio en proceso de transición gerencial estuviese siendo desprovisto de evidencias inculpadoras o causas de imputaciones posteriores, o como si las fuerzas controladoras de un pasado que ya va de salida se resistieran a dejar el manejo de la redituable firma a los que creen llegado el momento también mafioso de ir tomando el timón de la nave tan cargada.

Familiares de policías federales habían retrasado en Cuernavaca, mediante obstrucción intencional, que luego retiraron, por instrucción de sus abogados, el traslado de estos agentes a la ciudad de México, invocando a Genaro García Luna para que les ayude y criticando abiertamente, a gritos y con pancartas, la intervención de los enviados estadunidenses a los que esos familiares acusan de tomar decisiones correspondientes a los mexicanos y de presionar para que se castigue a los subordinados del mencionado secretario federal de seguridad pública quienes, según la versión oficial, atacaron con armas de fuego la blindada camioneta diplomática en la que viajaban dos capacitadores gringos y un capitán de la Marina, con un auto compacto de custodia del que nada se ha sabido hasta ahora.

Luvianos, Jalisco y Tres Marías dejan testimonio de pugnas y realineamientos en las cúpulas del poder público, con un saldo notable en cuanto a número de muertos pero también en cuanto a desasosiego social y percepción de ingobernabilidad extrema, más que en otros momentos del de por sí tétrico sexenio. Mientras tanto, Felipe Calderón comparece ante el público de radio y televisión con una voz suave, casi dulce, la de un hombre contenidamente contento por haber cumplido con éxito su misión, para informar de los grandes logros de su sexto y último año de gobierno, enfatizando la valía que se atribuye en cuanto tuvo disposición para enfrentar el reto del narcotráfico.

Astillas

Chulada de negocio el de los partidos familiares: el Panal de la Elbeja Reina designa al nieto de ésta como vicecoordinador de la bancada en San Lázaro a la que también ha llegado Fernando Bribiesca, hijo de Martita Sahagún, a quien no le interesa hablar sobre las acusaciones de alta corrupción fomentada durante el foxismo. Por su parte, el Partido Verde ha designado coordinador de sus senadores al impresentable Jorge Emilio González, antes llamado el Niño Verde… ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx


Acuerdan ONG frente contra megaproyecto Morelos

Gabriela Hernández
27 de agosto de 2012 · Sin comentarios
Estados

PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones no gubernamentales de Morelos, Puebla y Tlaxcala acordaron formar un frente para oponerse a la construcción del megaproyecto Plan Integral Morelos, el cual prevé una termoeléctrica y un gasoducto de 160 kilómetros, mismo que pasa por la zona volcánica del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.
Juan Ramírez, activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua, dijo que esta obra, en la que se invertirán mil 600 millones de dólares, ya tiene permisos por parte del gobierno federal, pese a que la población que vive en esa zona, unas 60 comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala, nunca ha sido consultada.
Mencionó que en 45 hectáreas del pueblo de Huexca, Morelos, se planea construir una termoeléctrica de ciclo combinado, que sería abastecida por un gasoducto que partiría de Tlaxcala y pasaría por la zona volcánica del Popocatépetl en Puebla, la cual ha tenido una importante actividad en los últimos meses, por lo que se teme por la seguridad de la población de toda esa zona.
Incluso, dijo que el Comité Científico de Riesgos del Volcán Popocatépetl del Instituto de Geografía de la UNAM y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) han hecho advertencias sobre este proyecto.
Agregó que el gasoducto, que iría a un metro bajo tierra, representa un riesgo ya que, en caso de erupción del volcán, podría desatarse una gran explosión que afectaría no sólo a los habitantes de las 60 comunidades por las que pasaría este gasoducto, sino de muchas otras poblaciones cercanas.
Pese a ello, señaló que la Semarnat ya aprobó las declaraciones de impacto ambiental para la realización de este proyecto, el cual fue entregado a las trasnacionales españolas Elecnor y Abengoa.
Ramírez refirió que las protestas contra este proyecto ya han sido criminalizadas, pues actualmente existe una denuncia contra 10 activistas que participaron en mayo anterior en un bloqueo a la construcción de la termoeléctrica.
Las agrupaciones que se solidarizaron con las organizaciones civiles, entre las que se encuentra el movimiento #YoSoy132, se comprometieron a divulgar entre la población afectada la información, que hasta ahora ha sido regateada por los gobiernos de las tres entidades por las que pasará el gasoducto.

MVS y el autoritarismo mexicano

Jesús Cantú
27 de agosto de 2012 · 8 Comentarios
Análisis

El presidente de la cadena MVS, Joaquín Vargas.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las revelaciones de Joaquín Vargas sobre las acciones del gobierno para retirarle la concesión de la banda 2.5 ghz., y las discusiones posteriores, revelan en toda su magnitud la persistente presencia del autoritarismo en el Estado mexicano: la ausencia flagrante del estado de derecho y la supremacía de las prácticas clientelares en el tratamiento de los asuntos públicos.

En primera instancia, con lo ocurrido hasta ahora en este caso se demuestra diáfanamente la ausencia de un procedimiento claro, transparente y preciso que brinde garantías jurídicas a todos para renovar, revocar o modificar los términos de las concesiones vigentes o que concluyeron su periodo. Esa es precisamente la discusión: si MVS podía prorrogar, según expresión del mismo presidente del Consejo de Administración de esa empresa, dicha concesión, y si a través de la misma podía prestar servicios adicionales.

En un país donde se respeta el estado de derecho, eso está normado y tiene procedimientos, autoridades, requisitos y tiempos claramente establecidos. En México, según reconocen los actores involucrados, todo esto se realizó a través de varias decenas de anárquicas reuniones privadas, donde regía la arbitrariedad y la discrecionalidad de la autoridad. Precisamente por ello se hicieron propuestas y contrapropuestas, como si se tratase de un bien privado y de un acuerdo entre particulares.

En este caso se trata de un bien y un servicio públicos, cuya concesión a un particular debe hacerse con estricto apego a la normatividad vigente, no en función de los humores de la autoridad y los acuerdos privados en los que los requisitos y las prestaciones y contraprestaciones se establecen libremente.

Pero ante la falta de una legislación y una reglamentación adecuadas, todos los actores implicados aceptan su participación en estas reuniones privadas con el claro objetivo de lograr un acuerdo que los favorezca a ambos (concesionario y autoridad), no a la ciudadanía, la que debiera ser el verdadero receptor de los beneficios de un servicio público.

Relaciones claramente clientelares como ésta vulneran el estado de derecho e impiden la construcción de un régimen democrático. Daniel Hallin y Paolo Mancini definen el clientelismo político como “…un patrón de organización social en el que el acceso a los recursos sociales es controlado por patronos y entregado a sus clientes como intercambio por deferencias y varias formas de apoyo. Es una forma particular de organización social, en la que las reglas formales son menos importantes en relación a las conexiones personales o, en formas más recientes de clientelismo, conexiones mediadas a través de los partidos políticos, la Iglesia y otras organizaciones”.

A su vez, Jorge M. Audelo, señala que se trata de “aquellas relaciones informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las que existen un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos, y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos”.

Este soporte fundamental del régimen autoritario mexicano está presente y es aceptado por todos los involucrados en el caso MVS. Hay diferencias respecto a quién elaboró el primer proyecto de comunicado de disculpa de Carmen Aristegui (MVS o la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República); respecto a si la intervención de Javier Lozano fue en su carácter de secretario de Estado o como amigo de Vargas y a título personal; o sobre las cantidades que MVS ofreció como contraprestación (104 millones de pesos, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 11 mil 164 millones, según MVS). Pero no existe ninguna controversia acerca de la realización de varias decenas de reuniones, a lo largo de cuatro años o poco más, sin apego a ninguna normatividad, simplemente en función de esta relación personal, a la que todos los actores apelan en más de una ocasión, tanto en las revelaciones de Vargas como en las declaraciones de los funcionarios públicos involucrados. Todos confesaron su participación en este evidente ejercicio de clientelismo político.

Lo único que al respecto ha cambiado en el nuevo milenio es que hoy los clientes (en este caso MVS) que se sienten burlados se atreven a hacer denuncias públicas sobre casos como éste, no porque reprueben tales prácticas, sino porque no se beneficiaron de ellas.

Después de 12 años de alternancia en el Poder Ejecutivo, las instituciones del autoritarismo permanecen intactas. El intercambio de favores entre autoridades y particulares prevalece por encima del estado de derecho, y, cuando se trata de bienes públicos muy rentables –como las telecomunicaciones–, su acceso está reservado a unos cuantos privilegiados.

La autoridad sigue aprovechándose de la pobreza y la ignorancia de unos (en el caso de los votantes) o de la avaricia de otros (en el caso de las telecomunicaciones) para intercambiar dádivas o privilegios por votos o apoyo político.

En estas condiciones es imposible que florezca la democracia.


Al menos tres de los detenidos en Nicaragua pertenecen a Televisa

Un portal de noticias de Nicaragua afirma que entre los 18 mexicanos detenidos el año pasado en ese país, sí hay trabajadores de la empresa mexicana.

(Fuente: Youtube/HispanTV)

Redacción AN

Agosto 28, 2012 2:46 pm

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Al menos tres de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua por lavado de dinero y asociación delictuosa son trabajadores de la empresa Televisa, según publicó el portal El Cronista Digital.com de ese país.

La semana pasada, al conocerse la detención del grupo, quienes ingresaron al país en seis camionetas con logotipos de la empresa, Televisa emitió un comunicado para rechazar cualquier tipo de relación laboral con los indiciados.

Entre los detenidos se encuentra Raquel Alatorre Correa, quien presuntamente es prima del conductor de noticias de TV Azteca, Javier Alatorre, y quien pidió ser juzgada en Nicaragua para no involucrar a su familia en México.

El corresponsal de Noticias MVS en Managua, Abel Calero, relató que el gobierno de Nicaragua empezó a descubrir los contactos que una mujer (Alatorre-Correa) mantenía con personas en territorio nicaragüense y en Costa Rica como consta en sus más de 15 ingresos al primero desde 2006, donde, según publica el diario El Universal el martes, y opera una red de apoyo a los falsos periodistas.

Según refiere el corresponsal de MVS, la Policía Nacional de Nicaragua tampoco responde a una serie de cuestionamientos que aún persisten sobre el tema. El lunes por la noche se había anunciado una conferencia de prensa con un alto mando policiaco que nunca se realizó.

Destacó que el martes, las autoridades nicaragüenses enviaron a la Procuraduría General de la República en México, una carpeta con la información del caso y como parte de la Operación Managua dentro de la cual se establece la colaboración bilateral para el combate al narcotráfico.

El corresponsal detalló que desde la publicación de la información sobre el tema, el sitio El Cronista Digital.com está intermitente y su director, Óscar Merlo, no ha respondido a sus llamadas.

Televisa obstaculizó la distribución de la revista ‘Zócalo’: Padilla

“Hoy no podíamos permanecer callados ante esta flagrante acción de chantaje y de censura” subrayó Carlos Padilla, director general de la publicación, informó que la empresa Intermex retuvo en sus bodegas la última edición.

(Foto: Zocalo)

Redacción AN

Agosto 27, 2012 7:18 pm

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Carlos Padilla Ríos, director general de la revista Zócalo, denunció que la última edición no salió a la venta gracias a que Intermex, empresa ligada a Televisa, y proveedora de Zócalo, retuvo en sus almacenes el número de agosto.

De acuerdo con la versión del director general, este boicot responde a la portada del último ejemplar , donde se muestra el logo de la televisora de Emilio Azcárraga Jean, en forma de cascarón, que se rompe y del que intenta emerger un personaje con manos de dinosaurio, y donde visiblemente es muestra la cabeza de Enrique Peña Nieto, seguido de la pregunta “¿La TV hace presidentes?”.

“En términos generales por la línea crítica de Zócalo frente al duopolio televisivo consideramos como inaceptable la actitud de Intermex por su carga de censura y chantaje contra la revista, sus colaboradores y lectores” indicó Padilla Ríos en un comunicado.

El representante de la revista narra que durante la segunda y tercera semanas de agosto, percibieron que los ejemplares no se encontraban en las tiendas Sanborn´s, como mensualmente ocurría, por lo que solicitaron una aclaración a Intermex, quienes respondieron que Zócalo “había sido dada de baja”, y que regresaría una vez que Sanborn´s reactivara “el código”. La revista nunca llegó a los puntos de distribución, a unos días de finalizar el mes.

Zócalo es una publicación mensual con 12 años de presencia que cuenta con la participación de catedráticos, analistas, periodistas; en su última edición el contenido presenta temas como: “La televisión no hace presidentes” de Gerson Hernández Mecalco; “¿Telepresidente?”, de Antonio Brambila Ramírez; “La nueva Telebancada”; “Construcción de imagen de los candidatos”, de Israel Lay Arellano y “La herencia de los gobiernos del PAN”, de Aleida Calleja, entre otros.

Se podrá adquirir la revista en puntos de venta como: librerías Gandhi, Fondo de Cultura Económica (FCE) y en las librerías de las Facultades de Estudios Superiores Acatlán y Aragón, la UAM Xochimilco y la Escuela de Periodismo Carlos Septién, y puestos de periódicos.

Para acceder al último número de Zócalo da click aquí:

Para leer el comunicado íntegro de Carlos Padilla Ríos, director general de Zócalo en la siguiente liga: Comunicado de revista Zócalo

Padilla fue también cuestionó a Alejandra Sota en la conferencia de Presidencia (22 de agosto) donde desmiente las acusaciones de amenazas a MVS.


Posible, el juicio a Calderón por crímenes de guerra

26. agosto, 2012Autor: Nancy FloresPortada, Semana

La Corte Penal Internacional resolverá, antes de concluir 2012, si acepta la petición para enjuiciar al presidente Calderón y a su gabinete de seguridad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sólo con abrir el análisis preliminar sobre el caso mexicano, la Fiscalía señalaría la responsabilidad del gobierno federal respecto de los más de 60 mil civiles asesinados, 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, 30 mil infantes enrolados en los cárteles de la droga y decenas de torturados en cuarteles militares. De iniciarse el proceso judicial, el aún mandatario no podría alegar inmunidad presidencial por los “daños colaterales” de su principal política pública –la “guerra” contra el narcotráfico–, que defenderá en su sexto y último informe de gobierno

Antes de concluir su sexenio, el presidente Felipe Calderón Hinojosa conocerá si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acepta abrir el juicio en su contra por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico. El asunto –considerado de primer orden en la Presidencia de la República– lo atiende la cancillería mexicana en La Haya, Países Bajos, desde que un grupo de abogados presentó la petición el 25 de noviembre de 2011.

Aunque en un primer momento el gobierno federal desestimó la denuncia al argumentar que sería inmediatamente desechada por la Corte, ésta se ha convertido en una prioridad para el mando supremo de las Fuerzas Armadas, en el último tramo de su administración. La magnitud de la preocupación se derivaría de un resumen ejecutivo que la Fiscalía le entregó a la Presidencia de la República, en el cual se documentan crímenes que podrían constituir delitos internacionales.

Y es que, de ser juzgado, Calderón Hinojosa no podría alegar inmunidad presidencial: el artículo 27 del Estatuto de Roma –que rige la actuación de la Corte– prevé la improcedencia (por fuero) del cargo oficial, para evitar el proceso.

Con base en la denuncia que se presentó en noviembre de 2011, la instancia internacional encabezada por la fiscal Fatou Bensouda resolverá en los próximos cuatro meses si inicia un análisis preliminar sobre el caso mexicano que, además de involucrar al presidente, implica a sus secretarios de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Saynez Mendoza, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y también, a los cabecillas del narcotráfico mexicano, en especial a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del cártel de Sinaloa.

De abrirse la investigación preliminar, la Corte evaluaría en primera instancia la responsabilidad de los funcionarios como promotores y ejecutores de la política pública de seguridad, explica el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, quien, junto con más de 25 mil firmantes, promovió la petición.

Agrega que, sobre todo, se analizaría la responsabilidad respecto de las consecuencias de la “guerra” contra el narcotráfico: al menos 60 mil civiles ejecutados (de los cuales más de 1 mil 300 eran niños y más de 1 mil eran migrantes), 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, centenas de heridos, decenas de torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos” (inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes).

En el caso de los narcotraficantes, además de la violencia, la solicitud de investigación señala el uso de menores de edad en el conflicto armado, considerado en el derecho penal internacional como un crimen de guerra. Se trata concretamente de los niños sicarios.

Para Sandoval Ballesteros, “la posición de Felipe Calderón es más frágil ahora porque va a dejar el poder y ya no va a tener mecanismos de chantaje y de presión, de los que se ha estado valiendo hasta ahora. Justo en este momento se empieza a derrumbar ese palacio de impunidad que había generado, donde él se mantiene impune y le garantiza impunidad a los militares”.

Crímenes de lesa humanidad

La Corte Penal Internacional conoce y juzga, desde 1998, los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, consideradas las violaciones más graves a los derechos humanos y de trascendencia internacional. En el caso de América Latina, mantiene abiertos análisis preliminares contra dos países: el de Honduras, por el golpe de Estado, y el de Colombia, por el conflicto interno del narcotráfico y la guerrilla.

“Los procesos ante esta Corte son penales. No se trata de un tribunal de derechos humanos que señala responsabilidades de los Estados, sino de un tribunal que puede recibir acusaciones contra cualquier individuo; y en el caso de esta demanda no es contra el Estado mexicano, sino contra personajes muy específicos”, explica José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Respecto de la solicitud de juicio, el sacerdote jesuita comenta que, contra lo que se pensaba en un inicio de que este caso no podía proceder y que tendría carpetazo, no lo tuvo. Por lo tanto, dice, “se podría pensar que los jueces de la Corte Penal Internacional considerarían que hay en la demanda algunos elementos [para investigar el caso]; pero, en términos reales, no hay actualmente una investigación sobre México”.

El abogado Netzaí Sandoval expone que si se inicia el análisis preliminar, éste implica en sí mismo una dura declaración de la Fiscalía: a juicio de la Corte Penal Internacional se están cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad, perseguibles por ese tribunal.

“Esa situación implicaría que lo que nosotros hemos estado planteando es real: tortura, desaparición forzada, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, del lado del Estado; y del lado de los narcotraficantes, violencia desmedida, uso de armas prohibidas por el derecho internacional y reclutamiento de niños como sicarios.”

La situación mexicana no sólo ha alarmado a los defensores de derechos humanos: mientras que el Consejo Noruego para Refugiados, a través de su Centro de Monitoreo para Desplazados Internos, ha señalado que hay un conflicto armado interno en el país, el barómetro de Conflictos de la Universidad de Heilderberg, Alemania, indica que México es la nación más violenta del continente americano.

Para Rocío Culebro, directora del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, “cada día que pasa cobra más vigencia y relevancia la posibilidad de hacer esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, dada la serie de graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante este sexenio. El problema es que todas estas muertes y desapariciones de personas no han sido juzgadas y por esa razón existe la Corte Penal Internacional: ésta actúa cuando hay ausencia del Estado para la investigación y el castigo de responsables de graves violaciones”.

Sin embargo, Claudia Cruz Santiago –firmante de la solicitud y directora general del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia– dice: “Dudo mucho que la Corte Penal quiera enjuiciar a un expresidente. Es evidente que las naciones se van a oponer a llegar ahí porque si se abre la puerta para uno se abre para todos. Y en este planeta todos temen que les pisen la cola, entonces es muy difícil que lleguemos a ver a Calderón en la silla de la Corte Penal”.

“Daños colaterales”, la presunta responsabilidad

En diciembre de 2006 y en su calidad de mando supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón Hinojosa ordenó al Ejército Mexicano y a la Armada de México “combatir” al narcotráfico. El presidente sabía desde entonces el costo social que tendría su principal política pública.

Con un saldo de unos 15 mil civiles asesinados, el 1 de septiembre de 2008 Calderón Hinojosa reiteraba su convicción de continuar la “guerra” contra las drogas:

“Es una batalla difícil, sí; es una batalla que tomará tiempo, que costará recursos y, por desgracia, vidas humanas, pero puedes estar seguro que es una batalla que vamos a ganar con el apoyo del pueblo de México”, dijo al presentar su Segundo informe de gobierno.

En el derecho penal internacional está prohibido que un mando dé una orden con plena conciencia de que va a causar bajas civiles y violaciones a los derechos humanos, explica, en entrevista, el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros. “Quien lo hace va a terminar siendo enjuiciado por crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Por ello, indica que las consecuencias de la “guerra” contra el narcotráfico son responsabilidades que se pueden imputar a los servidores públicos mexicanos que han participado en la estrategia.

“Felipe Calderón emitió órdenes directas que iban a causar muertes de civiles y las emitió en un contexto de ausencia de protocolos e instrumentos que protegieran la integridad de los civiles. Hay una responsabilidad indudable tanto de él como de sus altos mandos [militares] en los crímenes que México ha estado viviendo en este sexenio.”

La falta de protocolos derivó, por ejemplo, en el asesinato de los hermanos Martín y Bryan Almanza Salazar, de nueve y cinco años de edad, respectivamente. Los niños viajaban en una camioneta junto con sus padres y otra familia. Iban de viaje a la playa, pero después de pasar un retén militar (en la carretera Ribereña, Tamaulipas), los soldados les dispararon y les arrojaron granadas de fragmentación. Por este hecho, otros dos adultos resultaron heridos.

“Su oportunidad [del presidente] para tratar de rectificar este problema se acaba. Nosotros denunciamos que uno de los factores que hacían directamente responsable a Felipe Calderón de la crisis humanitaria que se está viviendo en México es la ausencia de protocolos en los operativos de las secretarías de Marina y de Defensa Nacional, porque él los ordenó; pero envió a los militares a las calles sin órdenes, sin instrucciones, sin entrenamiento y sin protocolos de actuación que les permitieran reaccionar de forma adecuada y proporcional a las amenazas a las que se enfrentan al realizar acciones policiacas”, señala el abogado Sandoval.

Fue hasta finales de abril pasado cuando se emitió el Protocolo de Uso Legítimo de la Fuerza, que norma las actividades de los elementos del Ejército, la Armada y la Procuraduría General de la República, a más de cinco años de “guerra”. Entre otras cosas, ese protocolo prohíbe disparar a automóviles en los retenes militares.

La voluntad de este gobierno para acabar con la impunidad que se ha generado en el contexto de la estrategia de seguridad es escasa. Sandoval Ballesteros indica que “en este momento no se puede demostrar que hay un verdadero esfuerzo estatal para acabar con la crisis. El nítido ejemplo es la Ley General de Víctimas, vetada por Felipe Calderón. Éste podría ser un buen argumento de que hay voluntad para acabar con estos crímenes, pero ni siquiera eso permitieron que se aprobara”.

Por qué acudir a la Corte Penal Internacional

En México hay delitos que se han cometido en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico que ni siquiera se pueden juzgar, porque no existen los tipos penales adecuados para sancionar a los responsables.

Un ejemplo de ello, señala el abogado Netzaí Sandoval, es el reclutamiento de niños para convertirlos en sicarios, que ni siquiera se considera un delito en las leyes mexicanas. “Eso significa que no se va a poder sancionar a los narcotraficantes que han reclutado niños para convertirlos en asesinos”.

Otro caso, añade, es el de la desaparición forzada, que no está tipificada en la mayoría de los estados. “Hay muchos crímenes que están cometiendo tanto soldados, como narcotraficantes e instituciones gubernamentales que van a quedar en la impunidad, y esto es lo que obliga a que intervenga la Corte Penal Internacional”.

Además, hay prohibiciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la inmunidad presidencial impide que se enjuicie al presidente, incluso cuando termina su mandato.

“En el caso de Calderón hay una evidente imposibilidad para que dentro del sistema jurídico mexicano se le siga un juicio. Esa impunidad que se le está garantizando a alguien que está participando en crímenes en contra de la humanidad puede orillar a que la Corte Penal Internacional asuma el caso y abra el proceso en contra de Felipe Calderón”, explica el abogado. De acuerdo con la Constitución, agrega, tampoco se puede enjuiciar a una persona si su delito no está previsto en las leyes previamente.

—¿No se tendrían que agotar todas las instancias en México antes de llegar a la Corte Penal Internacional?

—Ésta es la primera ocasión en que se acude seriamente a la Corte Penal Internacional. Nadie tiene experiencia litigando ahí, y eso ha generado confusión. Los abogados internacionalistas que han litigado ante otros tribunales tienen la idea de que es necesario primero agotar las instancias nacionales para poder acudir después a un tribunal internacional; ésta es una regla general, pero en la Corte Penal el principio es diferente: es de complementariedad y significa que no es necesario que agotes siempre los recursos internos para procesar a alguien, porque puede existir una imposibilidad fáctica para que se lleven a cabo esos procesos, como por ejemplo que no haya tribunales, pero también pueden existir imposibilidades jurídicas, prohibiciones legales que impidan que se lleve a cabo un juicio en contra de una persona, como ocurre en México –indica Sandoval Ballesteros.

Rocío Culebro considera que la falta de investigación por acción o por omisión puede ser considerada un crimen de lesa humanidad. En el caso mexicano, “tendrían que ser investigadas diferentes autoridades por crímenes de lesa humanidad, pues hay impunidad en [los casos] de estas 60 mil personas asesinadas y los cientos de personas desaparecidas”.

Con la denuncia que se hizo ante la Corte Penal Internacional, se llama la atención en el ámbito internacional sobre algo que es innegable en este país: 60 mil muertos y las miles de personas desaparecidas, indica el sacerdote jesuita José Rosario Marroquín.

Si no se juzga a los responsables de estos crímenes, Claudia Cruz, directora del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, pregunta: “Qué va a hacer la comunidad internacional con México, que está exportando criminalidad y violencia. Qué va a hacer la comunidad internacional cuando miles de inmigrantes de Centroamérica y de otros países del mundo están pasando por las fronteras del Sur y los están ejecutando, extorsionando; cuando mujeres, niñas, niños son sacados de sus países para venir a prostituirlos aquí; cuando ven que los grupos criminales están yendo a Bolivia, Chile, Argentina, Italia, Alemania, España, Francia a venderles drogas o a generar alianzas con otros grupos del crimen organizado en esas regiones para generar más criminalidad”.

Artículo 27 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional

Improcedencia del cargo oficial

1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.

2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella.

El pago de cuotas a la Corte Penal Internacional

De 2007 a 2011, el gobierno federal ha cubierto cuotas por 15 millones 487 mil 39 euros a la Corte Penal Internacional. Los pagos, extraídos del erario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, son de naturaleza contractual, de acuerdo con el artículo 115, inciso a, del Estatuto de Roma, “cuotas de los Estados parte”.

Justificaciones presidenciales

“Ante este desafío, era fundamental tomar la decisión misma de combatir al crimen con toda determinación y pese a la adversidad. Y de no haberlo hecho, los criminales habrían avanzado inexorablemente sobre la sociedad y las instituciones. Habrían avanzado hasta apoderarse de ellas como, por desgracia, ha llegado a ocurrir en algunas ciudades y pueblos donde no se les ha combatido. Y contra lo que algunos piensan, la delincuencia no tiene un comportamiento estático, tiene un comportamiento peligrosamente expansivo; es decir, si no se le contiene, crece sin mesura y todo lo corrompe. Por eso digo que quienes afirman que hubiera sido mejor no meterse con los criminales están rotundamente equivocados”.

Fragmento del mensaje del presidente Felipe Calderón, con motivo del quinto año de gobierno, 4 de diciembre de 2011


Lydia Cacho Plan b*

Protestar hacia adelante

Por Lydia Cacho

México, DF, 27 ago 12 (CIMAC).- Si algo le debemos a Felipe Calderón es que nos demostrase, con una notable persistencia, que quien pone sus convicciones al servicio del poder termina perdiéndolas de la peor manera.

Y no, no es el único responsable de que México esté en una de las crisis de seguridad y justicia más importantes de su historia moderna.

A su lado están políticos y servidores públicos que durante 12 años pudieron sacarnos del desastre que dejó el PRI, y marcar la diferencia defendiendo el nuevo sistema de justicia y no la guerra, rebelándose contra las costumbres del poder y sus estrategias para opacar las operaciones de las secretarías de Estado.

Era su obligación tomar una postura moral, renunciar a los insultantes salarios que debilitaron la economía hasta los huesos.

Y sí, los economistas que ven números desde sus escritorios (que ven la economía de mercado como un experimento de laboratorio en el que la sociedad la constituyen ratones que son movidos de una jaula a otra), se burlan de la exigencia de disminuir sueldos y lujosas prestaciones de servidores públicos de alto nivel, aduciendo que esto no cambiará la economía nacional.

Ciertamente no lo hará, pero es un imperativo ético generar un equilibrio salarial para quienes tienen la responsabilidad de, entre otras cosas, abatir la pobreza y las desigualdades sociales. Es un asunto de principios.

Ya quedó demostrado que es falso eso de que si los servidores públicos ganan más no se corrompen. Los corruptos no lo son por pobres, sino por inicuos.

Quienes esperan que les llegue un presidente carismático, promotor de la justicia social y la igualdad para salvar al país, que se olviden. Lo que tenemos ya es a una banda de neoliberales abusivos, liderados por Enrique Peña Nieto y los reciclados de la ignominia.

La pregunta que nos urge responder es ¿qué haremos con quienes compraron su regreso al poder? ¿Jugar a la resistencia política mesiánica o potenciar la resistencia civil apartidista?

Vaya que el esfuerzo social logró su cometido. Millones de personas indignadas lucharon desde su posibilidad y sus convicciones para exigir que las instituciones electorales admitiesen, cuando menos, su incapacidad para servir de verdadero árbitro ante la corrupción electoral.

Ya sabemos que es un grave retroceso democrático, ahora urge decidir cómo trabajar para que esto no vuelva a suceder. No hay que escatimar el mérito de YoSoy132 para reivindicar el derecho juvenil a la protesta civil.

Defender nuestro derecho a rebelarnos, a reorganizar a la sociedad civil desde diferentes espacios y por diversas causas es lo único que nos salvará del caos en que ha quedado el país luego de la fallida transición democrática.

Protestar en voz alta sí, decir la verdad a pesar de las consecuencias sí, cuestionar por todas las vías a las instituciones obsoletas y corruptas sí.

Urge fortalecer los lazos entre las organizaciones no gubernamentales que son el sostén real del tejido social: las ambientalistas y pro derechos de los animales, las que protegen migrantes, quienes defienden a niños, niñas y jóvenes abandonados o maltratados.

Las que defienden los derechos de las mujeres a la igualdad y la no-violencia. Las que nos urgen a reivindicar los derechos e idiomas de indígenas; quienes ayudan a las personas con adicciones; quienes trabajan por la no discriminación; quienes abogan por un nuevo sistema educativo y una pedagogía psico-afectiva que salve a los niños y niñas de la violencia normalizada. Y quienes promueven un nuevo sistema de justicia.

Ninguna organización se ha detenido. Porque todas ellas, junto con las que defienden las radios comunitarias y promueven erradicar los monopolios mediáticos, así como quienes enseñan a periodistas a enfrentar riesgos y amenazas para seguir trabajando, nunca han perdido la brújula ni el aliento.

La sociedad civil ha sabido seguir a pesar de Vicente Fox y sus estulticias, de Felipe Calderón y sus masacres, y el debilitamiento del sistema de justicia, de los perredistas que han llevado la desgracia a algunas provincias.

Y sí, saldremos adelante a pesar del PRI-Verde y sus peores representantes. Este país necesita más que nunca verdaderas estrategias de la paz (porque sólo habrá paz con educación, con derecho ambiental, igualdad, salud física y emocional, arte y cultura, justicia y libertad de expresión).

Está claro que no la encontraremos en las curules, ni en el duopolio televisivo. Ellos festejan que ya volvieron. Nosotros debemos festejar que sólo duren seis años, que llevamos décadas, que tenemos fuerza de resistencia, poder de convocatoria, capacidad de rebelión y muchas ideas para seguir adelante.

Twitter: @lydiacachosi

*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

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El Estado mexicano, represor judicial en contra de Bases de Apoyo del EZLN Destacado

por Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Lunes, 27 de Agosto de 2012 20:36

El Frayba considera que, durante la detención y el proceso judicial de Francisco, se han violado los siguientes derechos: libertad personal, presunción de inocencia, garantías judiciales, un juicio justo y a la protección judicial.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

23 de agosto de 2012

Boletín No 15

El Estado mexicano, represor judicial en contra de Bases de Apoyo del EZLN

El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifiesta su preocupación por las violaciones al debido proceso, en contra de Francisco Sántiz López (en adelante Francisco), indígena tseltal, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quien está injustamente preso en el Centro Estatal para la reinserción Social de los Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

El Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Chiapas, declaró infundado el incidente de libertad por desvanecimiento de datos1, a favor de Francisco, en acuerdo publicado el día 17 de agosto del presente, refiriendo entre otros argumentos, que en el momento de dictar el auto de formal prisión, se tomaron en cuenta los testimonios de quienes refieren que Francisco se encontraba en compañía de personas armadas, por lo que resulta insuficiente para considerar que se hayan desvanecido los datos. Cabe aclarar que el Juez no valoró que los ocho testigos señalaron de manera explícita que Francisco no portaba arma alguna, delito por el que se le inculpa.

Es importante señalar, que en el Auto de Formal Prisión, el Juez Primero de Distrito Federales en el estado de Chiapas, no valoró los testimonios: de autoridades ni de testigos que refieren que la detención ocurrió en la cabecera municipal de Tenejapa y que Francisco no se encontraba en Banavil, municipio de Tenejapa, en el momento que acontecieron las agresiones; así como el hecho de que el arma de fuego fue “asegurada” y entregada, junto con otras 5 armas al Juez de Paz y Conciliación indígena, por habitantes de dicha comunidad, ante este hecho no se realizó un peritaje que arrojara que Francisco portaba el arma de fuego referida.

Actualmente, Francisco Santiz, se encuentra acusado por el delito del fuero federal de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, siendo que por los delitos de homicidio y lesiones calificadas, el pasado 22 de marzo, se extinguió la acción penal, por el desistimiento del ministerio público del fuero común.

El Frayba considera que, durante la detención y el proceso judicial de Francisco, se han violado los siguientes derechos: libertad personal, presunción de inocencia, garantías judiciales, un juicio justo y a la protección judicial. El cumulo de derechos violados dan evidencia de que se trata de una persecución por el trabajo político que realiza el BAEZLN en la zona Altos de Chiapas, por lo que existe el temor fundado de que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Chiapas, emita una sentencia condenatoria en contra de Francisco.

Para este Centro de Derechos Humanos, el Estado mexicano utiliza el sistema de procuración y de administración de justicia para criminalizar a Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, debido a que les molestan los avances en el derecho a su Libre determinación a través de la autonomía zapatista, con base a los Acuerdo de San Andrés y sus referente internacionales: Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Por último solicitamos a personas, comunidades, colectivos, organizaciones solidarias en lo nacional e internacional, estar atentos a las acciones del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Chiapas y unirse con acciones a la cuarta etapa de la Campaña Mundial por la libertad de Francisco Sántiz López y Alberto Patishtán, “A 9 meses: 9 días de acción Global para Tumbar las Paredes del Calabozo”, del lunes 27 de agosto al 4 de septiembre de este año convocada por el Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York, EEUU.

http://solidaridadchiapas.wordpress.com/2012/08/02/convocatoria-a-la-cuartaetapa- a-tumbar-las-paredes-del-calabozo



NOTICIAS DEL MUNDO

Por qué tiene tanta fuerza el movimiento estudiantil chileno

Veronica Smink

BBC Mundo, Cono Sur

Última actualización: Martes, 28 de agosto de 2012

Los estudiantes chilenos cuentan con mecanismos de organización bien aceitados.

Cuando en mayo de 2011 los estudiantes secundarios y universitarios en Chile tomaron las calles para reclamar por una educación pública gratuita y de calidad, pocos imaginaron que más de un año después continuarían estas movilizaciones multitudinarias.

Pero luego de lo que pareció ser un enfriamiento de las protestas en el primer semestre de 2012, los estudiantes retomaron las marchas y convocaron para este martes un paro nacional que promete ser masivo.

Contenido relacionado

El Colegio de Profesores y la mayor unión sindical del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), participarán de la movilización,que se opone al proyecto de reforma tributaria propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera para mejorar el financiamiento educativo.

¿Cómo logró este grupo de jóvenes concentrar tanto poder y por tanto tiempo, e instalar el tema de la educación como una prioridad para el gobierno?

Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos de Chile (CEP), los estudiantes tienen más credibilidad que el gobierno, el Congreso y los partidos políticos.

Noam Titelman, vocero de la poderosa Confederación de Centros de Estudiantes de Chile (Confech), dijo a BBC Mundo que este fenómeno no nació de la noche a la mañana.

“Muchos de los universitarios que hoy participan de las movilizaciones protagonizaron la llamada revolución de los pingüinos en 2006”, afirmó.

Con ese nombre se bautizó una seguidilla de protestas de estudiantes secundarios contra el gobierno de Michelle Bachelet. En su momento las autoridades ofrecieron soluciones, pero las iniciativas no prosperaron.

Importancia histórica

Según la experta en Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, Claudia Sanhueza, incluso antes de este siglo el movimiento estudiantil ya tenía mucho peso en Chile.

“Los estudiantes fueron los primeros en protestar contra la dictadura de Pinochet en los años 80”, ejemplificó.

En las manifestaciones se han visto formas originales de protesta, como esta marcha en ropa interior en agosto de este año.

Sanhueza también destacó la relevancia social que adquirieron tras el regreso de la democracia las dos principales figuras del mundo universitario: los presidentes de la federación de estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y de la Universidad Católica (FEUC), papel que en la actualidad ocupa Titelman.

Ese legado explica cómo los estudiantes han logrado organizarse de manera tan efectiva para planear las protestas que comenzaron en 2011.

Según explicó Titelman, tanto los colegios como las universidades tienen una fuerte tradición de organismos internos que los representan.

Se trata de un sistema muy aceitado: cada instituto tiene asambleas, en donde cualquier estudiante puede opinar y luego votar sobre las medidas que se propongan. Esa decisión es luego traslada a un foro donde convergen las distintas federaciones del país. De ahí sale una postura unificada.

Para Raúl Irrazabal, profesor del Centro de Estudios Sociales CIDPA, la absoluta democratización del movimiento estudiantil es parte de su éxito.

“Generan mucha adhesión porque tienen una ética política muy inclusiva”, le dijo a BBC Mundo.

Empatía

Según Irrazabal, además de ser democráticos los estudiantes han sido muy inteligentes a la hora de abordar su protesta.

“Han elegido formas muy diversas de manifestarse, desde marchas y tomas hasta medidas originales como el ‘besatón’ o las protestas en bicicleta. Se ofrecen muchas opciones diferentes de participación”, resaltó.

“La mayoría de las familias chilenas tiene a algún miembro en el colegio o la universidad o está pagando deudas universitarias del pasado. Este tema afecta a todos”

Noam Titelman, vocero de la Confech

No obstante, algunas de las formas elegidas por los estudiantes han generado polémica en el país. En especial las manifestaciones que incluyeron actos violentos.

Sin embargo, la mayoría de los expertos coincide en que los jóvenes han logrado mantener el apoyo ciudadano, a pesar de que el gobierno ha minimizado los alcances de la protesta.

¿Cómo logran recibir un respaldo masivo después de tanto tiempo de lucha?

Según Titelman, la respuesta es la empatía.

“La mayoría de las familias chilenas tiene a algún miembro en el colegio o la universidad o está pagando deudas universitarias del pasado. Este tema afecta a todos”, aseguró.

En efecto, datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que Chile tiene la educación superior más cara del mundo.

El 70% de los estudiantes universitarios recurren a un crédito para poder estudiar, lo que los deja endeudados por años.

Un proyecto del gobierno propone que el Estado se ocupe de manejar esos préstamos para quitar a la banca privada del sistema educativo. Pero los estudiantes no están conformes con esa solución y continúan sus demandas por una educación gratuita.

¿Qué pasará?

Es difícil prever cuánto tiempo más se podrán extender las protestas estudiantiles.

Los estudiantes han sido criticados por usar, en ocasiones, medios violentos.

Algunos, como Irrazabal, creen que este año las movilizaciones se irán desgastando.

“A pesar de que muchos apoyan la postura de los chicos la gente está tornando su atención a las próximas elecciones presidenciales de 2013, que empezarán a acaparar el foco de las noticias”, vaticinó.

Son pocos los que creen que el movimiento estudiantil tomará un perfil más político para tratar de jugar un papel activo en los próximos comicios.

El propio Titelman dijo a BBC Mundo que muchos estudiantes se oponen a seguir esa vía.

No obstante, todos descuentan que la persona elegida para liderar Chile en noviembre del año próximo tendrá que ofrecer una propuesta educativa que contemple las demandas de los estudiantes si no quiere seguir siendo el blanco de este poderoso movimiento.


Amnistía Internacional vuelve a denunciar la complicidad del estado español con la tortura

por Kaos. Derechos Humanos

Martes, 28 de Agosto de 2012 12:00

Amnistía Internacional da un “suspenso” a España en investigación de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas policiales, en línea con las tres decisiones de órganos superiores que este verano han condenado al Estado por “no investigar suficientemente” este tipo de delitos…

Agencias

… y exige al Gobierno que adopte las medidas necesarias.

En un comunicado, Amnistía explica que si bien la tortura no es una práctica sistemática en España, “no son incidentes aislados, sino ejemplos de defectos estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, la investigación y el castigo de estos actos”, como indican las tres sentencias de órganos superiores que este verano han condenado al Estado por casos de este tipo.

En este sentido, recuerda la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que el pasado 26 de julio condenó a España en el llamado caso Beauty Solomon, el de una nigeriana con residencia legal en el país que hace siete años “fue agredida física y verbalmente” por agentes de la Policía Nacional de Palma de Mallorca.

El TEDH “ha reconocido que España vulneró el derecho de Solomon a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, puesto que no se investigó si existieron ni si la actuación policial obecedía a una motivación discriminatoria”, conforme explica Amnistía, para incidir en que por primera vez Estrasburgo condena a un Estado teniendo en consideración la vulnerabilidad de la víctima, a quien debe indemnizar con 30.000 euros.

“Hechos como estos demuestran que cuando en España surge un caso de presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el proceso suele ser siempre el mismo: investigación interna de lo sucedido inexistente o inadecuada y archivo rápido de toda denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si hay datos médicos y otros indicios creíbles que la respaldan”, denuncia la organización.

Por ello, considera que el Gobierno debe crear un “mecanismo independiente y dotado de recursos para investigar las denunicas de violaciones gravez de derechos humanos, incluídos los malos tratos y la tortura” y transmitir a los funcionarios encargados de cumplir la ley “el mensaje claro de que el maltrato a los detenidos está absolutamente prohibido en cualquier circunstancia y si se produce, será objeto de investigación y sanción”.

Comunicado completo de AI:

Amnistía Internacional considera “urgente” que se reconozca el problema como primer paso para poner fin a esta violación de derechos humanos

Suspenso en investigar casos de tortura

Tres decisiones de órganos superiores en apenas tres meses condenan al Estado español por no investigar suficientemente casos de malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad

Entre mayo y julio de este año, dos tribunales distintos y un organismo de la ONU han fallado contra el Estado español por no llevar a cabo investigaciones efectivas para averiguar la veracidad o no de las denuncias de tortura presentadas por tres ciudadanos.

El 23 de mayo, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, dictaminó que el Estado español había violado el artículo 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, al no haber realizado una investigación «pronta e imparcial» de la denuncia de torturas presentada por Orkatz Gallastegi en 2011.

Solo unos días después, el 18 de junio pasado, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional dictó sentencia estimando el recurso de amparo presentado contra el archivo de una denuncia por torturas que no fue suficientemente investigada. El TC considera que Rubén Villa, detenido en Sestao (Vizcaya) por agentes de la Policía Nacional el 22 de octubre de 2010, sufrió “indefensión” frente a un Estado que no respetó su derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos degradantes.

Tanto a Rubén Villa como a Orkatz Gallastegi se les impuso el régimen de incomunicación. Amnistía Internacional y otros organismos internacionales han alertado en numerosas ocasiones de que este régimen propicia la tortura.

En la última de las sentencias, del 24 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por no investigar denuncias de malos tratos con componente racista cometidos por la Policía Nacional en el caso Beauty Solomon.

Los hechos de este caso se remontan a hace siete años, cuando Beauty Solomon, de origen nigeriano y con residencia legal en España, fue agredida física y verbalmente por agentes de la Policía Nacional de Palma de Mallorca, tras ser requerida en dos ocasiones para realizarle un control de identidad.

Al haber agotado todas las instancias nacionales sin que ninguna hubiera estudiado el fondo de la denuncia, la organización Women’s Link Worldwide decidió en 2008, presentar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha reconocido que España vulneró el derecho de Solomon a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, puesto que no se investigó si los malos tratos existieron ni si actuación policial obedecía a una motivación discriminatoria.

Con este caso, el TEDH condena por primera vez a un Estado teniendo en consideración laespecial vulnerabilidad de la víctima y reconoce expresamente el profundo sufrimiento que ha padecido Beauty Solomon en todos estos años. Ahora, el Estado español tiene que pagar a la víctima 30,000 euros, una de las indemnizaciones más altas impuestas, en concepto de daño pecuniario.

Hechos como estos demuestran que cuando en España surge un caso de presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el proceso suele ser siempre el mismo: investigación interna de lo sucedido inexistente o inadecuada y archivo rápido de toda denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si hay datos médicos y otros indicios creíbles que la respaldan. Cuando se lleva el caso a juicio, a menudo concluye con una sentencia absolutoria, por haber sido imposible identificar a los agentes responsables. No es raro que el procedimiento dure años, tras sobreseer reiteradamente el juez de instrucción el caso.

Recomendaciones fundamentales

El gobierno español debe:

– Crear un mecanismo independiente y dotado de recursos para investigar las denuncias de violaciones graves de derechos humanos, incluidos los malos tratos y la tortura, tal y como ya recomendó el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura tras su visita a España en 2001.

– Transmitir a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a la ciudadanía en general el mensaje claro de que el maltrato a las personas detenidas está absolutamente prohibido en cualquier circunstancia y si se produce, será objeto de investigación y de sanciones disciplinarias.

Asimismo, tanto la Fiscalía, como las autoridades judiciales y policiales deben adoptar todas las recomendaciones sobre prevención, investigación y reparación a víctimas de tortura planteadas por organizaciones de derechos humanos y por otras instancias internacionales.

La postura de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional no cree que la tortura sea una práctica sistemática en España, aunque las investigaciones llevadas a cabo por la organización y las recientes sentencias antes descritas indican que los casos de tortura y otros malos tratos en el país no son incidentes aislados, sino ejemplos de defectos estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, la investigación y el castigo de estos actos. AI cree firmemente que es imprescindible hacer frente a la impunidad de este tipo de comportamientos.

A la organización defensora de derechos humanos le preocupan los nulos progresos hechos por el gobierno español en la adopción de medidas para aplicar las recomendaciones del Comité contra la Tortura y en armonizar las disposiciones de la legislación española y la práctica en conformidad con el Convenio contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En cuanto al régimen de incomunicación y cómo esta legislación excepcional propicia los episodios de tortura y malos tatos, cabe recordar que tanto el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura como el Comité contra la Tortura de la ONU han expresado serias preocupaciones en cuanto a las garantías y derechos de las personas sometidas al régimen de incomunicación, que permite que una persona permanezca bajo custodia hasta 13 días, sin poder acceder a un abogado y un médico de su elección y sin poder informar a su familia de su paradero. Sin embargo, el Gobierno español volvió a rechazar las recomendaciones de Naciones Unidas en el último Examen Periódico Universal para abolir el régimen de incomunicación.

Los propios tribunales españoles han abierto algunas investigaciones sobre denuncias de tortura, como el Tribunal Supremo en 2011en el caso de Mohammed Fahsi.

En el caso de los malos tratos con componente racista y xenófobo, a Amnistía Internacional le preocupan seriamente estos sucesos, que es difícil dimensionar, puesto que España sigue sin recoger datos sobre ello. En todo caso, la organización ha documentado cómo los malos tratos afectan en mayor medida a personas migrantes en procesos de detención y expulsión y ya denunciado que no se investigan ni estos maltratos ni su posible motivación racista, xenófoba o discriminatoria.

Más información:

Sentencia Beauty Solomon c. España (Información disponible en francés)
Nota de prensa emitida por el TEDH en el caso Salomon (Información disponible en inglés)
Texto completo de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Rubén Villa
– Texto completo del dictamen del Comité contra la Tortura tras la queja de Orkatz Gallastegi (CAT/C/48/D/453/2011)

http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/suspenso-en-investigar-casos-de-tortura/?pk_kwd=tw&;pk_campaign=comp

Gobierno Colombiano firmó en La Habana acuerdo para iniciar diálogo de paz con las FARC

por Kaos. América Latina

Lunes, 27 de Agosto de 2012 19:12

Tras casi medio siglo de conflicto armado, el Gobierno de Juan Manuel Santos firmó en La Habana un acuerdo para iniciar diálogos formales de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Comenzarán en octubre en Oslo y tendrán como mediador al ex presidente César Gaviria.

El gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entablan contactos en Cuba con miras a un posible diálogo de paz.

“En extremo sigilo se está gestando un camino exploratorio hacia la paz entre el gobierno Santos y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Y como en otros momentos de la historia reciente, el escenario vuelve a ser La Habana”, refirió un diario colombiano sin citar fuentes para esta información.

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el pasado 19 de agosto cuestionó unas supuestas negociaciones secretas en Cuba entre el gobierno de Santos y las FARC, principal guerrilla colombiana, con 48 años de lucha armada y unos 9.200 combatientes.

Se ha informado que las FARC designaron como su portavoz en La Habana al jefe guerrillero Jaime Alberto Parra, alias ‘Mauricio Jaramillo’ o ‘El Médico’, mientras que el gobierno podría estar representado por el asesor de seguridad Sergio Jaramillo y el ministro de Ambiente y excomisionado de paz de Uribe Frank Pearl.

El gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez, se encuentra también al tanto y ha estado atento a prestar su colaboración para aliviar cualquier tensión”.

Desde que asumió la presidencia, en agosto de 2010, Santos ha reiterado su disposición a lograr una salida negociada al conflicto armado y ha exigido a las FARC muestras de voluntad en ese sentido.

A principios de este año, las FARC anunciaron su renuncia al secuestro de civiles con fines de extorsión económica y en abril dejaron en libertad a los últimos diez policías y militares que mantenían cautivos.

A mediados de junio, el Congreso aprobó un proyecto de reforma constitucional promovido por el gobierno que permitirá futuras negociaciones de paz con las guerrillas. El proyecto plantea la posibilidad de otorgar beneficios como la suspensión de penas a los dirigentes de grupos armados que se desmovilicen. También establece mecanismos para priorizar y seleccionar casos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

En Colombia han actuado diversos grupos guerrilleros de izquierda desde los años 1960. La última negociación de paz que concluyó en una desmovilización fue la del Movimiento 19 de Abril (M-19), en 1990.

Esta es la información publicada por la web RT y ANNCOL:

Colombia firma un acuerdo para iniciar diálogos de paz con las FARC en Cuba Las negociaciones comenzarán en octubre en Oslo y tendrán como mediador al ex presidente colombiano César Gaviria Publicado

27 ago 2012 | 17:09 GMT 60

Colombia firma un acuerdo para iniciar diálogos de paz con las FARC en Cuba RT Tras casi medio siglo de conflicto armado, el Gobierno de Juan Manuel Santos firmó en La Habana un acuerdo para iniciar diálogos formales de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las negociaciones entre las partes comenzarían en octubre en Oslo, Noruega, y tendrían como mediador al ex presidente colombiano César Gaviria.

La información fue revelada por el director de noticias de la cadena de radio RCN, el ex vicepresidente Francisco Santos, primo del actual presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que el Gobierno anunciará la apertura del diálogo “en los próximos días”. En un video divulgado por la agencia de noticias Anncol y enviado a todos los medios de comunicación, el máximo jefe de las FARC, Alfonso Cano, anunció en agosto del 2011 el deseo de la guerrilla de emprender diálogos de paz que pongan fin a la violencia que vive Colombia desde hace casi medio siglo. En un comunicado emitido el pasado 19 de abril, reiteraron su disposición a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno presidido por Juan Manuel Santos.

Subrayaron que la reincorporación a la vida civil implica y exige una Colombia distinta, por lo que confían “en que sea esa la voluntad oficial. Así, sin duda, podremos entre todos desenterrar la paz. Sin más ases bajo la manga, Santos”.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/52378-colombia-firma-acuerdo-paz-farc-habana


Transcurre con normalidad marcha de estudiantes y profesores en Chile

Estudiantes, maestros y padres de familia de Chile marcharon nuevamente en Santiago y otras ciudades del país para exigir al gobierno una educación pública, gratuita y de calidad. Siendo la de hoy una marcha “autorizada” se desarrolló en paz y sin represión. teleSUR

Miles de personas marchan este martes en Santiago (capital) y otras regiones de Chile en reclamo de un cambio en el modelo educativo. La jornada, que fue autorizada por la Intendencia Metropolitana, se ha desarrollado de manera pacífica, a diferencia de convocatorias anteriores.

La marcha se ha caracterizado por ser pacífica. (Foto: Archivo)

Estudiantes secundarios, universitarios, profesores y organizaciones de la sociedad civil de Chile marchan pacíficamente este martes por las calles de Santiago (la capital) y otras regiones del país, en el marco de un paro nacional en la enseñanza en exigencia de una educación pública, gratuita y de calidad.

La corresponsal de teleSUR en Chile Beatriz Michell informó que “la movilización ha sido multitudinaria, miles de personas se han concentrado en las calles de Santiago y han marchado por un cambio en el modelo educativo”.

Destacó que la jornada se ha caracterizado por ser pacífica a diferencia de convocatorias anteriores en las que se produjeron fuertes enfrentamientos y represión policial.

“Esta marcha ha sido absolutamente pacífica llena de expresiones culturales, coloridos letreros y bailes que demuestran cómo el movimiento estudiantil se revitaliza junto a los profesores y los padres”, agregó la periodista.

Recordó que el Colegio de Profesores llamó a paro nacional para este martes 28 de agosto con la consigna de una carrera profesional digna, mejores condiciones de enseñanza, fin al lucro en la educación y desmunicipalización. Sin embargo, el llamado fue apoyado por estudiantes universitarios, secundarios y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Por otra parte, Beatriz Michell reportó que la movilización fue acatada en distintas regiones de Chile como Valparaíso y Concepción (centro), donde han realizado actividades para expresar la necesidad que plantean los estudiantes chilenos.

Los líderes estudiantiles y docentes estiman que más de 40 mil personas participan en la marcha que fue pautada para las 11H30 locales (15H30 GMT), para llamar la atención del Gobierno para que atienda las demandas del sector.

Ante la convocatoria, la Intendencia Metropolitana llamó a los líderes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y de los profesores a respetar el horario y recorrido autorizados.

Paro nacional de la enseñanza chilena congrega a profesores, estudiante y padres

Para las 11H30 locales (15H30 GMT) fue convocada una concentración en las afueras de la Universidad de Santiago, ubicada en la capital chilena, en defensa de la educación pública y de calidad. Se estima que 40 mil personas participen en la movilización.

Dos mil 200 Carabineros serán desplegados ante la movilización. (Foto: Archivo)

La marcha está respaldada por estudiantes universitarios, secundarios y trabajadores. (Foto: Emol)

Profesores, estudiantes y padres chilenos protagonizan este martes un paro nacional de la enseñanza y una jornada de movilizaciones en defensa de la educación pública y a favor del establecimiento de la gratuidad en todos los niveles educativos.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Gabriel Boric, manifestó que con las actividades darán una fuerte señal de unidad del mundo social por la educación, porque “estamos todos unidos por la misma causa, que es recuperar la educación pública para la nación”.

En declaraciones a la prensa, Boric recordó que la convocatoria a paro nacional fue realizada el mes pasado por el gremio de los docentes y posteriormente recibió el respaldo de jóvenes universitarios, secundarios y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, señaló que todas las señales apuntan a que será una jornada multitudinaria a lo largo de todo el país y recordó que los docentes marchan en exigencia de una carrera profesional digna, mejores condiciones de enseñanza, fin al lucro y desmunicipalización de la educación.

Agregó que existen todos los elementos para hacer una negociación fructífera entre el Gobierno, docentes y estudiantes, “sólo falta voluntad política del Ejecutivo, la actitud que ha tenido es a difundir su propuesta y no a buscar convergencia a discutir puntos comunes con el mundo social”.

“Aquí todos los sectores de interés tienen cabida, Hay que tratar de construir un modelo educacional con elementos de todos y no sólo con una parte”, insistió Gajardo.

Los organizadores de la movilización estiman que más de 40 personas participen en la marcha fijada para las 11H30 locales (15H30 GMT) en las afueras de la Universidad de Santiago, desde donde avanzarán por distintas calles.

Ante la convocatoria, la Intendencia Metropolitana llamó a los líderes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y de los profesores a respetar el horario y recorrido autorizados.

Fuentes de ese despacho precisaron que la policía uniformada en Chile (Carabineros) dispondrá de dos mil 200 uniformados con tenida de turno normal y no de Fuerzas Especiales, con casco y escudos. Según añadió, el equipo antidisturbios entrará en acción sólo si se ve quebrantado el orden público.

En tal sentido, el jefe de Seguridad de la Región Metropolitana, Gonzalo Díaz del Río, afirmó que “a diferencia de lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, esperamos que esta vez los dirigentes asuman con todas sus letras la responsabilidad y los resultados de la manifestación”.

teleSUR-PrensaLatina-Emol-ElMostrador-BioBio/sa – FC


La matanza en la mina sudafricana de Marikana

Las políticas sangrientas del platino

Charlie Kimber

Socialist Worker

La policía de Sudáfrica abrió fuego contra los trabajadores en huelga de la mina de platino de Marikana, cerca de Rustenburg, dejando más de 30 muertos. Además diez personas murieron también a raíz de otros enfrentamientos. Esta masacre repugnante trajo recuerdos de como la policía del apartheid actuaba. Toda la esperanza que supuso el fin de aquel nefasto régimen racista se ha roto con esta matanza.

La recientemente nombrada jefa de policía, Mangwashi Victoria Phiyega, visitó la mina hace pocos días y se cree que fue la persona responsable de coordinar la masacre del pasado jueves. Pero la decisión de utilizar fuego real por parte de la policía, fuertemente armada, ha sido tomada en los niveles más altos del gobierno, llegando hasta el propio presidente del Congreso Nacional Africano (CNA), Jacob Zuma. El presidente manifestó que lamentaba las muertes, pero no hizo ningún tipo de referencia a la actuación policial. Es necesario hacer justicia a los huelguistas muertos en Marikana y todos los que ordenaron su muerte tienen que pagarlo.

De hecho, esta es otra página de la sangrienta historia de la minería sudafricana, una historia de grandes beneficios para los jefes, de racismo y de una heroica resistencia. Y es que la huelga se está dando en un contexto donde el precio del platino, que tenía un margen de beneficios muy grande antes de la crisis financiera, está cayendo. Esto hace que los beneficios de los empresarios sean menores y por lo tanto tratan de imponer recortes a los trabajadores. Los mineros, que ya hacen un trabajo muy peligroso, todavía tienen que afrontar más inseguridad en su trabajo debido a estos recortes.

El boom del platino, un componente fundamental para la industria de la automoción, ha transformado partes enteras de Sudáfrica. Ha supuesto más riqueza para unos pocos y miseria para muchos. La masacre abre una ventana sobre la realidad del boom de los minerales, liderado por la demanda china, y su impacto en África. Un informe reciente de la Bench Marks Foundation (http://www.bench-marks.org.za/) indica que a pesar del valor que se extrae de las minas de platino, las comunidades locales se enfrentan a consecuencias negativas a nivel social, económico y medioambiental. “La cuestión es que las corporaciones privadas, muchas veces con el apoyo de los líderes de los gobiernos, tienen unos beneficios muy altos, mientras que las comunidades sufren altos niveles de desigualdad y pobreza. La situación en Marikana es un ejemplo de esto”, afirma Yo Seoka, presidente de la Fundación Bench Marks.

La policía atacó a mineros que están en huelga desde hace una semana, parando toda la producción de una zona donde trabajan 28.000 personas. Esta está controlada por la empresa Lonmin, sucesora de Lonrho, empresa que ha trabajado con cada uno de los regímenes corruptos de África durando casi un siglo.

Militante

Las demandas que reclaman los huelguistas, de forma justa, son un aumento alto de los salarios. Esto ha llevado a una división entre la National Union of Mineworkers (NUM), el sindicato tradicional de la minería en Sur África, y la Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU), que defiende una posición más militante. El AMCU no es un sindicato de los jefes. Apareció en 1998 a raíz del descontento de muchos trabajadores con la creciente burocratización de la NUM y sus posturas “negociadoras”. Muchos de los trabajadores que formaron la AMCU son antiguos activistas de la NUM.

La NUM jugó un papel fundamental en la batalla contra el apartheid y lideró grades huelgas, pero hoy en día está considerada de derechas y muy cercana a los empresarios. Más allá de sus intenciones, la AMCU ha veces ha sido utilizada para alentar la desunión cuando los trabajadores han tenido que enfrentarse a grandes desafíos. Hubiera sido mejor para los trabajadores que formaron el nuevo sindicato, haber luchado dentro de las bases de la NUM y cambiar sus políticas desde bajo. Pero está claro que nada de esto excusa los asesinatos de la policía. La AMCU ha crecido mientras la rabia por las políticas de la NUM también crecía. En los últimos años la NUM ha trabajado estrechamente con los jefes, siendo el máximo ejemplo el nombramiento de Cyril Ramaphosa, el primer líder de la NUM, como director no ejecutivo y “gerente del comité de transformación” en Lonmin. Concretamente la AMCU ha apoyado las demandas salariales de los perforadores de rocas cuando los líderes de la NUM no lo hicieron. Los perforadores de rocas llevan a cabo un trabajo extremadamente peligroso y es difícil encontrarles sustitutos, por lo tanto pueden presionar más a los jefes, y cuando paran, toda la mina para.

La NUM también está cerca al CNA sudafricano en unos momentos que el gobierno es cada vez más impopular. De hecho, hay más protestas per capita en Sudáfrica que cualquiera otro lugar del mundo, y muchas veces sobre temas como la vivienda y otros servicios básicos.

A finales del año pasado, la AMCU jugó un papel muy importante durante la huelga en Impala Platinum, a pocos kilómetros de la masacre del pasado jueves. La NUM se ganó una buena reputación en la mina de Impala en 1993, después de una implacable lucha contra el régimen de Lucas Mangope, pero en la última huelga, varías secciones de trabajadores consideraron que la NUM los había traicionado. Los jefes despidieron unos 13.000 trabajadores y muchos tenían la sensación que la NUM podía haber hecho mucho más que simplemente decirles que volvieran dócilmente a trabajar. AMCU creció en Impala, y después en las minas de Lonmin.

Perforadores

La reciente huelga en Marikana empezó entre los perforadores de rocas. La NUM los acusó de faccionalismo, mientras que la AMCU dijo que estaban luchando por todo el mundo. La policía y los jefes decidieron que el jueves sería el “Día D” para romper la huelga, atacando a miles de huelguistas que se habían concentrado en un cerro. Los huelguistas contra atacaron y la policía les disparó.

Hay fuertes evidencias que señalan que la actitud de la NUM alentó los crímenes de la policía. El jueves por la mañana el secretario general de la NUM, Frans Balei, apeló a que “todos los trabajadores vuelvan al trabajo y que los organismos que aplican la ley tomen medidas drásticas contra los culpables de la violencia y los asesinatos”. “Nuestros miembros están más que dispuestos a volver al trabajo” añadió, haciendo un llamamiento a la policía a abrir el paso entre los huelguistas. Después de la masacre el portavoz de la NUM, Lesib Seshoka, declaró que el sindicato condenaba la violencia, pero que estaban satisfechos con que la policía se hubiera ocupado de los “elementos criminales que provocan comportamientos violentos en la mina”.

Los jefes están encantados con las divisiones entre los trabajadores y con la prueba de que el estado está junto a las élites, pero también con el letal apoyo que han recibido las compañías privadas mineras, teniendo en cuenta que ahora mismo hay un fuerte debate en Sudáfrica sobre la nacionalización de las minas.

Explotados

Tenemos que recordar como el capital ha explotado a los mineros negros en Sudáfrica. El sistema de apartheid de racismo sistemático que robó y humilló a las personas negras, desposeyéndolas de cualquier derecho político, fue el resultado del desarrollo del capitalismo, y especialmente del capital minero. En 1997 el Congreso de Sindicatos Sudafricanos dio evidencias a la Comisión por la Verdad y la Reconciliación sobre la relación entre los negocios y el apartheid: “Lejos de ser inocentes de la opresión racial, fueron precisamente los capitanes de las industrias, particularmente los asociados con la industria de las minas de diamantes y oro, los que aplicaron las principales características del que más tarde fue conocido como apartheid”. Unos 69.000 mineros murieron en “accidentes” entre 1900 y 1993, y más de un millón sufrieron heridas de gravedad. Solo este año, casi 20 años después del fin del apartheid, han muerto 40 mineros.

Enfrentados a la brutalidad del capital y el estado, los mineros necesitan que la lucha sea unitaria, sobre todo porque seguro que habrá mucha rabia y protestas a raíz de los terribles asesinatos. La mejor manera de recordar a los trabajadores asesinados sería construir una fuerte oposición a los jefes de las minas y a los líderes del CNA que los apoyan.

Artículo extraído del Socialist Worker , periódico del Socialist Workers Party, organización hermana de En lucha en Gran Bretaña

Traducido para En Lucha por Manel Ros.



 

Desde Oaxaca.

Román Néstor Cruz Varela.

Comunicador comunitario independiente y autónomo.

E-mail: cantolibre75@gmail.com

Blog: kantolibre.wordpress.com

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