NOTICIAS 18-01-13

ESTOS SON LOS TITULARES DE LAS NOTAS QUE ENCONTRARÁN EN ESTA RECOPILACIÓN:

Marchan normalistas en contra de la Reforma Educativa.

Samael Hernández Ruiz / Breve historia del PTEO.

La Ley agraria y el campo Oaxaqueño.

Basta de desestabilizar a Ocotlán por pugnas políticas: Francisco García.

Descubren los restos más antiguos de la ciudad de Oaxaca.

Profesores exigen hacer ley el PTEO, normalistas bloquearon la carretera.

Bloqueo de Ex Garita por colonos de Indeco Xoxo.

El modo convivial de vivir y la razón comunal de las gentes profundas.

La magia de Capulálpam de Méndez, Oaxaca.

Cunde el ejemplo de autodefensa armada en comunidades de Guerrero.

Dan a 18 mexicanos pena máxima en Nicaragua por caso Televisa.

Astillero: Rudeza en Migración e Inmujeres; Ardelio represor; Lorena: más Edomex; Al estilo Al Qaeda.

Llega a la presidencia del IFAI el cancerbero de la opacidad.

El CCE tiene “apetito” de invertir en Pemex: Candiani.

Los gendarmes de Peña Nieto.

Censo de maestros, alumnos y escuelas que contempla la Reforma educativa “no es voluntario”: Chuayffet.

El dilema de la policía comunitaria de Guerrero.

México: ¿Pueden autodeterminarse los indios? Acuerdos de San Andrés.

Los más ricos podrían acabar cuatro veces con la pobreza mundial, dice organización humanitaria.

El Estado contra el pueblo mapuche.

Mapa ‘La Tierra se defiende’ de conflictos entre pueblos indígenas y empresas transnacionales.

NOTICIAS DE OAXACA

 Marchan normalistas en contra de la Reforma Educativa
17:13:57 18-01-2013
Luis Jerónimo / Quadratín

 

Oaxaca, Oax. 18 de enero de 2013 (Quadratín).- Aproximadamente 300 alumnos de la Escuela Normal de la Ciudad de Oaxaca marchan de las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Publica de Oaxaca con rumbo al Zócalo de la ciudad como parte de las acciones de protesta en contra de la Reforma Educativa.
Los estudiantes externaron su rechazo a la Reforma Educativa, al asegurar que dicha iniciativa lesiona los intereses de la sociedad, por lo que decidieron unirse a las protestas magisteriales.
El vocero del movimiento, Roberto López abundó que las acciones son a nivel estatal en coordinación con las 11 normales del estado, especificó que en el caso de esta ciudad, participan un aproximado de 300 alumnos pertenecientes a las licenciaturas de Educación Física y licenciatura de nivel Primaria.
“Siempre se ha mantenido la postura del rechazo a la Reforma Educativa y estamos accionado en esta forma para hacer presión en coordinación con la Sección 22 quienes mantienen un plantón en la Cámara de Diputados para el rechazo de la Reforma en la entidad”, afirmó.
La Reforma Educativa tiende a la privatización de las escuelas, por lo que mediante estas manifestaciones se busca que la sociedad, muy concretamente los padres de familia, sepan lo que se pretende hacer, que sepan que los maestros y los normalistas queremos defender la escuela pública, la escuela de sus hijos, señaló.
Dio a conocer que al término de la marcha en el Zócalo se hará un mitin para difundir entre la ciudadanía que la Reforma Educativa –ya aprobada por la mayoría de los Congresos locales del país- motivará la reducción de los derechos laborales de los profesores.

Samael Hernández Ruiz / Breve historia del PTEO
14:00:55 18-01-2013
Samael Hernández Ruiz / Quadratín

 

Oaxaca, Oax. 18 de enero de 2013 (Quadratín).- El día martes 7 de febrero de 2012, la dirigencia de la Sección 22, en el marco de la Comisión Mixta IEEPO-Sección 22, presentó el documento: Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO).
Entonces, las declaraciones del gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, fueron escuetas y cautelosas; pero la forma en como el acontecimiento se presentó en la prensa, dio la impresión de una versión oaxaqueña de lo que se conoce como la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), que firmaran el presidente Felipe Calderón y la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo.
Posteriormente, el mismo gobernador Gabino Cue, alabó al PTEO en su segundo
informe de gobierno: “En un acto de gran trascendencia para el futuro de la educación en Oaxaca y como resultado del esfuerzo compartido entre el Gobierno del Estado y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se presentó el Plan Conjunto para la Transformación de la Educación de Oaxaca, cuyo objetivo es elevar la calidad de la enseñanza que se imparte en la entidad.”
Los Antecedentes Del PTEO
En su historia, esta presunta alianza que comenzó como una inconformidad de la Sección 22 contra la ACE, tomó la forma de una demanda por el reconocimiento
de su propuesta de educación “alternativa” vemos los antecedentes.
La Alianza por la Calidad de la Educación fue firmada en mayo del 2008; antes, en el 2006, los trabajadores organizados en la Sección 22 del SNTE, fueron actores principales en un conflicto violento contra el gobierno del estado, cuya demanda principal era la salida del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz. El gobierno federal intervino hasta noviembre de ese año, después de que en octubre hubiese firmado con los representantes del magisterio oaxaqueño algunas minutas de acuerdo.
El conflicto del 2006 llevó a la Sección 22 a ya no dirigir formalmente su pliego de demandas al gobierno del estado, sino al gobierno federal, y en el IX Precongreso Democrático ( 20-26 septiembre de 2008) de la Sección 22, se tomaron los siguientes acuerdos :
”4). Rechazo a las reformas estructurales por querer legalizar la privatización de nuestras riquezas nacionales y desaparecer los derechos históricos de los trabajadores (privatización de PEMEX, reforma laboral, privatización de la educación, desaparición de las normales y la firma de la ACE).
6). Que el CEDES 22 y el CEPOS 22 trabajen sobre un proyecto pedagógico de educación alternativa para contrarrestar a la ACE de EEG y FECAL.”
Hasta antes del IX Precongreso, el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO), había intentado formular una propuesta de Educación Alternativa; pero no necesariamente como una contra propuesta a un programa federal.
Es cierto que la ACE se mostraba como el pago que debía hacerle Felipe Calderón al Elba Esther Gordillo por los servicios prestados en la contienda electoral del 2006.Por otra parte, algunos gobiernos estatales se mostraron inconformes de que la ACE los dejara como simples operadores de las acciones y metas planeadas desde el centro del país; pese a todo, la Sección 22 nunca retomó el planteamiento hecho por los gobiernos estatales; por el contrario, propuso una contra ofensiva que se planteó formalmente como una demanda del MDTEO, en su pliego petitorio del 1° de mayo de 2009, dirigido a Fernando Francisco Gómez Mont, secretario de gobernación, con atención a Jorge Toledo Luis, secretario general de gobierno de Oaxaca.
La demanda central fue el rechazo de la ACE y por la construcción de una propuesta de mejoramiento de la educación3 , que implicaba operar los siguientes programas y sistemas :
Es interesante el testimonio de un participante en las comisiones del PTEO : “Con la firma del acuerdo para la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) pactada entre Elba Esther Gordillo Morales, secretaria general del SNTE y Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México; el magisterio democrático
de la sección XXII de Oaxaca acordó en marzo de 2009, a través de la asamblea estatal, su máximo órgano de decisión; rechazar la alianza. A partir de esta acción se hizo necesaria la construcción de una contra propuesta a los planteamientos de la ACE. Para tal fin en mayo de 2009 se integraron equipos de trabajo convocando a todos los niveles educativos y posteriormente en Junio de ese mismo año se anexa el Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la Sección XXII (CEDES 22) para redactar los programas propuestos por el magisterio democrático en contra de los ejes que la alianza concibe. . .” (Ver: Sección XXII del SNTE.
Programa Popular Comunitario de Infraestructura y Equipamiento. Noviembre 2010. Oaxaca. México.
1. Programa estatal para la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de la infraestructura escolar.
2. Programa estatal para mejorar las condiciones de vida y escolares de los niños y jóvenes oaxaqueños.
3. Programa estatal de estímulos e incentivos a la labor docente.
4. Sistema estatal de actualización, capacitación y superación profesional de los docentes en servicio.
5. Sistema estatal de evaluación de alumnos, profesores, directivos y procesos educativos.
La respuesta que dieron, tanto el gobierno del estado como el gobierno federal, el 29 de mayo de ese mismo año, fue en el sentido de que:
“En el marco de las mesas de diálogo celebradas entre la SEGOB, SEP, SECCIÓN 22, Gobierno del Estado de Oaxaca y el IEEPO, se acordó el 21 de mayo de 2009 la instalación de una Comisión Mixta IEEPO- SECCIÓN 22, para la construcción de una propuesta estatal de mejoramiento de la educación. “
Los resultados de la comisión serían presentados ante las instancias correspondientes de la Comisión Rectora Nacional SEP-SNTE, firmaron el documento, Jorge Toledo Luis por el gobierno del estado y Francisco Yañez Centeno por el gobierno federal.
En la jornada magisterial del 2010, la demanda de la Sección 22 planteada en ese año fue:
“1. Ante el rechazo y la no aplicación de la ACE que el MDTEO ha hecho, se exige el reconocimiento y operatividad de los 4 programas y un sistema que propone la Comisión Mixta IEEPO-Sección 22 por ser acordes a la realidad social, política y económica del estado.”
La respuesta que dieron los gobiernos estatal y federal el 9 de junio, en el “Documento base para la elaboración de respuestas al pliego de demandas 2010 presentadas por la Sección 22 del SNTE”, fue:
“3. El IEEPO como entidad responsable de los servicios educativos en el estado ha desarrollado un amplio esfuerzo por coadyuvar en el acercamiento entre las políticas educativas nacionales y las propuestas locales para la articulación y el mejoramiento del sistema educativo en el estado de Oaxaca.
II. Compromisos.
b) Para el desarrollo de los trabajos técnicos de revisión, ajuste e integración, la Comisión Mixta conformada por la Sección 22 y el IEEPO continuarán sus actividades, incorporándose la SEP y el CEN del SNTE, en apoyo a las mismas. Para lo cual se reiniciarán a partir del 21 de junio, fecha en la que se establecerá la agenda correspondiente.”
El documento fue firmado por: Azael Santiago Chepi, Mtro. Edgar O. Ibarra Morales de la SEP, Mauro Oyorzabal Gómez del SNTE, Francisco Yañez Centeno de la SEGOB y Abel Trejo González, entonces director general del IEEPO.
En mayo de 2011, la Sección 22 del SNTE replanteó su demanda de la siguiente manera:
“1. Reconocimiento, asignación y aplicación de recursos para el Proyecto de Mejoramiento Educativo para el Estado de Oaxaca, fundamentado en los 3 Programas y 2 Sistemas.”
La respuesta, ahora sólo del gobierno del estado fue:
“ El Gobierno del Estado valora positivamente el esfuerzo de la Sección XXII por conformar una propuesta de mejoramiento educativo en Oaxaca, por lo que propone reanudar los trabajos de la Comisióm Mixta IEEPO- Sección XXII, el próximo 30 de mayo del presente, con el fin de construir conjuntamente este proyecto en los términos convenidos en el mes de mayo de 2009.
En el mismo sentido el Ejecutivo Estatal convocará la integración de una mesa central con la participación de la SEP y el SNTE con el objeto de establecer una estrategia metodológica que lleve a su adecuada instrumentación.”
El documento lo signa el entonces director general del IEEPO Bernardo Vásquez Colmenares Guzmán.


  La Ley agraria y el campo Oaxaqueño

Posted by Redacción on Enero 17th, 2013

 

El 6 de Enero de 1915 el presidente de la república Venustiano Carranza expidió en la ciudad de Veracruz, la Ley Agraria, constituyéndose después de que la burocracia y la conflictividad social lo obstaculizaran. Así tuvo tuvo lugar el articulo 27 en la Constitución Política de 1917, que es donde se formaliza la creación del “ejido” y la consecuente repartición de las tierras, que dicho sea de paso muy mal hecha, pues hasta el día de hoy existen infinidad de conflictos agrarios, cientos de muertos, comunidades divididas y familias destruidas, debido a la burocracia, intereses;

Por: Julio Cesar Audelo Sánchez.

El 6 de Enero de 1915 el presidente de la república Venustiano Carranza expidió en la ciudad de Veracruz, la Ley Agraria, constituyéndose después de que la burocracia y la conflictividad social lo obstaculizaran. Así tuvo tuvo lugar el articulo 27 en la Constitución Política de 1917, que es donde se formaliza la creación del “ejido” y la consecuente repartición de las tierras, que dicho sea de paso muy mal hecha, pues hasta el día de hoy existen infinidad de conflictos agrarios, cientos de muertos, comunidades divididas y familias destruidas, debido a la burocracia, intereses; errores de planos, linderos, resoluciones presidenciales, todo pensado en eliminar el latifundio feudal que existía (sic), que las tiendas de raya no sean el “ Wal-Mart “ del día de hoy y que nuestros pueblos tuvieran la justicia por la que murieron millones de mexicanos en la Revolución, incluyendo al general Emiliano Zapata. A 98 años de distancia (de los cuales 86 fueron gobernados por el PRI) en un mensaje nada plural el “candidato que obtuvo más votos en la elección del 6 de Julio del 2012”, realizó la conmemoración correspondiente; y no es que hubiéramos querido ir, simplemente hacemos la observación que solo asistió la Confederación Nacional Campesina

(CNC), dejando a un lado a las centrales campesinas nacionales, lejos de recuperar la rectoría del estado en el campo mexicano; es pues necesario y urgente un cambio radical en las políticas públicas, eliminando las engorrosas reglas de operación, dejar de apoyar con los recursos del campo a los grandes ganaderos, productores y comercializadores de este país, la eliminación de los privilegios de los “Sistemas Producto”, un campo sin transgénicos y sin “Monsanto” (empresa transnacional que controla alrededor de 90 por ciento del mercado mundial de semillas transgénicas, es la principal beneficiaria de los primeros permisos de siembra experimental de maíz transgénico en nuestro país), que desaparezca el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, “COSOMER” y exista una instancia que realmente resuelva los conflictos agrarios, el acceso al crédito para los pequeños productores, pues la mayoría vive en pobreza alimentara, social, económica y hasta pobreza política(eso es por los mezquinos candidatos que a veces se presentan), crear el marco normativo que permita las garantías de las tierras ejidales y comunales para créditos, sin que pierdan la esencia que dio origen a la Ley Agraria , y el rescate del campo que permita en los próximos años la autosuficiencia y la soberanía alimentaria a partir del impulso de la agricultura familiar sustentable , pues un país que importa de acuerdo a los propios datos de la Secretaria de

Economía, el 42 % del trigo, 31% del maíz, 8% del frijol, 53% de la carne de aves, 68% de la carne de res, 80% de la carne de cerdo, significa que está condenado a la supervivencia (al mal vivir), al no producir ni lo que se consume. Habría que ir pensando en lo que propuso Norman E. Borlaug: “Desarrollo sustentable con el productor” como la base de la estrategia en el campo mexicano. Y como el campo oaxaqueño se encuentra en el abandono por falta de sensibilidad de grises funcionarios, va el exhorto al ejecutivo del estado, para que en este año cambie al titular de la SEDAFPA, porque Salomón Jara ya no da resultados.


  Basta de desestabilizar a Ocotlán por pugnas políticas: Francisco García

e-consulta

Viernes 18 Enero 2013 – 16 : 33

Se debe exhortar a quienes violentan la ley; no más tolerancia del Ejecutivo, afirma el diputado Elías Cortés.

Procesando Final del formulario

Oaxaca.- Terminar con la campaña de desestabilización en Ocotlán de Morelos y en otros municipios del estado, afectando los servicios públicos y la vida cotidiana de las comunidades que no tienen porqué pagar el costo de ambiciones políticas y económicas de grupos de interés, identificados con sectores gubernamentales.

Ese fue el llamado hecho por el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la LXI Legislatura local, Francisco García López, y por el presidente de la Comisión Permanente de Gobernación, Elías Cortés López, en el marco de la sesión ordinaria del Congreso de Oaxaca.

Desde la tribuna, el legislador de la fracción del PRI, Elías Cortés, fue claro al señalar que la Comisión que preside no responde a chantajes de ninguna índole para beneficiar a uno u otro grupo. “Actuamos conforme a la ley y siguiendo los lineamientos que establece el Derecho”.

Luego de que la diputada Ivonne Gallegos del PAN enviara un punto de acuerdo para exhortar al edil de Ocotlán de Morelos, Miguel Ángel Pacheco Pérez, a que realice el pago de los servicios de energía eléctrica, aseo público y la entrega de participaciones a las agencias de ese municipio, Cortés López, con documento en mano, demostró que todos esos pagos ya se realizaron.

Aseguró que a quienes se debe exhortar es a los grupos que han violentado la ley, cuyos integrantes tienen tomado el palacio municipal y secuestrado los bienes del ayuntamiento y como consecuencia, la autoridad municipal no posee los elementos necesario para prestar los servicios municipales. Es necesario que regresen el camión compactador de basura, las pipas y los volteos a las autoridades legalmente constituidas.

“El problema de Ocotlán no lo debemos convertir en intereses mezquinos, en peticiones que lleven una carga política con el afán de desprestigiar a un partido político”. Hizo un llamado al Ejecutivo estatal para que ya no tolere más a este tipo de grupos que buscan la desestabilización en las comunidades.

Mientras tanto, en entrevista posterior, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Francisco García López, convocó a dirimir las diferencias por la vía estrictamente jurídica y no a partir de presiones de grupúsculos locales alentados por el futurismo de figuras estatales que quieren medrar de los problemas municipales para posicionarse políticamente.

Al señalar que todas las imputaciones que se le hacen a la administración del presidente Miguel Pacheco Pérez han sido desvirtuadas en el proceso que se le sigue al interior de la comisión de Gobernación del Congreso del Estado, el líder parlamentario priista calificó de acciones desesperadas e irresponsables de los grupos que insisten en desestabilizar al municipio con acciones de fuerza al verse perdidos en el terreno jurídico, pues carecen de pruebas.

El legislador priista fue enfático en señalar que no se trata de encubrir a nadie por la mera identificación político partidista, sino en hacer honor a la verdad y atenerse a los crudos hechos y a las pruebas respectivas.

A nosotros nos interesa que en Ocotlán como en otros municipios se restablezca la normalidad en su convivencia cotidiana y que terminen ya las campañas desbordadas para obtener posiciones políticas, pasando por encima de los intereses generales.

Si algunos servicios públicos, como el de limpia, no están operando en su totalidad es precisamente por el boicoteo de estos grupos que no han podido acreditar sus imputaciones ante los órganos jurisdiccionales y las autoridades competentes.

“No más acciones de violencia y ejercicios de fuerza, que sólo han afectado la economía de Ocotlán de Morelos; construyamos soluciones jurídicas y cerremos el paso a las acciones de desestabilización”, concluyó.


  Descubren los restos más antiguos de la ciudad de Oaxaca

Los restos datan de 800 años a.C., hasta el momento no se tenía evidencia de asentamientos tan antiguos en la capital oaxaqueña.

Gina MEJÍA

 

Entre los vestigios encontrados durante la intervención del ex convento de San Pablo, están los restos más antiguos de la ciudad de Oaxaca, dijo en entrevista para El Imparcial Sebastian van Doesburg, quien explicó que tras analizar una muela extraída a una de las dos señoras enterradas en ese sitio, lograron establecer que los restos datan de 800 años a.C.
Para el Coordinador Académico del Centro Académico y Cultural San Pablo, este entierro es muy importante, porque hasta el momento no se tenía evidencia de que en la ciudad de Oaxaca existieran asentamientos tan antiguos.
“Hoy es más claro, que la capital está en una zona con una presencia humana más antigua de lo que se pensaba, creo que ese retroceder histórico de la ciudad es interesante, ahora de repente del siglo XV se regresa la historia hasta 800 a.C.”.
Los análisis de los restos de las dos mujeres halladas en San Pablo dejan ver que, aparentemente, en ese sitio había un pequeño asentamiento pre-Monte Albán, “cuando existió este asentamiento, fue cuando se empezó a abandonar San José El Mogote y otros sitios más”, explicó el entrevistado.
Estos restos, junto con las piezas de cerámica y objetos encontrados durante los trabajos en el ex convento, serán mostrados a partir de la primavera de este año, para que la gente pueda conocer un poco más del contexto en que vivían anteriormente en la ciudad.
Raíz indígena en la ciudad
Van Doesburg dijo que este descubrimiento ayuda a entender cómo la actual sociedad oaxaqueña, “realmente tiene un fondo indígena muy profundo y antiguo, no siempre reconocido”.
“Fuera de lo folclórico, Oaxaca en gran medida debe su cultura a los pueblos indígenas y creo que la existencia de un asentamiento zapoteco debajo de la ciudad española tiene un valor simbólico importante, es una confirmación de las profundas raíces de la actual cultura oaxaqueña”, subrayó.
Supuso que la favorable ubicación geográfica del asentamiento, donde hoy está la ciudad de Oaxaca, provocó que a través del tiempo fuera habitado varias veces, “tenían recursos naturales muy abundantes, aparentemente en esos tiempos tan antiguos este sitio era atractivo, luego fue abandonado y posteriormente rehabitado”.
A nivel nacional, los restos hallados ayudan a entender mejor los procesos históricos, detalló el entrevistado, “Oaxaca fue una de las primeras y más importantes fundaciones en la Nueva España, pero al igual que el Distrito Federal, cuenta con un profundo precedente indígena y los estudios arqueológicos en San Pablo revelan y explican mejor cómo ha sido el proceso, donde las sociedades prehispánicas fueron incorporadas a la sociedad colonial y de ahí a la sociedad moderna”.
“Revalorar la participación de la población indígena en la construcción de México es un capitulo por escribir todavía, hoy vemos novedosos estudios que revelan el proceso mediante el cual se formó el México actual, era mucho más complejo de lo que aprendemos en la escuela”.
Las investigaciones
Por ser éste el primer convento de la ciudad de Oaxaca, comentó Sebastian Van Doesburg, tenían la inquietud de que existieran restos de la muy temprana fundación de la ciudad y quizá de una presencia prehispánica, ya que por lo general los conventos estaban sobre un sitio prehispánico.
“Cuando se restauró Santo Domingo el grande, en los 90, se hicieron muchas excavaciones arqueológicas, y todo lo que se encontró fue de 1608 a la fecha, año en que los dominicos empezaron habitar Santo Domingo, pero se sabía que desde 1529 había frailes de la orden aquí y todo ese tiempo no se tenía registrado”.
El Coordinador Académico del Centro Académico y Cultural San Pablo comentó que durante los trabajos que realizaron a partir de 2006, encontraron muchos restos humanos e infinidad de artículos, los cuales fueron estudiados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y muchos de ellos fueron situados en un pozo que se encuentra en San Pablo.
Actualmente, parte de los objetos encontrados, entre restos humanos, monedas y utensilios, son resguardados por el INAH, ya que por la ley federal de 1972, son propiedad de la nación mexicana y fue el mismo instituto quien se encargó de las excavaciones.


 

Profesores exigen hacer ley el PTEO, normalistas bloquearon la carretera

enero 18, 2013 | Autor Diario Despertar de Oaxaca

Mientras los normalistas de Oaxaca bloqueaban la carretera federal 190, a la altura de Pemex, los profesores de la Sección 22 mantenían el cerco en el Congreso del estado

Rebeca Luna Jiménez

Luego de aprobarse la reforma educativa en 19 entidades del país, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) determinó continuar con el acordonamiento a la Cámara de Diputados local para exigir emita un decreto convirtiendo en ley su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO).

La movilización fue determinada la víspera por el Comité Ejecutivo Seccional de la gremial, ante la aprobación de la reforma al artículo tercero de la Constitución por 19 congresos estatales.

Por tal motivo, los profesores continúan esperando una respuesta de los legisladores, quienes, por cierto, cambiaron la sede a un hotel, al sur de la capital oaxaqueña e iniciaron su sesión cuatro horas después de convocada.

Muchos diputados locales no sabían el lugar de la sede de la sesión, los integrantes de la Junta de Coordinación Política no tenían una orden del día minutos antes de la sesión: “No se ha repartido ningún anteproyecto, no tenemos nada de lo que vamos a tratar este día”, dijo una diputada.

Normalistas cerraron carretera al Istmo

Por su parte, los normalistas, en su cuarto día de movilizaciones, cerraron la carretera federal 190, a la altura del monumento a Benito Juárez y después la planta de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), para protestar contra la reforma educativa.

Causaron caos vial y provocaron que muchas personas, que venden tortillas, provenientes de varias comunidades cercanas, tuvieran que bajarse de los vehículos para transbordar, pagando doble pasaje.

Las críticas hacia los futuros profesores fue directo, pues poco a poco la población les va perdiendo el respeto a los manifestantes, quienes esconden su rostro tras un paliacate: “Bola de huevones, ya bájenle con sus actuaciones”, “ya basta, nosotros sí trabajamos, ustedes no”, se escuchó, mientras las personas caminaban en la carretera.

La actitud de los normalistas es no estudiar, pues ya perdieron cuatro días de clases y ni sus profesores reclaman la actitud de sus alumnos para hacerlos retornar a clases.

Normalistas retiran bloqueo, profesores siguen en Jalpam

Por la tarde, el grupo de normalistas retiraron el bloqueo que mantenían en la carretera federal 190, a la altura de Pemex, mientras los profesores de la Sección 22 continuaban con el cerco en el Congreso del estado.

El vocero de los normalistas informó que continuarán sus acciones en respaldo de la Sección 22, que pide la aprobación del PTEO como alternativa a la reforma y otros programas del ámbito educativo federal.

Los normalistas han suspendido actividades durante esta semana en apoyo al magisterio, quienes siguen laborando en la mayoría de las escuelas.

Los legisladores oaxaqueños sesionaron en una sede alterna y entre los puntos del orden del día no se consideró la reforma educativa, que sigue en la Comisión de Asuntos Constitucionales.


  Bloqueo de Ex Garita por colonos de Indeco Xoxo

Categoría: Principales Creado en Viernes, 18 Enero 2013 09:28

Los inconformes han retenido seis autobuses de pasajeros ue atravesaron sobre las vialidades para impedir el paso de los vehículos de motor

Oaxaca, Oax.- Aproximadamente 120 vecinos del fraccionamiento Riberas del Atoyac Indeco bloquean la calzada Guadalupe Hinojosa de Murat y la glorieta Andres Hinojosa a la altura del puente de fierro de la Ex Garita en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en la exigencia a la devolución de un predio que mantienen en su límite habitacional.

 

 

Los inconformes han retenido seis autobuses de pasajeros de las líneas Tusug, Choferes del Sur, Tucdosa, Urbanos de Oaxaca y Autobuses de Oaxaca-Cuilapam, mismos que atravesaron sobre las vialidades para impedir el paso de los vehículos de motor.

 

Exigen al presidente municipal José Julio Antonio Aquino que retire a los elementos de la policía de Santa Cruz Xoxocotlán que se mantienen posesionados de su área desde el pasado 26 de diciembre, señalan que ellos la han mantenido durante 40 años para actividades socioculturales y administrativas, y también para el comité directivo del agua y alcantarillado.

 

Señalan que también son apoyados por habitantes de otras colonias, barrios, fraccionamientos y agencias del municipio de Xoxocotlán, así como organizaciones sociales.

 

Cabe mencionar que al lugar arribaron elementos de la policía estatal equipados con antimotines, quienes permanecen a la expectativa únicamente.


El modo convivial de vivir y la razón comunal de las gentes profundas

Viernes, 18 de Enero de 2013 12:50 Melquiades (Kiado) Cruz

El origen de la cultura tiene varias dimensiones. La occidental se ha convertido en homogénea y hace al hombre centro del universo, pero existe otra tendencia cultural que depende de la naturaleza. La confrontación entre ambas formas culturales resulta compleja, a la luz de una gran cantidad de sus expresiones concretas que ofrecen una pluralidad de pensamiento. Antes de la llegada del individualismo, los habitantes de estas tierras enfrentábamos la vida de modo convivial porque la tierra es compartida por todos. Nuestras tecnologías, conocimientos y producción son resultado de una labor conjunta, lo que significa que los recursos y la energía son propiedad de la comunidad, es decir, de todas las familias: la naturaleza entendida como propiedad de hombres y mujeres. Al ser la tierra un bien de todos, su cuidado era y sigue siendo responsabilidad común. Esto ofrece una explicación del modo de conservación de la diversidad natural en nuestros territorios, reaccionamos de una forma convivial para regenerar nuestros ámbitos de comunidad o nuestras formas de vida vernáculas. Fortalecemos nuestra autonomía como poder de control sobre lo nuestro que engloba nuestros valores y define la labor comunal.

Las gentes profundas dominamos nuestro espacio. En vez de tratar de dominar eltiempoconocemos y reconocemos, hasta el último rincón, el espacio que habitamos. Este espacio al que pertenecemos nos pertenece; por eso tratamos de vivirlo, transformarlo, convertirlo en nuestra morada.

Vivimos en el presente, sensibles a nuestro espacio. Sabemos que nuestra vida está siendo sólo en el presente y asumimos valerosamente esta incertidumbre radical, el misterio de nuestra perspectiva. Reconocemos el pasado, algo que necesariamente pasó y que persiste en la forma de tradición o como precedente, pero también lo cambiamos en función del presente, tomando o dejando lo que necesitamos, en nuestra condición actual, de nuestros recuerdos cambiantes. Por la medida en que reconocemos el pasado y vivimos en el presente, podemos alimentar esperanzas: las abrigamos para que no se enfríen. Cuidamos de ellas aquí y ahora, las acariciamos o abandonamos en el presente, asumiendo que el futuro es posible e incluso probable, pero nunca cierto; nunca hay certeza de lo que será. Para nosotros el futuro nunca es una realidad vivida, láctica.

Tenemos una forma personalizada de interactuar: habitamos nuestro mundo con un sentido cotidiano de familiaridad, de trato fluido y acostumbrado con las cosas. Improvisamos, en vez de planear. En contraste, improvisamos nuestro comportamiento y lo sintonizamos o acomodamos de acuerdo con la dinámica de las cosas con las que tratamos. Reconocemos en tal interacción la combinación vital de la tradición y la esperanza, de la inercia y la sorpresa o el azar, chula naka diddzalyuu nii. Por la medida en que reconocemos la necesidad de tomar en cuenta que las cosas tienen su propio tiempo, su propio ritmo, sabemos cómo dialogar con ellas.

Sólo somos capaces de improvisar quienes conocemos algo a fondo

Quienes tenemos nuestro propio precedente de trato con las cosas y por tanto, basados en la experiencia, somos capaces de reconocer nuestra condición cambiante, incierta e impredecible. Sólo aquéllos que no tenemos la prisa compulsiva de convertir el futuro en presente —retacando en el presente tanto futuro como sea posible— somos capaces de improvisar.

Existimos en la heterogeneidad radical de nuestro ser —lo opuesto a lahomogeneizacióninherente al hombre moderno— y esto nos permite existir en la diversidad. Mantenemos una activa interacción con nuestros entornos naturales y sociales, arraigados en nuestra autonomía. Nos identificamos por y con los espacios físicos y culturales en los que hacemos nuestra vida; los percibimos con límites pero sin fronteras; estamos localizados en un lugar concreto, existimos en espacios discretos, pero estamos abiertos a sus horizontes. Una percepción con horizonte, horizontal desde adentro. Esto nos hace hospitalarios hacia los otros con nuestra creatividad autónoma para hacer las cosas según una guía tradicional que nos ha permitido desarrollar nuestras capacidades imaginativas. Esta capacidad de hacer cosas tales como construir una casa, producir alimento, curarse, etc. se contrapone profundamente al hábito de consumir.

En nuestros espacios compartimos con otros la alegría de vivir con base en nuestra experiencia dentro de nuestras comunidades, estamos tratando de expulsar el principio de la escasez del centro de la política y de la ética a escala de la sociedad. Se vuelve así indispensable redefinir el centro. Estamos buscando inspiración en nuestras tradiciones, pero lo que actualmente necesitamos con urgencia es la articulación de nuestras intuiciones y experiencias en formas que nos liberen de la carga de la “sabiduría” predominante. Tal articulación es fundamental para concertar nuestros esfuerzos, a fin de involucrarnos libremente en la creación de una nueva era que está actualmente luchando por nacer. Tal articulación es también necesaria para formular y concertar las coaliciones y alianzas que los hombres y mujeres comunales necesitamos con urgencia para superar nuestros límites actuales y detener el flujo de desechos que inunda nuestros nuevos ámbitos de comunidad.

Al andar nuestras veredas tenemos presente que hasta las iniciativas más valientes e iluminadas del pasado naufragaron al rendirse ante el futuro. Innumerables iniciativas y procesos que nadie puede controlar producen “la sociedad en conjunto” o “el mundo en conjunto”, el “orden global” que conciben los globalizadores, convencionales o alternativos. Nos parece tan insano como ridículo plantear que alguna pre-visión ideológica o doctrinaria de ese “conjunto” sea condición para ponerse en movimiento, que toda iniciativa política deba definir de antemano su objetivo final o la futura condición abstracta del mundo. Quienes vivimos con los pies arraigados en el suelo no nos colgamos de “conjuntos” abstractos o finalidades últimas. Cuando más, vemos en lontananza un arco iris brillante, difuso, inalcanzable. El régimen que sustituirá al Estado-Nación no será fruto de una pre-concepción o de ingeniería social, sino de la imaginación sociológica y política ejercida en la acción transformadora.

*Melquiades (Kiado) Cruz es de Santa Cruz de Yagavila del Rincón de la Sierra Juárez, Oaxaca

fuente: Ojarasca 189


La magia de Capulálpam de Méndez, Oaxaca

Gilberto López y Rivas

D

e los 83 considerados pueblos mágicos por la Secretaría de Turismo (Sectur) en toda la República Mexicana, Capulálpam de Méndez es la única cabecera municipal en el estado de Oaxaca que ostenta este reconocimiento desde 2008, limitado, por cierto, a localidades: “que tiene (n) atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin MAGIA que emana en cada una de sus manifestaciones socio-culturales…” (Pueblos mágicos, reglas de operación, Sectur). Pero Capulálpam –un municipio indígena ubicado en la sierra Zapoteca del norte de Oaxaca– no sólo cumple con creces los criterios del programa en cuanto a riqueza arquitectónica (en este caso, con una iglesia construida en los siglos XVII-XVIII, con retablos antiguos de los estilos neoclásico y salomónico), ordenamiento del comercio, entornos urbanos y naturales de gran impacto para el turismo, festividades, gastronomía, tradiciones y compromisos de la sociedad local, entre otros, que en su conjunto debieran producir una suerte de encantamiento en el visitante. La magia de esta comunidad va más allá de los afanes neoliberales que offrece Sectur en sus programas. Radica en la indeclinable voluntad de sus habitantes y sus autoridades –elegidas según las formas colectivistas del comunalismo– en defender a lo largo de su accidentada historia, sus territorios ancestrales, sus recursos naturales, como el agua y el bosque, sus estructuras y mecanismos con base en la autonomía; se fundamenta en la experiencia histórica de comuneros y comuneras –y de todos los ciudadanos del municipio–, asociada a batallas políticas por el control de la propiedad comunal, en contra de empresas forestales privadas que por décadas arrasaron los bosques de los pueblos de la sierra, para alimentar a la insaciable fábrica de papel Fapatux, que durante 25 años, desde 1954, extrajo una considerable cantidad de pino selecto; se encuentra en el imaginario de las luchas centenarias en contra de la antigua compañía minera La Natividad, enquistada en territorio comunitario desde la Colonia y asociada desde 2002 a la empresa canadiense Continuum Resources para realizar trabajos de exploración. Entre 2003 y 2007, el gobierno federal asignó más de 50 mil hectáreas de concesiones mineras a esta corporación, incluyendo territorio de Capulálpam y de varios municipios de las sierras Mixe y Zapoteca, por lo que la comunidad, como otras en Oaxaca, en el país y en el continente, se ha declarado en alerta roja de rebeldía y movilización –por las vías legales y por las políticas pacíficas–, para oponerse a una reactivación de la explotación minera, que ya en el pasado ocasionó graves daños ecológicos y divisiones entre comunidades, que perviven hoy en día y es posible observar en el terreno.

Esta determinación de exorcizar la maldición minera expresada en las asambleas generales y por medio de las autoridades comunales y municipales de Capulálpam es reconocida en el estado y en el país, por lo que desde el día 17 y hasta este domingo 20 nos encontramos reunidos en este pueblo mágico en el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, Sí a la vida, no a la minería, y bajo el lema: tejiendo la resistencia por la defensa de nuestros territorios, con el propósito de conjuntar esfuerzos desde la sociedad civil para rechazar los proyectos de explotación minera, para demandar el cese de las concesiones de gobiernos obsecuentes que han entregado vastas porciones del territorio nacional a las corporaciones, para generar alternativas de defensa, organización y articulación desde los pueblos y con las fuerzas políticas y sociales que acompañan estos procesos.

La anunciada reactivación del Congreso Nacional Indígena, como parte de los esfuerzos del EZLN por enlazarse con los movimientos de los pueblos originarios, sería el espacio natural de las coincidencias en las luchas de resistencia contra un sistema de producción que privilegia la acumulación de riquezas de un número limitado de personas por encima de la vida de los pueblos y las comunidades. No obstante que las corporaciones mineras prometen empleos, servicios públicos, proyectos productivos y respeto al medio ambiente, es un hecho que históricamente estas empresas han dejado una estela de muerte, empobrecimiento, daños irreversibles al medio ambiente y afectación a la salud, polarización y división social en las comunidades.

Además de las autoridades comunales y municipales de Capulálpam de Méndez, convocan a esta reunión en curso: la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Servicios del Pueblo Mixe AC, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca SC, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto AC, Servicios para la Educación Alternativa Educa AC, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento de Oaxaca AC, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, entre otras organizaciones.

Un recorrido memorable por el municipio de Capulálpam, por sus bosques vigilados y protegidos, con sus fuentes hídricas controladas por la comunidad y a su servicio; con sus proyectos turísticos en los que no intervienen empresas privadas y están igualmente bajo esquemas de desarrollo endógenos; así como la convivencia con dirigentes, que practican –a su manera y con sus naturales diferencias– el mandar obedeciendo de otras latitudes sureñas, me hace ser optimista sobre los destinos y las luchas de este pueblo y los de otras 31 comunidades de la sierra Norte dispuestas a no dejar pasar a las mineras. La magia de la autonomía impregna los anhelos y sueños de sus habitantes, mientras el frío de la oscurana cala la vigilia de la resistencia.


NOTICIAS DE MÉXICO

Cunde el ejemplo de autodefensa armada en comunidades de Guerrero

 

Escrito por Sergio Ocampo Arista/ Periódico La Jornada
Domingo, 13 de Enero de 2013 20:49
Las acciones de protección prueban el fracaso oficial contra la delincuencia, dice ONG

Agrupaciones locales indican que el gobernador Aguirre Rivero ni los oye ni les cumple

Chilpancingo, Gro., 12 de enero. Decenas de comunidades de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero vuelven a ser escenario de acciones de autodefensa armada, por la falta de respuesta de los tres niveles de gobierno para atender las demandas de seguridad de los pueblos contra el crimen organizado que opera en esas dos regiones del sureste del estado, donde habitan indígenas me’pha (tlapanecos); ñuu savi (mixtecos), amusgos y afromestizos.

Encabezadas principalmente por contingentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), las comunidades se sumaron al movimiento ciudadano cansadas por los crímenes, violaciones y extorsiones de que son víctimas por los grupos delictivos.

Vidulfo Rosales Sierra, del Centro Regional de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se refirió a las causas del levantamiento popular que se inició el domingo 6 de enero en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, tras el secuestro de Eusebio Álvarez Mendoza, ganadero y comisario de la comunidad Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa: “Eso se debe a un vacío de la autoridad federal y local en el ejercicio de sus funciones ante la seguridad pública”.

Sin duda, añadió, “ha fracasado el modelo de seguridad y sus políticas; del operativo Guerrero Seguro hay que recordar que el año pasado funcionó, pero no hubo avances considerables. Lo que pasa es prueba de que no se aprehendió a los delincuentes ni se revirtió el índice de criminalidad en esa zona; por el contrario, se fortaleció”.

Rosales Sierra criticó: “No es posible que campesinos organizados con armas de bajo calibre hagan frente a los delincuentes en cuestión de dos días, mientras el Ejército, la Marina y las policías con armas de alto poder en más de tres años no han podido revertir este fenómeno; eso es imposible; no amerita mayor análisis. Eso indica que hay un alto grado de complicidad y un vacío de la autoridad; por ejemplo, la Procuraduría de Justicia no hace nada, sabe las relaciones que tiene su policía ministerial y se niega a remover a su personal, y ahí están las consecuencias”.

Insistió: es evidente que “hay un alto grado de connivencia y complicidad de las autoridades estatales, como la Policía Ministerial y la estatal asignadas a la comunidad El Limón, en Ayutla, con los mismos ministerios públicos y los jueces, que generó un ambiente que permitió que la delincuencia organizada se moviera libremente por estos lugares, como si anduviera por su casa. Toda esa complicidad hizo que reinara la delincuencia cometiendo atropellos contra la población”.

Ese vacío causado por el gobierno hizo que los habitantes se organizaran. “El pueblo se cansó y decidió tomar la seguridad en sus manos, rescatar los principios de justicia para los pueblos campesinos indígenas y mestizos”.

Tal vez lo más importante de este levantamiento popular es que se demuestra a México que la delincuencia organizada no es invencible, y que, una vez que los pueblos se organizan, pueden meter en cintura a la delincuencia, y que no debe paralizarse la sociedad ante el flagelo, “como hicieron en estos meses los municipios de Huamuxtitlán, Cualac y Olinalá”.

Pero advirtió que los grupos delictivos, “cuando la gente regrese a sus comunidades, pueden tener una reacción y poner en riesgo la integridad de los campesinos y sus familias. Estaremos atentos a ver cómo actúan las autoridades, porque no se trata de mandar más policías”.

Propuso que los campesinos fortalezcan y respeten “los sistemas de usos y costumbres, para ir retomando la justicia tradicional de los pueblos, y no quedarse sólo en la organización al calor del problema, sino creando sus propias instituciones de justicia para evitar que la delincuencia los agreda”.

El proceso organizativo

La primera manifestación de organización de los pueblos indígenas, mestizos y afromestizos fue la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en octubre de 1995; siguieron el ejemplo los municipios de Huamuxtitlán, el pasado 17 de septiembre, con la Policía Ciudadana y Popular (PCP), y luego 30 pueblos nahuas de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, el pasado 2 de diciembre.

En Huamuxtitlán se creó la PCP con más de 100 elementos el 17 de septiembre de 2012, tras el secuestro de 18 personas por un grupo de la delincuencia organizada. Incluso se entregó a Alberto López Rosas, ex procurador de Justicia de Guerrero, un expediente con más de 30 hechos violentos donde destacan los secuestros del ex alcalde Juan Carlos Jiménez, asesinatos de taxistas, aparición de cadáveres en la cabecera municipal, robo de casas y de vehículos, extorsión a comerciantes y presuntas amenazas a la ex alcaldesa perredista Soledad Romero y su marido Víctor Echeverría Valenzuela, ex dirigente magisterial.
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Uno de los casi 300 vigilantes voluntarios del poblado de Tecoanapa, en la Costa ChicaFoto Lenin Ocampo Torres

El 25 de noviembre, más de 200 campesinos mixtecos de al menos 30 comunidades del municipio de Ayutla de los Libres rindieron protesta como nuevos integrantes de la Policía Comunitaria para enfrentar al crimen organizado.

Con las comunidades mixtecas sumadas a la CRAC, el territorio se amplía a 107 pueblos de 13 municipios de la Costa Chica y la Montaña: San Luis Acatlán, Marquelia, Metlatónoc, Cochoapa El Grande, Iliatenco, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Tlapa, Tlacoapa, Acatepec, Ayutla, Azoyú, Tlacoachistlahuaca.

Los municipios sumados a la Policía Ciudadana y Popular son los de Huamuxtitlán, Cualac y Olinalá, que colindan con los estados de Morelos y Puebla.

Más de un año sin audiencia

Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC, recordó que casi desde que llegó al poder el gobernador Ángel Aguirre Rivero (1/4/11) le habían solicitado audiencia, y “no fue hasta el 28 de mayo de 2012 cuando se dio la primera y única audiencia a la CRAC, aunque después ha habido algunos encuentros con compañeros, con la finalidad de dar seguimiento a las demandas que se plantearon, que hasta la fecha sólo se han cumplido en una mínima parte”.

Afirmó que el gobernador no ha cumplido con los acuerdos alcanzados, “sólo otorgó un presupuesto de 500 mil pesos, que fueron dando en abonos chiquititos; dieron parte de los 500 radios que había prometido y de ahí en fuera nada, ni uniformes, ni armas, ni despensas, ni vehículos. Sobre ese incumplimiento también nosotros le damos la autoridad que merece alguien que se compromete y no cumple su palabra”.

Consideró que esta indiferencia del gobernador contrasta con el tratamiento que da al levantamiento de los pueblos de Ayutla y Tecoanapa, que encabeza la Upoeg. “Algunas de esas cuestiones se han comentado en las asambleas de la Policía Comunitaria, otras se han ventilado en los medios de comunicación. A nosotros no nos afecta que se dé atención a otros grupos, sino es en detrimento de las demandas y del proceso organizativo de la CRAC.

“Hemos visto que mientras a la CRAC se le han cerrado los espacios de diálogo y del cumplimento de acuerdos, a otros grupos, también bajo la presencia de Policía Comunitaria, sí se les da todo el apoyo; eso hace evidente lo que ya se decía el pasado 22 de diciembre, en la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, durante la designación de coordinadores y comandantes regionales, de que la Upoeg estaba prácticamente trabajando con el gobierno del estado.”

“Lo que ocurre en Ayutla –recalcó– es muestra evidente de ello. Si se analizan las declaraciones de la última semana de la Upoeg, queda claro que fueron ellos los que estuvieron desde el principio detrás del levantamiento, y que incluso están invitando a los pueblos de la región, incluidos los que forman parte de la CRAC, para que se sumen a su movimiento.”

No obstante, Valentín Hernández anunció que en breve la CRAC fijará su postura oficial. “Ya hubo una reunión donde se acordó que se dará una posición consensuada entre los coordinadores y consejeros, y probablemente el lunes se estará emitiendo un comunicado formal.”

Acerca de la presencia de la delincuencia organizada en las comunidades pertenecientes a las tres casas de justicia de la CRAC, ubicadas una en San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, “hay tranquilidad, aunque estamos en alerta por la situación en Ayutla; estamos trabajando de manera normal”.

Para el abogado de Tlachinollan, Aguirre Rivero ha tenido una actitud distinta con la CRAC: “se evidencia efectivamente la insensibilidad y falta de interés por los sistemas normativos de los pueblos. Hay un desprecio del gobierno por el sistema normativo de la CRAC, cuando ese es un modelo que puede dar el rumbo a la seguridad y de cómo podemos resolver la problemática de inseguridad”.

En cambio, insistió, el gobierno, lejos de atender los problemas, ha criminalizado la lucha social, “ha desdeñado y mantenido en el olvido a los pueblos, y ahora va al encuentro del problema porque lo tiene a la vuelta de la esquina, y atiende al levantamiento de las comunidades, porque tiene que dar una respuesta a esta problemática que evidencia las fallas del sistema de justicia del estado en su conjunto”.

http://www.jornada.unam.mx/2013/01/13/politica/002n1pol?partner=rss


  Dan a 18 mexicanos pena máxima en Nicaragua por caso Televisa

Sentenciados a 30 años de cárcel acusados de crimen organizado, narcotráfico y “lavado” de dinero.

Agencias
Publicado: 18/01/2013 12:06

Managua. Un juez nicaragüense condenó hoy a 35 años y seis meses de prisión a la mexicana Raquel Alatorre Correa, y a 34 años a sus 17 compatriotas coacusados, que fueron hallados culpables de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero.

El juez Edgar Altamirano dictó sentencia este viernes en contra de los 18 integrantes del grupo y precisó que Alatorre Correa finalizará su sanción el 24 de agosto de 2042.

Por crimen organizado se les condenó a 8 años de prisión; por narcotráfico a 20 años; y por lavado de dinero, 7 años.

La sumatoria de las penas rebasa los 30 años de cárcel. De acuerdo con la legislación nicaragüense en la materia, un reo no podrá pasar en prisión más de 30 años, aunque la condena dictada en su contra haya sido mayor.

Los mexicanos, que se identificaron como “falsos periodistas” para no ser atrapados, fueron detenidos con 9.2 millones de dólares ocultos en camionetas con logotipos de Televisa.

Astillero

Rudeza en Migración e Inmujeres

Ardelio represor

Lorena: más Edomex

Al estilo Al Qaeda

Julio Hernández López

 

EN EL FESTEJO DE ANTONIO CHEDRAOUI El obispo Antonio Chedraoui, de la Iglesia ortodoxa de Antioquía, celebró ayer su cumpleaños en la catedral de San Pedro y San Pablo en Huixquilucan. Posteriormente ofreció una comida, a la que asistieron diversas personalidades de la política, la religión y el empresariado nacionales, entre ellos José Antonio Meade, Carlos Slim, Norberto Rivera, Eruviel Ávila, Manuel Mondragón y Kalb y Miguel Ángel Mancera. En la imagen, durante la interpretación del Himno NacionalFoto José Antonio López

L

a iglesia (migratoria) en manos de Lutero (represor). Enrique Peña Nieto ha hecho saber el calibre (no sólo en sentido figurado) de su compromiso con la legalidad y los derechos humanos al designar a Ardelio Vargas Fosado como director del Instituto Nacional de Migración. En un tema tan sensible, en términos humanos e institucionales, el ex gobernador del estado de México premia y da peligroso poder a un policía acusado de manera reiterada de violar derechos humanos y de pasar por encima de la ley. Vargas Fosado es la reivindicación del espíritu represivo expresado en San Salvador Atenco, en Oaxaca y en Puebla, donde Ardelio dejó indeleble marca violenta sin castigo.

Con esta decisión cavernícola, la nueva administración federal apunta a que continúen la explotación y las violaciones contra los centroamericanos que cruzan el país rumbo a Estados Unidos (sobre todo en los estados del sur mexicano), se trasladan los métodos y filosofía de la Policía Federal (en donde Vargas fue poderoso comisionado) a la de por sí muy delictiva estructura actual de los agentes de migración, se privilegian el uso de la fuerza, las redadas y la corrupción, por sobre la necesaria depuración de ese INM y la búsqueda de respeto a los derechos humanos. Además, se garantiza a Estados Unidos el cumplimiento de las políticas de seguridad nacional de Washington, continuando con la tarea infame de convertir la frontera sur de México en filtro sangriento de desaliento a las corrientes migratorias centroamericanas.

También deplorable ha sido el desenlace del capricho de Los Pinos en cuanto al Instituto de las Mujeres (Inmujeres). Siempre con el dedo elector puesto en la paisana Lorena Cruz, el licenciado Peña Nieto trató originalmente de adscribir el Inmujeres a la Secretaría de Desarrollo Social. Luego, con Rosario Robles como activista del peñismo en busca de desactivar a las activistas que se oponían a esa sectorización, se abrió un periodo de presunta consulta (mediante una tramposa convocatoria pública para que se anotaran quienes desearan participar como aspirantes al cargo) entre grupos de feministas que ha desembocado en el dedazo siempre sabido, es decir, a favor de Lorena Cruz, que fue funcionaria del gobierno de Peña Nieto en el estado de México y que en 2010 se opuso a que se emitiera una declaratoria de alerta de violencia de género en dicha entidad a causa del aumento de agresiones y asesinatos contra mujeres. Por otra parte, y aunque es una arista diferente, también ha de anotarse que las pocas mujeres incluidas en el gabinete peñista tienen salarios inferiores a los de los hombres con similar categoría laboral.

Pero tampoco ha de considerarse que el gobierno peñista hace lo que le da la gana y que impone su voluntad de manera arrolladora. Allí está el ejemplo de la línea de trabajo que le heredó el fúnebre Calderón y que ahora tendrá nuevos diseños de guerra hechos por manos ajenas, es decir, por los especialistas estadunidenses en guerras y persecuciones de exterminio como las realizadas contra Al Qaeda y Osama Bin Laden.

Según ha hecho saber Ap, se ha abierto un nuevo cuartel de operaciones especiales del Pentágono (en Colorado, en instalaciones del Comando Norte) para entrenar a mexicanos que, a su vez, combatirán a narcotraficantes en México. La relevancia del asunto ha hecho que a cargo de esa capacitación esté ahora un general y no un coronel, y se estima que podrán ser habilitados unos 150 mexicanos. Ni modo: donde manda Pentágono no gobierna pinolero.

Astillas

Jesús Pérez Gaona reporta: “Anoche estaba viendo el programa de la RAI titulado Pressa Diretta. El programa abordaba específicamente los casos de juegos arreglados en el futbol italiano, pero en el transcurrir del programa salió en el reportaje que el juego entre México y El Salvador de la pasada Copa de Oro había estado arreglado, de tal forma que tanto el marcador del primer tiempo como el marcador final habían sido comprados por apostadores. No sé si haya habido mención alguna de este hecho en México, pero aquí te dejo el video del programa (http://bit.ly/Xe1WzQ). Está en italiano, pero bien vale la pena analizarlo. El hecho particular al que hago mención ocurre entre el minuto 45 y 50 del programa. El titulo del programa es: Ladri di calcio (Ladrones del futbol)”. Jugando de suplente, este tecleador agrega que, en efecto, la Interpol y la FIFA iniciaron averiguaciones en junio de 2011, luego que hubo ganancias millonarias de casas asiáticas de apuestas, sobre todo de Singapur. En especial resultaron sospechosas las victorias de la selección mexicana por 5-0 ante El Salvador y Cuba. Un despacho de Notimex (http://es.pn/Xe5QZy ) mencionaba, con base en lo antes publicado por Dier Spiegel, que el Tri bien podría verse beneficiado con ganancias millonarias, así como las cadenas televisivas, pues los apostadores ofrecen ese apoyo. De esas perlas se ha ido formando la fama mexicana que luego es mencionada en programas como Pressa Diretta.

Coletazo del calderonismo en la reunión de senadores panistas que se oponen a aceptar los acuerdos de Gustavo Madero en el Pacto por México.

Jesús Zambrano, en tanto, casi declara que la izquierda ha tomado el poder por la vía de ese pacto, pues dice que 80 por ciento de su contenido coincide con la agenda legislativa del PRD.

A propósito de PAN y PRD, avanza sin grandes contratiempos la alianza electoral que abarcaría 13 estados, a pesar de los malos resultados, ya en el ejercicio gubernamental, de las anteriores experiencias similares.

Y, mientras sigue adelante la compra del avión imperial a pesar de que los Boeing 787 están en proceso de revisión obligada en Estados Unidos y Japón a causa de fallas, ¡hasta mañana, con el diputado José Soto, presidente de la comisión de marina de San Lázaro, asegurando que el almirante Vidal Francisco Soberón dijo que habrá muchos cambios en la estrategia sexenal contra el narcotráfico y que las fuerzas armadas regresarán a los cuarteles poco a poco! ¡Feliz fin de semana…!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx


  Llega a la presidencia del IFAI el cancerbero de la opacidad

Alejandro Caballero
18 de enero de 2013 · Sin comentarios
Reportaje Especial

 

Gerardo Laveaga, presidente del IFAI.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- En 2011, Gerardo Laveaga Rendón los tildó de fundamentalistas y el año pasado se atrevió a decir que lucraban con la transparencia. Hoy, esos “fundamentalistas”, como los definió en ese entonces, lo eligieron como su presidente, pese a ser el más nuevo e inexperto de todos.

Luego de que la comisionada Jacqueline Peschard Mariscal concluyó el segundo período para el que fue electa, Gerardo Laveaga Rendón fue designado este viernes como presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Compañero de generación de Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho, en cuyo sexenio se dio a conocer, Laveaga se convirtió en el cuarto presidente del organismo garante de la transparencia.

Propuesto por Calderón apenas el año pasado, en abril asumió como comisionado del IFAI, en medio del rechazo de organismos ciudadanos por sus antecedentes antigarantistas en la materia.

Durante tres horas, el pleno del Instituto deliberó este viernes sobre el relevo de Peschard, y fue hasta la cuarta ronda de votaciones cuando Laveaga resultó electo.

La presidencia del IFAI es el cargo más relevante que ha desempeñado Laveaga, quien entrará en funciones el próximo sábado 19. Entre 1996 y 2000 fungió como titular de comunicación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de 2001 a 2012 dirigió la Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

En esta última responsabilidad fue uno de los principales promotores de las reformas calderonistas, especialmente de la reforma constitucional penal de 2008. Además, se ha pronunciado por la adopción de la oralidad en el sistema penal, y en general ha manifestado sus inclinaciones por adoptar mecanismos del sistema jurídico anglosajón.

Protección de datos… gubernamentales

Como comisionado, Gerardo Laveaga se ha caracterizado por resolver de manera favorable asuntos del gobierno, especialmente cuando se trata de instancias de seguridad proclives a la opacidad.

En fechas recientes ha influido en otros comisionados, inclusive imponiendo sus criterios ante el pasmo de sus compañeros. Por ejemplo, luego de casi un año de gestiones, el IFAI resolvió el recurso RDA 0096/2012, cuyo proyecto estuvo a cargo del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar.

Este último comisionado hizo suyos los criterios expuestos por Laveaga, a fin de que la Procuraduría General de la República (PGR) mantuviera en la opacidad los nombres de los agentes del Ministerio Público federal especializados en delincuencia organizada.

La resolución formalizó algo que ninguna ley contempla: la existencia de fiscales sin rostro, es decir, agentes investigadores del Ministerio Público que no son públicos.

En otras ocasiones Laveaga ni siquiera revisó los argumentos de solicitantes a quienes se les negó información, con lo que garantizó la opacidad de instancias de seguridad.

En el Recurso 3540/2012, por ejemplo, se solicitó una serie de convenios firmados entre las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional.

La primera dependencia respondió que no era de su competencia, pese a que sus titulares habían signado los documentos, rendido informes ante el Congreso de la Unión y abordado públicamente el tema en entrevistas y conferencias de prensa.

Laveaga resolvió con el argumento de que la dependencia, entonces encabezada por Genaro García Luna, había orientado en tiempo y forma al solicitante a realizar su solicitud en otra dependencia, sin siquiera revisar los argumentos de la inconformidad.

Un alfil calderonista

En su edición 1846, la revista Proceso publicó un perfil de Gerardo Laveaga Rendón.

A pocos meses de que acabara su gobierno, Felipe Calderón propuso como comisionado a su viejo amigo de universidad y apologista a ultranza de sus acciones.

Organismos ciudadanos alertaron que el IFAI y el derecho a la información corrían peligro por dos causas: una, la propuesta de Laveaga, y otra, el estancamiento de reformas en la materia.

El 15 de diciembre de 2011, María Marván Laborde renunció al IFAI para irse al Instituto Federal Electoral, dejando vacío en aquel instituto uno de los cinco puestos. Tres meses después, la Secretaría de Gobernación informó de la propuesta de Laveaga.

Desde enero de 2011, Artículo 19 y Fundar, organismos civiles especializados en transparencia y libertad de expresión, y Jacqueline Peschard, le pidieron a Calderón que su candidato garantizara profesionalismo y autonomía.

Laveaga no sólo carecía de experiencia, sino que se había mostrado contrario al principio de máxima publicidad, pues a su juicio “la transparencia tiene límites”.

Sin embargo, el Senado avaló su nombramiento, con lo que se convirtió en el segundo miembro del círculo calderonista en el IFAI proveniente de una de las instancias de seguridad. La otra es Wanda Sigrid Arzt Colunga, exasesora de Calderón y exsecretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, que desde 2009 ocupa un espacio en el organismo.

La carrera de Laveaga comenzó a la sombra de Diego Valadés, quien como procurador de Justicia del Distrito Federal lo nombró director del Ministerio Público en lo Familiar y Civil. Luego fue director de Prevención del Delito, cargo que también desempeñó en la PGR en 1994, cuando Valadés era procurador general.

Laveaga fungió como director de comunicación social de la SCJN, cuando Genaro Góngora Pimentel era presidente de esa institución.

En 2001 el entonces procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, convirtió a Laveaga en director del Inacipe, de donde salió en 2009, al acabar su segundo periodo cuatrienal, considerando que los estatutos no permiten una tercera gestión.

Durante el proceso de designación para que Laveaga fuera comisionado del IFAI, Darío Ramírez, director de Artículo 19, señaló que tenían la preocupación de que el presidente intentara “cubrirse las espaldas” imponiendo a uno de sus cercanos.

Para Calderón el IFAI siempre fue objeto de deseo. No sólo como presidente electo pactó con Vicente Fox la llegada de Alonso Lujambio a la presidencia del mismo, el consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles (otro egresado de la Escuela Libre de Derecho), operó en 2009 el ingreso de Sigrid Artz y de María Elena Pérez Jaén (Proceso 1718).

Pero no sólo Artículo 19 se extrañó del caso. El Colectivo por la Transparencia, integrado por 11 organismos ciudadanos, consideraron que Laveaga no cumplía con el perfil profesional.

Observaron también que se trataba de una persona cercana al presidente y que sus antecedentes dejaban la duda sobre “si su nombramiento obedece a la política de opacidad y desacato de la LFTAIPG (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental) que ha seguido el gobierno federal en materia de procuración de justicia durante el actual sexenio (de Calderón)”.

Otro golpeador

Laveaga Rendón también fue compañero de generación de Javier Lozano Alarcón, otro de los apologistas de Calderón, inmerso en todo tipo de escándalos.

Las bravatas de Laveaga han sido llevadas a los medios de comunicación, como ocurrió con el tema de la transparencia.
En un artículo publicado el 21 de febrero de 2009 en el diario El Universal, Laveaga descalificó la resolución del IFAI respecto de que las averiguaciones previas concluidas podrían ser objeto de revisiones públicas.

Dicha resolución fue litigada por la PGR. En el texto, Laveaga expuso que abrir las averiguaciones ponía en riesgo el derecho a la intimidad y la seguridad pública, así como la presunción de inocencia y la fama pública de los implicados.

En el mismo documento se refirió a los comisionados del IFAI, que hoy lo eligieron presidente, como “fundamentalistas de la transparencia”.

Cuando se anunció que estaba propuesto por Calderón para sumarse como comisionado del IFAI, Laveaga advirtió en su cuenta de Twitter que no daría entrevistas, aunque sí respondió a algunos usuarios.

Por ejemplo, @presuntoc preguntó: “¿Quiénes son los fundamentalistas de la transparencia?”.

Laveaga respondió: “Quienes se olvidan de las garantías individuales con tal de lucrar”. O sea que quienes lucran fueron sus electores de hoy.

Twitter y el sitio oficial del Inacipe se convirtieron en la ventana publicitaria del personaje, quien a través de ese medio reiteró “su aportación” a la transparencia por impulsar los juicios orales, escribió que a su paso por la SCJN contribuyó “a que se conocieran las sentencias” y recomendó ver su programa “Derechos en pugna”, que transmite el canal de paga EfektoTv.

En la página del Inacipe se publicó la introducción que Laveaga hizo al libro ABC del nuevo sistema de justicia penal en México, que también recomendó en Twitter para difundir sus conceptos sobre transparencia. Es decir que, contra toda lógica de rendición de cuentas, su campaña para ser comisionado se realizó desde el gobierno, específicamente desde el instituto que él mismo dirigía.

Apologista, comedido y represor

En los programas de televisión de Laveaga, los invitados eran generalmente afines al gobierno, y los temas los que en el momento abordaba Calderón.

Para hablar de la reforma laboral llevó a los especialistas Jorge Enrique Roel y Edmundo García, ambos a favor. Para comentar sobre la reforma penal invitó a su subordinado Álvaro Vizcaíno, quien promovió iniciativas de Calderón. Y naturalmente su jefa, la procuradora Marisela Morales, también fue invitada.

El funcionario convertido en conductor televisivo preguntó a Morales sobre temas de transparencia. La procuradora fue evasiva, hasta que finalmente admitió que los servidores públicos sujetos a escrutinio dan mejores resultados. A cada dicho de Morales, Laveaga asentía emocionado: “¡Claro, claro!”.

El recién nombrado presidente del IFAI fue defensor de las decisiones y hasta de los exabruptos de Calderón, en especial en coyunturas que lo ponían en entredicho.

Por ejemplo, cuando un grupo de abogados –entre ellos Netzaí Sandoval, John Ackerman y Loretta Ortiz– anunció que interpondría una denuncia contra Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI), Laveaga escribió un artículo (en el suplemento Enfoque de Reforma, el 6 de noviembre de 2011) en el que se manifestó escandalizado, los llamó alborotadores y del Ejecutivo dijo que era “un mandatario que, con apego a la ley, ha trabajado para preservar la seguridad nacional” y que ningún tribunal se atrevería a juzgar.

En otro párrafo añadió: “Lo que sí parece claro es el oportunismo de quienes –cuando se avecina una contienda electoral en México y está a punto de concluir el periodo del fiscal ante la CPI– pretenden confundir a la opinión pública con fines partidistas. Su despropósito sólo desgastará a la CPI, que se verá obligada a realizar trámites inútiles para desechar la solicitud. También radicalizará el debate entre las personas mal informadas”.

En otro artículo (también en Enfoque de Reforma del 24 de diciembre de 2010) explicó que no es lo mismo un juez que un ministro: “Mientras el primero debe apegarse al artículo, ceñirse a la fracción, cotejar lo que dice el Código con la jurisprudencia y el tratado internacional, el segundo está obligado a descifrar hacia dónde apunta la Constitución y cómo aplicar una idea abstracta a un problema concreto…”

Semanas después Calderón empezó a descalificar al Poder Judicial, en concreto a partir de junio de 2011. El 12 de julio, en el diario Reforma, Laveaga ironizó:

“Escudándose en el debido proceso, lo importante para un juez penal es que el Ministerio Público no haya omitido ninguno de los requisitos de una consignación, que no haya retenido al inculpado más de 48 horas y –Dios no lo permita– que lo haya detenido sin orden judicial, así se le haya sorprendido en flagrancia”.

Otro ejemplo del pensamiento de Laveaga es el caso de Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada en agosto de 2008, cuya madre, Marisela Escobedo, se dedicó a buscar justicia hasta que fue asesinada en diciembre de 2010. El responsable de la muerte de Rubí fue detenido, pero quedó en libertad luego de un proceso oral.
Eso puso a discusión el modelo impulsado por Calderón.

En un artículo titulado “Jueces que no meten gol” (Reforma, 30 de enero de 2011), Laveaga se refirió a los asesinatos de Rubí y Marisela para defender, con analogías futbolísticas, los juicios orales.

“Estamos construyendo un nuevo sistema acusatorio que, apuntalado en la publicidad y transparencia, nos permitirá ver de qué están hechos nuestros jueces, defensores, agentes del MP, peritos y policías. Creo, por lo anterior, contra lo que algunos opinan, que el caso de Rubí no ha demostrado la ineficiencia de los juicios orales sino, al contrario, su excelencia. Ha logrado que la sociedad esté enterada de lo que ocurrió y de que los jueces rindan cuentas, en los términos del artículo 17 constitucional”.

También se pronunció contra el proyecto del ministro Arturo Zaldívar para que se liberara a Florence Cassez, quizás la mayor pifia de la procuración de justicia del sexenio de Calderón.

Y aquí su talante de represor: el jurista René González de la Vega, maestro del Inacipe, declaró que era viable enjuiciar a Calderón (Proceso 1804). Laveaga se apresuró a deslindar al Inacipe, que en adelante prescindió de los servicios de aquél.


El CCE tiene “apetito” de invertir en Pemex: Candiani

El líder del Consejo Coordinaror Empresarial, aseguró que invertir en Petróleos Mexicanos reduciría la pobreza en el país.

 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani. (Foto: Archivo/Cuarto Oscuro).

Redacción AN

Enero 18, 2013 5:25 pm

El apetito por invertir en Pemex es muy grande, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.

“Estamos absolutamente dispuestos (a invertir), hay dinero suficiente, hay crédito suficiente y habría un apetito muy importante de inversionistas extranjeros, los niveles de inversión serían únicos y se traducirían en generar niveles de inversión del 6 por ciento y en generar la riqueza suficiente para poderla distribuir de mejor manera y cumplir con los 50 millones de mexicanos en la pobreza”, afirmó Gutiérrez Candiani al salir de una reunión con el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Indicó que la reforma energética podría potencializar la economía mexicana y generar niveles históricos de inversión, informó el periódico Reforma.

Así el titular de la CCE afirmó que el gremio empresarial está dispuesto a realizar un esfuerzo para elevar la recaudación a partir de una reforma hacendaria.

“Reiteramos que el sector privado va a poner lo que le corresponde. Si tenemos que hacer un esfuerzo adicional para que haya mayor recaudación, lo vamos a hacer, pero siempre y cuando eso se acompañe de mayor transparencia, rendición de cuentas y eficacia en el gasto”, subrayó.

(Con información de Reforma)


  Los gendarmes de Peña Nieto

Por: Lydia Cacho – enero 18 de 2013 – 17:56
Cacho en Sinembargo, COLUMNAS1 comentario

Hace unos días, un colega dijo que México está de “luna de miel” con Peña Nieto. Yo creo que quienes están romanceando con él son algunos medios de comunicación poderosos que están construyendo un discurso que propaga la idea de que el PRI es un partido de profesionales y ellos sí sabrán gobernar. Sin embargo, para una buena parte de la sociedad que se informa por vías alternativas y sigue los pasos y las declaraciones del mandatario y su gabinete la historia es muy diferente. Estamos en etapa de diagnóstico y por ello es tan importante escuchar y documentar con atención.

Peña Nieto prometió en campaña un cambio radical de estrategia contra el narcotráfico. Declaró que el Ejército ya no llevaría a cabo labores policíacas. Mientras tanto, el secretario de Gobernación, quien desde ya retomó el monopolio del espionaje y de la seguridad nacional al antiguo estilo del PRI, anuncia la creación de la gendarmería. Un gendarme es un guardia civil. Según fuentes de Segob ya están preparando a 10 mil militares como miembros de esta suerte de policía militarizada. Un modelo similar al utilizado en Brasil en las zonas más violentas denominadas favelas; sólo contiene la violencia, a veces la reproducen pero nunca la resuelven ni la transforman. Paradójicamente, a esta suerte de gendarmes se les ha denominado como “guardia pacificadora” aunque son militares especializados en controlar comunidades en situación de guerra. México no vive una guerra, la sociedad no es la enemiga del Estado. Lo que enfrentamos es un serio problema de desequilibrio de poderes entre el Estado y la delincuencia organizada. La propagación de una economía criminal fortalecida por la corrupción, por la debilidad del sistema de justicia y de la maquinaria política.

Lo que las estrategias del nuevo gobierno nos indican hasta ahora es que Peña sí negoció con la Sedena lo que Calderón dejó pendiente: asegurar la permanencia de militares especializados en los cuerpos policíacos, ahorrándole el costo político de los errores o violaciones a los derechos humanos al Ejército. Nadie en su sano juicio debe esperar que en tan poco tiempo esté activada la estrategia de seguridad del nuevo gobierno; sin embargo, resulta preocupante que se haya desarticulado al andamiaje anterior sin una estrategia clara. Los mensajes contradictorios del peñismo tienen en la incertidumbre a la sociedad y dan tiempo a los cárteles para recomponer sus alianzas con miembros corruptos del Estado.

Por otro lado, esta semana el nuevo gobierno federal no entregó una radiografía de sí mismo. Los funcionarios públicos, desde el Presidente hacia abajo, mintieron descaradamente en sus declaraciones patrimoniales, las entregaron incompletas y sin cifras. Esta es evidencia palmaria de la opacidad que rige y regirá el sexenio. Quien espere transparencia del Presidente que ignora el nombre de la instancia que la rige, vive en el engaño.

Lo cierto es que las expectativas de quienes creyeron que Peña y su partido retomarían las riendas del país como quien doma a un caballo, han sido abatidas por la realidad. Peña no es un estadista sino un hombre con grandes limitaciones intelectuales, sociales y culturales, todos los días lo demuestra. Pero su falta de comprensión, liderazgo y capacidad para mandar abre una ventana de oportunidad. Queda claro que (afortunadamente) no se pudo revivir el presidencialismo tradicional priísta, el joven Enrique no tiene la veta intelectual para ello, eso significa que tal vez estemos frente a la posibilidad de construir ciertos equilibrios para la gobernabilidad y que es ahora cuando la sociedad civil podrá retomar su fuerza. Los verdaderos liderazgos se revelan desde ya en el Congreso de la Unión y en la Segob.

Para comenzar hemos de enfocarnos en asegurar que para el 2015, como establece la ley en todo el país se haya aplicado la Reforma del sistema penal, que cambiará drásticamente la forma en que se administra e imparte justicia en México. Si quieres participar en que se logre este proceso en tu estado hazlo directamente en: https://www.reformapenalmexico.org/principal

Una cosa a la vez.

@Lydiacachosi

Censo de maestros, alumnos y escuelas que contempla la Reforma educativa “no es voluntario”: Chuayffet

Por: Redacción / Sinembargo – enero 18 de 2013 – 18:35
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Aguascalientes, 18 de ene (Notimex/SinEmbargo).– Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Educación Pública, dijo hoy que el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica no será un ejercicio voluntario.

También dijo que la única alternativa que le queda al gobierno federal si los maestros paran labores en protesta a la Reforma Educativa, es aplicar la Ley.

El censo, dijo el Secretario, “comprenderá la educación básica en el País, tanto en el sector público como en el sector privado, que tendrá por objeto levantar un registro nominativo de alumnos de escuelas y de profesores, con el objeto de que todos seamos beneficiarios de la información, nadie puede ser dañado con la información que vamos a levantar. Este no es un ejercicio voluntario, ni es un ejercicio que esté sujeto al parecer de todos los integrantes de la educación en México, sino que es un mandato constitucional en México que habrá de cumplirse”.

El censo que contempla la Reforma Educativa será aplicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Inicia en septiembre de este año, y en diciembre habrá resultados.

Algunos especialistas consideran que este censo tiene dedicatoria para Elba Esther “La Maestra” Gordillo, quien, según algunos cálculos, se escuda en la opacidad para tener a cerca de 23 mil maestros trabajando para su agenda política.

Cuestionado sobre si tienen un plan alterno en caso de que suba el tono de las protestas de los maestros y opten por el paro, Chuayffet advirtió que el único camino es cumplir la ley.

“Hay un plan alterno y es cumplir el derecho, en México no nos gusta, lo llamamos represión, lo llamamos limitación a la conducta libérrima de los ciudadanos; el derecho en México y en el mundo es el que otorga potestades y obligaciones a cada uno de los sujetos”, señaló el ex Gobernador del Estado de México, quien estuvo acompañado de Eduardo Sojo, presidente del Inegi.

“En primer lugar es un derecho humano el recibir educación, nadie puede, a título de ninguna bandera, interrumpir este proceso y cuando se haga. Se aplicará la ley”, dijo.

El funcionario federal presentó de manera conjunta con el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Eduardo Sojo, el Censo de Escuelas, Maestros, y Alumnos de Educación Básica.

Chuayffet Chemor dijo que con este censo, cuya información se podrá tener en el mes de diciembre del presente año, se podrán tomar decisiones precisas con respecto al ciclo escolar 2013-2014.

“México contará con un padrón de datos, que hoy está ausente en la Secretaría de Educación Pública (SEP)”, señaló, tras añadir que la educación es uno de los cinco ejes prioritarios para el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa ofrecida en edificio sede del INEGI en esta entidad, el funcionario federal dijo que la idea de este censo es poner en práctica de manera inmediata la necesidad derivada de la reforma constitucional educativa, como lo es el Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa, reforma, dijo, que ya fue aprobada por 20 estados del país.

“Para que todos seamos beneficiarios de la información, nadie puede ser dañado con la información que vamos a levantar, y cualquiera de los actores de la educación van a tener elementos numéricos, para emprender las acciones inherentes a sus distintas responsabilidades de manera cierta, contundente y precisa”, subrayó.

Agregó que paralelo a ello, habrá de crearse un comité nacional para llevar a cabo este censo, y los días primeros del mes de febrero convocará para ello al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedi) para que en cada uno de los estados se cree un comité estatal de apoyo.

Aseveró que este mismo año se contará con la relación de todos los alumnos, maestros y escuelas, tanto públicas como privadas, que existen en el país.

“Tendremos la feliz oportunidad de contar con él, para la toma de decisiones del ciclo escolar de 2014; esperamos y confiamos en que la colaboración de todos los participantes del proceso educativo se dé de una manera eficaz y pronta, para que México cuente con un instrumento que es vital”, sostuvo.

Dijo que estos instrumentos permitirán dar al sistema educativo precisión a las políticas públicas y mejorar la educación.

“Y para ello, debemos de tener las autoridades educativas, los maestros, las organizaciones sindicales, los alumnos, la sociedad de padres de familia, los investigadores, todos los que intervienen en el sistema educativo, los datos que permitan afinar nuestras acciones y hacer que estas produzcan los resultados más eficaces”, concluyó.

Por su parte, Miguel Cervera, actuario del INEGI, explicó que para este censo serán contratadas y capacitadas 17 mil 500 personas.

Dijo que paralelo al censo será levantada una encuesta a directores, supervisores y maestros de todos los planteles educativos de manera simultánea.

“Este censo se va a realizar sólo esta vez, se van a proveer las reglas para crear un sistema registral, que le permita a la SEP tener en forma continua tener información sobre aspectos de su interés, sin necesidad de volver a realizar un censo, sino simplemente actualizar registros”, afirmó.

 


 El dilema de la policía comunitaria de Guerrero

 

Carlos Sandoval

Rebelión

 

 

A sólo una semana de iniciado el año, apareció en diferentes medios una extraña noticia en torno a una balacera ocurrida en Ayutla entre la “policía comunitaria” de Guerrero y un grupo de presuntos secuestradores, en el que resultó muerto un individuo de nombre Cutberto Luna Chávez. Los policías comunitarios habían colocado retenes en las entradas de Ayutla como respuesta al secuestro del comisario de Rancho Nuevo, Eusebio Alvarado García, quien había sido levantado en días anteriores. Según los “policías comunitarios”, Luna Chávez se resistió a la revisión y agredió a los comunitarios con un arma de fuego por lo que éstos repelieron el ataque abatiendo al agresor. Entre pedazos de información incompleta y contradictoria, se supo que el comisario Alvarado García fue liberado poco después, mientras que los retenes de la policía comunitaria siguieron operando en búsqueda de los delincuentes. En menos de una semana, ya habían sido detenidos aproximadamente 40 personas.

Para quien haya seguido mínimamente el proceso organizativo del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Montaña-Costa Chica de Guerrero, los hechos reportados no dejaban de ser por demás extraños, ya que contrastaban visiblemente con el modus operandi de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). Era la primera vez que se reportaban operativos de policías comunitarios encapuchados con pasamontañas y paliacates, así como toques de queda y suspensión de actividades escolares. Tampoco se había conocido de personas abatidas en retenes de la CRAC-PC. Además, el elocuente discurso en torno al proceso de “reeducación” de los infractores parecía haber sido sustituido por un mucho menos elaborado y más reactivo discurso en torno al principio de “ojo por ojo, diente por diente”.

Días después se supo que los civiles armados y encapuchados que pusieron los retenes no eran parte de la estructura de la CRAC-PC. Se habló de un levantamiento armado espontaneo por parte de los pobladores de Ayutla, quienes hartos de sufrir los estragos de la delincuencia organizada habrían decidido organizarse de manera autónoma para defenderse, expresando así en los hechos una profunda crítica al Estado. ¿Pero es este el caso? ¿Estos operativos realmente son manifestación de una verdadera voluntad de autodefensa popular con arraigo profundo en las comunidades de la Costa Chica, como sugieren muchas de las reacciones mediáticas que se han suscitado en los últimos días? ¿Significa esto que está propagándose el ejemplo de la CRAC-PC en la región, fortaleciendo así este proceso comunitario?

Si se trata efectivamente de un proceso popular, no puede más que llamar la atención que el gobernador Aguirre Rivero, lejos de responder como ha hecho con otros movimientos populares en Guerrero (con actos represivos y calumnias), reconoció la labor de los “comunitarios”i y se dispuso inmediatamente a entregar despensas a las comunidades en cuestiónii, además de declarar públicamente su intención de apoyarlos con uniformes, radios, e incluso con salariosiii. No quiere decir esto que deba desestimarse una respuesta favorable del gobierno a los movimientos sociales. Sin embargo, no se necesita ser muy perspicaz para sospechar de un trato diferencial frente a un contexto de represión generalizada. Después de todos los obstáculos por los que ha tenido que pasar la CRAC-PC durante más de diecisiete años, y aun así no ser todavía plenamente reconocida; después de las constantes agresiones gubernamentales a la estructura comunitaria que han resultado en órdenes de aprehensión y detenciones arbitrarias contra policías y coordinadores comunitarios; después de que el gobernador tardó más de un año para conceder una audiencia a la CRAC-PC, y cuyos acuerdos fueron completamente incumplidos, ¿cómo no ha de resultar extraño que en menos de cinco días de haberse instalado los retenes civiles en Ayutla, el gobernador no sólo visitó a los civiles alzadosiv sino que parece haberse convertido en ferviente admirador y defensor de las maravillas de la seguridad comunitaria? ¿Cómo no ha de ser también extraño que mientras la CRAC-PC ha sido en gran parte invisibilizada por los grandes medios de comunicación, Joaquín López Doriga concediera un espacio en su noticiero para hablar de cómo los pobladores de la región apoyan a la “policía comunitaria” de Ayutla? ¿Será que el “alzamiento popular” no es realmente tan “popular” como se ha afirmado?

El 7 de enero, el consejero de la CRAC-PC de Ayutla, Arturo Campos, declaró que quienes están detrás de los operativos son miembros de la UPOEG. Dijo que se trata efectivamente de pobladores “de algunas comunidades del municipio de Ayutla, pero que no pertenecen a la CRAC, y otros que provienen de poblados del municipio vecino de Tecoanapa, dirigidos por Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)”v. Como se recordará, el 25 de noviembre en el contexto del 17 aniversario de la CRAC-PC, se hizo pública la incorporación de 27 comunidades de Ayutla a la estructura comunitaria. Sin embargo, un mes después, el 22 de diciembre, en una asamblea en la comunidad de la Concordia se incorporaron oficialmente únicamente 23 de estas comunidades, formando así la CRAC-PC de Ayutla, cuya Casa de Justicia se instaló en la comunidad mixteca de “El Paraíso”. En esa ocasión los medios reportaron una ruptura al interior de la policía comunitaria de Ayutla, ya que las cuatro comunidades que no fueron ratificadas habían formado su propia estructura de seguridad bajo la dirección de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Dicha ruptura parece responder a dos visiones diferentes en cuanto a la relación que deben tener las comunidades y sus estructuras comunitarias con el Estado. La UPOEG se ha caracterizado por promover una relación más cercana a las instituciones del Estado, mientras que la CRAC-PC ha mantenido, al menos discursivamente, un claro distanciamiento con el gobierno. Vale la pena mencionar que mientras la CRAC-PC ha hecho explícito dicho distanciamiento con el Estado, el principal dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio buscó incluso una diputación federal por la vía plurinominal en las pasadas elecciones, la cual por cierto fue ignorada por las cúpulas del PRD, quienes decidieron llenar su lista plurinominal de militantes perredistas cercanos a la corriente de Nueva Izquierda (“los Chuchos”). La UPOEG ha expresado públicamente su aprobación a la participación de las instituciones de seguridad oficiales en actividades de coordinación con la policía comunitaria. Como ejemplo, baste ver las acciones de esta organización en los días inmediatamente posteriores a la implementación de los retenes civiles, cuando Plácido Valerio se reunió con diferentes instancias del gobierno del estadovi, incluyendo el gobernador Ángel Aguirre y el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, para negociar la participación de la policía estatal en los operativos, aunque después, el mismo Plácido denunció que la policía estatal “sólo tiene interés por los presuntos delincuentes detenidos desde que se instalaron los retenes, por lo que advirtió que podrían romper el diálogo que acordaron con el gobierno estatal”vii.

A juzgar por la facilidad con la que los dirigentes de la UPOEG han logrado dialogar con el Estado, parece ser que el gobierno de Ángel Aguirre le ha otorgado a este organismo el papel de interlocutor conveniente, ya que puede así erigirse como defensor de las causas sociales, haciendo alarde de su voluntad para escuchar a los movimientos sociales. Por su parte, la UPOEG y su dirigente Plácido Valerio, parecen complacidos ostentándose como voceros de los pueblos armados de Ayutla. Por supuesto, no se puede menospreciar el hecho de que los habitantes de las comunidades de la región, efectivamente están cansados de la inseguridad y de la negligencia del Estado, el cual no ha podido garantizar la seguridad de la población. Las causas profundas que dan pie a que las comunidades construyan policías comunitarias son realmente legítimas. Es loable el coraje de los campesinos, indígenas y demás pobladores que llevados al punto de hartazgo, participan en procesos de auto-organización en materia de seguridad y autodefensa. Sin embargo, los operativos de los últimos días son cuestionables no sólo por la manera en que quienes aparecen al frente han coqueteado de manera peligrosa con el Estado, sino porque incluso su accionar ha dejado serias dudas con respecto a su apego a los principios sociales y humanitarios que han caracterizado la impartición de justicia comunitaria.

En un artículo publicado el 10 de enero de 2013 en el periódico La Noticia, Arnulfo García Mendoza, abogado de los familiares de Cutberto Luna Sánchez (quien fuera abatido por los civiles encapuchados) denunció los abusos en los que están incurriendo los civiles armados de Ayutla, ya que según lo que reporta dicho periódico, Luna Sánchez de oficio taxista no iba armado y nunca agredió a los “comunitarios”, sino que fue abatido “por la espalda y que el taxista fue rematado por miembros de la comunitaria con 2 balazos de escopeta en la cabeza”. Además afirmó que “quien iba al mando de ese grupo (que) le dio muerte al taxista, es el ‘comandante’ Ernesto Gallardo Grande, originario del Mezón, municipio de Tecoanapa, quien ya lo había detenido de manera arbitraria el pasado 9 de diciembre en la Población de Tutepec, cuando había acudido en su auto taxi a comprar un becerro para los quince años de una de sus sobrinas”viii. Cabe destacar que Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC-PC acusó en diciembre de 2012 a Gallardo Grande, miembro de la UPOEG, de “autonombrarse comandante estatal durante los trabajos preparatorios de la incorporación de los pueblos mixtecos, y desde esa trinchera crear un grupo adversario de policías comunitarios”, además de afirmar que éste “desarrolló trabajo en comunidades con principios distintos al reglamento de la Coordinadora como comandante estatal, cargo que no existe en el reglamento de la Policía Comunitaria” ix.

En aquella ocasión, Arturo Campos, quien fuera elegido el 22 de diciembre de 2012 consejero de la CRAC-PC en Ayutla, “acusó a los miembros de la UPOEG de servir al gobierno y de infiltrarse entre la CRAC para dividirla”, aunque días después, Bruno Plácido negó las acusaciones, diciendo que la UPOEG no tiene intención de dividir a las comunidades: “nos veríamos muy mal si dividiéramos a nuestras comunidades, nuestro papel no es confrontar, ni dividir, es conjuntar. No somos un grupo de choque”x. No obstante, a la luz de los recientes acontecimientos, la UPOEG y la CRAC-PC han ventilado sus diferenciasxi.

Como se puede ver, resulta cada vez más evidente que hay dos proyectos diferentes en cuanto a los procesos comunitarios de procuración de justicia en la Costa Chica de Guerrero. Por un lado está el de la UPOEG, cuya postura política es de negociación y conciliación con el Estado, y cuyos militantes además han demostrado en los hechos que su acción no sólo no se apega a los principios de justicia comunitaria que han sido motivo de orgullo para los pueblos de la región, sino que además parecen actuar a partir de códigos simbólicos no muy diferentes de los que caracterizan el habitus de la delincuencia organizada, lo cual se hace evidente en las afirmaciones de los “comunitarios” de la UPOEG: “por cada uno que levanten, vamos por 10 de ellos”xii, “ojo por ojo”xiii, o “el que la deba que la pague”xiv. Este proyecto, dicho sea de paso, es el que cuenta con el visto bueno del Estado, e incluso está por ser regulado bajo el esquema hegemónico de procuración de justiciaxv.

Por otro lado, lejos del principio de “el que la deba que la pague”, está el ya histórico proyecto de seguridad y justicia comunitaria que representa la CRAC-PC, el cual explícitamente busca ser un sistema no punitivo, cuyo interés no es el “castigo” a los infractores, sino la reeducación de quienes cometen infracciones. Este proyecto, que ha tenido que recorrer un largo y difícil camino en su búsqueda de justicia y bienestar, no sólo se ha centrado en el tema de la seguridad, sino que además ha ido construyendo un sistema bien estructurado de impartición alternativa de justicia, y de construcción de comunidad incluso en temas como la salud, la educación, la comunicación, y recientemente, la defensa del territorio frente a las mineras transnacionales.

No obstante, aunque las dos posturas se han ido aclarando en los últimos meses, la misma CRAC-PC está lejos de ser un proyecto homogéneo, exento de disensos y contradicciones, ya que al interior de esta se disputan posturas políticas muy diversas. Hay que tomar en cuenta que actualmente el mismo Bruno Plácido es también consejero de la CRAC-PC. Debido a la naturaleza misma de este proyecto no existe un solo actor político que controle todo el proceso. Por el contrario, el sistema comunitario es verdaderamente heterogéneo; está ligado a procesos realmente populares, por lo que pueden encontrarse tanto grupos que defienden intensamente su autonomía, como otros que quieren abrir la puerta a la influencia gubernamental; hay algunos grupos cercanos al Congreso Nacional Indígena, otros no tan cercanos; hay algunos más politizados que otros; otros que luchan abnegadamente por su pueblo, y otros más que sólo buscan intereses personales.

Tomando en cuenta el comunicado oficial de la CRAC-PC, firmado por dieciséis coordinadores, fechado el 13 de enero de 2013, en donde se deslindan de la UPOEG y denuncian “la postura engañosa y de mala fe” con que esta organización se ha manejado y aclaran que el modo en que se han conducido los “comunitarios” de la UPOEG “no es propio de nuestra forma de actuar”, parece ser que la postura mayoritaria al interior de la CRAC-PC es la de mantenerse independientes y autónomos. En ese mismo comunicado, la CRAC-PC denuncia “el afán de los dirigentes de la UPOEG de hacerse de los principales cargos en la CRAC para encaminar el trabajo de nuestra institución comunitaria hacia los intereses del Gobierno del Estado”xvi.

Si bien este tajante deslinde hace ver que la balanza, al interior de la CRAC-PC, está inclinada hacia la defensa de la independencia y la autonomía del proceso, así como hacia la clara denuncia de los “intereses del Gobierno del Estado”, también es cierto que el peligro está latente, ya que los grupos que buscan llevar a la CRAC-PC hacia una creciente coordinación con el gobierno siguen dando la lucha. Un eventual acercamiento al Estado y la subsecuente aceptación de sus instituciones de impartición de justicia oficiales serían mortales para el proceso. No se puede olvidar que el proyecto de la policía comunitaria no es, como han querido ver algunos, una mera desconcentración administrativa de las tareas de impartición de seguridad y justicia, cuya existencia aligera las responsabilidades de la administración pública, descargándolas en una nueva escala de gobierno “comunitario”. La fuerza del proyecto comunitario, de la CRAC-PC, estriba precisamente en que esta representa un proyecto alternativo, algo diferente al Estado, una alternativa posible frente a la actual crisis del poder; se trata precisamente de un ejercicio de poder no heterónomo cimentado en principios fundamentalmente opuestos a los del Estado. Lo que ha permitido a la CRAC-PC sobrevivir y fortalecerse por diecisiete años es precisamente la manera en que han reconstruido desde el fondo el concepto mismo de justicia, pasando de un esquema punitivo a un esquema de reeducación y reparación, construyendo en los hechos una utopía realizable.

El rumbo que tome hoy el proceso comunitario es determinante, pues lo que hoy está en juego no es solamente el interés de uno o dos grupos políticos regionales. Lo que está en juego es mucho más profundo, pues se trata precisamente de uno de los territorios más codiciados por las mineras transnacionales, para las cuales la CRAC-PC es el principal obstáculo que impide la explotación desmedida de los recursos. Siendo tan grandes los intereses que se juegan, es evidente que el Estado hará lo posible por destruir, cooptar o desestabilizar de cualquier manera el proceso comunitario, incluyendo el favorecer grupos políticos de posturas no radicales, proclives a la cooptación, dentro y fuera de la CRAC-PC, buscando así reducir la fuerza y la cohesión del sistema comunitario. El gran dilema de la policía comunitaria es actualmente el punto de bifurcación entre dos opciones cada vez más claras: o se mantiene y profundiza la autonomía de la CRAC-PC, marcando visiblemente su carácter popular y su diferencia esencial con el Estado, fortaleciendo su capacidad de resistencia; o se olvida de las razones profundas que le dieron origen y comienza a coquetear con el Estado, abriendo paso a la injerencia gubernamental en territorio comunitario, domesticando la resistencia y destruyendo así la utopía posible de un proyecto verdaderamente diferente, popular y emancipador.

Notas:

i http://www.despertardelsur.com/ds/index.php?option=com_content&view=article&id=44596:ofrece-angel-aguirre-depurar-el-cuerpo-policiaco-de-ayutla&catid=16:8-columnas-portada&Itemid=25

ii http://www.proceso.com.mx/?p=330675

iii http://www.despertardelsur.com/ds/index.php?option=com_content&view=article&id=44596:ofrece-angel-aguirre-depurar-el-cuerpo-policiaco-de-ayutla&catid=16:8-columnas-portada&Itemid=25

iv http://periodicodigital.com.mx/notas/aguirre_visita_comunidades_armadas_de_costa_chica#.UPdJFvLg-5I

v http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/08/index.php?section=sociedad&article=002n1soc

vihttp://www.diariodeiguala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4504:se-reunen-diputados-con-integrantes-de-la-upueg&catid=20:regiones&Itemid=71

vii http://www.jornada.unam.mx/2013/01/13/politica/003n1pol

viii http://www.lanoticiaguerrero.com/?p=3532

ix http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/12/23/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

x http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/12/24/index.php?section=sociedad&article=004n1soc

xi http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a914402d7da41d1caacdc2d226d5feb0

xiihttp://www.vanguardia.com.mx/seequivocaronalmeterseconelpueblodeayutla-1461665.html#.UPcJ0ULnxOk.twitter

xiii http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a914402d7da41d1caacdc2d22603ba6a

xivhttp://tvolucion.esmas.com/noticieros/noticiero-con-joaquin-lopez-doriga/204233/habitantes-guerrero-crean-policia-comunitaria/

xv http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7df07da1c27c195b1924d56296f5bd12

xvi http://www.despertardelsur.com/ds/index.php?option=com_content&view=article&id=44545:se-deslinda-la-crac-de-movilizacionen-ayutla&catid=16:8-columnas-portada&Itemid=25

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


México: ¿Pueden autodeterminarse los indios? Acuerdos de San Andrés

por Javier Hernández Alpízar

Viernes, 18 de Enero de 2013 21:59

 

Lo que defendieron los políticos de los tres principales partidos en esa votación de 2001 fueron los derechos del capital para invadir territorios indios, incluidos sus sitios sagrados, y hasta su información genética, así como la del maíz hoy amenazado

1. Ginés de Sepúlveda[1]

En el siglo XVI los europeos justificaron la conquista y el saqueo de América con una bula papal por la que el pontífice romano repartió entre españoles y portugueses lo que no era suyo. La masacre de indígenas generada por ese violento proceso tuvo su correlato teórico en un debate teológico- filosófico. Fray Bartolomé de las Casas, precursor de la idea de la universalidad de los derechos humanos, objetó la legitimidad de la esclavitud indígena y de la guerra contra sus pueblos. Ginés de Sepúlveda argumentó, basado en la autoridad de Aristóteles, que para los indios era mejor ser gobernados por los europeos, porque quien tiene una razón completa debe guiar a quien la tiene disminuida (para Aristóteles: menores de edad, mujeres y todos los no griegos, llamados bárbaros).

La hondura de la discusión llegó hasta interrogar la legitimidad de la guerra de conquista, el colonialismo y la esclavitud. Lo que estaba en juego era la licitud del control político, económico y militar colonial españoles sobre el territorio y la población indígenas.

La postura de Fray Bartolomé de las Casas era que los indígenas tenían plena dignidad humana y razón, lo que implicaba legítimo derecho sobre sus tierras, capacidad de autogobernarse. Después de todo se las habían arreglado sin los europeos y habían tenido comunidades, pueblos, Estados e imperios. Pero en el debate, al final ganó el interés de la Corona española por tener colonias y esclavos. Dijeron que los indios no tenían capacidad de autogobernarse y necesitaban de la metrópoli para darles civilización y gobierno, control territorial, poblacional y evangelización para desterrar idolatrías.

En 2001 se volvió a discutir lo mismo: ¿Tienen derecho los pueblos indios de México a la autonomía: sobre sus territorios, sistemas normativos, formas de gobierno propias, cultura, lengua, espiritualidad? El tema se llamaba ahora “derechos y culturas indígenas”.

Esta vez los indígenas no fueron representados por un humanista de origen europeo, sino por sí mismos: indígenas organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), el discurso central de los indios lo dio una mujer: la comandanta Esther. Aristóteles se habrá removido en su tumba.

La posición de Ginés de Sepúlveda volvió a ganar. Los legisladores conservadores (PAN y PRI) y los liberales (PRI y PRD) volvieron a decir que los indios no pueden autogobernarse, les negaron el derecho a la autonomía. La ley que dio la espalda a los derechos y culturas y autonomía indígenas quedó marcada, vox populi, como “Ley Cevallos- Bartlett –Ortega”. Nada más les faltó concluir que los indios no tenían alma. El lector decida si es un asunto menor que se hayan rechazado los Acuerdos de San Andrés. Si es un asunto menor que no haya habido una izquierda parlamentaria que los defendiera y votara en pro de los pueblos indios. ¿Qué congruencia hay entre reclamarse de izquierda y negar los derechos y cultura indígenas?

En ese momento quedó claro para los indígenas que de nuevo los negaban los herederos de Ginés de Sepúlveda. Además se abortaba el proceso de los diálogos de paz con el EZLN. El estado tiró el tablero, con todas las fichas y hasta la mesa de juego. Decidan si fue una exageración del EZLN romper con una clase política que perpetró tal crimen contra los derechos de los indígenas. Continuidad racista, colonial, opresiva, entre los siglos XVI y XX, y con la “izquierda” parlamentaria del lado del opresor.

2. Conservadores y liberales

Esta situación tiene raíces, como dijimos, en el siglo XVI. Los herederos de los conquistadores, encomenderos, criollos, la casta en el poder, han seguido en la cúpula pese a la revolución de independencia, la revolución mexicana y el pleito entre conservadores y liberales en el siglo XIX. Tanto liberales como conservadores tuvieron un acuerdo siempre: los indios eran un problema. Lo mismo Santa Anna, el conservador, que los liberales Benito Juárez y Porfirio Díaz (quien llegó al poder bajo el lema “sufragio efectivo”) atacaron a los pueblos indios, querían sus tierras para sus proyectos de desarrollo de una nación mestiza, que perdiera lo indio.

Se trataba de aculturar a los indios, integrarlos, modernizarlos. Benito Juárez es el ejemplo: un indio al inicio, pero un criollo de piel morena al final, convertido a la ideología liberal desarrollista y combatiendo militarmente a los indios de Tehuantepec, en su natal Oaxaca.

El mismo esquema colonizador, opresivo, sigue en la mentalidad tanto de los conservadores (PRI y PAN, y recordemos que los panistas se negaron a escuchar a los indios zapatistas bajo el pretexto de que estaban encapuchados) como los liberales (PRI Y PRD). Por ello estuvieron juntos en rechazar los Acuerdos de San Andrés (que firmó el Estado mexicano y no meramente Zedillo como presidente) y en aprobar una Ley Indígena que sigue tratando a los indios como menores de edad, sujetos de interés público y tutela del Estado (como Aristóteles, los siguen viendo como bárbaros, con una razón disminuida). Hay quienes siguen pensando que los usos y costumbres indígenas son vender a sus hijos, linchar personas y violar, en general, derechos humanos. ¿Alguien lee a Fray Bartolomé hoy? Aunque no se necesita leer a Ginés de Sepúlveda o Aristóteles para reproducir su racismo.

Al negar a los pueblos indios de México sus derechos y culturas, su autonomía y derecho a la autodeterminación, especialmente sobre sus territorios, los legisladores dejaron sentadas las bases para la contrainsurgencia hacia los pueblos indios zapatistas en Chiapas y las autonomías en ese estado, en Oaxaca, Guerrero y Michoacán (gobernados por perredistas, algunos por más de un sexenio) y una guerra de despojo contra todos los indígenas en México.

Lo que defendieron los políticos de los tres principales partidos en esa votación de 2001 fueron los derechos del capital para invadir territorios indios, incluidos sus sitios sagrados, y hasta su información genética, así como la del maíz hoy amenazado (y ya contaminado en todo el país) por transgénicos. Abrieron la puerta para la entrada de empresas que despojan, destruyen, contaminan y acaban con los territorios indios para extraer petróleo (bandera nacionalista), oro, plata, cobre, barita, carbón y otros minerales, agua, especies vegetales y animales, información genética, paisaje para turismo, etcétera.

Si padecen acoso hoy los pueblos zapatistas o las autonomías en la Costa Chica de Guerrero, Ostula, Cherán, los pueblos yaquis, los comcac, los cucapás, los triquis, los ikoots, los amuzgos… todos los pueblos indios, es porque el modelo de desarrollo impulsado por las élites criollas (sobre todo culturalmente, ya vimos con Juárez que una piel cobriza no hace diferencia) conservadoras y liberales es neocolonial, racista, predador: desde los proyectos en los Montes Azules y la Selva Lacandona para despojar a los indios y entregar recursos al capital trasnacional (¿recuerdan el prometido plan de corredor turístico de Yucatán a Chiapas con el que AMLO amenazaba a los indígenas?, de él, EPN retoma el tren bala, son proyectos mellizos) hasta los despojos del bosque en Cherán, el agua de los yaquis, el desierto sagrado en Wirikuta, la montaña con cícadas en el proyecto minero Caballo Blanco, WalMart en Teotihuacán, las minas en San José del Progreso y la costa de Guerrero… Esos despojos que se acercaban, estaban defendiendo los legisladores al no aprobar los Acuerdos de San Andrés.

3. Derecha e izquierda parlamentarias

Ahora políticos de todos esos partidos que negaron los derechos indígenas en 2001 y cuyos gobiernos –los de todos los partidos: liberales y conservadores, derechas e “izquierdas- han seguido con el despojo colonial de los pueblos originarios dicen que, esta vez sí, van a cumplir, aprobando los Acuerdos de San Andrés. ¿Podemos creer que devolverán sus tierras a los indios, que les dejarán autogobernarse, dando la espalda a los capitales canadienses, españoles, estadunidenses, chinos, brasileños, etcétera?

¿Sacarán a las compañías mineras que destruyen o están ya explorando para destruir en Wirikuta y el proyecto Caballo Blanco, los proyectos eólicos de las tierras ikoots, el ducto que les robaría el agua a los yaquis? ¿Desmilitarizarán Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, la Huasteca y todos los territorios indios? ¿Desmovilizarán a los paramilitares que han acosado las autonomías? Un indicio, lo mismo AMLO en campaña que Martínez Veloz, recién comisionado para el diálogo con los indígenas, han dicho que no retirarían las concesiones a mineras, solamente les cobrarían impuestos: como si cantidad de dinero alguna pudiera pagar la devastación de las tierras, de los pueblos y comunidades que la minería tóxica causa.

Es poco verosímil que ahora sí los administradores del neocolonialismo reconozcan los derechos indígenas, a pesar de los Acuerdos de San Andrés, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU (que no estaba aún en 2001).

Mientras tanto, la estrategia mediática del poder es: los conservadores llaman al diálogo y hablan bien del EZLN, mientras los liberales se dedican a minar la imagen de los zapatistas, porque se han negado a participar en las elecciones, usando cínicamente las teorías del complot detrás de las cuales la falsa izquierda ha pretendido ocultar todas sus incongruencias.

¿Liberales y conservadores de hoy, se seguirán preguntando: “violan derechos humanos los pueblos indios”? ¿Seguirán repitiendo los prejuicios aristotélicos de Ginés de Sepúlveda? Las garrafales fallas de ciertas y ciertos articulistas de “izquierda” parecen decirnos que sí, que los criollos siguen dando la espalda a los indios alzados.

[1] Un amigo abogado indígena hizo una tesis de posgrado comparando el debate del siglo XVI y el de 2001. Esos son los libros que deberían publicarse. Si lo ve publicado algún día esperamos compartirles la noticia. En video, fragmento de las palabras de la zapatista: http://www.cinerebelde.org/tierra-de-mujeres-p-31.html?language=es El discurso de la comandanta Esther en el Congreso de la Unión:http://www.revistachiapas.org/No11/ch11congreso.html



NOTICIAS DEL MUNDO

Los más ricos podrían acabar cuatro veces con la pobreza mundial, dice organización humanitaria

Por: Redacción / Sinembargo – enero 18 de 2013 – 19:09
Foto del día, Mundo, Sociedad, TIEMPO REAL, Último minutoSin comentarios

Londres, 18 ene (EFE).- Los 240.000 millones de dólares (180.000 millones de euros) que ingresaron durante 2012 las cien personas más ricas del mundo equivalen a cuatro veces la cantidad necesaria para poner fin a la pobreza en el planeta, según reveló hoy Intermón Oxfam.

A pocos días de la celebración del Foro Económico de Davos (Suiza), la organización humanitaria publicó hoy el informe “El coste de la desigualdad: cómo la riqueza y los ingresos extremos nos dañan a todos”.

En el documento, Oxfam denuncia que el 1 % de la población más rica del planeta ha incrementado sus ingresos en un 60 % durante las últimas dos décadas, pese a la crisis, que “no ha hecho más que acelerar esta tendencia”.

La organización hizo un llamamiento a los líderes mundiales para que se comprometan a la reducción de la desigualdad, “al menos hasta los niveles existentes en 1990, ya que considera que los ingresos “extremos” no son “éticos” sino “económicamente ineficientes y políticamente corrosivos”, además de “dividir a la sociedad”.

El informe apunta a casos como el de Brasil, “que ha crecido al tiempo que reducía la desigualdad”, y el “éxito histórico” del New Deal de Roosevelt.

Por ello, el director general de Intermon Oxfam, José María Vera, considera que “necesitamos un New Deal global” que implante un sistema que funcione “en el interés de toda la humana en lugar de hacerlo para una elite mundial”.

Oxfam propone acabar con los paraísos fiscales que, según el comunicado publicado hoy, albergan cerca de 32 billones de dólares (24 billones de euros), el equivalente a la tercera parte de la riqueza global.

Esta medida “podría generar 189.000 millones de dólares (142.000 millones de euros) adicionales en recaudación impositiva”, según la organización.

Asimismo, propone “revertir la tendencia hacia sistemas fiscales regresivos”, aplicar un tipo mínimo global a las empresas o incrementar las inversiones en los servicios públicos, así subir los salarios en relación con los rendimientos crecientes de capital.

“No podemos seguir fingiendo que la generación de riqueza por unos pocos beneficiará al resto. No podemos permitirnos concentrar activos en las manos de unos pocos y dejar a la mayoría pelear por lo que queda”, señaló Vera. EFE


 El Estado contra el pueblo mapuche

O. Zamorano Silva

Punto Final

 

 

La lucha de las comunidades mapuches por recuperar sus tierras ancestrales ha tenido como respuesta la represión, que no hace distinción de mujeres, niños y ancianos. La detención arbitraria y los procesos plagados de irregularidades, incluidas la utilización de testigos secretos y la aplicación de condenas desproporcionadas, son lo cotidiano en La Araucanía. La represión ha arreciado -alcanzando niveles de violencia en allanamientos como el de la comunidad Temucuicui, donde fue herido a bala un mapuche-, después del atentado a una vivienda en Vilcún que costó la vida al agricultor Werner Luchsinger y a su esposa, Vivian MacKay.

Desde la década de los 80, las comunidades mapuches han perdido más del 60 por ciento de sus tierras, y los litigios judiciales duermen en los estantes de los tribunales. Hay 2,5 millones de hectáreas de tierras ancestrales del pueblo mapuche que están en poder de las forestales Mininco y Arauco. Las organizaciones mapuches se han rebelado frente a una usurpación que ha contado con el apoyo de una institucionalidad hecha a la medida de los intereses de las forestales y terratenientes de la zona.

HUELGA DE HAMBRE

Por otra parte, desde el 14 de noviembre pasado, Héctor Llaitul Carrillanca, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, y Ramón Llanquileo Pilquimán mantienen una huelga de hambre para que se ponga fin a la persecución a las comunidades mapuches, termine la aplicación arbitraria de la Ley Antiterrorista que utiliza testigos secretos, y para que concluyan las condenas injustas que les afectan.

Llaitul fue trasladado a la cárcel El Manzano de Concepción y Llanquileo, desde la prisión en Angol, declaró: “Llamamos a las comunidades a seguir movilizándose por sus demandas históricas, pero a la vez las llamamos a ser responsables en su accionar de lucha pues nuestro enemigo lo que pretenderá a través de sus medios de comunicación masivos es enlodar nuestras justas demandas por territorio y autonomía”.

Gendarmería, que había resuelto conceder a Llanquileo el beneficio de salida de fin de semana, canceló esa resolución al producirse el atentado incendiario en Vilcún.

Llaitul y Llanquileo rechazan la transgresión del prinicipio de derecho penal Non bis in idem , es decir, no ser juzgados dos veces por la misma causa. También demandan el reconocimiento de su calidad de presos políticos y la dignidad que les corresponde. Llaitul está condenado a 10 años por robo con intimidación, a 4 años por homicidio frustrado (el montaje de una falsa emboscada) al fiscal Mario Elgueta y a 541 días por Ley de Seguridad Interior del Estado. Llanquileo está condenado a 8 años por delitos similares. Asimismo, ha manifestado haber sido doblemente juzgado por dos tribunales, uno civil y otro militar, siendo condenado a 3 y 4 años por tribunales civiles en el caso del fiscal Elgueta, en circunstancias que ya había sido absuelto en la misma causa por un tribunal militar.

La Comisión Etica contra la Tortura obtuvo las firmas de numerosas personalidades de Chile y el extranjero para una carta al presidente de la República pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Llaitul y Llanquileo, así como la creación de una instancia de diálogo entre el Estado y los representantes legítimos del pueblo mapuche.

EL ASESINATO DE

MATIAS CATRILEO

Las políticas del Estado hacia las comunidades indígenas han estado plagadas de promesas no cumplidas, arbitrariedades, cárcel para los comuneros e impunidad para quienes utilizaron la represión. El 3 de enero de 2008, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, fue asesinado el joven Matías Catrileo Quezada, estudiante de agronomía de la Universidad de La Frontera. Catrileo, de 22 años, falleció como consecuencia de un disparo en la espalda, efectuado por el cabo segundo de Carabineros Walter Ramírez. El crimen ocurrió durante una recuperación pacífica de tierras en las cercanías del fundo Santa Margarita del empresario Jorge Luchsinger, en la comuna de Vilcún.

No fue este el único crimen cometido bajo los gobiernos de la Concertación. En reciente carta al presidente Piñera, la lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, recuerda que también fueron asesinados por la policía Alex Lemún (2002), Julio Huentecura Llancaleo (2004), Xenón Díaz Necul (2005), José Huenante (de 16 años, detenido y desaparecido), Juan Collihuín Catril (2006), Johnny Cariqueo Yáñez (2008), Jaime Mendoza Collío (2009) y José Toro Ñanco (2009). La propia lonko Calfunao ha sido víctima de la represión. Desconocidos quemaron tres veces su casa y en uno de estos incendios pereció su tío Basilio Coñonao. La lonko sufrió torturas que le provocaron un aborto. “Todo ello -dice- me hace pensar que la policía no está al servicio de la sociedad y que para los mapuches no es garantía de seguridad y protección (…) Nos sentimos excluidos del derecho -agrega- y víctimas de una política que nos ha tratado de erradicar como pueblo para asimilarnos y hacernos desaparecer. Este es uno de los principales motivos por los cuales los mapuches no nos sentimos identificados con su país. Sin lugar a dudas, es indispensable, señor Piñera, tener voluntad política para solucionar el conflicto y conseguir la paz social que los mapuches tanto deseamos, y que termine de una vez este clima de militarización de nuestro territorio y enfrentamientos que, lamentablemente, ya han costado la vida a demasiadas personas mapuches y chilenos”.

En el caso de Matías Catrileo, la acción homicida del cabo Ramírez quedó demostrada en el proceso y el fiscal militar de Temuco, Jaime Pinto Aparicio, solicitó una pena de 10 años de presidio. El Juzgado Militar de Valdivia lo condenó a dos años con pena remitida, o sea en libertad, y siguió en funciones en Coyhaique con salario regular y asignación de zona.

Para el abogado Alberto Espinoza Pino, defensor de derechos humanos y representante de comuneros mapuches: “Aquí hay una resolución de un tribunal militar que condenó al funcionario de Carabineros a una pena privativa de libertad, pero con beneficios, atendida la naturaleza de la pena que se le aplicó. Pero adicionalmente, junto con la pena de carácter corporal, están las penas accesorias y las inhabilidades de orden civil y político. En ese contexto, las penas accesorias que inhabilitan a una persona para ejercer ciertos derechos civiles, como funciones públicas, prevalecen por sobre la decisión administrativa de la Contraloría General de la República que establece que Ramírez no tiene impedimentos para continuar en las filas de la institución policial. Esto se enmarca en una política de impunidad que se ha ido desarrollando con fuerza en estos últimos años”.

¿Qué opina de la condena por “violencia innecesaria” en el caso de Matías Catrileo?

“Carabineros en ejercicio de sus funciones no cometen el delito de homicidio. La figura más asimilable al homicidio es ‘violencia innecesaria causante de muerte’. Lo que se puede concluir de esa calificación jurídica y de la condena que se aplicó es que, en definitiva, los carabineros como funcionarios públicos pueden matar por la espalda recibiendo una pena bastante desproporcionada según la naturaleza del ilícito. La pena resulta injustificada desde un punto de vista penal y ético. En el fondo, lo que la judicatura militar hizo fue avalar en la práctica la política represiva que el Estado desarrolla en el tratamiento del problema mapuche. En ese contexto hay una política represiva impulsada desde el Ministerio del Interior a través de Carabineros, que actúa como una policía con tácticas militares. Cuando llega el momento de asegurar los derechos de las víctimas de esta política represiva, la respuesta del órgano jurisdiccional lejos de condenar drásticamente la conducta penal ilícita, la sanciona de modo benevolente”.

¿Por qué es la justicia militar la que sigue conociendo los casos de comuneros mapuche y no la justicia civil?

“Aquí hay una deuda pendiente desde el inicio de los gobiernos posdictatoriales. Había una promesa que contemplaba prácticamente la derogación de la judicatura militar, que ésta perdiera su competencia para juzgar a civiles, y no solamente para juzgar a civiles como imputados sino también para conocer y juzgar aquellas materias en que aparecieran vinculados Carabineros o miembros de las Fuerzas Armadas en la comisión de delitos. Sin embargo, esa promesa no se cumplió. Pasó el gobierno de Aylwin, el gobierno de Lagos, el de Frei y Bachelet y finalmente en el gobierno de Piñera, como consecuencia de una huelga de hambre de los comuneros mapuches, se logró por lo menos una de las reivindicaciones, que es limitar la competencia de la justicia militar. Los tribunales militares pierden competencia para juzgar a civiles en calidad de imputados”.

MAPUCHE, ENEMIGO INTERNO

Dos comuneros llevan casi dos meses en huelga de hambre en demanda de juicio justo. ¿Cuál es su visión de esos procesos?

“Hay que entender que esto es parte de una política del Estado y éste tiene compromisos de carácter ideológico, económico y político que se expresan en una institucionalidad. Ella está al servicio de ciertos intereses económicos. Todo esto aparece enmarcado en un orden normativo que garantiza esa institucionalidad. En concreto, tenemos que el Estado ha puesto en práctica una política represiva muy fuerte en contra de las reivindicaciones del pueblo mapuche, que tienen raíces históricas. Esto se ha traducido en procesos que se han desarrollado de manera arbitraria, en atribuir a las acciones reivindicativas de los comuneros el carácter de delitos terroristas, utilizar procedimientos jurisdiccionales que están en el límite de las normas del debido proceso: por ejemplo, los llamados testigos secretos, se sustancian procesos de manera paralela ante la justicia civil y militar, no se respeta un principio fundamental del derecho penal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Prácticamente, esto es una constante en la persecución judicial contra los mapuches”.

DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL

¿A diferencia de otros sectores sociales, por qué se reprime con más fuerza a los comuneros mapuches, por qué tanta arbitrariedad judicial?

“Esto es explicable porque en Chile subsiste la aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional. No ha sido erradicada de la Constitución desde un punto de vista normativo. Se mantiene como un baluarte que garantiza el desarrollo de esta institucionalidad que heredamos de la dictadura militar. En ese sentido, hay que tener en consideración que la dictadura tuvo por objetivo eliminar mediante la violación de los derechos humanos un modelo económico-social que se quiso implementar durante el gobierno de la Unidad Popular. El mapuche es considerado un ‘enemigo interno’ y por consiguiente, toda la actividad del Estado aparece justificada en la medida que las reivindicaciones del pueblo mapuche atentan contra las bases de la institucionalidad económica y social impuesta en Chile. En el país existe un muro para contener cualquier reivindicación económico-social que pudiera alterar el modelo neoliberal. La salvaguarda de la institucionalidad es la doctrina de Seguridad Nacional. Por eso Carabineros actúa en La Araucanía en forma militarizada y reprime indiscriminadamente a niños, ancianos y mujeres mapuches”.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 774, 11 de enero, 2013

www.puntofinal.cl


Mapa ‘La Tierra se defiende’ de conflictos entre pueblos indígenas y empresas transnacionales

viernes 18 de enero de 2013 La Coordinadora de Pueblos Indígenas nos presenta una nueva herramienta de monitoreo de aquellos proyectos de empresas transnacionales que afectan a los territorios indígenas de Abya Yala. Geoactivismo para la resistencia porque “La Tierra se Defiende”.

 

Por Diego Jiménez / Codpi

A pesar de los avances en su reconocimiento a nivel internacional, los derechos indígenas siguen siendo grave y sistemáticamente vulnerados en todo el mundo. Y es la actuación de las empresas transnacionales, y muy especialmente la de las industrias extractivas, las que representan una de la principales fuentes de violaciones. Frente a ello, los pueblos originarios levantan diariamente su resistencia, de la que depende su propia supervivencia.
Partiendo de esta realidad, y con el objetivo de denunciar los abusos y apoyar las reivindicaciones y las demandas de estos pueblos, la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (Codpi) ha elaborado este mapa, que recoge los casos de vulneración de derechos en los territorios indígenas en América Latina, por parte de empresas transnacionales (principalmente españolas).
Se trata de una herramienta en permanente construcción, que recoge algunos de los casos más significativos de violaciones, y que se irá completando periódicamente hasta reflejar un total de 50 identificados. Para cada uno de ellos se publica una ficha -accesible desde el mapa interactivo- que contiene información básica sobre los derechos vulnerados, las resistencias planteadas por los pueblos y un resumen de la situación actual. Además, hemos incluido una serie de enlaces con bibliografía y material audiovisual adicional.
Con todo ello, no queremos limitarnos a denunciar una situación de enorme y creciente gravedad. Esperamos también que esta herramienta sea útil y efectiva tanto para los pueblos indígenas, como para las organizaciones, los movimientos sociales y las entidades que trabajan junto a ellos.
Pueden acceder al mapa en el siguiente enlace: http://www.codpi.org/territorio-y-recursos-naturales/observatorio/mapeo



KANTOLIBRE:

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Independiente y autónomo.

E-mail: cantolibre75@gmail.com

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