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ESTOS SON LOS TITULARES DE LAS NOTAS QUE ENCONTRARÁN EN ESTA RECOPILACIÓN:

La construcción de la policía comunitaria en Álvaro Obregón y el fortalecimiento en la lucha por la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec.

MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DE GUI’XHI’ RO ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITAN ISTMO DE TEHUANTEPEC, MEXICO.

Otras tres comunidades de Oaxaca deciden crear policías comunitarias.

Agencias municipales se deslindan de la “policía comunitaria” de Santos Reyes Nopala.

La diferencia de las dos policías comunitarias en Oaxaca.

Policía Comunitaria, grave problema social: Ugartechea.

Embestida publicitaria de Mareña contra los opositores de la eólica

Reitera Mareña su disposición al diálogo.

Solalinde dará conferencia mañana en la capital de Oaxaca.

Caso Mareña. Primero México, luego el extranjero: AMLO a Gabino Cué.

Piden a gobernador de Oaxaca disolver la ‘policía comunitaria’.

Astillero.

La derrota de Televisa.

Las claves y el impacto de la nueva Ley de Amparo.

Mondragón, Walton y Aguirre: qué vergüenza.

Queman casa de comunero por oponerse al despojo de tierras.

En defensa del sistema de seguridad y justicia comunitaria.

Contrainsurgencia y tra(ns)ición pactada.

La Policía Comunitaria de Guerrero, frente al riesgo más grave de su existencia.

México: Boletín informativo. La CRAC-PC logra acuerdos con inconformes.

Acusan al gobernador de Guerrero de financiar paramilitares.

Seguridad de papel.

Luz verde al área de libre comercio más grande del mundo.

La crisis desde Italia.

Cinco españoles se suicidan en menos de una semana por desahucios.

Estados Unidos retirará 34.000 soldados de Afganistán.

“No más Papa”: 8 activistas feministas festejan semidesnudas en catedral de Notre Dame.

¿Te parece que estemos ante un gobierno revolucionario?

NOTICIAS DE OAXACA
La construcción de la policía comunitaria en Álvaro Obregón y el fortalecimiento en la lucha por la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec
• Escrito por Daniel Arellano Chávez
• Lunes, 11 Febrero 2013 13:47

Sin duda que este 10 de febrero de 2013, marca un parte aguas en la lucha por la Defensa de la Tierra y el Territorio en el Istmo de Tehuantepec, tras la exitosa resistencia ante la represión ordenada por Gabino Cué en respaldo de la empresa Mareña Renovables, los pueblos del istmo se encuentran en un momento decisivo de su lucha por la defensa de su territorio, la asamblea realizada este día y la multitudinaria marcha en Álvaro Obregón han sido el marco ideal para el anuncio de las decisiones de la población, la expulsión de los falsos líderes políticos y sus partidos políticos y el inicio de la construcción de la Policía Comunitaria.
Por la mañana se dieron cita al antiguo Cuartel del General Charis, escenario de la heroica resistencia del 2 de febrero, diversos pobladores, hombres y mujeres venidos de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Xadani, Emiliano Zapata, San Blas Atempa, Unión Hidalgo, Juchitán, entre otros, para ratificar su total rechazo a los proyectos eólicos en la región y exigir la inmediata expulsión de Mareña Renovables de los territorios del Istmo.
Tras las desesperadas y etílicas declaraciones de Gabino Cué Monteagudo el pasado 6 de febrero en que dijo “son grupitos de personas que se la pasan bebiendo, que agreden a la policía e impiden la realización de obras sociales que la empresa ha comprometido a favor de la comunidad”, las contundentes acciones realizadas este día por la población son un clara muestra del fortalecimiento de la resistencia contra el avance de las empresas transnacionales en los pueblos de la región.
La Asamblea comunitaria de Álvaro Obregón ha determinado “en el pleno ejercicio de nuestro derecho a la Libre determinación y Autonomía como Pueblo Indígena Binnizá del Istmo de Tehuantepec, y ante las violaciones a nuestros derechos territoriales por parte del gobierno del Estado y las empresas, hemos resuelto a partir de mañana iniciar con la organización de un primer destacamento de Binni Guia’pa’ Guidxi’ (nuestra policía comunitaria) en defensa de la tierra y el territorio, que estará integrado por gente de nuestras comunidades”. Durante la marcha se manifestó esta decisión con pancartas y gritos exigiendo la salida de todas las corporaciones represivas, dejando claro que no son bienvenidas ni la policía estatal ministerial o federal y que se impedirá el acceso a tropas del ejército federal y de la Marina.
Se plantean nuevas acciones de resistencia para los próximos días 13 de febrero en San Dionisio del Mar y la convocatoria a la solidaridad nacional e internacional y de los pueblos indígenas de la región y el país para coberturar la Caravana Humanitaria y Cabalgata de solidaridad con la resistencia Guidxi’ro que se realizará el domingo 17 de febrero partiendo de diversos puntos para confluir en Álvaro Obregón, así mismo se llamo a reforzar el apoyo en los centros de acopio, tanto en Radio Totopo en Juchitán, como en la Universidad de la Tierra en la Colonia Reforma de la Ciudad de Oaxaca.
Tan solo en la parte frontal de la marcha se podía contar un numeroso grupo de niños y niñas, tras ellos decenas de mujeres y más atrás cientos de hombres, mujeres, jóvenes, adultos y ancianos, zapotecos e ikjots, entonando con todas sus fuerzas ¡Zapata Vive, la lucha sigue!… ¡Fuera Mareña Renovables! y un mensaje que puede ser el destino del gobernador … ¡Fuera Gabino Cué!, así es como la resistencia se fortalece desde dentro, ahora toca que la ternura de los pueblos de Oaxaca, el país y el mundo se hagan presentes con los dignos habitantes del istmo de Tehuantepec.
MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DE GUI’XHI’ RO ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITAN ISTMO DE TEHUANTEPEC, MEXICO.
Publicado el 10 febrero, 2013 por asambleadtierra
ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS ÍNDIGENAS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO.
MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DE GUI’XHI’ RO ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITAN ISTMO DE TEHUANTEPEC, MEXICO.
Alvaro Obregón a 10 de febrero de 2013.
A los Pueblos Indígenas de México y del Mundo
A los medios de comunicación
A los Organismos de Derechos Humanos
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Al los hermanos del EZLN.
“Ndí nga xtiidxa’ binni guidxi cudxilú ca dxu’, ti ma cadi guxhatañeecabe laanu ne ca guidxi xtinu, ma bia’ ca’ti cuaanacabe guidxi layú, ne gu’ti’cabe guendanabaani xtinu”
(Esta es la palabra del pueblo que resiste al extranjero para impedir que sigan pisoteando a nuestros pueblos, Ya basta de robar nuestra tierra y matar nuestra vida)
Las mujeres y hombres binnizá de esta comunidad de Guixhi’ ro’ Álvaro Obregón reunidos en Asamblea en el sitio histórico de la ex -Hacienda del General Heliodoro Charis Castro, con la finalidad de analizar las declaraciones del Gobernador del Estado y la respuesta de nuestros hermanos ikoots, emitidas en días pasados a propósito del conflicto con la empresa Mareña renovable, desde este lugar hoy convertido en el Cuartel General de la resistencia de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, emitimos el presente:
MANIFIESTO
1. Quienes participamos en la resistencia en la comunidad indígena binnizá de Gui’xhi’ ro’ somos hijas e hijos, nietos y nietas de los soldados del General Charis.
2. Apelamos a la inteligencia del Gobernador del Estado, Gabino Cue Monteagudo para que se presente personalmente a escucharnos y ser escuchado para conocer las distintas y diversas razones de la resistencia de nuestros pueblos en contra del Megaproyecto eólico de las empresas en la región y en particular el caso de la empresa Mareña Renovable.
3. No aceptamos por ningún motivo las descalificaciones y muestras de ignorancia por parte del ejecutivo al considerar que somos solamente 20 opositores a la empresa mareña renovables; somos un pueblo organizado que apela al respeto y reconocimiento de nuestros derechos en tanto pueblos y comunidades indígenas.
4. Nos declaramos en contra del proyecto eólico de la barra Santa Teresa impulsado por la empresa española Mareña Renovables y el gobierno del estado encabezado por Gabino Cué.
5. Nos encontramos organizados a nivel regional en la Asambea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio donde coincidimos pueblos binnizá –zapotecos–, angpong –zoques– de Chimalapas e ikoots –huaves– y localmente en la asamblea comunitaria de gui’xhi’ ro´’, donde participamos pescadores, campesinos, amas de casa, estudiantes ancianos y pueblo en general de esta comunidad.
6. Saludamos las luchas de los hermanos indígenas participantes en el Congreso Nacional Indígena y nos adherimos a las iniciativas que a nivel nacional permitan una mayor comunicación y fortalecimiento de nuestras luchas en contra de las empresas transnacionales en todo el territorio nacional y a nivel internacional.
7. Rechazamos la participación y la presencia de los partidos políticos y sus líderes y operadores como Héctor Sánchez, Gloria Sánchez, Mariano Santana, Leopoldo De Gyves, Roberto López Rosado, Alberto Reyna Figueroa, Emilio de Gyves, Francisco Elías Cortés, Paco Pisa, entre otros. Rechazamos todo tipo de propaganda electoral partidista, no permitiremos más la realización de elecciones por partidos políticos y a partir de ahora en esta comunidad elegiremos a nuestras autoridades por usos y costumbres de acuerdo con la Ley Electoral del Estado.
8. En el pleno ejercicio de nuestro derecho a la Libre determinación y Autonomía como Pueblo Indígena Binnizá del Istmo de Tehuantepec, y ante las violaciones a nuestros derechos territoriales por parte del gobierno del Estado y las empresas, hemos resuelto a partir de mañana iniciar con la organización de un primer destacamento de Binni Guia’pa’ Guidxi’ (nuestra policía comunitaria) en defensa de la tierra y el territorio, que estará integrado por gente de nuestras comunidades. Por tal razón no permitiremos más en nuestras comunidades la presencia de la policía del estado, ministeriales, ni policía Federal, ni Ejército Federal pues atentan contra nuestro derecho a la Libre determinación y Autonomía en tanto pueblos indígenas.
9. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional y de los pueblos indígenas de la región y del país, para sumarse a la Caravana-Cabalgata de Solidaridad con la resistencia de Gui’xhi’ ro’, a realizarse el próximo domingo 17 de febrero, partiendo desde diversos puntos de la región con destino a esta comunidad.
ATENTAMENTE
ASAMBLEA COMUNITARIA DE GUI’XHI’ RO’
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Anuncian que no permitirán instalación de casillas en julio
Otras tres comunidades de Oaxaca deciden crear policías comunitarias

El domingo pasado autoridades de Santos Reyes Nopala presentaron a su policía ruralFoto Xinhua
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO Y JORGE A. PÉREZ ALONSO
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 12 de febrero de 2013, p. 17
Oaxaca, Oax., 11 de febrero. El ayuntamiento de Santos Reyes Nopala, región de la Costa, creó la policía rural armada, paralela a la policía municipal, con la finalidad de ofrecer seguridad a la población y en protesta por la detención de dos miembros de esta última.
El presidente municipal, el priísta Freddy Gil Pineda, manifestó que la formación de dicha policía es para garantizar la paz entre la población, porque se han cometido tres robos de vehículos y un homicidio en días recientes.
Subrayó que la medida es en respuesta al arresto de dos miembros de la corporación municipal por policías estatales. Denunció que estos últimos desarmaron al comandante, lo que calificó de atropello para la comunidad.
El edil manifestó que la policía rural armada no permitirá el ingreso de la policía estatal ni del Ejército Mexicano a esa municipalidad para evitar nuevos abusos.
Asimismo, los municipios de San Dionisio y San Mateo del Mar, además de la colonia Álvaro Obregón, en el istmo de Tehuantepec, acordaron el domingo, en una asamblea, la formación de una policía comunitaria, misma que velará por la seguridad de esas poblaciones; sin embargo, no contará con armas de fuego, únicamente con palos, machetes y resorteras, informó Virgilio Santiago, integrante de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
También se convino que no se permitirá la instalación de casillas para el proceso electoral de julio en Oaxaca.Aquí no entran más los partidos. Si quieren hacer campaña, que se vayan a otro lado. Aquí nos han fallado mucho, nos han engañado. Ya no les creemos. Si quieren pintar bardas, que se vayan a chingar a su madre. Que pinten en otro lado, porque aquí ya no, añadió.
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Agencias municipales se deslindan de la “policía comunitaria” de Santos Reyes Nopala
Posted by Redacción on febrero 12th, 2013

Al menos dos agencias municipales de Santo Reyes Nopala y 3 rancherias se deslindaron de la Policia Comunitaria la cual entrara en función ayer lunes bajo la aprobación de Fredy Gil Pineda Gopar presidente municipal de aquella comunidad.
Por: José Rodríguez

El representante social Gonzalo Cruz dijo en conferencia de prensa que esta policia solo violenta la autonomía del municipio y sus cuatro agencias municipales, refirió que no están al servicio de la comunidad sino en contra de aquellas personas que no concuerdan con el gobierno del edil priista.

“La policia municipal siempre la utilizan para reprimir, porque no conviene a Fredy Gil que en las asambleas se posición en su contra y lo cuestionen que no ha entregado los recursos”, dijo en relación a que busca colocar a sus grupos de choque para arreglar su imagen.
Aseguró que ninguna de las cuatro agencias y las 24 comunidades que las conforman fueron informadas sobre la integración de una policia comunitaria, “por eso nosotros nos deslindamos porque el dia que venga la represión van a agarrar parejo no sobre los responsables sino a todos los que vean”, dijo.
Como representante de la población menciono que no han habido conflictos con fuerza estatales ni el ejercito mexicano, aun que negó que la presencia del ejercito sea necesaria.
Recalcó que las personas que hoy integran este cuerpo de seguridad podría desaparecer en un plazo corto ya que estarían integrados en la nomina municipal, son manejados aseguro por un dirigente que recibe recursos los cuales no serán suficientes para cubrir los gastos de seguridad publica.
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La diferencia de las dos policías comunitarias en Oaxaca
Oscar Rodríguez
Martes 12 Febrero 2013 – 22 : 30
Una provista de armas de fuego y otras con armas rudimentarias.

Oaxaca.- Mientras en la zona costera de Oaxaca en Santos Reyes Nopala, la policía comunitaria que mantiene ubicado un retén en el ingreso de su demarcación y se armó con rifles, metralletas, escopeta de retrocarga y hasta radios de comunicación, en la región del Istmo de Tehuantepec, el grupo auto defensa anti eólica solo utiliza palo, resorteras y machetes.

Sin embrago ambos grupos merecen de parte del gobierno de Oaxaca una reprimenda para que se desarme, permitiendo que la vigilancia en sus jurisdicciones quede bajo la tutela de los cuerpos de seguridad estatal, incluso el ejército.

En la región istmeña, en la comunidad de Álvaro Obregón perteneciente al municipio de Juchitán de Zaragoza, el pasado domingo en una asamblea comunitaria se erigió un grupo de auto defensa, denominada en zapoteco Binni Guia, pa Guidxi, que tiene como instrucción impedir que ingresen a ese territorio los inversionistas de la empresa Mareña Renovable.

El cuerpo civil de seguridad está integrado por campesinos y pescadores que solo como armas para defenderse cuentan con palos, machetes y resorteras.

Su primera tarea será cuidar y resguardar el paso de la “Caravana en defensa del territorio”, que han convocado diferentes organizaciones anti eólicas para fortalecer su bloqueo y su protesta que ya cumplió más de tres meses.

A este grupo la convocatoria de las autoridades, principalmente del defensor de derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Arturo Peimbert es que se privilegie el diálogo para discernir malos entendidos y evitar la represión.

En tanto en la región costera, el reten tipo militar que ha ubicado con costales y piedra la denominada policía comunitaria de Santos reyes Nopala, cuenta con radios de comunicación, camionetas, rifles de diferentes calibres y pistolas.

Este grupo argumenta que solo hará acciones de protección a los ciudadanos para evitar hechos delictivos, pero se encuentra enmascarados y encapuchados y su postura es hostil.

El gobierno de Gabino Cué ha convocado al alcalde a desarmarse por que ha incurrido en un acto de ilegalidad, argumentando que no había razón para desintegrar a la policía de la zona y erigirla en un grupo paramilitar.
________________________________________ Policía Comunitaria, grave problema social: Ugartechea
CITLALLI LÓPEZ/FOTO: EMILIO MORALES
13/02/2013

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Oaxaca, Oax.- El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, advirtió que la presencia de la “Policía Social Comunitaria” instaurada en el municipio de Santos Reyes Nopala, es un problema grave para el país porque la gente armada y fuera de la ley puede derivar en injusticias, excesos y abusos.
“Actuar fuera de la ley es un problema sumamente grave para el país con el que nunca estaremos de acuerdo”, señaló el edil.
La víspera el alcalde de Nopala, Fredy Gil Pineda Gopar, presentó a un grupo de 472 civiles armados cuya función, indicó, es la de resguardar la localidad ubicada a 240 kilómetros de la capital oaxaqueña.
Con la conformación de esta guardia civil se prohibió el ingreso de la Policía Federal y Estatal, así como del Ejército Mexicano a la zona, argumentando falta de garantías del gobierno federal y estatal.
Los nuevos elementos conformados en Policía Social Comunitaria portarán armas y escopetas de su propiedad, calibres 22 y 16 milímetros.
El edil capitalino destacó que el principal contrato social es la ley y todos deben de acatarla y cumplirla. Cuando la ciudadanía se maneja fuera de la ley, señaló, comúnmente se cometen injusticias porque se toman decisiones en función del momento y no en función de normas claras para todos.
“Eso puede derivar en injusticia porque puede resolver de una forma con una persona y de otra diferente con otra. La ley garantiza igualdad”, señaló.
Ugartechea Begué añadió que quienes autoridad no pueden estar al margen de los establecido, pues en este caso, de cometerse un exceso con la “Policía Social Comunitaria”, “quién va a dar la cara”.
Apeló por la construcción de instrumentos que garanticen los derechos humanos y no que los violenten. “Los derechos humanos son el instrumento base para cualquier exceso de poder. Y la normatividad y las reglas que jugamos todos es un tema que nos contiene para hacer cualquier cosa, gobernantes y ciudadanía”, declaró.
Pidió empezar a trabajar con discursos serios sobre los derechos humanos, el tema comunitario pero siempre bajo normas igualitarias, declaró.
En otro tema, el edil capitalino lamentó las declaraciones de la regidora de Espectáculos, Beatriz Rodríguez Casasnovas, quien recientemente señaló que Oaxaca se estaba convirtiendo en un pueblo.
“Alguien que fue secretaria de turismo debería de entender y apoyar que en la promoción debe existir siempre la visión de las cosas buenas y no de las malas. Lamento que en ese sentido así se hayan dado las cosas”.
EL CONTEXTO LEGAL
Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su similar de la Constitución de Oaxaca, así como el 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 4 de la misma ley local establecen que “las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley”.
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Embestida publicitaria de Mareña contra los opositores de la eólica
febrero 13, 2013 | Autor Diario Despertar de Oaxaca
Con el anuncio de los ejidatarios de Álvaro Obregón, Juchitán, para instalar una policía comunitaria, el director de Mareña Renovables los convoca a aceptar la eólica, que será en su beneficio
Noemí López Cristóbal/Rebeca Luna Jiménez
Mareña Renovables reiteró a los integrantes de la comunidad de Álvaro Obregón, municipio de Juchitán, su apertura al diálogo y su disposición a exponer el proyecto del parque eólico en la Barra de Santa Teresa y responder a cualquier duda o inquietud referentes al proyecto. “Por desgracia, la oportunidad de entablar un diálogo se ve más lejana con la formación de una policía comunitaria en Álvaro Obregón que controla el acceso”, dijo Andrew Chapman, director general de la empresa.
En un comunicado, la empresa Mareña Renovables insiste que se ha comprometido a otorgar un porcentaje de las utilidades a las comunidades en donde se instalará el parque eólico, mismas que ya se ven beneficiadas por las rentas de usufructo que son de mil pesos por hectárea. San Dionisio del Mar recibirá por la generación de energía entre 15 y 17 millones al año, además del pago por el usufructo de la tierra de mil pesos por hectárea, algo similar ocurrirá con Santa María del Mar.
Sin embargo, los datos más precisos con que se cuenta es el contrato de usufructo que se efectuó con el Comisariado de Bienes Comunales de Santa María del Mar, mediante el cual los campesinos ceden a la compañía el uso de dos mil hectáreas para la instalación de una planta eólica, a cambio del pago de 115 pesos anuales por hectárea; es decir, nueve pesos con 58 centavos al mes, por cada 10 mil metros cuadrados (http://www.despertardeoaxaca.com/wp-content/uploads/2012/10/ContratoSantaMar%C3%ADaPreneal.pdf)
Mientras a los comuneros huaves les dan centavos por el uso de sus tierras, los empresarios extranjeros ganan millones de dólares, aún antes de instalar los parques eólicos, como ocurrió con la empresa española Preneal que, al percatarse de la cerrada inconformidad de los huaves de San Mateo y San Dionisio del Mar para rentar sus tierras, prefirieron vender sus derechos y proyectos a Mareña Renovables en 89 millones de dólares, que equivalen a mil 130 millones 300 mil pesos.
Los incautos
Cuando el gobierno federal permitió el reparto de los cuadrantes del Istmo de Tehuantepec, a la empresa española Preneal le tocó la zona de las marismas huaves, que comprende a San Dionisio, San Francisco, San Mateo y Santa María del Mar, incluyendo a la colonia Álvaro Obregón, estas dos últimas, agencias de Juchitán de Zaragoza. El reparto se decidió en la Ciudad de México, donde el delfín presidencial era Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación, hijo de padre español, y dueños de varias empresas eólicas en España y de otras muchas ramas en el estado de Campeche.
Todo caminó bien, mientras trataron con los zaes (zapotecos) controlados por la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Poco a poco fueron firmados los contratos y los líderes políticos fueron muy bien beneficiados. La mecánica era sencilla: compra de la voluntad de los líderes políticos, corrupción de las autoridades municipales y agrarias, y la firma de contratos amañados de usufructo de tierras por míseras cantidades.
Con los ikoots (huaves) se aplicó el esquema y avanzó, hasta que las organizaciones indígenas descubrieron que las autoridades municipales no declaraban la cantidad real que se les había entregado y no especificaban las obras públicas a efectuar, entonces las asambleas populares los desconocía, tomaban los palacios, las oficinas de Bienes Comunales e iniciaban los procesos de desconocimiento de los leoninos contratos firmados. Así ocurrió en San Mateo y luego en San Dionisio del Mar.
Cuando el dueño de la empresa eólica Preneal se percató que con los huaves había topado con pared, decidió que era el momento de la graciosa huida y encontró a sus propios inocentes.
Un buen día contactó con la empresa Macquarie Capital, con capital australiano, y asociado con financieros japoneses y holandeses, a quienes les sobraban recursos de los fondos de ahorros de los pensionados y necesitaban invertirlos en zonas rentables y seguras, al amparo de los gobiernos nacionales; con el señuelo del apoyo otorgado a Mouriño y la presunta complicidad del propio presidente Calderón, la nueva empresa firmó el contrato para quedarse con las concesiones de Preneal, a un costo de 89 millones de dólares, más de lo que la empresa original había gastado hasta esos momentos. El convenio fue firmado con un adelanto de 45 millones de dólares, quedando pendiente la otra mitad para el momento de la conclusión de las obras.
Todo iba bien hasta que un grupo de ikojts emplazó a su presidente municipal a aclarar lo que corría como comentarios de la empresa, a saber, que se habrían pagado las tierras a muy buen precio, el mismo argumento que ahora dice el gobernador Gabino Cué Monteagudo. Entonces se supo que el ocho de noviembre de 2004, la compañía hizo firmar un contrato a Álvaro Sosa, ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales, mediante sobornos y engaños, para usufructuar por 30 años, mil 643 hectáreas y establecer el parque eólico en la Barra de Santa Teresa y la isla Tileme, lugar sagrado de los huaves.
Según la empresa eólica, le había entregado al edil actual 20 millones y medio de pesos, de los cuales sólo reportó dos millones; ante la presión de la comunidad, aceptó que había recibido catorce millones de pesos, no los 20 millones que la empresa vociferaba. Tampoco pudo informar en qué gastó el dinero, porque obra pública no se veía en ninguna parte del municipio de San Dionisio del Mar.
Con esos antecedentes, el 21 de enero, los ikojts se constituyeron en una Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar contra el proyecto eólico y emplazaron al presidente municipal, Miguel López Castellanos, para revocar el acuerdo de cambio de uso de suelo; ante su negativa, decidieron tomar el palacio municipal el 29 de enero pasado.
Entonces empezó un largo proceso para exigir al Ejecutivo y a los diputados la revocación de mandato del presidente municipal y de la regidora de Hacienda, Eduviges Torres Castellanos; así como al Tribunal Unitario Agrario la anulación del contrato celebrado en 2004 entre Bienes Comunales y la empresa.
Con el conocimiento del permiso que la Comisión Reguladora de Energía otorgó a la empresa australiana, bajo el nombre de Energía Eólica Mareña, también se supo que el tiempo legal de la empresa para iniciar las obras ha concluido. El permiso se puede consultar en http://www.despertardeoaxaca.com/?page_id=7816
Casi al mismo tiempo, en el Foro Internacional de Energías Renovables, efectuado en la ciudad de Oaxaca y financiado por el gobierno del estado, al fin se conoció que el costo total del proyecto para instalar el parque eólico en San Dionisio del Mar sería de mil 200 millones de dólares.
También se supo que una consultoría establecida en el Distrito Federal, propiedad del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, pero a nombre de su hijo Santiago Carrasco Scherer, era la responsable de la gestoría en la zona para que los ikojtsaceptaran la obra, para lo cual cobraría aproximadamente el 10 por ciento del costo total del proyecto.
La represión y la corrupción
A fines del mes de enero, el juez séptimo de distrito, Isaías Corona Coronado, concedió un amparo a la comunidad indígena ikojts de San Dionisio del Mar contra la construcción del parque eólico en la Barra de Santa Teresa.
De acuerdo el expediente 739/2012, con fundamento en el artículo 233 de la Ley de Amparo, el juez decretó: “La suspensión de oficio de los actos reclamados, para el efecto que las autoridades responsables no priven total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso, respecto de los terrenos ubicados en la Barra de Santa Teresa”.
Los opositores al proyecto eólico festinaron la resolución judicial: “Es una victoria contundente en la lucha por el respeto al territorio y a los derechos de los pueblos indígenas”, dijeron, al tiempo de exigir que todas las autoridades involucradas en el proyecto eólico de San Dionisio del Mar cumplan con lo establecido en la suspensión otorgada por el juez federal.
A partir de entonces se acentuó la represión contra los dirigentes de las organizaciones inconformes y se abrió la posibilidad de dejar el paso por San Dionisio del Mar, para concentrarse en la agencia de Álvaro Obregón, Juchitán.
Esta agencia tiene una entrada terrestre a la Barra de Santa Teresa, por lo que la empresa se encargó de acordar con los líderes históricos de la COCEI, Héctor Sánchez López y su hermana Gloria Sánchez, Leopoldo de Gyves de la Cruz y algunos dicen que también Mariano Santana, para que convencieran a los dos comisariados ejidales para firmar un contrato por el permiso de paso en su territorio y la laguna.
Al enterarse los comuneros, se inconformaron y desconocieron a sus autoridades agrarias y los contratos firmados a sus espaldas. Según Andrew Chapman, el pago a los ejidos Charis y Zapata por la servidumbre de paso es de 1.5 millones de pesos al año, por utilizar tres kilómetros de caminos para transportar de materiales de construcción a la Barra de Santa Teresa.
La semana pasada, desesperados porque el presidente de Mareña Renovables anunció que retirarían la millonaria inversión en dólares, porque el gobierno del estado no aplicaba la ley para restituir el Estado de derecho, el secretario de Seguridad Pública envió a su policía preventiva para entrar por la fuerza a la Barra, lo que ocasionó un zafarrancho, con varios heridos de ambas partes y dos detenidos de los huaves.
Para estos momentos, los profesores de la Sección 22, el obispo Lona Reyes, el diputado Flavio Sosa, el Frente Popular Revolucionario, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, entre otras organizaciones, han manifestado su apoyo a los huaves en su negativa a aceptar la construcción de los parques eólicos en sus territorios sagrados y de pesca.
Por otra parte, Mareña Renovables tiene al gobierno del cambio a su favor, junto con la mayoría de los diputados del Congreso local.
En el enfrentamiento contra la policía y el gobierno, los zaes de Álvaro Obregón han manifestado su intención de establecer una policía comunitaria que vele por su seguridad, porque el gobierno sólo defiende a los empresarios extranjeros.
________________________________________ Reitera Mareña su disposición al diálogo
Categoría: Oaxaca
Creado en Miércoles, 13 Febrero 2013 00:10
El proyecto eólico proveerá de ingresos a las comunidades durante los próximos 20 años, asegura la empresa de energía renovable

Ariel Castañón

Juchitán de Zaragoza.– Andrew Chapman, director general de Mareña Renovables reiteró una vez más a las comunidades de Álvaro Obregón su apertura al diálogo y su disposición a exponer el proyecto del Parque Eólico en el Cabo de Santa Teresa y responder a cualquier duda o inquietud referentes al proyecto, pues agregó que por desgracia, la oportunidad de entablar un diálogo se ve más lejana con la formación de una policía comunitaria en Álvaro Obregón que controla el acceso.
“El Parque Eólico Istmeño en San Dionisio del Mar y en Santa María del Mar fortalecerá a las comunidades así como a los habitantes de la Agencia de Álvaro Obregón que proveerá el acceso para la construcción del parque. Nuestro proyecto proveerá ingresos a las comunidades durante 20 años; los recursos derivados de la generación de energía podrán destinarse para emprender proyectos productivos o generar infraestructura. Los opositores han querido transmitir que el proyecto los hace débiles cuando por el contrario, los beneficios que obtendrán les permitirán ganar autonomía económica”.
Finalmente apuntó que lamenta que algunos miembros de la agencia de Álvaro Obregón hayan acordado crear una policía comunitaria como respuesta a la oposición de tintes ideológicos que se ha dado contra la inversión en energía renovable. “Lo que se requiere para llegar a un acuerdo es una mesa de negociación y la apertura al diálogo. Lamentamos que por prejuicios sea imposible dialogar y se pierda una importante oportunidad para el desarrollo de las comunidades.
Solalinde dará conferencia mañana en la capital de Oaxaca

Categoría: Principales
Creado en Miércoles, 13 Febrero 2013 11:35

Agencias

Como parte del proyecto “Ciudadano de valores”, la Secretaría Técnica Municipal y la Fundación Enlace e Innovación Social anunciaron la conferencia “Construcción de paz, un compromiso compartido”, que será impartida por el clérigo, Alejandro Solalinde Guerra.
La plática está dirigida a la sociedad en general, pero principalmente a la familia, ya que es en esta célula donde se rescatan los valores y se fundamenta la sociedad, señaló el presidente el Consejo Directivo de la fundación, Octavio Ortega.
Por su parte, el secretario Técnico Municipal, Heliodoro Caballero, apuntó que el interés del municipio es la construcción de una mejor sociedad, de ahí la importancia que el programa “Ciudadano de valores”, llegue a toda las agencias y colonias.
Finalmente, detallaron que la ponencia se llevará a cabo este jueves, 14 de febrero en el hotel Misión de los Ángeles a partir de las 18 horas y la entrada será gratuita.
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Caso Mareña. Primero México, luego el extranjero: AMLO a Gabino Cué
DOMINGO, FEBRERO 10, 2013 11:17
REDACCIÓN

Oaxaca. 09/02/2013. OPLNoticias.- El ex candidato presidencial por los partidos de izquierda, Andrés Manuel López Obrador de gira en Tehuantepec, al hablar del tema del proyecto eólico que pretende instalar Mareña Renovables, le mandó un mensaje al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, recordándole “que primero está México y su pueblo y después los extranjeros”.

López Obrador quien preside el Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) acudió a esta zona del Istmo de Oaxaca para participar en la asamblea constitutiva del comité municipal de MORENA.

El tema del proyecto de energía eólica lo abordó tras las quejas que ha recibido de los ciudadanos de que Gabino Cué no está tratando bien a todo aquel que se opone a la privatización de la energía eólica.

¡Eso no Gabino. Eso no. No es por ahí!, dijo López Obrador al aclarar al mandatario estatal que el pueblo sabe lo que se necesita.

Este domingo López Obrador asiste a las asambleas constitutivas de MORENA en Juchitán y Matias Romero.
________________________________________ Piden a gobernador de Oaxaca disolver la ‘policía comunitaria’
PEDRO MATÍAS
12 DE FEBRERO DE 2013 • 1 COMENTARIO
NACIONAL

Se extiende autodefensa armada a Santos Reyes Nopala, Oaxaca.
Foto: Xinhua / Max Núñez
OAXACA, Oax. (apro).- El ombudsman estatal emitió hoy una alerta en la que se exhorta al alcalde de Santos Reyes Nopala, el priista Fredy Gil Pineda Gopar, de que “se abstenga de formar grupos civiles armados con el argumento de hacer frente a la inseguridad”.
En sesión pública, Arturo Peimbert Calvo, responsable de la Defensoría de los Derechos Humanos de Pueblo de Oaxaca (DDHPO), advirtió que con la formación de grupos civiles armados en ese municipio se estaría incurriendo “en violaciones a derechos humanos, así como en responsabilidad administrativa e inclusive penal”.
El pasado lunes 11, el alcalde creó una supuesta “policía comunitaria” en protesta por las acciones que realizó la Base de Operaciones Mixtas (BOM), donde fueron detenidos dos guardias municipales que portaban armas de uso exclusivo del Ejército.
Una vez que llevó a cabo un pase de lista a la supuesta “policía comunitaria”, conformada por unos 200 encapuchados, el edil instaló un retén en el camino que comunica a Santos Reyes Nopala con San Gabriel Mixtepec, con el fin de impedir la entrada a la zona de las fuerzas federales.
En el documento que la DDHPO emitió este martes, también se le pide al secretario de Seguridad Pública (SSP), Marco Tulio López Escamilla, que dentro del marco de sus atribuciones “coordine las acciones necesarias para que la policía estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones y la policía de Santos Reyes Nopala brinden la seguridad pública que se requiera a fin de proteger a las personas y sus bienes en ese municipio”.
Una segunda solicitud al titular de la SSP advierte “que si algún grupo de particulares desempeña funciones exclusivas del estado y municipios, al margen de la legalidad, se realicen las acciones tendientes a restablecer el orden previsto en las Constituciones federal y estatal, en términos de la normatividad aplicable”.
Además, “en los casos en que así se requiera, a través de la instancia competente, se solicite la colaboración de las instituciones federales de seguridad pública”.
Mientras, el ombudsman estatal solicitó al procurador Manuel de Jesús López que los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones “se coordinen con la Secretaría de Seguridad Pública para la puesta en marcha de acciones para brindar seguridad en el municipio aludido”.
Y “en caso de tener conocimiento de que algún particular realice funciones de seguridad exclusivas del estado y municipio, que pudieran configurar un delito, inicie el legajo de investigación o averiguación previa que corresponda y se realice la investigación respectiva”.
Además, la DDHPO pidió al secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, ponga en marcha las acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo estipulado en la fracción IV del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Oaxaca, con el fin de garantizar la gobernabilidad, estabilidad y paz social en el municipio de Santos Reyes Nopala y poblaciones circunvecinas.
Asimismo, solicitó a la comisionada de Derechos Humanos del Ejecutivo estatal, Eréndira Cruz Villegas, coadyuve en la implementación de las acciones necesarias para que la SSP y la PGJE cumplan con las atribuciones que tienen conferidas en materia de seguridad pública.
Por la tarde, Pineda Gopar se reunió con un centenar de seguidores, afines al PRI, para informarles que lo que busca con estas acciones es “sacarle al gobernador (Gabino Cué) una universidad” para la zona.
Este mismo día, los agentes municipales de Santiago Cuixtla, Guillermo Cruz Matus, Julián García Ramírez, de Santa María Tiltepec, se deslindaron de la creación de la “policía comunitaria” en Santos Reyes Nopala.
En rueda de prensa coincidieron en que “la policía comunitaria únicamente servirá para reprimir a los grupos contrarios al presidente municipal priista”, es por ello que pidieron al gobierno federal y estatal que disuelvan ese grupo.
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NOTICIAS DE MÉXICO
Astillero
Cesarismo y tv
Nuevos amparos
Aeroméxico-Lala
City manager
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

NEGOCIAN AGENDA LEGISLATIVA. Los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD de las cámaras de Senadores y de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, Silvano Aureoles, Alberto Villareal, Ernesto Cordero, Emilio Gamboa y Miguel Barbosa se reunieron ayer en un restaurante para discutir la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesionesFoto José Carlo González
E
nrique Peña Nieto busca reconstituir el presidencialismo cesarista de antaño. En ese proceso de recuperación de un poder devaluado por Fox y Calderón durante 12 años, e incluso durante el zedillismo preparatorio del arribo de ese panismo a Los Pinos, Peña Nieto y sus asesores y guías están afectando intereses de sus aliados empresariales y sindicales, pero no porque deseen someterlos a esquemas de justicia social o haya detonado en la cúspide del neosalinismo una súbita vocación revolucionaria profunda. Es decir, no se está frente a políticas como las tomadas por Hugo Chávez o los Kirchner respecto a medios de comunicación, por ejemplo (¿se atreverá Televisa a tachar a EPN de ser un Chávez mexicano?): lo que sucede es que el rediseño necesario para esta reinstalación del PRI en el mando y para sus proyectos de permanencia a largo plazo requieren una redefinición tajante de la relación entre los poderes económico y político, reubicando por debajo de la silla presidencial a los desbordados y retadores jefes de los corporativos dominantes de la vida económica nacional, sobre todo en lo relacionado con las telecomunicaciones, y a los desbordados y retadores caciques sindicales, como ha sucedido en el SNTE y como podría acontecer en el ámbito petrolero.
Peña Nieto se sabe producto político de la televisión, pero para afianzarse y consolidarse necesita someter a tal matriz de pantalla. También sabe lo que les debe a otros empresarios generosos con su campaña. Por ello ha impulsado la nueva ley de amparo, que entre otras cosas coloca a los concesionarios de bienes de la nación, como las telecomunicaciones, las minas y los energéticos, en una situación de fragilidad jurídica que sólo podrá ser resuelta mediante negociaciones en las que, por ejemplo, los barones de la televisión, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, no sigan sintiéndose dueños de un poder inercial que no necesita refrendos sexenales.
Con la propuesta de ley de amparo que ayer aprobaron los diputados y regresaron al Senado para que se atiendan algunas modificaciones, se despojará a los notables del empresariado mexicano (si el ciclo legislativo se cumple tal cual quedó planteado) de las armas judiciales que les permitían sostener largos litigios con el Estado mientras sus negocios seguían funcionando sin alteración e incluso, en el caso de los televisivos, chantajeando a los gobernantes mediante periodismo ycomentaristas de circunstancias. Pero no hay un cambio de fondo ni intenciones de reivindicación social. Sólo son forcejeos de élite para replantear relaciones entre sus miembros, una fórmula de recuperación del estilo cesarista clásico del priísmo que había sido diluido por empresarios poderosos, sobre todo los concesionarios de las televisoras, que ahora deberán renegociar los términos de los entendimientos finalmente felices.
En Aeroméxico se vive también un reacomodo accionario y directivo que corre junto a los nuevos tiempos pinoleros. El empresario Eduardo Tricio Haro ha redondeado un poco más de 20 por ciento de las acciones de la línea aérea en mención y ha ocupado la presidencia del consejo de administración. Ha desplazado a José Luis Barraza, empresario exitoso en asuntos inmobiliarios en las ciudades de Chihuahua y Delicias, quien por azares de la guerra sucia fue promotor de mensajes televisivos contra Andrés Manuel López Obrador a nombre del Consejo Coordinador Empresarial que presidía (recuérdese que los dueños del capital dominante suelen enviar a algunos empleados a encabezar cámaras y organismos empresariales) y de donde saltó sin proporción alguna a la participación accionaria en Aeroméxico y a la presidencia de su consejo de administración. Dado que el calderonismo ya no tiene fuerza, Barraza y sus ganancias se retiran del pilotaje central y dejan el camino a un lagunero que, como Ricardo Martín Bringas, de Soriana, ha sido solidario con el peñismo.
En otra historieta de pretensiones político-empresariales, el jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, nombró un city manager. Como en otras decisiones importantes, se acogió a la experiencia de funcionarios que fueron del equipo de Marcelo Ebrard, como el propio MAM. En esta ocasión designó a Fernando Aboitiz, quien fue delegado a nombre del PAN en Miguel Hidalgo y luego fue expulsado del partido de blanco y azul por apoyar electoralmente al perredismo en 2006, hasta terminar como secretario de Obras en el gabinete del mencionado Ebrard. El titular de la Agencia de Gestión Urbana tendrá un nivel político por encima de varios secretarios y sostendrá negociaciones con empresarios urbanos, tema éste en el que ya ha recibido acusaciones por supuestas irregularidades.
Entre otros casos de pederastia clerical tolerada, la administración de Benedicto XVI deja pendientes las acusaciones contra un sacerdote fuertemente protegido por el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello. A pesar de los diversos testimonios contra Gerardo Silvestre Hernández, presentados por una decena de curas de la entidad a las autoridades vaticanas, lo más que se ha hecho es el nombramiento de un obispo auxiliar, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, quien tomó posesión del cargo el pasado 5, con un lenguaje distinto al del conservadurismo practicado por Chávez Botello. Por ejemplo, dijo que su prioridad en la atención pastoral serán los pobres, que tratará de aprender del pueblo y, especialmente, de las culturas indígenas, y que buscará la verdad con humildad. En el gobierno de Gabino Cué, mientras tanto, a pesar de los indicios del abuso contra los 45 niños indígenas, la maquinaria de procuración de justicia está atenta a las presiones del arzobispo Chávez Botello y a los siempre convulsos tiempos políticos oaxaqueños.
Y, mientras la Riviera Nayarit, con Punta Mita, sigue estando en el interés central del peñismo, ahora con el anuncio del plan nacional turístico, en un contexto que repite el interés de ciertos mandatarios en zonas de descanso cuyo desarrollo les resulta atractivo, ¡hasta mañana, con Fidel Herrera como reaparecido político en Veracruz!
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________________________________________ La derrota de Televisa
JOHN M. ACKERMAN
12 DE FEBRERO DE 2013 • 16 COMENTARIOS
ANÁLISIS

Las instalaciones de Televisa Chapultepec.
Foto: Alejandro Saldívar
MÉXICO, D.F. (Proceso).- The Guardian no se ha “disculpado” con Televisa y mucho menos se “retractó” de los importantes reportajes de Jo Tuckman sobre la complicidad entre la televisora de Chapultepec y Enrique Peña Nieto. Los artículos impugnados siguen disponibles íntegramente en internet, tanto en inglés (http://ow.ly/htIFJ) como en español (http://ow.ly/htIQ1), y el periódico no ha modificado una sola coma de su contenido. El rotativo también ha colocado en línea los archivos obtenidos por su reportera que documentan los supuestos acuerdos entre Peña Nieto y Televisa.
Desde que se publicó el primer artículo¬ polémico el pasado 7 de junio, Televisa exigió una “disculpa pública” a The Guardian y pidió que se retractara de las acusaciones respecto a la venta subrepticia de cobertura mediática a Peña Nieto. También entabló una demanda legal en contra del periódico en tribunales ingleses. Pero la televisora no tuvo éxito en su estrategia jurídica ni en sus presiones mediáticas.
En el comunicado conjunto emitido el martes 5, el rotativo inglés se mantiene firme en su postura original de que los artículos impugnados “planteaban una cuestión de interés público sobre la relación entre Televisa y algunos candidatos a puestos de elección” y que fueron publicados “de buena fe con base en el material proporcionado por su fuente confidencial”. En otras palabras, The Guardian defiende a su reportera y ratifica en todos sus términos su decisión de difundir la información.
El comunicado deja claro que no hubo ninguna violación a los códigos de ética periodísticos. Al firmarlo, Televisa está aceptando la importancia de la información contenida en los artículos y avalando el trabajo absolutamente profesional de la periodista que los redactó.
Lo único que Televisa logró tras casi un año de pataleos, presiones y gastos en costosos bufetes de abogados fue un par de frases estériles en las cuales The Guardian, diplomáticamente y de manera totalmente abstracta, “reconoce que Televisa y sus periodistas buscan mantener los más altos estándares editoriales” y “acepta que las autoridades electorales resolvieron que la cobertura de Grupo Televisa cumplió con las estrictas normas electorales mexicanas y neutralidad política”. Es importante notar que el rotativo inglés no afirma que Televisa efectivamente cumple con “altos estándares editoriales”, sino sólo que “busca” hacerlo. Asimismo, The Guardian no avala el tratamiento que el IFE dio al caso Televisa, sino que solamente “acepta” que existió el carpetazo.
La lección entonces no es que los tentáculos todopoderosos de Televisa se extienden hasta Londres para aplastar cualquier cuestionamiento a su labor, sino que periodistas valientes y profesionales como Tuckman, y Jenaro Villamil, de Proceso, lograron penetrar exitosamente la armadura del Goliath mexicano al exhibir sus múltiples negocios turbios. Ningún comunicado insulso y mal redactado podrá borrar los océanos de verdades divulgadas en los polémicos reportajes.
Ahora bien, los mexicanos no necesitamos un artículo de The Guardian para darnos cuenta de que Televisa y el Instituto Federal Electoral no son neutrales o independientes. Su favoritismo hacia Peña Nieto se comprueba una y otra vez y es revelado sistemáticamente tanto en Proceso como en otros medios independientes. México cuenta con algunos de los mejores periodistas de investigación en el mundo que nos ayudan todos los días a entender los entretelones del poder.
Otra ventaja que tenemos en México es que aquí existe mucho mayor margen que en Inglaterra respecto de las críticas permitidas hacia funcionarios públicos y medios de comunicación. Aquel país es tristemente célebre por sus estrictas leyes en materia de difamación y calumnia, las cuales limitan de manera importante la libertad de expresión. Este contexto de control extremo es lo que realmente explica por qué The Guardian finalmente aceptó emitir un comunicado con Televisa.
Pero en México existe una libertad mucho más amplia en la materia. La desventaja es que ello puede utilizarse para amedrentar desde el poder a los medios independientes, como cuando Televisa en 2010 quiso ligar a Proceso con capos del narcotráfico o cuando la revista Letras Libres intentó en 2004 vincular el periódico La Jornada con el grupo terrorista ETA. Ni Televisa ni Letras Libres fueron obligadas a emitir comunicado o disculpa alguna por sus acusaciones cobardes y de evidente mala fe.
La buena noticia es que los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia son sumamente liberales y buscan proteger al máximo a quienes critican y exhiben a los poderosos. El reto entonces es trabajar para generar cada día más espacios de información y análisis crítico para que se difunda mejor lo que realmente está pasando en el país. Sólo así podremos evitar la información manipulada que nos recetan todos los días los principales medios de comunicación electrónica, así como derrotar una vez más la parcialidad autoritaria de Televisa.
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________________________________________ Las claves y el impacto de la nueva Ley de Amparo
La reforma de la Ley de Amparo busca que la tramitación del recurso jurídico sea ágil y oportuna y abarque a un número mayor de ciudadanos.

La Cámara de Diputados durante la discución de la Ley de Amparo. (Foto: Cuartoscuro)
La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Amparo, que ampliará la protección y ámbito de tutela, no sólo a las garantías individuales, sino también a los derechos humanos
La nueva Ley de Amparo, que fue aprobada con 434 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, contempla:
• La tramitación del recurso jurídico sea ágil y oportuna y abarque a un número mayor de ciudadanos.
• Consolida la figura del amparo colectivo, por dos o más quejosos cuando sean víctimas de una afectación común, aunque ésta derive de actos distintos.
• Se reconoce la oralidad en el juicio de amparo. Las promociones deberán ser por escrito; podrán ser orales las que se hagan en audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas.
• Faculta al Congreso y al Ejecutivo para solicitar la tramitación preferente de ciertos amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
• A partir de un interés legítimo de una persona se podrá promover un amparo y no sólo cuando haya una afectación personal y directa.
• Señala al “alegato de oreja” como violación al procedimiento en materia penal.
¿Cómo impactará la nueva Ley de Amparo?
• Procederá contra omisiones y no sólo contra actos y leyes.
• Obligará a la Corte y a tribunales a hacer públicos con anticipación proyectos de sentencia
• Obligará a jueces y tribunales a que precisen con claridad en sentencias los efectos del amparo.
• Abre la posibilidad de que la autoridad orden a un particular dar cumplimiento a la suspensión dictada por el juez.
• Las sesiones de los tribunales colegiados de circuito serán públicos.
• El presidente de la República no podrá ser considerado como “superior jerárquico”, en procedimientos en los que se exija el cumplimiento de un amparo.
________________________________________ Mondragón, Walton y Aguirre: qué vergüenza
Por: Redacción / Sinembargo – febrero 13 de 2013 – 0:00 Casa de citas – 5 comentarios
Cuando el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, rodeados de funcionarios locales y federales de seguridad, dieron aquella conferencia de prensa en la que hablaban de varios detenidos por violación, no aclararon o ni siquiera deslizaron la idea de que no estaban vinculados con el ataque a las seis españolas. Tan es así, que algunos medios, incluso los españoles, publicaron que ya había detenidos por su posible participación en la violencia de las seis turistas. Se entiende que están presionados. Un día anterior a aquella conferencia de prensa el rey Juan Carlos se puso en contacto con el Presidente Enrique Peña Nieto para “agradecerle” la búsqueda de los culpables de ese asalto. Cuál agradecerle: cualquiera que entienda las dos primeras páginas del lenguaje de la diplomacia sabrá que lo que el rey le decía a Peña Nieto era que él personalmente estaba atento del resultado de las investigaciones y de que se hiciera justicia a las turistas ofendidas y maltratadas. Lo que no se vale es el uso de medias verdades o de mentiras absolutas para salir del paso. Los detenidos no están relacionados con ese caso de violación, y posiblemente no estén vinculados siquiera al crimen organizado: han pasado muchos días sin que el Ministerio Público nos presente una sola evidencia que inculpe a un solo individuo. Y por el contrario, existen puntuales quejas de violaciones a los derechos humanos que se han publicado en el extranjero y en el país. Hay crónicas de elementos policiacos derrumbando puerta tras puerta en los vecindarios de Acapulco, interrogando sin órdenes de presentación o de aprehensión, ingresos a viviendas de civiles sin la orden expresa de un juez. Y muchos etcéteras. Al gobernador Aguirre Rivero y al alcalde Walton Aburto no se les debe olvidar su origen político. Fue la izquierda mexicana la que insistió, insistió e insistió en que el gobierno panista del Presidente Felipe Calderón violaba derechos humanos en sus operativos de supuesta seguridad. Tampoco debería olvidársele a Manuel Mondragón y Kalb a quienes sirvió apenas en el sexenio anterior: a un gobierno de izquierda. Hoy, autoridades locales, estatales y federales que vienen de la izquierda son señalados por familiares, vecinos y testigos de estar fabricando culpables para salir del paso de la violación de seis españolas, hechos que por cierto, en un principio, quisieron minimizar de la manera más estúpida… y ya ni vale recordarles ese capítulo vergonzoso. El país está observando con atención hacia Acapulco. Qué va: el mundo observa desde hace tiempo cómo se deteriora todo Guerrero. Walton y Aguirre están por confirmarnos esa máxima de que todos los políticos son lo mismo. Que una vez que llegan al poder se vuelven bestias y olvidan los principios que juraron respetar. Y esto alcanza también a Mondragón y Kalb. A quién le importa el rey: hagan su trabajo con honestidad y pulcritud. Para eso fueron cada uno de los votos que los llevaron a recibir el salario que hoy tienen.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/13-02-2013/12531. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
________________________________________ Queman casa de comunero por oponerse al despojo de tierras
• Escrito por Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
• Miércoles, 13 Febrero 2013 07:59

Morelia Michoacán, a 12 de febrero de 2013
A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS DEMOCRATICAS Y POPULARES
A LAS PERSONALIDADES COMPROMETIDAS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
QUEMAN LA CASA DE UN INTEGRANTE DEL FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO POR LUCHAR CONTRA EL DESPOJO DE LA TIERRA Y LA PRIVATIZACIÓN DEL LAGO DE ZIRAHUÉN.
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denunciamos que el día 10 de febrero de este año a las 12:00 horas, fue quemada la casa del compañero Gabriel Mondragón García quien participa con los comuneros en la defensa del bosque, agua, y tierras comunales de la comunidad indígena de Zirahuén en el municipio de Salvador Escalante en Michoacán.
Los hechos sucedieron en el lugar conocido como Caratacual, a la altura de Tapimba, en ésta comunidad Zirahuén en la fecha y hora arriba indicada. Desde hace décadas los comuneros de Zirahuén están en lucha por la defensa de sus tierras comunales, oponiéndose a la política de despojo, saqueo, contaminación del lago, destrucción de bosques por parte de caciques empresariales, conocidas como las familias Arreola, Vega, Ramírez y Medina quienes han despojado a campesinos de sus tierras utilizando a los grupos paramilitares y diversas artimañas legaloides convirtiéndolas en huertas donde cosechan aguacate.
Por la oposición al despojo se incrementa el hostigamiento agilizando el despojo a los comuneros de sus tierras, los gobiernos Federal y Estatal, pretenden privatizar el lago para entregarlo a la iniciativa privada, es decir, la oligarquía local compuesta por las familias Ramírez, Medina, Arreola y Vega, sin importarles las condiciones en que dejen a los campesinos, que la tierra es su único medio de vida.
Los antecedentes:
A principios de agosto de 2011 se inició una campaña de hostigamiento el ejército federal contra los comuneros de Zirahuén, continuando durante todo el año 2012 donde hubo, cateos ilegales allanando moradas, detenciones arbitrarias con tortura, asesinatos como es caso del joven Salvador Sanabria Talingo a manos de militares en (septiembre de 2011), sin que hasta la fecha se haya procedido contra los responsables quedando este crimen en la impunidad. Campaña de hostigamiento que se dio por grupos paramilitares aplicando el terrorismo de Estado para que los comuneros desistan de la lucha.
Por luchar por la defensa y la tenencia de la tierra es en este contexto que sucede en este año la quema de la casa del compañero. Cabe precisar la actitud del comisariado de bienes comunales de la comunidad de Zirahuén, Gabriel Medina García, que se pliega totalmente a los intereses de las familias empresariales mencionadas, impidiendo a toda costa asumir la defensa de las tierras comunales, asimismo nos pareció extraño que el día indicado estuvo cerca de la quema de la casa y no hizo nada para impedirlo, por lo que es sospechoso de ser responsable de este acto criminal.
En este contexto responsabilizamos a los gobiernos Estatal y Federal, de los daños causados al compañero Gabriel Mondragón García y su familia, de su integridad física y psicológica toda vez que hemos hecho reiteradamente denuncias de estos sucesos de terrorismo de estado, sin que se garantice la integridad, seguridad y cuidado de las viviendas y objetos que los comuneros poseen, así como de que cese la política criminal del despojo de las tierras comunales del Lago de Zirahuén.
A los organismo defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, solicitamos de su intervención para detener esta política de despojo, amenazas, agresiones y destrucción de bienes y viviendas de los comuneros que luchan por la defensa de sus tierras, defensa de bosque y Lagos.
Sin Otro particular agradecemos el apoyo, solidaridad y pronunciamientos a favor de los comuneros de Zirahuén y de nuestro compañero.
ATENTAMENTE
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
En defensa del sistema de seguridad y justicia comunitaria
• Escrito por Tlachinollan
• Martes, 12 Febrero 2013 09:09

El linchamiento mediático que han emprendido las grandes televisoras contra los movimientos de autodefensa ciudadana de Guerrero, muestra el talante autoritario y excluyente de quienes teniendo el poder económico y el monopolio televisivo, no toleran que la población pobre tome en sus manos las armas para proteger sus derechos y defenderse contra la delincuencia organizada. Estos levantamientos que se han multiplicado en varias comunidades y municipios del estado, no tienen otro fin que contener la violencia criminal y restablecer el orden. No obstante esto, los emporios televisivos se empeñan en generar una opinión adversa contra los pueblos indígenas y campesinos, como si no tuvieran derecho a coexistir en condiciones de igualdad en nuestro país.

La visión rígida y homogénea de un país de ricos, blancos, citadinos y neoliberales occidentalizados les ha hecho creer que son dueños de la verdad y que nadie que no sea de su clase, puede atreverse a desafiar el sistema imperante. Ven las especificidades culturales, lingüísticas, organizativas, cosmogónicas, políticas y jurídicas de los pueblos originarios como reminiscencias de un pasado que nos sumió en el atraso y que nada tienen que ver con la grandeza histórica de nuestro país. Estas formas de vida y de organización de los pueblos nos muestran claramente las raíces de una civilización que tiene otras coordenadas políticas y otra matriz cultural que se condensan en los sistemas normativos comunitarios y que nos remiten a los años gloriosos de las culturas precolombinas, que no sabían de leyes occidentales, que solo llegaron para violentar los derechos de los dueños de estos territorios y para expoliar sus riquezas.

A los ciudadanos y ciudadanas que se han organizado para la autodefensa, se les trata como hordas que se hacen justicia por propia mano, reproduciendo el arquetipo del buen salvaje que vive en la prehistoria de Occidente. Estos juicios sumarios por parte de quienes se ostentan como los especialistas de cualquier tema, por el simple hecho de tener un micrófono abierto y de aparecer en la pantalla ante millones de televidentes, son los que proyectan las fobias, los prejuicios, los etnocentrismos y las visiones racistas de las elites económicas y políticas que se asumen como una casta superior, que trata a los pueblos como parte de los vestigios del México bárbaro.

Por su parte las autoridades federales y estatales han diseñado una estrategia de contención y desmovilización de los grupos de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa con la creación de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Guerrero (Cadepi), que “pretende ser punto de promoción focalizado, que coordine y promueva políticas integrales, orientadas al desarrollo indígena, a fin de darles un puntual seguimiento y evaluación; pero que sea a la vez un órgano de consulta de las dependencias federales, estatales y municipales y tomen en cuenta las propuestas ciudadanas, generando con ello, oportunidades más equitativas y de progreso”, según lo planteado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Esta comisión se adscribe al propósito del gobierno federal de “generar políticas públicas que construyan fundamentalmente equidad; de lograr que los pueblos indígenas ejerzan, en la práctica, los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos; de garantizar el acceso a la justicia, a la educación, a la salud y a la infraestructura, que reviertan el injusto rezago en sus derechos y la brecha que los separa para alcanzar el bienestar que merecen”. Con este fin el presidente Enrique Peña Nieto creó la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, nombrando como titular al arquitecto Jaime Martínez Veloz, quien se desempeñó hace más de dos sexenios como coordinador de la Comisión para el diálogo y la negociación en Chiapas.

El planteamiento central es convocar a los pueblos indígenas y campesinos para que presenten sus demandas básicas y centren su atención en la construcción de obras de infraestructura. Las autoridades comunitarias en lugar de abanderar las luchas de sus pueblos para defender sus territorios; de aplicar su sistema de justicia y seguridad y de ejercer su derecho al autogobierno, ahora se transformarán en gestores y chalanes de las empresas constructoras. Con esta visión desarrollista se busca controlar a los movimientos sociales disidentes y generar nuevas clientelas políticas, que varias de ellas están ávidas de recibir recursos financieros. Se busca meter a las comunidades y organizaciones a una dinámica de entretenimiento burocrático con la promesa de que recibirán su premio o recompensa.

Junto con esta oferta de obras, vienen etiquetados los condicionamientos políticos; disolver los grupos de autodefensa, quitar los puestos de control, entregar a los detenidos, no aplicar justicia conforme a sus usos y costumbres y a cambio de todo esto, imponer un decreto que quiere cavar la tumba de los derechos conquistados por los pueblos indígenas de Guerrero, como es el sistema de seguridad y justicia comunitaria creado hace más de 17 años y reconocido por normas internacionales, nacionales y estatales.

Esta ofensiva gubernamental no solo busca desactivar el malestar social y las formas de autodefensa comunitaria, sino tiene la intención de meter en cintura a los pueblos indígenas que ejercen su derecho a la libre autodeterminación y que lo aplican dentro de su propia jurisdicción. Han aprovechado esta crisis de seguridad para desacreditar el trabajo de la Policía Comunitaria y poner los reflectores sobre ella, con el fin avieso de confundir a la opinión pública. Se alienta la idea de que es una justicia privada que atenta contra los derechos fundamentales de los detenidos y que están actuando fuera de la legalidad.

Ahora resulta que las malas actuaciones de los ministerios públicos, los policías ministeriales, los policías federales, el Ejército y la Marina no son los causantes de la violencia y la inseguridad de la que somos rehenes las y los guerrerenses, sino que para las autoridades, la amenaza está en los grupos de autodefensa y en la Policía Comunitaria. Por eso, su prioridad es intervenir directamente sobre estas organizaciones, ya sea persuadiendo a sus líderes para trabajar conjuntamente en la Cadepi; planteando una agenda de trabajo vinculada más al desarrollo; proponiendo un decreto para supuestamente darle un estatus legal a la Policía Comunitaria como auxiliar de la policía del estado y entregando diversos apoyos a las organizaciones indígenas y campesinas.

No fue casual que en esta misma semana el Ejército se hiciera acompañar de Televisa, TV Azteca y Milenio Televisión, para promover su imagen de que están combatiendo la siembra de enervantes. Para ello fueron a la región me’phaa de Ayutla, donde encontraron varios cultivos de amapola. Utilizaron el mejor recurso mediático para evidenciar a las comunidades indígenas que han denunciado graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, como sembradoras de cultivos ilícitos. Con ello colocan en el filo de la navaja a las comunidades que han resistido por muchos años contra los abusos militares, y las ponen ante un escenario adverso porque se han creado las condiciones para que puedan ser afectadas en sus derechos básicos, con el pretexto de la droga. Esta estrategia de contrainsurgencia ha sido aplicada en regiones indígenas, como Chiapas, donde los pueblos se organizan de manera autónoma y luchan por la defensa de su territorio y contra la privatización de sus recursos naturales. Ahora resulta que los delitos contra la salud no se van a investigar ni se perseguirá a los cárteles de la droga, sino a los pueblos pobres de La Montaña, que como siempre son carne de cañón y son los que padecen los estragos de las políticas represivas de un Estado que no respeta los derechos de los pueblos indígenas. Mientras los grupos de autodefensa de Ayutla luchan contra las bandas del crimen organizado que controlan las redes del narcotráfico en la región, el Ejército se parapeta en La Montaña para declarar la guerra a los indígenas que se organizan y ejercen su derecho a garantizar su seguridad y aplicar su sistema de justicia.

Son varios frentes que han diseñado los gobiernos federal y estatal para cercar e impedir el avance de los pueblos en la defensa de sus derechos y en la consolidación de sus estructuras comunitarias para garantizarse seguridad y justicia. Esta amenaza gubernamental es un momento propicio para cerrar filas en torno al sistema de la CRAC, que es el patrimonio de los pueblos indígenas de Guerrero y de México. Esta conquista alcanzada a pulso por los pueblos na savi y me’phaa es una contribución enorme para avanzar en el reconocimiento y mayor protección de los derechos de los pueblos indígenas. Esta experiencia exitosa es inédita porque ha sido forjada desde la visión indígena y desde sus propios sistemas normativos. Es producto de la innovación y la creatividad de los pueblos ante los nuevos desafíos de la delincuencia organizada que se ha globalizado. Esta es la demostración más contundente de que la razón y el derecho de los pueblos no pueden ser ignorados mucho menos arrasados y violentados. No podemos permitir que haya una regresión en el reconocimiento de los derechos colectivos con las acciones que están implementando los gobiernos. Para ello es importante que los compañeros y compañeras acuerpados en la UPOEG y la CRAC, concentren sus energías y todas sus fuerzas en idear una estrategia sustentada en el diálogo comunitario para defender con ahínco el sistema de justicia y seguridad comunitaria, que es el tesoro más preciado de todos los pueblos de México.

Su capacidad de diálogo y negociación, puesta a prueba en diferentes momentos históricos de la CRAC, ante las diversas amenazas emitidas por las autoridades civiles y militares de desaparecer este sistema, debe aflorar en estos momentos de grandes desafíos. Debe imperar el diálogo franco, la cordura, el respeto, el reconocimiento del otro, la sensatez, la capacidad de escucha, la crítica constructiva, la pasión y el deseo de seguir luchando juntos para consolidar este sistema de justicia y seguridad que es de los pocos ejemplos del país que sí funcionan y que además está inspirado en el derecho indígena, el de los pueblos originarios.
Contrainsurgencia y tra(ns)ición pactada
• Escrito por Javier Hernández Alpízar
• Miércoles, 13 Febrero 2013 10:07

Babel
Contrainsurgencia y tra(ns)ición pactada
Javier Hernández Alpízar
México es un país donde la “cortina de humo” es el escándalo del día bajo el cual se esconde el desastre. La labor monstruosa del Estado mexicano que, en complicidad con y subordinado a las grandes corporaciones transnacionales (principalmente de USA, Canadá y España), destruye sistemáticamente la economía, el tejido social (eufemismo por “pueblo”) y todo lo que hace de ésta una nación. En ese país devastado, lo esencial es poco y marginalmente discutido.
Las redes sociales nos hacen lectores de memes: vamos de Florence Cassez a la renuncia de Ratzinger, pasando por el extrañísimo caso de la Torre de Pemex, porque incluso las tragedias esconden el genocidio y la impunidad oculta otras más amplias y rancias impunidades.
Sin necesidad de complots en los cuales depositar nuestra mala fe y descansar de toda responsabilidad (como les gusta hacer a los voceros de la izquierda electoral), la clase política, gobernantes, partidos, y la clase económicamente dominante actúan de manera coordinada, como una maquinaria que reconduce al orden cualquier movimiento liberador.
Las oposiciones armadas en México han sido contestadas con la fórmula que los estadunidenses desarrollaron por sus aprendizajes en Vietnam. La guerra por las mentes y los corazones tiene una parte militar, la que no ha cesado, contra todo movimiento autónomo, especialmente si está armado como los zapatistas en Chiapas. Pero también el gatopardismo político: la construcción de pactos que abren el poder a nuevos actores; amplían la base social de los corporativismos que canalizan y mediatizan el descontento, y ciertos recambios y reacomodos en la elite.
Después de la guerra de baja intensidad de los setenta, el gobierno priista dio una amnistía para liberar a guerrilleros sobrevivientes presos y el registro al Partido Comunista, sin hacer justicia ni resolver los casos de crímenes de lesa humanidad perpetrados por la contrainsurgencia. El Partido Comunista se encargó de disolver el ideal original en la socialdemocracia, fusionándose con sectores salidos del PRI, entusiasmado por la masiva movilización electoral cardenista.
¿Resultados? El Partido Mexicano Socialista dio el registro para la fundación del PRD, actualmente aliados del panismo en muchos estados. Si los ex guerrilleros y ex comunistas hicieran un balance de sus logros al pasar a la vía electoral, tendrían que concluir que fracasaron en su objetivo de cambiar el país, que el poder los cambió a ellos y que su integración en la clase política fue la cereza del pastel contrainsurgente. Rosario Robles los representa, aunque no lo reconozcan y sus caricaturistas intenten exorcizar su cercanía a ella con escarnios que, si tuvieran conciencia, deberían ser para sí mismos.
En cambio, los luchadores de la vieja guardia hacen críticas machistas a los guerrilleros zapatistas por no echar balas, ya que en lugar de ello construyen lo que los ex guerrilleros y ahora políticos de la izquierda electoral nunca tuvieron: un territorio en rebeldía.
La contrainsurgencia inició una nueva fase con la orden de Salinas de Gortari de que el Ejército aplastara la rebelión zapatista de 1994 y, pese al formal cese al fuego del 12 de enero de ese año, no ha dejado respiro a los alzados: los paramilitares son apenas la parte más descarnada y brutal, porque la contrainsurgencia ha usado también los medios de masas, electrónicos e impresos, libros, revistas, propaganda, guerra psicológica: una lucha por mentes y corazones en la que cumplen su papel cada uno de los interesados en la recuperación de la gobernanza, pero sobre todo el encauzamiento de la energía social por los únicos mediadores autorizados: los partidos políticos electorales.
El Estado mexicano respondió al alzamiento zapatista con una violencia descarnada y soterrada encubierta en un diálogo y la firma de unos Acuerdos de San Andrés que no pensaba cumplir. Por otro lado, abrió la llave de los reconocimientos de triunfos electorales a los otros partidos, con acuerdos que llevaron al PAN 12 años a los Pinos y tienen al PRD hasta la fecha en el gobierno del DF.
Luis Hernández Navarro se ha visto precisado a refrescar la memoria a sus articulistas, que ahora no le encuentran al zapatismo nada que (según ellos) no haya hecho mejor MORENA. El pacto de la izquierda y la derecha electorales con el PRI fue un acuerdo a espaldas del zapatismo, pero con el EZLN y sus aliados como pieza a sacrificar: los partidos obtuvieron cuotas de poder y a cambio, votaron contra los Acuerdos de San Andrés. Ahora son piezas muy bien coordinadas en la contrainsurgencia que cerca militar y paramilitarmente a los zapatistas.
Escribió Hernández Navarro: “de manera paralela al diálogo con el EZLN y sus aliados, la administración de Zedillo impulsó con los partidos un pacto que dio a luz una nueva reforma política “definitiva”. Esa negociación fue bautizada en su momento como los acuerdos de Barcelona, porque las pláticas para fraguarla se efectuaron en las oficinas del subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, ubicadas en la calle de Barcelona en la ciudad de México.”[1]
Arturo Núñez, priista, primero salinista, luego zedillista, se ha beneficiado de ser el anfitrión: hoy es gobernador en Tabasco (bastión de AMLO) por el PRD y, a decir de Julio Hernández Astillero, es quien representa en los gobiernos al lópezobradorismo y MORENA, ya que se intentan distanciar del desprestigio del gobierno del Distrito Federal, aunque el esquema Tolerancia Cero lo trajo AMLO, con dinero público, de Nueva York vía Rudolph Giuliani; así que en la represión Ebrard y Mancera son netamente lópezobradoristas.
Sigue describiendo Hernández Navarro: “La nueva reforma política propició un reparto real del poder entre los tres principales partidos. Ellos participaron en la integración del IFE y del Tribunal Federal Electoral. (…).
“En las elecciones federales esa redistribución del poder dio frutos para los partidos de oposición. En 1997 ningún partido tuvo mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, y el PRD ganó el gobierno de la ciudad de México, electo por primera ocasión en décadas. Y en 2000, en las elecciones presidenciales triunfó Vicente Fox.
“Sin embargo, esta negociación reforzó el monopolio partidario de la representación política, dejó fuera de la representación institucional a muchas fuerzas políticas y sociales no identificadas con estos partidos, y conservó, prácticamente intacto, el poder de los líderes de las organizaciones corporativas de masas.
“En esas circunstancias, el gobierno federal hizo abortar los acuerdos de San Andrés. Incumplió su compromiso de promover una reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas, y no hizo una sola oferta sustantiva en la Mesa de Democracia y Justicia. Al tiempo, siguió con su política de paramilitarizar el conflicto, provocando la masacre de Acteal, y atacó violentamente varios municipios autónomos.”
El pacto de Barcelona selló la suerte política de PAN y PRD: el PRI les compartió el poder y cogobierna con ellos desde entonces. Para el zapatismo reservaron la traición, el rechazo a los Acuerdos de San Andrés y la contrainsurgencia, incluidos los programas de “combate a la pobreza” a cargo de personajes como Dante Delgado, Luis H. Álvarez y ahora la ex gobernadora perredista del DF Rosario Robles. Además, el PRD ha tenido dos gobiernos contrainsurgentes en Chiapas, Salazar Mendiguchía y Juan Sabines, ambos muy corruptos y constructores del PRD en ese estado como el partido de los paramilitares. Hernández Navarro publicó en 2007 un artículo al respecto.[2] Es la clase de información que otro colaborador de La Jornada, Guillermo Almeyra, parece jamás leer.
Hernández Navarro es sumamente cuidadoso, pero los hechos que describe se pueden enunciar más claramente, como lo hace Rafael de la Garza Talavera en el título de su artículo en La Digna Voz: “La transición política en México, a costa de los acuerdos de San Andrés”.[3] En ese texto, enuncia: “Lo que se pretendió resolver con una traición, beneficiando a los dirigentes partidistas y sus anhelos ‘democráticos’, acabó simplemente dejando el conflicto ‘latente’, alimentando la ilusión de que los zapatistas desistirían o simplemente, y para confirmar su racismo, no estarían a la altura de las circunstancias.”
En otras palabras, ante el alzamiento zapatista y su convocatoria a un cambio profundo, radical, del país, el PRI pactó con el PRD y el PAN (que a veces le compiten electoralmente coaligados), propició un recambio en la elite y ganó dos aliados en la traición a los Acuerdos de San Andrés y en la contrainsurgencia. Los paramilitares del PRD en Chiapas son solamente el remache de esos Acuerdos de Barcelona.
De esa experiencia de cómo los partidos se acomodan arriba, negocian, traicionan a los de abajo y se unen para reprimirlos (y no solamente al EZLN, también se unieron en 2006 para reprimir en Atenco y Oaxaca y actualmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y el DF), los zapatistas sacaron la conclusión que no se puede ir a ningún lado con esa clase política, porque son unos bribones y hampones que marchan de acuerdo en la contrainsurgencia y la represión. Por eso dicen que no basta decirse de “izquierda” (y menos si ésta incluye a Arturo Núñez y a cuanto derechista repintado les pongan de candidato) sino que es preciso hacer una alianza desde abajo.
Los zapatistas sabían que esa ruptura les cerraría puertas, pero lo asumieron porque eran puertas falsas, como las que se abrieron con las negociaciones traicionadas y como las que ahora pretende abrir Peña Nieto para simular. Porque mientras arriba pujan por una mayor tajada del pastel, como diría Laura Castellanos, los zapatistas señalan que el pastel está podrido; y ponen a debate qué es ser de izquierda: ¿puede ésta pueda ser representada por Rosario Robles, Arturo Núñez, Mario Di´Constanzo o Manuel Bartlett?
Por señalar eso, que resulta lógico concluir de la historia reciente, hay quienes los acusan de ser una “cortina de humo” para evitar que la gente siga el cambio verdadero que los ex priistas, ex salinistas y ex zedillistas, están impulsando desde la “izquierda”. ¿Por cambio se refieren a la represión que han perpetrado Gabino Cué, Ebrard y Mancera o a la privatización de las playas de Baja California Sur bajo gobiernos del PRD lópezobradorista (tan chucho como los Chuchos o más)? ¿El gran triunfo de la izquierda es haber llevado al poder a Juan Sabines? Bueno, ellos entienden algo así por izquierda. Es un triunfo de los Acuerdos de Barcelona.
Ironías de la vida, Ernesto Zedillo abrió con ese pacto un camino para el regreso de Carlos Salinas al poder y para la venganza contra quien todos ellos, derechas e izquierdas, saben su enemigo: el EZLN.
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[1] Luis Hernández Navarro, Los acuerdos de San Andrés, 17 años después, La Jornada,http://www.jornada.unam.mx/2013/02/12/opinion/023a1pol
[2] Luis Hernández Navarro, Chiapas: el partido de los paramilitares, La Jornada,http://www.jornada.unam.mx/2007/10/02/index.php?section=opinion&article=021a1pol
[3] Rafael de la Garza Talavera, La transición política en México, a costa de los acuerdos de San Andrés, en La Digna Voz, http://www.lavoznet.blogspot.mx/2013/02/la-trnasicion-politica-en-mexico-costa.html?m=1
________________________________________ La Policía Comunitaria de Guerrero, frente al riesgo más grave de su existencia
Además de afrontar un posible decreto gubernamental que pretende institucionalizar su funcionamiento, la toma de sus instalaciones por parte de la Upoeg representa “una agresión directa contra el sistema comunitario”, denuncia la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
DESINFORMÉMONOS
FOTO: PROMETEO LUCERO

LigasLas autodefensas comunitarias frente al crimen organizado en Guerrero, “no son harina del mismo costal”
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México. Para la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero (CRAC-PC), la toma de su Casa de Justicia en San Luis Acatlán por parte de dirigentes y simpatizantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg) es “una agresión directa en contra del sistema comunitario” que “pone en grave riesgo el proyecto de la CRAC de construir poder del pueblo desde el pueblo”. La Coordinadora llama a las organizaciones sociales a estar pendientes del conflicto, “que representa una escalada en las agresiones de la Upoeg al sistema comunitario” de justicia.
El conflicto con la Upoeg escaló a partir del 7 de enero, cuando pobladores de Tecoanapa y Ayutla iniciaron un levantamiento, luego de un enfrentamiento y un secuestro. Los dirigentes de la Upoeg, dos de los cuales estuvieron en la fundación de la CRAC hace 17 años, declararon que la Policía Comunitaria organizaba las acciones: retenes armados, detención de 54 presuntos delincuentes y un juicio público.
La organización comunitaria, integrada por comunidades mixtecas, tlapanecas, mestizas y amuzgas y que en noviembre de 2012 cumplió 17 años de funcionamiento, rechazó ser la organizadora del levantamiento. Por medio de un comunicado firmado por sus 16 coordinadores regionales, la CRAC reconocía el legítimo reclamo de justicia de los pobladores pero enumeraba las diferencias de sus principios con las acciones convocadas por la Upoeg, principalmente en cuanto a funcionamiento y tratamiento de los detenidos.
Pese al deslinde, en los medios de comunicación y en un blog creado a propósito del levantamiento se insistía en señalar que la Policía Comunitaria era parte de los hechos. El 21 de enero, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció que preparaba un decreto por el que la Policía Comunitaria se convertiría en “auxiliar” de los cuerpos de seguridad pública del Estado.
En entrevista anterior con Desinformémonos, Valentín Hernández, asesor jurídico de la Policía Comunitaria, denunció que “la Upoeg está intentando desde hace tiempo frenar el proceso de incorporación de las comunidades de Ayutla de los Libres, con el fin de encaminar el trabajo de la CRAC a los intereses del gobierno del estado”, y señaló que la consecuencia inmediata fue que “el gobierno está militarizando aún más la zona, con más ejército y más Marina en la zona de los Ayutlas. El operativo Guerrero Seguro, destinado para la zona de Acapulco ya funciona también en Ayutla y Teconoapa, con la presencia de las fuerzas federales”.
El 9 de febrero, mientras la CRAC sesionaba en Jolochitán para hacer el nombramiento de los nuevos coordinadores y comandantes regionales, dirigentes de la Upoeg y un grupo de 50 personas tomaron la casa de justicia de la Coordinadora en San Luis Acatlán y declararon su desconocimiento de la asamblea. La organización, encabezada por Cirino Plácido y Bruno Valerio, pretendía que la asamblea se realizara en la comunidad El Rincón, donde es presidente del comisariado de bienes ejidales Apolonio Cruz, “dirigente de la Upoeg en esta región y detractor de los actuales coordinadores regionales de la CRAC”, informa la Coordinadora.
La CRAC recuerda que el 20 de enero fue suspendida una reunión en Cuanacaxtitlán por “la abierta provocación” de personas convocadas por la Upoeg, por lo que, “para prevenir una confrontación con la Upoeg y garantizar el orden”, los coordinadores regionales decidieron que la asamblea se realizara en Jolochitán. Ahí, de acuerdo con el comunicado de la CRAC, llegaron las autoridades necesarias para que la asamblea y sus acuerdos fueran válidos.
Entre los acuerdos resultantes de la asamblea está el rechazo al decreto del gobierno del estado por el que pretende regular a la Policía Comunitaria, “pues lo consideramos violatorio del artículo 2 y 39 constitucionales que han dado sustento a nuestro sistema comunitario, así como del convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”, por lo que convocan a un encuentro estatal en defensa del sistema comunitario de justicia y seguridad para el 17 de febrero. Además, acordaron convocar a una siguiente asamblea regional el 23 de febrero para ratificar los nombramientos de autoridades de las cuatro casas de justicia (San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso) y no participar en la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas –instalada por el gobierno del estado el 4 de febrero- hasta que no sea analizado en asamblea.
La Coordinadora informa que nombró a una comisión para dialogar con los inconformes de la Upoeg, “quienes se mantienen en plan de desconocer todos los acuerdos de la asamblea regional”. También denuncia que integrantes de la Upoeg están difamando a Gelasio Barrera, Pablo Guzmán y Valentín Hernández, integrantes de la CRAC.
Publicado el 11 de febrero de 2013
________________________________________ México: Boletín informativo. La CRAC-PC logra acuerdos con inconformes
por Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria
Miércoles, 13 de Febrero de 2013 15:44

Se estableció el dialogo entre las autoridades comunitarias y agrarias, policías comunitarios y vecinos en general, con una comisión de los inconformes, logrando acuerdos importantes…

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario., a 12 de febrero de 2013.
Al pueblo en general.
A los medio s de comunicación.
Los que suscribimos voceros de la CRAC, informamos lo siguiente:
Luego del conflicto generado por la toma de la casa de justicia de la CRAC por algunas autoridades inconformes con los actuales coordinadores regionales, ocurrida el día 9 de febrero pasado, el día de hoy aproximadamente a las 6 de la tarde, se estableció el dialogo entre las autoridades comunitarias y agrarias, policías comunitarios y vecinos en general, con una comisión de los inconformes, logrando acuerdos importantes:
1. La CRAC recupera la Casa de Justicia y los inconformes permitirán el desarrollo de las actividades de manera normal sin obstruir ninguna de las actividades.
2. Los comisarios municipales de las comunidades de la CRAC, conjuntamente con una comisión de autoridades de los inconformes giraran la convocatoria para la próxima asamblea regional a celebrarse el día 23 de febrero del año en curso, en el auditorio del barrio San Isidro en San Luis Acatlán.
3. Debido a lo ocurrido en algunas comunidades en donde se dio orden de detener a coordinadores y comandantes regionales, se acordó que los comisarios municipales deberán retirar inmediatamente las órdenes de detención.
4. Las representaciones de ambas partes acuerdan no ofenderse, no agredirse ni tomar represalias en contra de los coordinadores y comandantes regionales, asi como de la comisión de inconformes que estará en la Casa de Justicia.
5. La convocatoria para la Asamblea Regional del 23 de febrero próximo, será firmada y distribuida por las representaciones de ambas partes.
6. La asamblea regional del 23 de febrero del año en curso, será para la rendición de informes de los coordinadores y comandantes regionales salientes, asi como para el nombramiento y/o ratificación de los nuevos coordinadores y comandantes regionales en las cuatro casas de justicia comunitarias. (San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso).
Atentamente
“El Respeto a Nuestros Derechos, Sera Justicia”
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria

C. Ignacio Navarro Mosso
C. Nicolás de la Cruz Manzano
Voceros.
________________________________________ Acusan al gobernador de Guerrero de financiar paramilitares

Sergio Ocampo
La Jornada
La Casa de Justicia afirmó en un comunicado que desde las altas esferas del poder planearon construir una organización indígena que abrera las puertas a las mineras de capital extranjero.
La Casa de Justicia de El Paraíso, adherente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), acusó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de financiar a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), con la finalidad de legalizar a los grupos paramilitares que operan en la Costa Chica.
Asimismo, tachó a la Upoeg de grupo paramilitar dirigido por los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio, así como por el sacerdote Mario Campos.
La Casa de Justicia afirmó en un comunicado que desde las altas esferas del poder planearon construir una organización indígena que abrera las puertas a las mineras de capital extranjero.
Sostuvo que la Upoeg es una organización creada, financiada y dirigida por el gobierno estatal. El mismo mandatario da línea al Congreso del estado para concertarle apoyo político y económico; cabildea en el Congreso de la Unión para posicionarla políticamente.
Provocar la militarización
Según la Casa de Justicia, la Upoeg quiere provocar la militarización del territorio comunitario. Además, arremetió contra la creación de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fundada por Aguirre Rivero, y señalamos el peligro de la intención del gobernador de dar legalidad a un grupo paramilitar.
También en un comunicado, la CRAC-Policía Comunitaria rechazó el decreto del gobierno del estado de Guerrero con que pretende regular la Policía Comunitaria, pues lo consideramos violatorio de los artículos 2 y 39 constitucionales, que han dado sustento a nuestro sistema comunitario, así como del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
A su vez, el ex diputado local Raymundo García Gutiérrez dio a conocer que unas 30 personas provenientes de Plan de Gatica, municipio de Ayutla de los Libres, incursionaron en la comunidad Río Azul encabezados por Raymundo Nava Ventura, líder de la Organización de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Autónomo, adherente a la Upoeg, e intentaron sin éxito llevarse a seis ciudadanos, a quienes pretendieron involucrar con la delincuencia organizada.
Mientras, los dirigentes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phá, Cuauhtémoc Ramírez y Obtilia Eugenio Manuel, denunciaron que recibieron amenazas de muerte por escrito.
Fuente: http://desinformemonos.org/2013/02/acusan-a-gobernador-de-guerrero-de-financiar-paramilitares-la-jornada-12-de-febrero/
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Seguridad de papel

 
Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS

Presenta EPN prevención del delito
Alejan en la lucha factores humanos
Involucran a 9 secretarías de Estado
Resurge el sistema presidencialista
Ley de Amparo crea incertidumbre: IP
“No hay camino para la paz, la paz es el camino”.-
Gandhi
Existe un factor importantísimo dentro de los renglones que intentan dar una explicación a la creciente ola de delitos del fuero común, no sólo a los que realiza el ejército con el que ya cuenta la delincuencia organizada y de ésta la considerada como “no oficial”, y es el rencor, la creciente insatisfacción, la comprobación de que lo que les sobra a muchos a otros les falta hasta el mínimo. Los hechos que se denuncian, por hablar de algunos recientes, en Acapulco, son producto de ese rencor. En la zona donde se cometieron las violaciones de mujeres extranjeras, se dice que estos hechos son repetitivos y el lugar es peligroso y existe un porqué. Como suele suceder junto a los grandes edificios de condominios están las casuchas, las zonas miserables y es desde ahí donde unos y otros se contemplan. Los de arriba con desprecio, los de abajo, con rencor.
Este sentimiento no sólo se ha venido acumulando, sino reproduciendo en familias completas. La sola imaginación de lo que siente un empleado de la cocina o de intendencia de un hotel cuando tiene que arrojar a la basura carne, salmón, langostas, camarones, verduras, pollo, cuando en su casa no tienen ni para frijoles, es escalofriante y eso sucede todos los días, y no sólo con ellos sino en todos aquellos que prestan sus servicios en lugares donde la abundancia hace su ofensiva aparición frente a todas las carencias que ellos enfrentan. Y sucede hasta con el baño. En las instalaciones de los sitios en los que laboran están las regaderas y la limpieza personal es requisito indispensable. En sus casas no hay el vital líquido, tienen que esperar por las pipas y pagar por el agua. Obviamente, niños y parejas se bañan de vez en cuando y los olores también despiertan ira.
Es por toda esa gama de pensamientos acompañados de sentimientos que se produce el deseo de venganza y cuando se presentan casos de violaciones, de agresividad en los robos, de crímenes en los cuales no se encuentra el objetivo por el que se cometieron, no puede dejarse de lado la existencia de la venganza a causa del rencor social por las grandes diferencias que existen, que se registran en la sociedad mexicana. No es que la pobreza sea sinónimo de delincuencia, pero ésta ha pasado a convertirse en una miseria ante la que resulta insultante la riqueza que otros por diversas vías acumulan. Si no se toman en cuenta los factores humanos que inciden en las conductas no puede hablarse de estrategias con éxito, ya que se planean sobre papel y para quienes comparten pensamientos que no pueden ser los mismos porque hasta el desayuno de ese día fue diferente.
Así que el anuncio de la instalación de una comisión intersecretarial para la prevención de la violencia no suena sino a otro proyecto mediático del actual gobierno, que se ha visto incapacitado para generar los empleos que se requieren para evitar que sigan jóvenes, adolescentes, adultos, ingresando a las filas de los delincuentes, inscribiéndose en la mafias criminales, arriesgando lo único que les queda, la libertad y la vida, a cambio de unos pesos para encontrar la dignidad de mantener a la familia o contribuir a disminuir la miseria en la que se encuentran. Tienen planeada una estrategia que dicen se aplicará en 50 municipios con “focos rojos”, y se extiende hasta los 251. Lo cierto es que el país está con estos “focos rojos” en una zona mucho más amplia ya que son entidades completas bajo el dominio de los malhechores.
Además de que tal comisión, la crean en rápida respuesta a los grupos de ciudadanos que han decidido tomar la vigilancia, la seguridad en sus propias manos. Lo muy malo de todos estos anuncios es que ponen a Peña Nieto por delante, por lo que el fracaso no recae sobre los de la Segob o la PGR o las secretarías involucradas, sino directamente sobre el titular del Ejecutivo y no hay más para arriba. Aguascalientes fue la Entidad escogida para este anuncio, justamente la gobernada por un alcohólico, la sacudida durante el mandato panista de Reynoso Femat por las mafias del narcotráfico, pero también el lugar donde se derrumbó todo un esquema de producción y maquila, el sitio en el que la agricultura y la ganadería reinaban y con ello el empleo, la capital de los primeros casinos y las ferias, los palenques que dejaron la clandestinidad con la zona aprobación social y los ingresos producidos bajo la mirada siempre complaciente de los gobernadores en turno.
Dijo el mexiquense, instalado en Los Pinos, que “es claro que tenemos que poner especial énfasis en la prevención social porque no sólo podemos seguir empleando mayor sofisticación en el armamento, mayor equipamiento, mayor número de policías, más presencia de las fuerzas armadas del país como única vista, como única forma de combatir a la delincuencia organizada, por eso es que le queremos prestar una mayor atención a la prevención, a corregír lo que estamos viviendo de manera insistente en algunos zonas del país, se trata de revertir los escenarios, pero también de prevenir el futuro”.
O sea el “bla, bla, bla” en toda su expresión, nada que se acerque a las realidades, a los factores humanos y de existencia que inciden en la comisión de la mayoría de los delitos. Involucran a 9 secretarías de Estado, pero no se atreven a hablar de los enriquecimientos de los altos funcionarios que han provocado que dejen de realizarse obras que ayuden, efectivamente, a la convivencia al reducirse los tiempos de transportación con lo cual las familias gozan de mayor tiempo para estar juntos, para poder educar a los hijos, para contar con zonas de entretenimiento, con sitios populares que lleven una carga de aprendizaje, de conocimientos. De eso, nada.
Las acciones planteadas y en las que intervendrán las 9 dependencias se fundamentan en 4 ejes: prevención de la violencia en el ámbito escolar, prevención de adicciones, prevención de la violencia familiar y la detección temprana de problemas conductuales. Todo esto, como señalamos en el primer párrafo, tiene mucho que ver con lo que sucede en el ámbito económico familiar y en la generación de rencores. ¿Van a prevenir la violencia en el ámbito escolar cuando se sabe, está registrado, que son millones de niños que llegan a las aulas con el estómago vacío? ¿A ellos les van a decir que canalicen en actividades productivas la ira que les provoca el hambre? ¿En verdad, van a instalar clínicas para la prevención de adicciones o solamente veremos desfilar numerosos anuncios televisivos diciendo que las drogas perjudican, matan? ¿Cómo le van a hacer para evitar que el jefe o jefa de la familia explote ante la desesperación de no tener para las medicinas de un hijo enfermo o de su pareja en malas situaciones o de sus padres afectados por la hambruna? Y que, ¿van a poner psicólogos a detectar problemas conductuales, van a contratarlos con sus salarios mínimos?
Es aquí donde uno se enfrenta a las crudas realidades y lo que está detrás de la palabrería. Eso sí, por explicaciones y narrativas no paran, Osorio Chong no se detiene, los planes y proyectos de escritorio lo alientan, lo mueven, lo provocan, le dan energía. Hacienda, dice el titular de Segob, va a dar seguimiento a los 118 mil 800 millones de pesos que dicen han destinado para este proyecto y que no se sabe de dónde saldrán porque no estaban contemplados en el presupuesto de Egresos autorizado para este año. Dice que también habrá transparencia y de ello responsabiliza a Luis Videgaray.
A la “chayito” ahumada, le toca desarrollar los programas para los municipios vulnerables, para que salgan de la condición de extrema pobreza y darán capacitación a jóvenes y apoyos a madres solteras. Con estas instrucciones termina por dársele cuerpo a la versión de que solo operará la Sedesol en los municipios de entidades que vivirán procesos electorales intermedios en julio próximo. Nada más. Por lo que toca a la SEP, promoverá el acceso a la educación de calidad ampliando la cobertura y los horarios en zonas vulnerables, además de prevenir la deserción escolar. Eso de los estómagos llenos, de que cuenten los alumnos con los materiales que les eviten la vergüenza de que en su familia no tienen ni para comprarles lápices, hablar de cubrir sus necesidades básicas como el uniforme y los zapatos regalados y generar ambientes cálidos que los lleven a consolidar sus proyectos y ambiciones, nada.
Los de Salud van a tratar las adiciones y promover la calidad en la atención médica, o sea algo que es de su responsabilidad desde siempre y que no cumple. En Economía enfatizan en el desarrollo productivo de regiones que hayan sufrido un proceso de descomposición social y económica a causa de la violencia, así que los queremos ver sustituyendo el ingreso que les genera la siembra de estupefacientes por maíz o plátanos o cualquier otro producto de esos que los llevan, como ha sucedido, a la quiebra por no contar con apoyos ni orientación gubernamental y bancaria. A los del Trabajo, les toca promover el empleo formal y asegurar un ingreso digno, lo cual está por verse cuando es desde esa dependencia donde se han generado cierres de empresas como la de Luz y Fuerza o la de Mexicana de Aviación y donde los contratos colectivos tienen sello y precio.
Al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le toca rescatar los espacios públicos y generar el sentido de pertenencia. ¿Ambas responsabilidades con un mosaico como lo es nuestro país? Ese cuento sí que es más increíble. Finalmente, la Segob va a coordinarlos a todos bajo la premisa dicha por Osorio: •estamos convencidos que el combate y el castigo por sí solos no resuelven el problema”. Ni los anuncios mediáticos y menos aún los proyectos y las órdenes de escritorio y muchísimo menos el engaño, remedian lo que hoy en día se vive, digo yo.

FORTALECEN PRESIDENCIALISMO

Conforme avanza la administración de Enrique Peña Nieto, la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fortalece el sistema presidencialista que imperó en el siglo pasado durante los gobiernos priístas. Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la nueva Ley de Amparo, cuyo dictamen sostiene que los bienes del dominio de la Nación pueden ser recuperados por el Estado mexicano, de manera legal y apropiada, a pesar de la oposición de bancos y empresas como Televisión Azteca, que consideran que se afecta sus intereses, y la negativa del PAN a lastimar al sector privado del país, toda vez que las reformas rechazan la posibilidad de que los concesionarios del sector telecomunicaciones, energéticos, minas, entre otros, puedan acceder a la suspensión de hechos reclamados al iniciar un juicio de amparo.
Esta aprobación ocurrió con un retraso de poco más de un año cuatro meses, pues desde el 4 de octubre de 2011 se debió aprobar esta ley secundaria. El dictamen contiene una reforma integral al juicio de amparo, derivado de la reforma Constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y que debió completarse en octubre de ese año.
Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que se opuso férreamente hasta el final a la aprobación de la nueva legislación, las reformas perjudicarán la inversión y generarán incertidumbre jurídica por impedir que un amplio sector de la iniciativa privada no pueda recurrir a la suspensión por los actos de la autoridad. Los legisladores del PAN consideraron que este es un “asunto delicado”, porque daría un excesivo poder a la autoridad que en ciertas circunstancias pueda detener a alguna empresa y que ésta, por estar dentro del Artículo 27 Constitucional, no pueda promover una suspensión, lo que fue ignorado por los legisladores del PRI, Panal y una parte del PVEM, que ganaron la votación en el pleno. La reserva de los panistas alcanzó solamente 217 votos a favor por 235 votos en contra.
La polémica en el Palacio Legislativo de San Lázaro se centró en el artículo 129, fracciones 11 y 13, que permiten negar a particulares un amparo cuando se trate de bienes de la Nación y se afecte el interés social, lo que para algunos podría afectar a las empresas. La fracción 11 del Artículo 129 señala que ante la intervención de una institución bancaria, no procederá el amparo si se considera una afectación al interés social, mientras que la fracción 13 señala que tampoco procederá en caso de los bienes contenidos en el Artículo 27 Constitucional que se refiere a concesiones y propiedad de aguas y tierras nacionales. Al texto del dictamen aprobado se le agregó que los casinos no reciban amparo cuando se aluda al interés social, a propuesta del PAN.
Para los panistas, que se convirtieron en los defensores de la iniciativa privada en la Cámara baja, la reforma afecta los intereses del sector patronal. Luis Alberto Villarreal, coordinador del PAN, argumentó que “van en contra de la reforma en el artículo 129, pues no quieren dar un poder excesivo a la autoridad” Añadió que así como está el articulado, podrían peligrar empresas al no poder promover una suspensión cuando se trata de explotación de bienes del dominio público, no sólo de comunicaciones. Manifestó estar en contra de que se otorgue un poder supraconstitucional a la autoridad, que le permita con ello tener amordazados o amenazados a los sectores económicos del país.
El también panista, Mario Sánchez Ruiz, destacó que la redacción de la fracción 13 del artículo 129 deja sin protección efectiva a los concesionarios de bienes de dominio directo en todos los casos, cuando hubiera justificación y cuando no la hubiera, y sin que el juez pudiera analizar las particularidades y circunstancias de cada concesionario.
Sostuvo que tal decisión “representa un grave atentado contra el desarrollo económico nacional en materia de concesiones en la explotación y tratamiento de aguas, recolección y disposición de basura, utilización de transportes en general, minas, agua, energía, telecomunicaciones, radio y televisión, etcétera, afectando el crecimiento económico, la competitividad del país, los empleos, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la democracia”.
Para el panista y ex presidente del CCE, la explotación de los bienes de dominio directo como las aguas, los minerales del subsuelo, los hidrocarburos o el espectro radioeléctrico es una cuestión de interés social, “por lo que debemos procurar su explotación uniforme y que no se vea desalentada por falta de certidumbre jurídica o interrumpida por actos indebidos de las autoridades y se reniegue por la ley la tramitación de un juicio de amparo con la garantiría procesal de la suspensión”.
Sin embargo, la reforma aprobada aún con los votos en contra de la llamada “Telebancada”, como el priísta Jorge Mendoza, directivo de TV Azteca, así como los diputados del PVEM, Rubén Acosta, Antonio Cuéllar Estefan, Mónica García de la Fuente, Ana Lilia Garza Cadena, Federico González, Javier Orozco, Carla Alicia Padilla y Tomás Torres moderniza y adecua el juicio de amparo para que su tramitación sea más ágil y oportuna, así como para aumentar su protección, ampliando el ámbito de su tutela, protegiendo intereses legítimos de las personas, así como la posibilidad de que haya declaratorias generales de inconstitucionalidad para un beneficio más generalizado. La reforma aprobada refuerza la facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la atención prioritaria de asuntos que le competen, así como el otorgamiento de atribuciones para resolver más rápido la contradicción de criterios.
Los legisladores del PRD destacaron que la fracción 11 del Artículo 29 “deja a la libre interpretación de la autoridad jurisdiccional dar o no el amparo, por lo que el riesgo no es sólo para las empresas, sino también para los particulares”. No obstante, la mayoría de perredistas apoyaron la reforma en lo general.

DE LOS PASILLOS
La decisión adoptada por Benedicto XVI aún dará mucho de qué hablar y arrojará más dudas y cuestionamientos sobre la conducción y la misma conducta de la Iglesia Católica. Ahora resulta que el Santo Padre tiene un marcapasos que le fue instalado desde hace varios años y cuya batería dejó de trabajar, por lo que se lo sustituyeron hace unos meses. Ese fue uno de los factores por los cuales cuando visitó nuestro país no llegó a la ciudad capital, por las afectaciones de la altura. Ello viene a desmentir la afirmación primera que hicieron los voceros del Vaticano sobre la salud papal. Aunque también hay que considerar la posición de grupos que representan a las víctimas de los abusos de sacerdotes quienes consideran que Ratzinger pudo acabar no con los abusos sexuales a niños por parte de clérigos, ni con la cultura del secreto que fomentó un escándalo aún en marcha, menos aún intentó remediar el daño incalculable infligido a miles de infantes por sacerdotes depredadores. O sea, que se va con cargos muy fuertes en la conciencia que parecerían ser peores que la carga que dice ya no podía enfrentar. Y tal y como sucede cuando en la Iglesia se quedan sin explicaciones y recurren al dogma de fe, resulta que ahora señalan que el Pontífice abandona la escena con “desconcertante dignidad y naturalidad, consciente de que la Barca de Pedro es guiada, sobre todo, por el Espíritu Santo”. No huye, señalan los del diario del Vaticano “L´Osservatore Romano”, de manejos de los que defenderse ni elude responsabilidades”. Creo que no porque si el Espíritu Santo está tan al pendiente, pues fue El quien se equivocó al escoger a quien no iba a poder con el paquete, pese a que desde hace décadas que convive en ese gran palacio, en el que convirtieron la primera piedra de la Iglesia de Jesucristo.
Para darnos una idea del incremento que se registra en la violencia, está el reporte del INEGI, en el que se revela que en el último trimestre del año pasado se registraron 28.9 millones de mexicanos en lo que llaman empleo informal, lo cual representa casi el 60 por ciento de la población ocupada. Esto da sentido a otra información, en la que son los sectores industriales los que denuncian que la venta de productos pirata y de los de contrabando ya llegaron a los 997 mil 447 millones de pesos y si siguen sin crearse fuentes de trabajo estables para el año próximo, hablarán de un billón de pesos. Porque los de la economía informal tienen estos productos a la venta en todos los mercados y tianguis, en las banquetas, entre los autos. El desempleo, según la OCDE, sigue subiendo hasta un 5 por ciento mensual. Sacando cuentas, ahí está el verdadero semillero para los que organizadamente manejan a los delincuentes.
En tanto que los del PRD anuncian una movilización en defensa del petróleo a realizarse en pleno Zócalo capitalino, el ex presidente Vicente Fox va a construir el “Silicón Valley” en su rancho San Cristóbal, donde tiene el centro en el cual contratará a 10 mil ingenieros mexicanos que atenderán a corporaciones de EU, de México y de América Latina, en los renglones dedicados a petróleo y energía, y permanece muy pendiente, nos dicen, de que entregue la Secretaría del Trabajo los resultados de la investigación en la Torre B 2 porque dicen que desde hace 2 años debieron hacer revisiones. Y es que ni unos ni otros olvidan que en la zona de la explosión destruyeron las pruebas de un gran fraude y que también ahí se planeó el golpe que intenta derrocar a Romero Deschamps, lo cual, según don Chente, puede generar desánimo entre los futuros inversionistas en ambas ramas, lo cual llevaría al fracaso su proyecto de venta de “ideas e inteligencia”… Lo invitamos a visitar nuestra página http://www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.
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NOTICIAS DEL MUNDO
Luz verde al área de libre comercio más grande del mundo
Marcelo Justo
BBC Mundo
Hace 2 h 52 min

Una única frase puede cambiar el panorama del comercio internacional, al crear la mayor área de libre comercio del mundo.
“Esta noche estoy anunciando que comenzaremos las negociaciones para un amplio acuerdo comercial con la Unión Europea”.
Esta solitaria frase del discurso del estado de la Unión de Barack Obama puede ser la más importante para el futuro de la economía mundial, al allanar el camino para la creación del área de libre comercio más grande del mundo.
La Unión Europea (EU) es el más importante socio comercial de Estados Unidos: entre ambos representan más de la mitad de la economía mundial.
Las palabras de Obama fueron música para los oídos de la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro británico David Cameron, que han hablado públicamente en favor de un acuerdo comercial.
En su primera reacción al discurso, el primer ministro británico mostró su beneplácito: “Eliminar las barreras comerciales que quedan para asegurar un amplio acuerdo comercial no será fácil y requerirá valentía de ambas partes. Pero un acuerdo será ampliamente beneficioso”, dijo Cameron.
Con un 2013 incierto a la vista y el permanente desafío de Asia en el horizonte, la negociación es un camino abierto para que la economía de los países desarrollados salga del marasmo que siguió al estallido financiero de 2008.
Bill Reinsch, presidente del National Foreign Trade Council de Estados Unidos, un grupo que promueve el libre comercio, señaló que el acuerdo es fundamental para hacer frente al desafío de un nuevo orden global.
“Tanto Europa como Estados Unidos están enfrentando el mismo reto: China. Creo que hay una creciente conciencia de que la mejor manera de combatir este desafío es unirnos”, señaló.
Largo y sinuoso camino
“Tanto Europa como Estados Unidos están enfrentando el mismo reto: China. Creo que hay una creciente consciencia de que la mejor manera de combatir este desafío es unirnos”
Bill Reinsch, presidente de la National Foreign Trade Council de EE.UU.
El potencial es indudablemente inmenso. El comercio entre ambas partes se acerca a los US$3.000 millones diarios. Los aranceles son bajos –un promedio del 3%-, pero su eliminación en un intercambio tan masivo supondría un gigantesco estímulo y un significante ahorro que podría trasladarse al consumo.
No cabe duda de que ambas partes lo necesitan. Mientras Asia, América Latina y Africa tienen una respetable perspectiva de crecimiento para este año, la Unión Europea, con el pantano de la eurozona, el gigantesco endeudamiento y los programas de austeridad en medio, está luchando por evitar la recesión, mientras que Estados Unidos sufrió una contracción en el último trimestre del año pasado y necesita un crecimiento menos esquelético que el actual para recuperar el terreno perdido.
Pero los obstáculos a una zona de libre comercio son también gigantescos. Si el anuncio de Obama fue música para Merkel y Cameron, el sonido fue un poco más disonante para Francia, siempre preocupada por cualquier amenaza a los subsidios agrícolas que se llevan casi el 40% del presupuesto europeo.

Estados Unidos y la Unión Europea se necesitan mutuamente para hacer frente a sus respectivas recesiones y a los nuevos actores internacionales como China o América Latina.
El tema agrícola –que ha complicado la negociación de una Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la UE– no es el único obstáculo.
Una verdadera pesadilla es la armonización regulatoria de la industria automotriz, farmacéutica, alimentaria y del juguete a ambos márgenes del Atlántico.
Esta armonización es tan compleja que no está del todo saldada en el interior de los 27 países que componen la UE.
Un caso que promete largas batallas son los alimentos genéticamente modificados que tienen fuertes trabas en Europa.
El futuro
La brevedad del anuncio de Obama –una sola oración con un infinito potencial– puede deberse a que no había mucho más que decir o a que, según la prensa estadounidense, el grupo de la UE y Estados Unidos que está trabajando sobre el tema solo pudo dar la luz verde el mismo martes, unas pocas horas antes del discurso del presidente.
¿Eliminar las barreras comerciales?
El comercio entre ambas partes se acerca a los US$3.000 millones diarios. Los aranceles son bajos – un promedio del 3%-, pero su eliminación en un intercambio tan masivo supondría un gigantesco estímulo y un significante ahorro que podría trasladarse al consumo.
El grupo ha discutido durante más de un año si las conversaciones avanzarían hacia un acuerdo limitado que cubra simplemente aranceles o abordaría los temas más densos como medio ambiente, agricultura, industria farmacéutica y automotriz.
No hay ninguna garantía de que las negociaciones vayan a llegar a buen puerto. Las alternativas son varias: un fracaso total, un acuerdo limitado a los aranceles, uno más amplio con períodos de adaptación para los distintos sectores, como los que han gobernado otros tratados de libres comercio.
Los pesimistas señalan que tomará años. El modelo Mercosur-UE es un ejemplo de las dificultades. A fines de 1995 ambos firmaron un Acuerdo Marco Interregional (AMI), paso previo a un Tratado de Asociación, basado en el libre comercio, la cooperación y el diálogo político.
Unos 18 años más tarde está claro que persisten barreras al libre comercio, pese a lo cual, mandatarios de ambos lados del Atlántico siguen expresando sus aspiraciones de un acuerdo.
La crisis económica mundial, que puede complicar la negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea, podría también acelerarla, sobre todo cuando el fantasma de la competencia asiática está tocando a la puerta de los países desarrollados.
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La crisis desde Italia

Giorgio Trucchi
Opera Mundi / Alba Sud

La crisis económica que golpea el sur de Europa, y en particular Grecia, Italia y España, tiene también una dimensión social y moral, con ganadores y perdedores. Aquí se analizan las distintas dimensiones, manifestaciones y razones de la crisis en Italia. Una mirada desde abajo.
La Constitución italiana, en vigor desde 1948, declara en sus primeros 12 artículos cuáles son los pilares de la República. Los constituyentes decretaron, en el artículo 1, que Italia es “una República democrática fundada en el trabajo”. A la República corresponde remover los obstáculos de orden económico y social que “impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país” (art.3). También se reconoce a todos los ciudadanos “el derecho al trabajo” y la promoción de “las condiciones que hagan efectivo este derecho” (art.4).
Ante la violenta crisis económica que, a partir de 2008, ha sacudido la península italiana y el resto de Europa, esos Principios Fundamentales quedaron aún más rezagados y prácticamente vacíos de contenido.
Actualmente, la deuda pública italiana ha sobrepasado los 2 mil billones de euros, es decir más del 126% del PIB (Producto Interno Bruto). De 60 millones de habitantes, solamente 23 millones trabajan. Cuatro millones de personas no tienen ocupación, que equivale al 10% de la población economicamente activa, e igual cantidad tiene un trabajo precario que no les garantiza una entrada económica durante todo el año, ni gozan de los derechos laborales mínimos. El 35% de la población desocupada tiene menos de 35 años, y en su mayoría, mujeres.
Los datos publicados por la revista Altreconomia arrojan un total de casi ocho millones de personas desempleadas o con empleos precarios, mal pagados y por tiempo determinado. Además, durante el año 2012, se ha calculado un total de un billón de horas de paro forzoso, que equivale a un promedio de un mil horas para un millón de personas que recibieron solamente el 60% de su salario.
Según el sociólogo y experto en temas laborales, Luciano Gallino, el desempleo es “una herida profunda en la autoestima de una persona y el escándalo más grande para una sociedad”. De acuerdo con Roberto Giudici, coordinador de Organización de la FIOM Milano (Federación de Empleados y Obreros Metalúrgicos), “es una crisis muy extensa, que está golpeando a todos los sectores de la economía italiana, y que tiene sus raíces en el claro predominio del capital financiero sobre el capital productivo, es decir la financiarización de la economía”.
El resultado ha sido dramático y ha llevado al cierre de empresas grandes, medianas y pequeñas, al aumento del desempleo y de la precarización laboral, sobre todo entre los jóvenes. Además, ha demandado nuevos y más profundos sacrificios a la mayoría de las familias italianas. “Lamentablemente, estos sacrificios no están sirviendo para reactivar la economía, la producción y las inversiones, sino para pagar las deudas de los bancos”, afirmó Giudici.
En menos de tres años (2008-2011) la deuda pública europea ha aumentado del 20% y la respuesta ha sido el recorte al estado social. En 2012, el gasto social de los entes locales en Italia tuvo una disminución de hasta el 13%, y los recortes se dieron, sobre todo, en el área de los servicios brindados a la población más desprotegida.
Más allá de la disminución de los recursos, lo que más preocupa a las organizaciones que trabajan en el sector de los servicios sociales es la crisis de un diseño político, basado en el trinomio derechos-welfare-servicios.
Para Don Virginio Colmegna, sacerdote y director de la Fundación Casa della Carità, lo que hay que enfrentar con firmeza es la injusta redistribución de la riqueza que hay en Italia. “El riesgo es que se consolidice la vieja y nueva pobreza alrededor de respuestas de carácter asistencial, sin atacar estructuralmente el profundo vulnus (lesión) que se ha creado, como producto del vacio de la política y el rechazo del capitalismo a redistribuir la riqueza”, dijo.
Explosión del sistema
Para Pietro Raitano , director de Altreconomia , no se trata simplemente de una crisis que refleja un momento particular de la historia económica del mundo, sino de la explosión del sistema mismo. “No sólo una parte del planeta ha vivido y consumido recursos más allá de sus posibilidades reales, sino que el propio sistema financiarizado ha demostrado todos sus límites y su absurdidad”. En este nuevo siglo, estamos viendo Estados que emiten Títulos Valores para salvar a los bancos, y “el peso de ese nuevo endeudamiento lo trasladan a la población, a través de recortes al welfare y la pérdida de derechos”, continúa.
En lugar de invertir en innovación tecnológica para aumentar el valor de la producción, el gran capital nacional ha preferido enfocarse en la reducción del costo de la mano de obra, así como en la fragmentación y atomización de las empresas. Es por eso que, entre los efectos más nefastos de esa crisis, señala Giudici, no solamente está el cese de la relación laboral o la adopción de amortiguadores sociales, sino sobre todo “el ataque despiadado a los que son los derechos históricos de la clase trabajadora”.
“En las últimas décadas y con el gobierno Monti, se ha puesto en contraposición el trabajo con los derechos adquiridos en tantos años de lucha. Hoy en día, en Italia, si quieres trabajar debes renunciar a tus derechos laborales”, asegura el dirigente sindical.
También para el profesor Gallino, las reformas del mercado del trabajo impulsadas a inicio del nuevo siglo se han enfocado en la flexibilización y precarización del empleo, supuestamente para crear más ocupación. “No existe algún estudio empírico que meta en relación la flexibilidad laboral con el aumento del empleo, antes bien, se ha demostrado lo contrario”, explica el catedrático a Altreconomia.
Según datos del OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) el índice de rigidez del empleo en Italia ha disminuido mucho durante la última década, pasando de 3.5 en 2003 a casi 1.8 en 2012, en una escala de 0 a 5, donde el valor máximo (5) significa casi la imposibilidad de despedir.
¿Derechos o desechos?
Entre los derechos laborales históricos que han sido fuertemente afectados por las reformas del trabajo, el coordinador de Organización de la FIOM-CGIL señala una profunda revisión del sistema de pensiones con, entre otros, el aumento de la edad de jubilación, la eliminación de la pensión de vejez y el paso del sistema retributivo al sistema contributivo.
También se derogó, para varios sectores o ramas, el Convenio Colectivo Nacional, se implementaron diferentes instrumentos de flexibilidad y precarización laboral y se reformó el artículo 18del Estatuto de los Trabajadores, que prohibía el despido sin causajustificada.
“En Italia se ha venido impulsando con fuerza la idea de que el trabajo es una mercancía y ya no un derecho. Con estas reformas, se ha perseguido el objetivo de atomizar, dividir y debilitar las organizaciones sindicales, modificando drásticamente las ‘relaciones de fuerza’ entre los trabajadores organizados y el capital”, apuntó Giudici.
Para él, el artículo 1 de la Constitución ya perdió su significado más profundo, porque el trabajo ya está en función de las exigencias del capital. “Italia se ha transformado en una República fundada en el trabajo precario”, dijo.
Una situación extremadamente grave que se inserta en un contexto de país caracterizado por la fuerte concentración de la riqueza, los altos índices de evasión fiscal, corrupción y agotamiento de los recursos naturales, así como la falta de medidas para gravar las transacciones financieras o de pasos firmes para alcanzar tratados internacionales sobre los ‘paraísos fiscales’.
“Hay una crisis ecológica mundial y estamos acabando con los recursos naturales. Sin embargo, seguimos viendo la ‘ganancia’ como motor imprescindible de desarrollo del país. Al endeudamiento financiero estamos respondiendo con el endeudamiento ecológico, es decir, con más política del cemento y la postergación de sus efectos desastrosos. La crisis no es solamente económica, sino moral y de falta de legitimidad y representatividad de la clase política tradicional”, analizó Raitano.
Para Colmegna, es imprescindible enfocarse en los que son los derechos de ciudadanía y un estado social (welfare) más justo, incluyendo necesariamente en el debate político la relación entre ética y financia, para así definir los pilares de la economía del futuro. “Necesitamos de una cultura antropológica económica que se mida con el futuro. Para hacerlo, necesitamos de una visión que acabe con el individualismo exasperado del capitalismo y el individualismo orgiástico del berlusconismo, que produjo una laceración de carácter ético enorme”, aseveró el director de Casa della Carità.
¿Una crisis eludible?
En su libro La lucha de clase después de la lucha de clase, Luciano Gallino asegura que la lucha de clase hoy es una lucha emprendida desde arriba, desde el gran capital que nunca ha abandonado su lucha ideológica. Ahora, quiere recuperar los privilegios y el poder que había perdido durante las décadas pasadas, producto de la lucha del movimiento obrero.
En este sentido, la crisis que se está viviendo, no sólo en Italia sino en toda Europa, es el resultado de una ideología muy bien definida que el capital ha impuesto en las últimas décadas, cuyos impactos eran previsibles.
Una clase dominante, asegura Gallino, que es la expresión de un poder político y económico que dice al 90% de la población qué es lo que debe hacer. “Aquí no es el sistema que está en crisis, sino que es el mismo sistema capitalista-neoliberal que precisa de la crisis para mantenerse y renovarse”, subrayó el director de Altreconomia. Según él, el problema es salir de la crisis eliminando un sistema que no funciona, y en el cual “los ricos han mantenido o aumentado su riqueza, los evasores siguen evadiendo los impuestos, mientras que los trabajadores y sus familias se hunden en la pobreza”.
Un plan que para Giudici se basa en ‘recetas’ que ya fueron experimentadas ‘exitosamente’. “Las políticas de precarización y tercerización laboral que se han impulsado en América Latina, por ejemplo, son las mismas que ahora se están implementando en Europa y que nos están llevando hacia el abismo”, dijo Giudici.
Para el dirigente sindical de la FIOM es necesario no sólo volver a impulsar una democratización de los procesos y de las actividades productivas, sino sobre todo “retomar la autonomía de análisis de la situaciós y reactivar las relaciones con el mundo, tomando en cuenta la dimensión más global de este fenómeno”.
La respuesta pasa también por una toma de conciencia de lo que de verdad está ocurriendo, impulsando un consumo que apunte a la sostenibilidad ambiental, económica, a la solidaridad entre consumidores, volviendo a la modalidad cooperativa, cuyo objetivo no es el lucro sino dar trabajo a todos, garantizando el bienestar de sus socios. “Es a través de la decisión de cada día que podemos comenzar a cambiar este modelo. Debemos analizar y hablar de lo que está ocurriendo, porque el silencio ayuda a que estas doctrinas nefastas tengan éxito”, concluyó Raitano.
JÓVENES, MUJERES E INMIGRANTES SON LAS PRICIPALES VÍCTIMAS DE LA CRISIS
Después de la caída de Berlusconi, Monti hizo una reforma drástica del mercado laboral y del sistema de pensiones. Dario Anzani es educador de la Cooperativa Social “Comunità del Giambellino”. Tiene más de 20 años de trabajar por las calles del barrio Giambellino, una de las zonas históricamente más conflictivas de Milán, ciudad que, hace algunas décadas, se jactaba de ser la capital económica e industrial de Italia. “La crisis económica está golpeando duro y los principales afectados son los y las jóvenes”, dijo.
Para Cristina Tajani, concejal del Ayuntamiento de Milán para la política laboral y el desarrollo económico, los datos sobre el desempleo en esta ciudad, aunque en niveles inferiores a la tendencia nacional (10%), siguen siendo alarmantes, situándose en un 6%. Tajani es la más joven concejal (34 años) de la Junta municipal encabezada por el alcalde izquierdista Giuliano Pisapia, quien, en mayo de 2011, puso fin a veinte años de ‘berlusconismo’ en esta ciudad. También para ella, la situación del empleo juvenil necesita de acciones urgentes.
“Aunque registramos una leve disminución en los últimos dos años y quedamos muy lejos del promedio nacional (35%), la tasa de desempleo juvenil (entre 15 y 24 años) en Milán aún supera el 20%”, explicó a Opera Mundi . La concejal advierte que, en medio de la crisis, la mujer es la que más está sufriendo la caída de la ocupación, “en un mercado laboral que se ha vuelto más flexible y precario como nunca antes se había visto, y que difícilmente tutela la maternidad”. Una situación que, para Anzani, tiene mucho que ver con la evolución de una crisis económico-financiera, que en las últimas dos décadas se ha mezclado con el deterioro significativo y acelerado de los valores , en todos los estamentos del tejido social . “El modelo individualista de Berlusconi fue como un terremoto. Un modelo que ha contribuido de manera determinante a la modificación del tejido social italiano”, aseguró.
Durante los últimos 20 años trabajando en la educación de calle, Anzani dijo haber asistido a una modificación brutal del territorio. “Años atrás, grupo de jóvenes se encontraban en cada parque o rincón de la ciudad, relacionándose con su propia historia y lenguaje. Nosotros interveníamos para reconocer cuáles eran las dinámicas de cada grupo y ayudar con la evolución positiva de dichas dinámicas y el desarrollo de valores compartidos”, manifiestó. Hoy en día, esto ya no es posible. Los grupos prácticamente han desaparecido y los pocos que quedan se han transformado en “un conjunto de sujetos que solamente comparten el consumo de sustancias ilegales. La sociabilidad juvenil ya no existe”, explicó Anzani.
Según él, esta situación es producto no sólo del advinimiento de las nuevas tecnologías y la comunicación virtual, sino sobre todo “ese manto deindiferenciae intolerancia que se respira, como producto de un modelo individualista que ha fragmentado la sociedad. Es una crisis que necesita de una respuesta amplia y coordinada, que vuelva a posicionar la importancia del gasto público y de las relaciones sociales”, concluyó Tajani, recordando los esfuerzos que el Ayuntamiento de Milán está haciendo a través de varios ‘paquetes de medidas anticrisis’, como la asistencia directa a las personas, los incentivos a las empresas para reactivar la ocupación y el apoyo para la creación de nuevas empresas (start-up), con un claro enfoque juvenil.
“Exodados”
Lutz Kühn es alemán, tiene 60 años, los últimos 26 pasados en Italia, donde ha trabajado como ingeniero electrónico en el sector de la telefonía. En 1993, comenzó a trabajar para la empresa alemana Siemens, la cual, en 2005, creó una joint-venture con Nokia. En 2008 la empresa de capital alemán-finlandés tomó la decisión de reducir las actividades y anunció un excedente de personal. A Lutz – como a muchos de sus colegas – le faltaban solo seis años para su jubilación (2014) y le ofrecieron un “incentivo para el éxodo”.
A cambio de la renuncia inmediata y definitiva al puesto de trabajo, la empresa le garantizaba 3 años de “movilidad” (2009-2011), durante los cuales recibiría un salario reducido (80%), más el pago, en una sóla cuota, del equivalente a las 36 mensualidades que aún faltaban para llegar a su jubilación (2012-2014).
Después de la caída del gobierno Berlusconi en 2011, el gobierno técnico de Mario Monti y su ministra de Trabajo, Elsa Fornero, impulsaron una drástica reforma laboral y del sistema de pensiones. Eliminaron la pensión de vejez [1], elevaron de forma progresiva la edad de jubilación y pasaron del sistema retributivo al sistema contributivo, dejando a miles de trabajadores y trabajadoras, que habían aceptado el plan de incentivo para el éxodo, sin los medios mínimos para sobrevivir.
“En mi caso, la reforma impulsada por la ahora ex ministro Fornero extendió mi edad de jubilación hasta el año 2019, es decir, cinco años más, durante los cuales no voy a tener ni salario, ni pensión”, afirmó Kühn.
Según datos del INPS (Instituto Nacional de Previsión Social), serían no menos de 390 mil los ex trabajadores y trabajadoras en esta situación. Hasta el momento, los programas del dimisionario gobierno Monti prevén medidas alternativas a la reforma solamente para 130 mil personas. Nadie al momento sabe qué pasará con los otros 250 mil trabajadores exodados y sus familias.
“Afortunadamente, yo vivo solo, tengo mi casa y algunas pequeñas inversiones. Voy a poder aguantar esta situación hasta mi jubilación, pero hay muchas personas que están desesperadas y no sabe qué hacer”, explicó Kühn.
Pero él no se ha quedado de brazos cruzados y, junto con la CGIL Milano (Confederación General Italiana del Trabajo), se ha involucrado en el movimiento de protesta. “Lo que han hecho no es humanamente justo, porque no pueden cambiar las reglas del juego sin tomar en cuenta las consecuencias, dejando a centenares de miles de personas en una situación muy difícil”.
Es por eso que en la sede central de la CGIL en Milán se ha abierto un espacio para esos trabajadores. “Todos los martes escuchamos a la gente, le damos orientación y consejos, tratamos de responder a sus inquietudes. Están preocupados, no saben como van a poder seguir pagando sus deudas e hipotecas, quieren saber si están a salvo o si quedaron atrapados en el bolsón de losexodados”, continuó el alemán.
Según él, es muy importante que la gente se reapropie de su dignidad de trabajador y de ciudadano. “El gobierno saliente habla de ‘salvar’ a las personas, pero no debemos olvidar que nos están quitando un derecho adquirido. No nos están dando ninguna limosna, ni queremos ser salvados, simplemente exigimos nuestros derechos”, concluyó.
Últimos de los últimos
Paolo Oddi es abogado inmigracionista y miembro de la Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración. No tiene la menor duda de que los que más están pagando esta crisis son los sectores más desprotegidos, entre ellos, los inmigrantes, aún más si son irregulares o ilegales.
Durante las últimas dos décadas, Italia ha adoptado una política inmigratoria marcadamente prohibicionista, y uno de sus efectos ha sido la imposibilidad de regularizar el estado migratorio para centenares de miles de ciudadanos extracomunitarios (no perteneciente a la Unión Europea). “Esa situación los ha llevado a buscar trabajos precarios y subpagados, expuestos al chantaje de los empleadores y a la amenaza de ser detenidos y expulsados”, contó Oddi.
El mercado laboral, en plena crisis, ha aprovechado de esta gran cantidad de mano de obra, engrosando los bolsones de ‘trabajo en negro’ y de pobreza. La precarización laboral ha ido creciendo a la par de la precarización de los derechos de los inmigrantes, y las políticas represivas han conllevado una mayor invisibilización de estos sujetos sin derechos.
Pese a que recientemente la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de algunos de los aspectos más nefastos de la Ley 189 de Regulación de la Inmigración (conocida como Ley Bossi-Fini) – entre otros, el ‘delito de clandestinidad’ y la ‘ilegalidad migratoria’ como agravante de la pena – la pérdida del trabajo, hasta para un inmigrante regular, “hunde a las personas en una espiral de chantajeabilidad y debilidad, y esto pese a que los inmigrantes constituyen una fuerza vital y un recurso extraordinario para el país”, aseveró el abogado inmigracionista.
El Centro de Identificación y Expulsión (CIE)
“El CIE o ex CPT (Centro de Estancia Temporal) es la abominación y una violación a los derechos fundamentales”, sentenció Oddi. Con la Directiva del Retorno de la Unión Europa (2008), que en Italia entró en vigor en 2011, de hecho se uniformaron las políticas de expulsión de inmigrantes de todos los países miembros. Con ella, se determinó una detención administrativa no superior a 18 meses, de personas extracomunitarias que no podían ser expulsadas de otra forma. “En Italia hemos sido incapaces de crear condiciones civiles para la detención de estas personas”, dijo el abogado.
En efecto, no sólo no hay claridad sobre los derechos de las personas recluidas, ni sobre la reglamentación de los procedimientos de reclusión, sino que tampoco hay personas encargadas de la dirección de estos Centros, ni una instancia judicial que vigile sobre lo que ahí ocurre. “Son verdaderas cárceles, una especie de Guantánamo donde las personas viven en condiciones infrahumanas, y donde reina el caos y la casualidad. Ahí se mezclan criminales que han cometido varios delitos, con personas que simplemente han perdido el trabajo y no pueden renovar su permiso de estancia en el país”, explicó Oddi.
Muchas veces, cuando logran salvarse del proceso de expulsión, los inmigrantes se mezclan con los sectores más pobres de la población italiana y con los ‘nuevos pobres’ de la crisis.
Casa della Carità
La Casa della Carità (Casa de la Caridad) es una fundación cuya sede central surge en las afueras de Milán y desarrolla sus actividades con el apoyo del Arzobispado y el Ayuntamiento. Su objetivo es tutelar y velar por los derechos de las personas que se aproximan a la estructura residencial y crear nuevos caminos para la autonomía, así como concientizar a las instituciones y a los ciudadanos acerca de los derechos de ciudadanía.
Cada año, ofrece hospitalidad a más de 300 personas y varios servicios a miles de ciudadanos en dificultad. En su 10 años de existencia, la Casa ha atendido las necesidades urgentes de personas provenientes de 90 países en el mundo.
Emanuela “Tea” Geromini es trabajadora social y hace siete años comenzó a trabajar con la Casa della Carità. Ella explica que el Centro de Escucha, donde desempeña su actividad laboral, ha registrado, entre 2009 y 2012, un aumento significativo de las demandas, sobre todo de parte de ciudadanos extranjeros. “Hay mucha más gente que llega a buscar apoyo y que vive situaciones extremadamente difíciles. Las solicitudes de trabajo, por ejemplo, se han sextuplicado y esto nos indica que el trabajo se ha convertido en una prioridad”.
También hubo un aumento sustancial del número de familias desahuciadas. “Pierden el trabajo y no pueden seguir pagando la hipoteca, quedando así expuestas al desahucio. Muchas veces, esta situación genera formas diversas de trastorno mental, aumentando la carga de sufrimientoque ya los agobia”, continuó la trabajadora social.
En el caso de los extranjeros, esta situación comporta la pérdida del permiso de estancia en el país. “Personas que quizás tienen hasta diez o veinte años de vivir legalmente en Italia, se encuentran de repente sufriendo una condición de clandestinidad, expuestos a la precariedad y hasta a la detención y la expulsión”, dijo Geromini.
En el caso de las mujeres, hay una verdadera pérdida de identidad. “Quedan atrapadas en una doble ausencia: de su país de origen y de Italia, donde, con muchas dificultades, habían adquirido un estatus, una razón de ser”.
Geromini advierte también del peligro de un recrudecimiento del racismoy de nuevas formas de discriminación racial. “La crisis y la necesidad de encontrar a quien culpar de todas sus desgracias acentúan la intolerancia hacia los extranjeros. Una guerra entre pobres donde solamente hay perdedores”.
“LA ECONOMÍADEL LADRILLO”: ITALIA INVIERTE EN GRANDES OBRAS A PESAR DE LA RECESIÓN
Un ejemplo es la construcción del TAV (Tren de Alta Velocidad), casi 240 kilómetros de la ruta ferroviaria Turín-Lyón.
Al llegar al pequeño poblado de Giaglione, en el Alto Valle de Susa, al noroeste de Italia, el cielo plomizo y cargado de agua no parece ser motivo de preocupación. Una multitud se ha reconcentrado en un vasto estacionamiento, localizado en las inmediaciones de un pequeño camino que se pierde entre las montañas, y se apresta a emprender una nueva marcha.
Hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, ancianos, varios de ellos y ellas con banderas y mantas que reproducen el logo del Movimiento NO TAV. Megáfonos y altoparlantes difunden música entremezclada con consignas, bajo una llovizna fina y ligera que, poco a poco, va creciendo de intensidad.
La marcha pacífica inicia y, después de varios kilómetros bajo una intensa lluvia, consigue llegar hasta las redes metálicas y el alambre de púas que cercan el lugar de las excavaciones.
Miles de personas se acercan a la zona de la Maddalena de Chiomonte, dispersándose debajo de los altos arboles que han sobrevivido a las retroexcavadoras que han hecho estragos del bosque de abedul. Debajo de sus paraguas, gritan su rechazo y, al unísono, golpean con piedras la estructura metálica, detrás de la cual se entrevén los uniformes de militares y policías que resguardan uno de los megaproyectos más polémicos de las últimas décadas.
El primer estudio de factibilidad sobre los casi 240 kilómetros de la ruta ferroviaria Turín-Lyon, para la implementación del TAV (Tren de Alta Velocidad) tiene más de 20 años (1991). El proyecto de esta línea ferroviaria trasfronteriza entre Italia y Francia prevé también un maxi túnel de 57 km (12.5 km en territorio italiano).
El costo previsto para la realización de la Fase 1 de la obra, es decir la parte transfronteriza, es de 8.5 billones de euros, de los cuales Italia tendrá que garantizar 2.7 billones, ya que el acuerdo prevé una repartición de gastos entre la Unión Europea (40%), Francia (42.1%) e Italia (57.9%). El costo total podría sobrepasar los 25 billones de euros y nadie, al momento, sabe decir de dónde saldrá esta cantidad que equivale a casi el 1.6% del PIB (Producto Interno Bruto) italiano.
Según los planes de la Unión Europea, la línea Turín-Lyon será parte del megaproyecto “Prioritario 6”, que se propone unir esa ciudad francés con la frontera de Ucrania en el marco de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), un conjunto planificado de redes de transporte pensadas para facilitar la comunicación de personas y mercancías a lo largo de toda la Unión Europea. Las obras se extenderían más allá del año 2030, con un costo total que ronda los 230 billones de euros.
Lo que las maquinas están excavando en la Maddalena de Chiomonte es una galería exploratoria de casi 8 km para llevar a cabo estudios geognósticos. El costo sobrepasa los 145 millones de euros y, para proteger el inicio de esta inversión público-privada ante las incesantes protestas, la zona ha sido totalmente cercada y militarizada.
También en ese caso, el costo de la seguridad de la inversión corre por cuenta del Estado, es decir de los mismos ciudadanos que sufren la crisis económica y a los cuales se les exigen sacrificios para sanar la deuda pública.
“Una vez más estamos aquí, como siempre lo hemos hecho en los últimos años. En el Valle de Susa nos estamos jugando el futuro, y nuestra lucha ya es un símbolo de esperanza para todos aquellos y aquellas que creen que un mundo diferente es posible. Les agradezco por todo el apoyo que me han dado en estos meses tan difíciles. No nos van a detener nunca”, dijo Luca Abbà ante la multitud.

En febrero de 2012, Abbà, figura histórica del Movimiento NO TAV, se había subido a una torre de alta tensión para protestar contra el levantamiento de las vallas metálicas y denunciar el desalojo violento de centenares de activistas. Mientras unos policías subían a la torre para apresarlo, Abbà fue alcanzado por una descarga eléctrica y cayó al suelo desde una altura de 10 metros, sufriendo fracturas graves y quemaduras en todo el cuerpo.
“Economía del ladrillo”
El movimiento NO TAV, dicen los integrantes de los Comités que han surgido a lo largo de todo el territorio nacional, lucha en defensa de los bienes comunes, rechazando su mercantilización. De la misma forma, se opone a un modelo que pretende dar respuesta a la crisis económica a través de la implementación y profundización de una “economía del ladrillo”, basada en la construcción de infraestructuras y grandes obras.
En aras de fomentar un supuesto mayor crecimiento económico, estabilizar los índices macroeconómicos, mostrar un aumento, aunque mínimo, del PIB (Producto Interno Bruto) y, sobre todo, invertir los excedentes financieros, en Italia, a través de la ‘ideología’ de las grandes obras, se pierden 244 mil hectáreas de territorio cada año, es decir 688 hectáreas diario.
“El TAV no tiene sentido. Ya existe una línea Turín-Lyon que está subutilizada y que registra una disminución constante del tráfico ferroviario. Además, nunca va a ser sostenible económicamente y los impactos ambientales van a ser desastrosos”, dice el periodista económico Roberto Cuda a Opera Mundi, citando datos del estudio realizado por la Comision Técnica de la Comunidad Montana del Valle de Susa y Valle Sangone, junto con varios expertos externos.
Contra el proyecto, que ha sido repetidamente modificado en el trascurso de las últimas dos décadas, se ha movilizado un abanico muy amplio de sectores, que involucran no solamente los diferentes Comités de ciudadanos de los valles afectados, sino también la inmensa mayoría de Ayuntamientos de la zona y un sinnúmero de organizaciones radicadas en todo el territorio nacional.
“El Movimiento NO TAV es muy diverso, incluyente e intergeneracional. Ha crecido, se ha extendido geográficamente y hasta se ha solidarizado e intercambiado experiencias con otros movimientos y frentes de lucha. Pese a la criminalización de la lucha y a la violenta represión, las movilizaciones han sido masivas, constantes y no se van a detener”, puntualizó Cuda.
Según el periodista, la gente ya está cansada y no tolera más el abuso y derroche de los recursos públicos, Además, está tomando conciencia acerca de que no se puede seguir depredando el territorio. “Existe una creciente demanda de mejor calidad de viday de sustentabilidad ambiental que ha motivado y sigue fortaleciendo al movimiento”, afirma.
Pese a esta situación, el aparato político y económico del país no parece estar dispuesto a ceder. La maniobra financiera,bautizada por el ex primer ministro Mario Monti de “Salva Italia”, impuso un reajuste presupuestario de 30 billones de euros, que costó a cada familia italiana un promedio de 635 euros de más en impuestos. Sin embargo, mantuvo el financiamiento de 2.2 billones de euros para la línea de alta velocidad.
“El TAV se ha vuelto algo simbólico. Ceder ante la presión popular pondría en riesgo la misma ideología de las grandes obras, alentando la protesta contra otros proyectos”, concluyó Cuda.
Para Eugenio Cantore y Bruno Teghille, activistas del Comité NO TAV de Sant’Ambrogio, el Movimiento no va a ceder. “Están devastando nuestro territorio, afectando nuestra salud, atacando nuestra economía. Es una obra que no tiene ningún sentido y que nunca se llevará a cabo. Vamos a continuar la lucha pese a la militarización y a la criminalización”, aseguran.
Teghille evidencia también los grandes intereses que estarían detrás de esa, como de muchas otras grandes obras. “A los lobbies financieros no interesa la utilidad colectiva, sino el lucro personal. Y la política ha jugado un papel vergonzoso e indigno”.
Pese a la fuerte lluvia y a los fuertes chorros de agua lanzados por camiones de la policía, una joven activista señala a todos los presentes la grande fuerza moral que caracteriza la lucha del Movimiento NO TAV. “Ellos tienen las retroexcavadoras, las maquinas perforadoras, los blindados, las armas y las prisiones, pero nosotros tenemos nuestra lucha para garantizar un futuro digno. Tenemos nuestra voluntad, nuestra esperanza y alegría”, concluyó.
Más cemento
En el marco de las grandes obras, en Italia está prevista la construcción de 33 nuevas autopistas, es decir, dos mil kilómetros más de una red vehicular que ya es entre las más grandes de Europa.
Sólo en la región Lombardía, en el norte de Italia, pretenden realizar ocho nuevas autopistas (400 km), con un aumento del 80% de la actual red vehícular. Entre ellas, destacan los proyectos de la Pedimontana, la Brebemi (Brescia-Bergamo-Milano) y la TEM (Tangenziale Esterna Milano), con un costo no inferior a los 10 billones euros.
Pese a que en Italia el mercado del auto está en crisis, con una reducción de las ventas del 20% durante el 2012 y con una pérdida de facturación de 7 billones de euros, y el precio de los combustibles sigue creciendo, el sector público-privado prefiere perseguir el espejismo de las grandes obras.
“En vez de potenciar y mejorar los servicios de transporte existentes, como por ejemplo, las líneas ferroviarias que a diario trasladan a miles de trabajadores hacia los lugares de trabajo, continúan invirtiendo dinero público en obras que nadie va a financiar y que, con mucha probabilidad, nunca serán concluidas”, reitera Cuda.
Según el periodista, en Italia es imprescindible forjar una nueva política nacional de transporte, reduciendo la movilidad y facilitando el acceso de los ciudadanos al trabajo, al estudio y a los servicios en general, mediante diversos modos de transporte. “Es preciso romper esta colusión de la política con la industria y los negocios. Sólo así podrán cambiar las cosas, dejando de promover obras que no solamente son inútiles, sino que son fuertemente dañinas para la sociedad y el futuro del país”, concluyó.
Notas: [1] La pensión de vejez equivale a un pequeño subsidio para quienes no han cotizado, o no lo suficiente, para recibir una pensión completa. Artículos publicados originalmente en portugués en el diario brasileño Opera Mundi en febrero de 2013.

PUEBLOS EN RESISTENCIA
El blog de Giorgio Trucchi
Sobre acumulación de capital y derechos humanos
Reside en Nicaragua desde 1998 donde inició su colaboración periodística con la Asociación Italia-Nicaragua. Ha colaborado como freelance para Radio Popolare Network, Radio Onda d’Urto y ha publicado varios reportajes para el periódico Liberazione. Actualmente se desempeña como corresponsal en Centroamérica para el Sistema Informativo de la Regional Latinoamericana de la UITA (SIREL) y colabora con el periódico digital Opera Mundi de Sao Paulo de Brasil, ALBA SUD y Kaos en la Red. En este blog, hecho desde Centroamérica, hablamos de derechos humanos violados, luchas campesinas por el acceso a la tierra y a una vida digna, procesos emancipativos del los pueblos ante un modelo económico depredador, impulsado por el gran capital nacional y transnacional.

Fuente: http://www.albasud.org/blog/es/386/la-crisis-desde-italia
________________________________________ Cinco españoles se suicidan en menos de una semana por desahucios

Se estima que el 32 por ciento de los suicidios en España se originan en problemas económicos, según lo que especificó el Congreso Nacional de Psiquiatría del país (Foto:Archivo).
La quinta persona que lo hizo fue un hombre de 55 años que se ahorcó este miércoles antes de ser desalojado por la policía. Tras las presiones de la población el partido de Gobierno, que ostenta la mayoría en el Senado, accedió a discutir una norma sobre la dación de pagos hipotecarios.
Un hombre de 55 años se ahorcó este miércoles en Alicante, España, antes de ser desalojado por la policía de su casa por el impago de su hipoteca bancaria. Con esta muerte, son cinco los españoles que se quitan la vida por este motivo en menos de una semana, la cifra más grande desde que comenzó la crisis en el país.
El hombre fue hallado sin vida por la policía nacional de Alicante cuando con la Comisión del servicio común de Notificaciones y Embargos hacían efectiva la orden de desahucio que pesaba en su contra por un impago de 32 mil dólares.
La víspera, una pareja de jubilados se quitó la vida con una ingesta masiva de medicamentos ante el anuncio de que iban a ser desalojados de su vivienda, según precisaron en una carta encontrada por el hijo de la pareja.
El anterior había sido un hombre en el país Vasco, quien también dejó una nota a sus hijos donde les decía que se quitaba la vida ante el desahucio y su penuria económica, de acuerdo a lo informado por la plataforma Stop Desahucios.
La quinta víctima de las leyes hipotecarias en España fue un obrero que se arrojó al vacío desde una construcción ante la imposibilidad de pagar las cuotas impuestas por el banco y el inminente desalojo de su vivienda.
Según Stop Desahucios, esta ola de suicidios “están aparejados a la crisis y a una falta de responsabilidad por parte del Gobierno y de las Administraciones. No se están tomando las medidas necesarias para que la situación económica no repercuta siempre sobre quienes menos tienen”.
La organización prefiere denominar a estos suicidios como “asesinatos ya que quien puede evitarlos, el gobierno, no está haciendo nada para impedirlos”. La plataforma estima que en España pueden haber unos nueve suicidios diarios relacionados a la crisis económicas.
Según la ley española cuando una persona deja de cumplir con el pago de su hipoteca, el banco procede a ejecutar un desahucio y se queda con el inmueble, sin que esto implique el finiquito de la deuda. Es decir, el ciudadano pierde su casa y tiene que continuar pagando al banco las cuotas y los intereses impuestos al momento de otorgarle el crédito hipotecario.
Stop Desahucios consiguió que el Congreso español aceptara tratar una norma que “frenaría los desalojos y establecería un carácter retroactivo de la dación (del inmueble) en pago como mecanismo para saldar las deudas hipotecarias”. La iniciativa fue respaldada por un millón y medio de firmas y tuvo la resistencia del Partido Popular (PP), fuerza que gobierna al país, hasta último momento.
Esta sería la segunda vez que se toma una medida sobre el tema ante una ola de sucidios. La última había ocurrido el año pasado cuando el gobierno de Mariano Rajoy suspendió por dos años los desalojos para una parte de los 400 mil afectados por la ola de desahucios originados en la explosión de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, este decreto de ley no contempló a todos los afectados, razón por la cual las órdenes de desahucio continúan llegando a los cada vez más desesperados ciudadanos.
La medida abarca sólo a quienes no superen en tres veces el nivel de renta de 715 dólares al mes y cuya cuota hipotecaria sobrepase el 50 por ciento de los ingresos netos. También están contemplados las familias numerosas o con menores de tres años, madres o padres con dos hijos menores a su cargo, personas con incapacidades para trabajar, y desempleadas que hayan sido víctimas de violencia de género, pero no los jubilados.
Por otro lado, se estima que 400 mil familias españolas han sido expulsadas de sus hogares desde que comenzó la crisis. Según especificó Congreso Nacional de Psiquiatría del país, el 32 por ciento de los suicidios en el país se dan por problemas económicos.
teleSUR-publico-lavanguardia-20minutos/bs – FC
________________________________________ Estados Unidos retirará 34.000 soldados de Afganistán
En lo referente a Afganistán, Obama anunció su plan de poner fin a la guerra más larga en la historia de Estados Unidos al retirar alrededor de la mitad de las fuerzas estadounidenses del país para fines de este año.
El Presidente Obama declaró: “En la primavera nuestras fuerzas pasarán a desempeñar funciones de apoyo, mientras que las fuerzas de seguridad afganas asumirán el mando. Esta noche puedo anunciar que en el transcurso del próximo año, 34.000 soldados estadounidenses regresarán de Afganistán. Esta reducción continuará y para fines del próximo año nuestra guerra en Afganistán habrá terminado”.
Mueren diez civiles afganos en ataque estadounidense
El anuncio sobre el retiro de soldados tuvo lugar al tiempo que diez civiles murieron en un ataque aéreo estadounidense en Afganistán. El ataque fue lanzado contra lo que las fuerzas de ocupación de la OTANafirmaron que se sospechaba era un escondite del Talibán en la provincia de Kunar. La mayoría de los muertos eran mujeres y niños.
________________________________________ “No más Papa”: 8 activistas feministas festejan semidesnudas en catedral de Notre Dame
por Kaos. Mujeres, géneros y luchas LGBTTI
Martes, 12 de Febrero de 2013 17:18

Ocho mujeres activistas feministas celebraron esta mañana con sus torsos desnudos en la iglesia de Notre Dame, en París, “el adiós del papa” Benedicto XVI, quien anunció ayer su renuncia.
El grupo de mujeres, perteneciente a la organización Feme, se mezcló primero entre la gente cubriéndose con largos tapados, pero cerca de las nuevas campanas expuestas en la nave del templo, se quitaron los abrigos y quedaron semidesnudas. En sus cuerpos llevaban escritas frases como “No homofobia”, “Crisis de la fe” y “Bye bye Benedicto!”
Con trozos de madera que habían llevado ex profeso comenzaron a hacer percutir las campanas gritando “Pope no more” (No más Papa), informó la agencia de noticias Ansa.
Numerosos visitantes de la iglesia manifestaron fastidio y consternación y las invitaron a cubrirse, por lo que poco después intervino el servicio de seguridad del templo y las obligó a retirarse.
Hace algún tiempo miembros de Femen se presentaron mostrando los senos en la Plaza San Pedro del Vaticano mientras Benedicto XVI recitaba el Angelus.
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Las mujeres, que entraron en medio de decenas de turistas, vestían largos abrigos, que se quitaron cerca de tres de las nueve campanas colocadas de manera provisional en la gran nave de la catedral.
Las feministas repicaron las campanas con pedazos de madera, al tiempo que gritaban en inglés “Pope no more” (“No más papa”).
En los pechos y en la espalda, habían escrito con plumón consignas como “No homofobia”, “Crisis de la fe” y “Bye bye Benedicto!”.
Visitantes de la catedral expresaron su consternación. La catedral “es sagrada, ustedes no deben desnudarse aquí”, les dijo una turista francesa.
Las mujeres fueron evacuadas ‘manu militari’ del edificio por el servicio de orden de Notre Dame, y permanecieron una decena de minutos frente a la catedral, lanzando consignas.
Este grupo de feministas son conocidas desde 2010 por sus acciones “topless” (senos al aire) en Rusia, Ucrania y el Reino Unido.
Recientemente se manifestaron en la plaza San Pedro de Roma, mientras el papa recitaba el Angelus.
Recientemente se manifestaron en la plaza San Pedro de Roma, mientras el papa recitaba el Angelus.
________________________________________ ¿Te parece que estemos ante un gobierno revolucionario?
miércoles 13 de febrero de 2013 Alberto Acosta, el candidato de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas en las elecciones que Ecuador celebra este domingo, conoce bien el proceso de la llamada “revolución ciudadana” que lidera Rafael Correa. El casi seguro reelecto presidente “perdió el rumbo” hace tiempo, según Acosta, y dirige una especie de Estado ‘hobbesiano’ que atropella a los ciudadanos.

“En Ecuador, y otros países de la región, estamos en un momento que podríamos denominar como una fase posneoliberal, pero no poscapitalista”
Por Franck Gaudichaud / Viento Sur
La “revolución ciudadana” en Ecuador es uno de los símbolos de las experiencias “post-neoliberales” sudamericanas y el gobierno de Rafael Correa es considerado frecuentemente una referencia por numerosas izquierdas europeas. Las próximas elecciones presidenciales de este 17 de febrero suponen una coyuntura política en la que la oposición conservadora ha sido incapaz de presentar una candidatura única y el gobierno conserva una muy fuerte ventaja en los sondeos, aunque con un leve descenso después de seis años en el poder. Hace dos años, hicimos un primer balance crítico de la experiencia ecuatoriana en el curso de una conversación con el intelectual y expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta. Acosta es ahora candidato a la presidencia por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, coalición que agrupa a una decena de organizaciones que van desde el centro-izquierda a la izquierda radical, entre ellas Pachakutik (partido indígena considerado el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE) y el Movimiento Popular Democrático, de origen maoísta, que cuenta con una implantación sindical notable (sobre todo en la enseñanza). Ahora hemos podido continuar esa conversación y el debate fraternal que habíamos iniciado para comprender los procesos en curso en el campo político de las izquierdas ecuatorianas.
F. Gaudichaud: Alberto, estamos en pleno proceso político electoral nacional en Ecuador, pues los comicios presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de febrero 2013. Tú has sido una figura destacada de Alianza País, ministro asambleísta, presidente de la asamblea constituyente, y ahora apareces como cabeza de una candidatura de oposición de izquierda /2 al gobierno del Presidente Rafael Correa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo explicar esta situación y tu propio recorrido político personal?
A. Acosta: En la actualidad, el gobierno de Rafael Correa se asemeja a un mal conductor de bus… de esos que pone direccionales a la izquierda cuando en realidad gira a la derecha.
El gobierno de Correa ya no es un gobierno de izquierdas, mucho menos revolucionario y menos aun de “los ciudadanos”. Este es un gobierno que perdió su brújula en el camino y que como máxima expresión de su contradicción, ahora pretende destrozar uno de los mayores logros de este proceso: la Constitución de Montecristi, aprobada por amplia mayoría del pueblo ecuatoriano en septiembre del 2008. En este sentido cabe señalar que las violaciones a la Constitución del Ecuador por parte del gobierno del presidente Correa son múltiples y podría pasarme horas enteras narrándolas.
El propio presidente de la República, que defendió hace cuatro años la Constitución calificándola como “la mejor del mundo” y que duraría según él “trescientos años”, señala ahora que esta Constitución tiene demasiados derechos, que es “hipergarantista” y que por lo tanto hay que modificarla. ¿No te suena esta retahíla al discurso que los gobiernos llamados liberales o neoliberales han expresado en otras ocasiones, respecto a leyes que les condicionaban porque garantizaban los derechos de ciudadanos o de los consumidores?Correa se convirtió en un personaje que ya no quiere respaldar una Constitución que él mismo ayudó a elaborar y aprobar. Ese es el signo de la evolución del gobierno ecuatoriano.
Pero en el plano internacional y en las filas de gran parte de las izquierdas mundiales se le describe como un gobierno progresista consecuente, en acción, reformador. El gobierno de la “revolución ciudadana” aparece como un gobierno de cambio social, que podríamos calificar de tipo “posneoliberal”, y es cierto –según lo que he podido comprobar aquí en Quito y en el resto del país– que hubo avances concretos en varias temáticas: cambios fiscales progresivos, reformas sociales reales, planes públicos destinados hacia los sectores más pobres, grandes planes de construcción de infraestructuras, en particular en las regiones postergadas hasta el momento (como parte de la costa o de la Amazonia)…
Las reformas a las que haces alusión son ciertas. Y si comparásemos el gobierno de Correa con los gobiernos anteriores, llegaremos a la conclusión de que éste es un gobierno mejor que los que hemos tenido antes, los cuales por cierto fueron tan malos que dicha comparación es, en sí mismo, casi un insulto. Si me preguntas si el gobierno de Correa es mejor que el de Gustavo Noboa, el de Lucio Gutiérrez u otros del estilo, te diré que así es, pero también te preguntaré: ¿cuál es el mérito que eso tiene? Las personas que nos comprometimos con la propuesta de cambio que originalmente proponía el proyecto de Alianza País, no queríamos solo un mejor gobierno, queríamos un gobierno que transformara las estructuras del país, que haga una verdadera revolución democrática basada en la participación ciudadana. La Unidad Plurinacional de las Izquierdas en la actualidad plantea un gobierno en el que se tomen decisiones de manera democrática, participativa, consensuada, y no un gobierno con un estilo personalista, autoritario o caudillesco, que eso es lo que tenemos ahora.
Se lee a menudo en revistas académicas y bajo la pluma de algunos autores de la izquierda crítica a Correa, que este gobierno tendría “rasgos autoritarios”. ¿En qué sentido es realmente justificado afirmar eso, si la “revolución ciudadana” parece ser antes de todo un proceso democrático, que incluso ha abierto algunas instancias de consulta de la población?
Cierto es que han existido muchos procesos electorales y referendos en este período, pero las elecciones no garantizan la democracia. Recordemos que muchas veces los tiranos y los dictadores recurrieron a las elecciones y a los plebiscitos y recurrieron a este tipo de legitimación institucional. Por lo tanto, y lejos de cuestionar los procesos de voto protagonizados por la ciudadanía en Ecuador, digo que la democracia así entendida tendría que evaluar también si las disidencias tienen el mismo acceso a informar a la ciudadanía sobre sus posiciones que las que tiene el gobierno, si la utilización del aparato del Estado para campañas electorales por parte del partido de gobierno no es una deslegitimación del proceso, etc.
Nuestra apuesta va más allá de la democracia representativa y de plebiscitos, donde se utiliza de forma desproporcionada las herramientas del Estado para intoxicar la información destinada a los ciudadanos y las ciudadanas. Para serte sincero: en ninguna parte de este gobierno hay ya espacios reales de toma de decisiones junto con la ciudadanía. Por eso nos pronunciamos por una democracia radical. Me llamarás utópico quizás, pero si vivieses aquí todo el año, verías que la propaganda gubernamental es una farsa y, como teorizaron ya hace muchos años, pensadores antifascistas de la escuela de Frankfort como Adorno o Horkheimer, “la propaganda manipula a los hombres; al gritar ‘libertad’ se contradice a sí misma”. En resumen, la falsedad es inseparable de la propaganda. Es precisamente esta situación la que permite que no se respeten muchos de los derechos constitucionales, incluso los más básicos. Sea el derecho al trabajo o el derecho a la resistencia, ambos reconocidos en nuestra Constitución.
Para poner un par de ejemplos respecto a la violación del derecho al trabajo, puedo referenciarte como desde la emisión del decreto presidencial 813, que establece “la compra de renuncias obligatorias” en la función pública, se habilitó una lógica perversa de despidos que ha dejado ya a miles de funcionarios fuera del servicio público y que continuará sirviendo de herramienta para despedir más trabajadores. Ni los neoliberales se atrevieron a proceder con despidos intempestivos a funcionarios públicos de esta manera. De igual manera, el presidente Correa hace algo más de un año, vetó la ley del comerciante minorista, que garantizaba a todos los comerciantes minoristas –que son la mayoría en el país– seguridad social y otros beneficios; mientras tanto el gobierno como los gobiernos municipales siguen persiguiendo a los trabajadores informales en las calles e incautando los productos que venden, en contra de lo que manda la Constitución. En lo que respecta al ámbito de las disidencias, hoy hay más de doscientos líderes populares en los bancos de los tribunales, acusados incluso por “sabotaje” y “terrorismo”, utilizando leyes de la época de los gobiernos oligárquicos, en un país en donde no hay terrorismo. El derecho a la resistencia ha quedado proscrito y en las cárceles ecuatorianas hay más de una decena de jóvenes detenidos sin justificación legal. Elementos como los que he señalado demuestran que no hablamos ya de un gobierno revolucionario, me atrevería a decir que ni siquiera de izquierdas.
¿De qué revolución estamos hablando? Se violan también de forma sistemática derechos vinculados a la autonomía de los gobiernos locales y a la descentralización. Estamos absolutamente de acuerdo con el “retorno del Estado” después de que éste quedase reducido a su mínima expresión tras casi tres décadas de neoliberalismo, pero somos opuestos a que dicho Estado minimice el trabajo de las prefecturas y de los municipios, que están siendo a este rato aplastados por el gobierno central por un nuevo proceso de centralismo. El gobierno correísta está plasmando una suerte de Estado hobbesiano que está atentando en contra los derechos de la ciudadanía. Un modelo de Estado que dictamina entre otras barbaridades que la ciudadanía tenga prohibido tomarse una cerveza o una botella de vino los días domingo. ¿A ti te parece que hechos de esta naturaleza definen a un Estado como revolucionario? A mí, más bien me da la sensación de que son propios de un gobierno, en esencia, bastante conservador.
¿Entonces para ti y la alianza que representas en estas elecciones, este gobierno habría dejado de ser un gobierno de “izquierdas”?
Los ecuatorianos ya nos hemos acostumbrado a ver a un presidente cantar junto a sus ministros todos los sábados el “Hasta siempre Comandante Che Guevara”, pero también vemos que mientras tanto no se hace la reforma agraria, a pesar de que nuestra Constitución prohíbe los latifundios, el acaparamiento y la privatización del agua. El propio presidente de la República ha repetido en innumerables ocasiones que él no cree en la reforma agraria, señalando –como lo podría hacer cualquier patrón de hacienda ecuatoriano– que repartir la tierra es “repartir miseria”. Cabe indicar que el índice de GINI de concentración de tierra en Ecuador es del 0.81. La concentración del agua es aún mucho más pronunciada (los campesinos representan al 86% de los usuarios del agua de riego, y controlan el 13% del agua de riego, los terratenientes representan menos del 1% de las unidades productivas agrícolas, y controlan el 64% del agua riego). Es decir, estamos hablando de un país donde la tierra y el agua se concentran en muy pocas manos, mientras la miseria indígena –mayoritariamente campesinos– es superior al 50%.
Todo lo que expreso con anterioridad no pretende negar la existencia de mejoras en determinados aspectos. Pero hay que tener en cuenta que este gobierno es el que mayor número de ingresos fiscales ha tenido en toda la historia del Ecuador; por cierto se ha beneficiado en el ámbito petrolero en gran parte debido a los incrementos del precio del crudo en el mercado internacional. Esta situación ha permitido sostener una política de subsidios –que no de transformación– que hace que determinados sectores sociales caigan en las redes clientelares del gobierno. Sin embargo, las contradicciones son enormes y la concentración de la riqueza en pocas manos es algo difícil de justificar en un gobierno que lleva seis años de mandato y que se autodefine a sí mismo como “revolucionario”; gobierno que, además, es el que con mayores ingresos ha contado de toda la historia de la República.
La concentración de las ventas en mi país es tal que el decil de empresas más grandes controla el 96% de ventas. Las principales actividades económicas están concentradas en pocas empresas: el 81% del mercado de las bebidas no alcohólicas está en manos de una empresa, una empresa por igual contrala el 62% del mercado de la carne, cinco ingenios (con tan solo tres dueños) controlan el 91% del mercado del azúcar, dos empresas el 92% del mercado del aceite, dos empresas controla en 76% del mercado de los productos de higiene y así podríamos seguir enumerando, uno por uno, otros sectores productivos y comerciales. Las ganancias de los cien grupos más grandes se incrementaron en un 12% entre 2010 y 2011, y se acercan a la astronómica cifra de 36.000 millones de dólares. En este sentido es necesario destacar que las utilidades de los grupos económicos en el período 2007-2011 crecieron en un 50% más que en los cinco años anteriores, es decir durante el período neoliberal…
Si bien, por mandato constitucional, la banca y los banqueros ya no pueden tener propiedades ajenas a las relativas a su actividad específica, el crecimiento de beneficios de la banca privada fue sostenido. En el ejercicio del año fiscal 2011, dada la liquidez registrada por la economía ecuatoriana, el sector bancario incrementó sus utilidades en 52,1% en relación al año anterior. Entre enero y diciembre de 2011, la banca privada registró utilidades superiores a los 400 millones de dólares; en estos cinco años de gobierno de Rafael Correa, incluyendo el año crítico del 2009, el promedio anual de dichas utilidades bordea los 300 millones. Curiosamente, más del 40% de los depósitos a la vista y a plazo fijo de COFIEC, una entidad financiera del Estado, han sido colocados en el Banco de Guayaquil, de propiedad del candidato-banquero Guillermo Lasso… banco que además se beneficia por ser uno de los que entrega el bono de desarrollo humano.
Fíjate hasta donde llega el poder de los grandes grupos del capital ecuatoriano: la Constitución de Montecristi prohíbe el cultivo de transgénicos en el país, sin embargo ahora Correa quiere permitir dichos cultivos a través de una reforma constitucional. ¿A quién interesa esto? Hay una empresa nacional que tiene la representación de Monsanto en el Ecuador y que domina el 62% del mercado de la carne, que podría ser la gran beneficiada.
Los datos que manejo son datos oficiales provenientes de instituciones públicas. Si determinados analistas políticos –dentro y fuera del país– que se autodefinen progresistas, pretenden seguir definiendo a este gobierno como un gobierno de “izquierdas”, desde mi parecer tal situación no demuestra más que la lamentable situación en la que se encuentra la izquierda a nivel internacional.
En realidad, en vista de que este gobierno quiere ampliar la frontera petrolera y forzar la megaminería, más que hablar de “socialismo del siglo XXI”, de lo que deberíamos estar hablando es del “extractivismo del siglo XXI”. Es decir, que este gobierno en lugar de reconvertir su economía nacional en un sistema productivo dinámico, que genere puestos de empleo y que exporte productos con valor añadido, disminuyendo la dependencia del capital transnacional, continúa siendo un gobierno dependiente de las transnacionales y suministrador de sus recursos naturales para paliar las necesidades del mercado mundial capitalistas. ¿De verdad crees que se puede pensar que se construye el socialismo, alimentando al sistema capitalista global con materias primas como el petróleo y los minerales que sirven incluso para sus necesidades especulativas?
Exacto, pero al mismo tiempo sabemos que un pequeño país dependiente y empobrecido como Ecuador, necesita utilizar sus recursos para respondera la inmensa urgencia social y a la pobreza que dejó la “larga noche neoliberal” ¿Cuáles son tus propuestas respecto al extractivismo y cómo construiralternativas populares y democráticas a este modelo de desarrollo efectivamente predador e insustentable?
Desde las izquierdas que nos hemos ido encontrando al margen del gobierno de Rafael Correa, creemos que es fundamental tener claridad en la necesidad de superar el extractivismo, y esto ha de hacerse con políticas claras. En primer lugar, hay que poner la casa en orden. El Ecuador extrae petróleo con un costo social y ambiental altísimo, exportamos petróleo e importamos derivados de petróleo. El año 2011, importamos por cuatro mil millones de dólares: esto es mucha plata, demasiada plata me atrevería a afirmar. Entonces, llegamos a la conclusión de que un país que extrae petróleo pero tiene que importar derivados vive un absurdo. Hay que impulsar la modernización de la infraestructura de refinación, lo que implica la rehabilitación y repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas. Seguramente se necesitará otra refinería, por eso es necesario revisar lo que se ha hecho para la construcción de la Refinería del Pacífico, procurando, en caso de que convenga a los intereses nacionales su continuación, que no se provoquen graves afectaciones ambientales por el lugar equivocadamente elegido. Este gobierno lleva seis años de gestión, ¿dónde está la nueva refinería?, ¿ya repararon la refinería existente en el país –la de Esmeraldas? La respuesta es no.
Aquí hay un problema aún más grave, pues quemamos los derivados del petróleo, incluyendo los importados, para generar electricidad. En seis años de gobierno han avanzado muy lentamente las obras de construcción de plantas hidroeléctricas, sigue sin aprovecharse adecuadamente la energía solar, tampoco la geotermia; algo se ha hecho en el ámbito de la eólica. No hay una política de uso eficiente de la energía.
Este gobierno ha introducido algunas reformas tributarias importantes, pero a todas luces insuficientes. Más allá de que la tasa de presión fiscal en Ecuador (14%) dista mucho de la más alta de la región (22%), aun se mantiene un 40% de evasión fiscal. En nuestro gobierno los que más tienen deberán ser los que más tributen, sobre todo ante los niveles de concentración económica que citamos con anterioridad. Si elevas la presión fiscal a los niveles que tiene en la actualidad por ejemplo Bolivia, habría suficientes recursos para financiar la inversión y gasto públicos, sin apostar por proyectos extractivistas como los de la megaminería, que constituyen una tremenda irresponsabilidad ambiental para las generaciones futuras, a más de que no cumplen con las perspectivas económicas con que son presentados. Cabe recordar en este sentido que la presión tributaria en Europa es de más del 40%, en EE UU del 36%, en un país como Suecia está en torno al cincuenta y pico.
Si bien en el Ecuador se ha recaudado notablemente más en este gobierno que en anteriores, vuelvo a preguntar: ¿te parece que estemos ante un gobierno revolucionario?
Recordemos que entendemos por “reformas” el corregir errores el sistema vigente, mientras que cuando hablamos de “revolución” nos referimos a traspasar el poder de unos actores a otros.
Frente a esta situación, ¿qué programa político defienden colectivamente? ¿Puedes presentarnos un poco que es la Unidad Plurinacional y cuáles son las perspectivas por la cuales se movilizan?
La Unidad Plurinacional de las Izquierdas surge como respuesta a un gobierno que se distancia de sus principios básicos y que comienza a violentar sistemáticamente la Constitución. Desde la Unidad Plurinacional se comienza a aglutinar distintas fuerzas progresistas y movimientos sociales con el fin de enfrentar las agresiones de este gobierno.
Nuestra primera acción colectiva se da en el marco de la consulta popular que el presidente convocó en mayo del año 2011. Las organizaciones que hoy conforman la Unidad Plurinacional nos juntamos en la iniciativa “Esta vez No señor Presidente”, emitiendo un mensaje muy claro a la ciudadanía del país: no siga con sus prácticas autoritarias señor presidente, estamos en contra de que tome la justicia atentando contra la independencia de los poderes del Estado.
Meses después, en agosto del 2011, la Unidad Plurinacional se consolidaría entorno a un documento de 12 puntos básicos que luego sirvieron de base para la movilización popular denominada “Marcha por la Vida, el Agua, y la Dignidad de los pueblos” del mes de marzo 2012. La movilización fue un importante triunfo de los movimientos sociales, los cuales resistieron provocaciones, represión y contramarchas que, al igual que hacía Lucio Gutiérrez, realizó el gobierno de Correa.
En agosto 2012, la Unidad Plurinacional decide emprender un proceso insólito en el Ecuador: nombrar a su candidato presidencial a través de un proceso de primarias y recorriendo todo el país con sus seis precandidatos, entre los cuales me encontraba.
Ya elegido como candidato de la Unidad Plurinacional para las elecciones presidenciales de febrero 2013, el Consejo Nacional Electoral, organismo al que se le debería presuponer autonomía respecto del Estado, cuestionó las firmas que legalizaban a las dos más importantes organizaciones políticas al interior de la Unidad Plurinacional, el Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático. Basta decir que el presidente y los vocales del CNE están todos vinculados al partido oficialista, siendo su presidente un ex ministro de Correa y su segundo, un operador político del actual canciller de la República. Todos tuvimos que salir a las calles a recoger firmas de la ciudadanía demostrando nuevamente al gobierno que no nos iban a atemorizar ni a amordazar. Superado este escollo, inscribimos nuestras candidaturas el día 13 de octubre 2012. La unidad se concretó en 34 de las 36 listas posibles de asambleístas –nacionales, provinciales y de la migración–, a más del binomio presidencial, por cierto.
En la actualidad seguimos elaborando conjuntamente con la ciudadanía y el tejido social organizado el programa de gobierno, mientras recorremos el país platicando con los ciudadanos y ciudadanas y tejiendo un sinfín de solidaridades con nuestra propuesta política, la cual no se distancia mucho de las propuestas básicas que tuvo en sus orígenes la revolución ciudadana. ¿Curiosa paradoja verdad?
No obstante, si analizamos los sondeos y encuestas de opinión independientes, podemos constatar que Rafael Correa sigue teniendo una popularidad muy alta, incluso después de estos años de gobierno. ¿No hubiese sido más efectivo políticamente intentar construir una izquierda radical dentro de Alianza País (AP), y así intentar disputarle la hegemonía a Correa sobre la mayoría de las clases populares, con propuestas alternativas que partan del ala izquierdo de AP?
Esa es una pregunta que podría incorporarla en un libro que voy a escribir algún día y que se llamará “Reflexiones para después de muerto”… Como todos los mortales, querido amigo, he cometido muchos errores en mi vida y posiblemente seguiré cometiéndolos. Pensar ahora si Alberto Acosta debería haberse quedado al interior de Alianza País para dar la pelea con un régimen que se convierte cada vez más en autoritario o con un líder que lejos de la participación democrática interna se convierte en un caudillo, es una cosa que no sirve para nada. Hoy estamos aquí, dinamizando junto a otros y otras, una perspectiva de oposición de izquierda al gobierno que presume de ser lo que no es.
Para lograr construir alternativas democráticas de gobierno y poder “desde abajo”, todos sabemos que se necesita forjar espacios políticos desde y con los sectores populares movilizados y organizados: ¿cuál es su relación con los movimientos sociales?
Nosotros tenemos una muy buena relación con los movimientos sociales, los cuales están siendo fuertemente agredidos en este momento por el gobierno. Se les persigue, se les ataca, se les intenta dividir o controlar, este uno de los mayores errores históricos de este gobierno. Si en febrero ganara las elecciones uno de los candidatos de la derecha, cosa que espero realmente que no suceda, el debilitamiento de las resistencias protagonizadas históricamente por los movimientos sociales va a ser la herencia más triste que dejará este gobierno. ¿Te parece explicable que se autodefina como revolucionario un gobierno que en lugar de fortalecer a las organizaciones sociales y empoderar a la ciudadanía, la debilita?
Si comparamos el movimiento social –y en particular indígena– actual con lo que han sido las grandes luchas antineoliberales de los 1990-2000, es imposible no subrayar una cierta desmovilización y hasta cierta apatía y fragmentación. Varios sociólogos e intelectuales más próximos a Correa dicen que no es el que el gobierno haya debilitado al movimiento social, si no que más bien las luchas llegaron al fin de un ciclo ascendiente, y que además el gobierno con su orientación posneoliebral ha respondido a varias de la reivindicaciones de las movilizaciones colectivas del periodo anterior, lo que es bien diferente.
¿Te parece que tiene que ver con un fin de ciclo que los dirigentes más cuestionados del movimiento indígena, como es el caso de Antonio Vargas en la Amazonía o Miguel Lluco en la Sierra Central, sean los baluartes del oficialismo al interior del movimiento indígena? ¿Te parece que es fruto del fin de un ciclo que los funcionarios del gobierno estén intentando comprar las voluntades de las comunidades indígenas, extendiendo cheques provenientes del excedente petrolero? ¿Te parece que es el fin de un ciclo que haya más de doscientos líderes sociales con expedientes abiertos por sabotaje y terrorismo en un país donde todos sabemos que no existe desde hace años ningún grupo armado?
A mi más bien me da la sensación de que es una estrategia gubernamental para atemorizar, dividir y debilitar a los movimientos sociales.
Ahora, desde una perspectiva estratégica más amplia, digamos de mediano y largo plazo: ¿es posible construir o profundizar una perspectiva realmente posneoliberal, con claros objetivos anticapitalistas y ecosocialistas actualmente en Ecuador?
No solo pienso que es posible, pienso también que es indispensable. De lo contrario no habrá futuro para el país, no habrá futuro para la democracia, para la vida con dignidad y no habrá “Buen Vivir”. Digo que es indispensable porque tenemos que avanzar en una forma alternativa de organizar la sociedad. En Ecuador, y otros países de la región, estamos en un momento que podríamos denominar como una fase posneoliberal, pero no poscapitalista. Eso debe de quedarles muy claro a nuestros amigos en el exterior. Nosotros estamos viendo como muy positivo que el gobierno no esté atado al Consenso de Washington, pero ahora se han impuesto otras condicionalidades provenientes de China, sobre todo en lo que tiene que ver con los créditos. La envergadura de este problema tendría que ver entonces con cuanto suman los créditos chinos y cuál es su importancia para el país. Este es un tema interesantísimo de averiguar. Es por ello que desde la Unidad Plurinacional nos propusimos completar y actualizar la auditoría de la deuda externa y nos comprometemos con la auditoria de los créditos chinos y de todos los créditos que vendrán en el futuro. Tampoco está de más hablar de las condiciones de eso créditos, los cuales tienen que ver con yacimientos petroleros, yacimientos mineros, grandes obras de infraestructura, tasas de interés elevadísimas (alguno de más del 9% como es el caso del financiamiento del megaproyecto Sopladora).
Si bien hemos de reconocer avances con respecto a gobierno anteriores, ¿cuáles son los cambios estructurales reales que se han dado en el Ecuador durante los últimos seis años?
Si revisamos la estructura de importaciones y exportaciones, estos cambios no existen, es más, se permitió que crezca aceleradamente el déficit comercial no petrolero, el cual se aproxima a ocho mil millones de dólares. El gobierno trata ahora de tomar algunas medidas, con las cuales estoy de acuerdo, pero son insuficientes, pues no transforman la estructura del sistema económico, ni del modelo de acumulación, algo que reconoce el propio presidente de la República. Por otro lado, señalaría algunos aspectos en los que el fracaso del gobierno correísta es rotundo, por ejemplo en el ámbito de la producción. No solamente no hay cambios en la estructura de la producción, sino que el país sigue siendo dependiente de los productos primarios, la lógica dependentista se mantiene, y seguimos manteniendo una economía rentista y holgazana en la cual apenas se invierte para producir. Seguimos atados a las condicionalidades del capital extranjero y del mercado mundial. No hay ningún esfuerzo real, en términos de política exterior y comercio, como tampoco hay una propuesta real y seria en el ámbito de la producción. El fracaso es generalizado.
Otro ámbito donde ha fracasado el gobierno es en el tema de la seguridad ciudadana, violencia y criminalidad. Los índices en esta materia han subido de una manera vertiginosa. Si bien es cierto de que el incremento de la inseguridad y la violencia no es culpa íntegramente de este gobierno –estamos hablando del crimen mundial organizado–, lo que es indiscutible es la carencia de respuestas en este aspecto por parte del Ejecutivo.
¿Cuáles serían las condiciones mínimas para emprender un proceso democrático, desde la dinámica actual que es de carácter postneoliberal a una dinámica anticapitalista y postextractivista?
Para encontrar la hoja de ruta apropiada para el cambio real del sistema en momentos como este, nos sirve mucho la Constitución de Montecristi. Este tiene varios puntos claves: por un lado, una serie de derechos que configuran el país que debemos construir –nuestro proyecto de vida en común y el modelo de sociedad del futuro–; a su vez y para hacer realidad esto, están las instituciones que se deben construir, todas ellas han sido violentadas por el control gubernamental durante estos años, pero serían estas en las que deberíamos encontrar garantías para las y los ciudadanos. Por ejemplo, la Constitución dice que está prohibido el latifundio y el acaparamiento del agua. Dicha situación debería obligar a un gobierno coherente con el mandato constitucional a proceder con la redistribución del agua y de la tierra. De igual manera, nuestra Constitución tiene mandados específicos en lo concerniente a la soberanía alimentaria. No estamos hablando de cualquier cosa, dado que cualquier modelo de reproducción agrícola aplicable en el país debería estar pensada en el contexto de soberanía alimentaria, cosa que choca con la actual propuesta vinculada a los biocombustibles y las semillas transgénicas que el gobierno hoy pretende implementar.
Al contrario de esto, lo que requerimos en realidad es una verdadera reforma agraria, una respuesta que atienda a las pequeñas y medianas empresas del campo y de la ciudad, a las cooperativas, a las asociaciones, a las comunidades y a todos esos proyectos comunitarios y asociativos que están marginados en la actualidad. Lo mínimo que podía haber hecho este gobierno es poner toda esa economía popular y solidaria dentro de las responsabilidades concernientes al Ministerio de Economía, y no en el Ministerio de Inclusión Social como se encuentra al momento. Las pequeñas y medianas empresas generan más del 76% del empleo en Ecuador: las pequeñas empresas que representan un 95% de los establecimientos, apenas participan con un 16% de las ventas a nivel nacional. Esa es la realidad del país, lo que evidencia que los cambios reales no se han dado.
¿Y el llamado a construir el “buen vivir” y el “sumak kawsay”, reivindicado tanto por dirigentes importantes del gobierno como por la oposición de izquierdas, entran en esta perspectiva?
Con este proyecto de gobierno no es posible alcanzar el buen vivir, se camina en dirección contraria, se está profundizando el “mal vivir”. Si a esto le sumas que el gobierno ha generado un ambiente de mucho recelo y temor entre los ciudadanos, derivaremos entonces en que el Ecuador insiste en el mal vivir acompañado de un proceso que deja mucho que desear desde el punto de vista democrático.
Después de febrero 2013, imaginemos (y es lo más probable) que gane de nuevo la presidencia, el candidato Rafael Correa: ¿cómo ven desde la alianza que representas el futuro ciclo político ecuatoriano?
Primero, esperemos que Correa gane las elecciones frente a la derecha… Si bien es cierto que Rafael Correa tiene una alta popularidad según dicen las encuestas, también lo es que el presidente de la República llegó a la consulta popular de mayo del año 2011 con una popularidad que bordeaba el 80%, y obtuvo tan solo el 47% de los votos. De todas formas, el futuro para la izquierda política y social ecuatoriana será seguir luchando.
Somos conscientes de que nuestra lucha no se acaba en un proceso electoral, por eso hemos dicho que el problema no es solo derrotar al presidente Correa, ganar las elecciones es importante pero no suficiente, porque nuestro objetivo es transformar al Ecuador.________________________________________________________________________________
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