NOTICIAS 21-05-13

ESTOS SON LOS TITULARES DE LAS NOTAS QUE ENCONTRARÁN EN ESTA RECOPILACIÓN:

Juchitan: unionfenosa amenaza con pistoleros a la APPJ.

Pide Sección 22 que PGR libere a sus integrantes.

En la PJE no hay investigaciones que liguen a la Sección 22 con la guerrilla, afirmó el Procurador.

Nuevas amenazas de muerte contra integrantes del CPUVO de San José del Progreso.

La Merced El Potrero denuncia corrupción del edil Pablo Rodríguez.

Maestros de Oaxaca inician bloqueos estatales.

Implicada es precandidata del PRD en Jalapa.

Boicot a elecciones en la Costa y Mixteca.

Habitantes de Yucutindoo se crucifican en el Zócalo.

Refuerzan vigilancia en áreas protegidas.

La Reforma Educativa y la Sección XXII.

Todos los internos en Oaxaca tienen empleo: funcionario.

La anticonstitucionalidad de la presencia militar en las calles de México.

L@sdeplazad@s de San Juan Copala nos deslindamos…

Los yaquis en la defensa de sus recursos hídricos.

Nuevos vientos en el magisterio.

El incendio en la guardería ABC fue provocado: deudos de víctimas.

Astillero.

El PAN: origen y desastre.

Ladynatos y Mireynatos.

¡Por fin la justicia!

La droga, en sí misma, no causa violencia extrema: Buscaglia.

Luchando por la soberanía popular: primer encuentro de las comunidades indígenas en territorio de la policía ciudadana y popular (pcp).

Como en la Colonia Española, saquean el oro de los pueblos indios.

Policías comunitarias en Michoacán rechazan entregar armas al Ejército.

Defensa de la tierra en Edomex.

Tributo multimillonario del gobierno a Televisa.

Listo el Plan 2013-2018.

Electricistas van a la CIDH a interponer queja contra Calderón.

Por qué no hubo tiempo de evacuar en el tornado de Oklahoma.

Mineros suspenden huelga en Bolivia tras propuesta del gobierno.

Guatemala. Anulan la condena contra el exdictador de Guatemala General Ríos Montt.

No hay paz sin justicia: la condena de Ríos Montt en Guatemala.

Operación Cóndor en el banquillo

Ríos Montt logra echar atrás el reloj de su proceso por genocidio.

NOTICIAS DE OAXACA

 

Juchitan: unionfenosa amenaza con pistoleros a la APPJ

 

ASAMBLEA POPULAR DEL PUEBLO JUCHITECO

Juchitán de Zaragoza, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca a 20 de mayo de 2013.

COMUNICADO DE PRENSA

A raíz de los acontecimientos del pasado sábado 18 de mayo en los
terrenos comunales donde las empresas avanzan en la construcción del
Parque Eólico Bi Yooxho’ , la empresa Gas Natural Fenosa ha apostado a
más de una decena de pistoleros que actúan como ‘guardias blancas’ en los
terrenos donde se realizan los trabajos, en los parajes denominados
Guelabe’ñe’ y GuiguDxita; en esta zona, camino a Chigueeze, el día de
ayer, alrededor de la una de la tarde dos compañeros campesinos
participantes en esta Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, cerca de sus
tierras de labor, fueron agredidos a balazos por individuos no
identificados que se encontraban al interior de una camioneta blanca
suburban propiedad de la empresa Gas Natural Fenosa. Los integrantes de
la APPJ, iban a caballo por lo que pudieron salir de la zona poniéndose a
salvo del ataque a balazos propiciado por los sicarios contratados por
Gas Fenosa.

Los campamentistas responsabilizamos al neoterrateniente, Francisco López
Chente “Chico Chente”, quien con títulos de propiedad privada ilegales ha
contratado con la empresa más de docientas hectáreas de tierras comunales
de GueelaBe’Ñe’ y Guigu’ Dxita’, ahora se presenta como principal jefe
de los pistoleros que desde hoy resguardan los terrenos donde
aceleradamente y por tres turnos, trabajan las empresas eólicas.

Después de la expulsión de los trabajadores de la empresa de los terrenos
comunales donde se construye el parque, el pasado sábado, los esquiroles y
guardias blancas de la empresa resguardan desde hoy los principales
accesos , mientras tanto, una veintena de vehículos de la empresa y
camiones de volteo y revolvedoras, transitan intensamente en la carrettera
de Juchitán a Unión Hidalgo que fuera bloqueada por integrantes de las
distintas asambleas comunitarias de la región, contrarias a la invasión y
el despojo que las empresas eólicas promueven en los terrenos comunales de
esta zona.

Hoy las agresiones contra los campamentistas y miembros de la APPJ se han
intensificado, hace una hora, alrededor de las 14:30 horas, se recibió una
llamada telefónica contestada por la compañera Sara, al teléfono, los
sicarios le llamaban para pedirle que “entregara a Carlos Sánchez” ya que
los tenían identificados a él y a la compañera Sara amenazando de que si
no se entregaran y levantaran el campamento iban a llevárselas, obligando
a Carmen a llamar a la compañera Sara a quien le dijeron “aquí tenemos a
tu amiga y si no te entregas y levantan el campamento no la volveras a
ver”, la compañera Carmen, era sujetada por el brazo por uno de los
guardias blancas de la empresa, en la esquina de las calles Calvario y
Efraín R Gómez, cerca de la clínica Santa Catalina; en un repentino
forcejeo con los sujetos, Carmen pudo zafarse del brazo de quienes la
mantenían sujeta, corriendo a abordar una mototaxi desde donde se comunicó
nuevamente con Sara diciendo: ‘ Sara la tandé’ naa, nandacabenaaguni’
Carmen ne Sara, biaxhabelunaaca ni naazelaabe que nebixhooñebe,
nandacabelaabe de raucuabe ti moto, bedanelaaberari’ tr. “Sara vengan
a liberarme me están persiguiendo” Sara informaba que Carmen se había
escapado de sus captores y se dirigía ya al campamento en una mototaxi
mientras se había preparado un grupo que iba ya al rescata de la compañera
Carmen.

Los campamentistas de la Séptima Sección de Juchitán se encuentran en
situación de Alerta Máxima, en el campamento se preparan alimentos y
garrotes para evitar cualquier posible arremetida de los sicarios contra
este pequeño y rústico asentamiento a borde del crucero a Playa Vicente,
también conocido como la Barricada de la Séptima.

Los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco,
responsabilizamos a la empresa Gas Fenosa, a las filiales del sindicato de
la CTM de las agresiones que se están realizando de manera directa y
violenta en contra de las compañeras y compañeros integrantes de la
Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Ante la imposición ilegal del
megaproyecto eólico Bi Yooxho’, anunciamos y advertimos a los empresarios
involucrados en este atropello a nuestros derechos en tanto pueblo y
comunidad indígena binnizá, que en caso de continuar con sus actividades
ilegales en nuestras tierras comunales la Asamblea Popular del Pueblo
Juchiteco emprenderá acciones más determinantes, en el ejercicio de
nuestros derechos constitucionales, a fin de evitar este nueva invasión y
despojo de nuestras tierras comunales de Juchitán.

Fraternalmente

La tierra, el mar y el agua no se venden, se aman y se defienden
Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco.


 Pide Sección 22 que PGR libere a sus integrantes
13:49:59 21-05-2013
Luis Jerónimo / Quadratín

 

Oaxaca, Oax. 21 de mayo de 2013 (Quadratín).- Integrantes de la Sección 22 del SNTE de la región de Valles Centrales marcharon este martes para exigir la libertad de cuatro detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR) por ser presuntos responsables del delito de secuestro de dos menores.
La representante de la región Norma Cruz señaló que respaldan la inocencia de los profesores Mario Olivera Osorio y Lauro Atilano Grijalva.
“Consideramos que es una acusación derivada de la política de linchamiento del gobierno de Enrique Peña Nieto para criminalizarnos”, externó.
Por eso consideró urgente esta actividad, que también respalda a Sara Altamirano Ramos y a Damián Gallardo, también, detenidos por instancias federales.
“Es una acción en contra de la protesta para acallarnos porque Oaxaca representa el mayor movimiento de protesta”, externó.
Por eso, exigió respeto a los derechos humanos de los procesados y justicia para que no sean remetidos a prisión por un delito que no cometieron.
Dijo que al igual en el Istmo hay una protesta para exigir la libertad de las personas detenidas.
Mientras tanto, la dirigencia de la Sección 22 en México exigirá se integre esta exigencia en sus peticiones ante instancias federales.
La movilización de esta tarde en la ciudad partió de la Fuente de las Ocho Regiones con destino al Zócalo.


En la PJE no hay investigaciones que liguen a la Sección 22 con la guerrilla, afirmó el Procurador (12:22 h)

Martes, 21 de Mayo de 2013 11:16 SaraíJiménezJusticia

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo. El procurador de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, informó que en la dependencia a su cargo no existen investigaciones que liguen a los profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con la guerrilla, al mismo tiempo que dijo desconocer si en el caso de los maestros detenidos por el secuestro de los menores Álvarez Benfield exista alguna vinculación con algún grupo subversivo.

Sin embargo, dijo que en lo que va de estos dos años de administración estatal si se han detenido a profesores por casos de violación de menores, mismos que han aumentado.

Detalló que después del operativo del fin de semana en donde detuvieron a varios maestros de la 22 que fueron presentados por las autoridades federales como presuntos secuestradores, seguramente solicitarán a la Procuraduría de Justicia más datos e investigaciones.

Comentó que independientemente de quien se trate se tiene que aplicar la ley, ya que no debe haber ninguna justicia especial para los maestros.

“Aquel que cometa delitos debe ser llevado ante la ley, y no se puede negar que debe cambiarse el actuar de los profesores, por eso la sociedad tiene que cuestionar que clase de maestros queremos”, finalizó.


 Nuevas amenazas de muerte contra integrantes del CPUVO de San José del Progreso

Posted by Redacción on mayo 20th, 2013

 

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios tiene conocimiento de nuevas amenazas de muerte en contra de integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, sucedidos ayer el 17 de mayo del 2013.

 

De acuerdo con el testimonio de los integrantes del Coordinadora, el 16 de mayo aproximadamente a las 10:20 horas de la noche, fueron alertados de un incendio en la parcela del señor Pedro Martínez ubicado en el paraje “La Sanja” a un costado del pozo de agua potable de la comunidad, lugar a la que acudieron miembros de la coordinadora para apagar el fuego.

Al llegar a la parcela, encontraron dos amenazas de muerte en contra de Pedro Martínez y su familia, ambos mensajes escritos sobre pedazos de cartón que dicen “NUNCA UVIERAS ABLADO MAL DEL PRESIDENTE EL NO PERDONA” “TE LO ALVERTIMOS TU SIGUES DESPUES DE BERNARDO O TU FAMILIA” una de las amenazas fue encontrado sobre la raíz de un árbol, la otra prendida en una rama, ambos mensajes se acompañaban con un dibujo que representa una calavera pintada en color rojo.

De igual forma nos han informado que siendo aproximadamente entre las cuatro y cinco horas de la mañana de este día, encontraron en el centro de la comunidad un altar hecho con ladrillos junto a una mata de coco, que contiene una cruz blanca y las siguientes iniciales D.E.P y A.M.S.

Ver EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

El Colectivo Oaxaqueño recuerda que varias amenazas de este tipo, fueron publicados antes del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, por lo que manifiesta su entera preocupación por la vida e integridad física del señor Pedro Martínez y su familia, así como de los integrantes del Coordinadora. Ante tales acontecimientos exigimos lo siguiente:

Que la Procuraduría General de Justicia del Estado realice a fondo las investigaciones correspondientes para ubicar y castigar a los responsables de las amenazas de muertes en contra de Pedro Martínez y su familia, para evitar nuevos homicidios en San José del Progreso.

A la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, dicte las medidas correspondientes para evitar que dichas amenazas sean consumadas.

Al gobierno del Estado garantice el respeto a los derechos humanos de los miembros de Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 17 de mayo del 2013.

 

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios 

Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y Tequio Jurídico A.C.

La Merced El Potrero denuncia corrupción del edil Pablo Rodríguez

Posted by Redacción on mayo 20th, 2013

 

Integrantes de la Coordinadora de Comunidades y Pueblos en Resistencia solicitaron una mesa de diálogo con el secretario general de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval para tratar diversos problemas jurídicos, agrarios y sociales.

 

Por: Jesús Isaac OLMEDO

 

Gilberto Hernández Santiago, vocero de esta organización reconoció que han sostenido reuniones pero con funcionarios de menor nivel, mismos que carecen de poder de decisión para solucionar los planteamientos de los pueblos indígenas.

 

Como ejemplo cito el caso de la agencia  la Merced El Potrero, municipio de San Miguel del Puerto, donde los pobladores en apoyo a las autoridades municipales mantienen un bloqueo en la carretera a Pochutla-Santa María Huatulco a la altura de Piedra de Moro.

 

Explicó que la demanda principal es la entrega de recursos por parte del presidente municipal  de San Miguel del Puerto, Pablo Rodríguez Santiago, ya que este se niega a entregar los recursos del ramo 28 y 33 a la agencia La Merced El Potrero.

 

Hernández Santiago dijo que la población esta solicitando una auditoria para el edil pues existe corrupción y el desvío de recursos públicos, como prueba dijo que La Merced El Potrero debería recibir del ramo 28 unos 250 mil pesos mensuales pero hasta la fecha no les liberan sus recursos.


 Maestros de Oaxaca inician bloqueos estatales

Gloria López/Erick López

Lunes 20 Mayo 2013 – 14 : 48

Sumario: No se descarta  el arribo de la Policía Federal

 

Maestros de Oaxaca inician bloqueos estatales

Final del formulario

Oaxaca.- Al menos 100 profesores de la Sección 22 del CNTE de la región del Istmo de Tehuantepec, realizan un bloqueo en la carretera federal Oaxaca-Tehuantepec justo en el “Puente de Fierro”.

Los maestros exigen la liberación de sus compañeros detenidos por elementos federales y acusados del delito de secuestro de dos menores, hijo de unos de los empresarios más cercanos al gobernador Gabino Cué.

Además, maestros de Tuxtepec han tomado la delegación del IEEPO, así como el Puente Caracol que comunica a esa ciudad con Veracruz.

Se informó que durante esta tarde, los maestros accionaran más bloqueos carreteros, por lo que no se descarta el arribo de fuerzas federales para hacer valer libre tránsito en las autopistas federales.


Implicada es precandidata del PRD en Jalapa

Categoría: General

Publicado el Lunes, 20 Mayo 2013 08:47

La Comisión de Candidaturas perredista confirmó contar con el registro de Sara Altamirano Ramos, detenida por la PF como presunta implicada en el delito de secuestro

Jaime Guerrero
Sara Altamirano Ramos, una de las 12 personas detenidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por su presunta vinculación al secuestro de dos hijos del empresario Juan José Álvarez Candiani, el pasado 14 de enero, es precandidata a presidenta municipal del municipio de Jalapa del Marqués, por el PRD.
La Comisión de Candidaturas del Comité Directivo Estatal del sol azteca confirmó el registro de Altamirano Ramos, quien también es integrante de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Hasta ayer, la Comisión de Candidaturas y el Consejo Político Estatal del PRD no habían designado oficialmente a Altamirano Ramos como su abanderada ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
La presunta secuestradora registró como su suplente a Emilia Guzmán Carreño. El PRD encabezará más de 100 municipios en su alianza con el PAN y PT para las elecciones del próximo 7 de julio, día en que se renovarán 153 ayuntamientos y 42 diputaciones por la vía de los partidos políticos.
Otros de los registrados como precandidatos a ediles por Jalapa del Marqués ante la Comisión de Elección del PRD son Mabiael Mendoza Carballo, Enoc González Chávez, Mario Garrido Ortiz, Miguel García Gopar, César Ríos Morales, Joel San Germán Morales, Jesús Gómez García, Isaul Garrido Velásquez.
Al respecto, el dirigente del PRD, Rey Morales Sánchez, solo se limitó a decir que el sol azteca no defenderá a delincuentes y de ser culpable deberá aplicarse la ley. No obstante, advirtió que si Altamirano Ramos es inocente “la defenderán con todo”.
Fue la mañana de este domingo, cuando el subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Eduardo Sánchez, informó en rueda de prensa que se logró la detención de 12 presuntos secuestradores, ligados con el plagio de dos menores, de 12 y 15 años, el pasado 14 de enero.


Boicot a elecciones en la Costa y Mixteca

MARTES, 21 DE MAYO DE 2013 06:54

ESCRITO POR JAIME GUERRERO

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Oaxaca de Juárez.- Integrantes de la Coordinadora de Pueblos y Comunidades en Resistencia, advirtieron con boicotear las elecciones en la comunidad de Merced del Potrero, en la región de la Costa y en municipios de la Mixteca, porque el Gobierno del Estado no atiende sus demandas sociales y de infraestructura.

Por lo pronto, este lunes, realizaron un bloqueo carretero en la región de la Costa y protestaron frente al Palacio de Gobierno, para presionar a la administración estatal, para dar respuesta a sus demandas.

Encabezados por Gilberto Hernández Santiago, miembro de la comisión política de la Coordinadora de Pueblos y Comunidades en Resistencia, una decena de pobladores se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir una mesa de diálogo con el Secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval.

Hernández Santiago, denunció que a la fecha, no se ha planteado una ruta seria de solución a las demandas de tipo social, así como de infraestructura en las comunidades que integran esta organización, y solo cuando hay elecciones los candidatos se acercan a las comunidades en búsqueda del voto.

“Los candidatos a diputados solamente vienen cuando se trata de elecciones, vienen a pedir el voto, se olvidan de sus promesas y hacer que los pueblos y comunidades se dividan entre sí, para sacar raja política, por eso se valora boicotear las elecciones”, advirtió.

En tanto, dijo que la intención del Gobierno, es sólo desgastar a las comunidades, ya que desde hace un año, han venido solicitando una audiencia con quien encabece la Secretaría General de Gobierno, sin que esto se haya concretado.

Mientras tanto, este lunes los habitantes de la Merced del Potrero, perteneciente al municipio de San Miguel del Puerto, bloquearon la carretera costera a la altura del Paraje Piedra de Muros en Santa María Huatulco.


Habitantes de Yucutindoo se crucifican en el Zócalo

ADVIERTEN MARCHA CARAVANA AL DF

HUGUET CUEVAS/FOTOS: MARIO JIMÉNEZ

21/05/2013

 

 

Oaxaca, Oax.- Luego de realizar una marcha desde la agencia municipal La Experimental en San Antonio de la Cal, hasta el Zócalo, pobladores de San Mateo Yucutindoo se crucificaron en el exterior del Palacio de Gobierno para exigir el cese de las invasiones perpetradas por habitantes de Santiago Amoltepec a su comunidad.

Decenas de habitantes de ese poblado trasladaron durante la marcha 10 cruces de madera de entre tres y cuatro metros de alto, hacia el centro histórico. Al llegar ahí, algunos de ellos fueron auxiliados por sus compañeros, quienes los amarraron a la cruz de madera donde permanecieron por varias horas, a manera de protesta.

“Es la desesperación de los habitantes la que los ha llevado a esto”, exclamó el asesor jurídico de esta comunidad Efraín Solano Linares, quien estuvo acompañado por autoridades municipales, agrarias y un grupo representativo de las localidades que integran San Mateo Yucutindoo.

“Esto, es por la cruz que andan cargando en la Sierra, porque ha habido varias solicitudes a los gobiernos federal y estatal para que los grupos de Amoltepec sean desarmados, pero nos han ignorado”, aseveró.

Dijo que fue un acuerdo de asamblea el no responder a ninguna agresión con la finalidad de que los grupos invasores sean desalojados, sin embargo, esto ha agravado la situación de vulnerabilidad del pueblo porque aseguró que el secretario de Seguridad Pública (SSP), Marco Tulio López Escamilla protege a los habitantes de Santiago Amoltepec.

“Ha mandando a la Policía Estatal para que proteja a los grupos armados, para que proteja las invasiones y eso no ha afectado mucho porque quedamos indefensos”, reclamó.

Dijo que esta última semana también registraron la presencia de “invasores” en sus territorios, pues un grupo de pobladores de Amoltepec entró a sus terrenos de cultivo e intentó abrir brechas.

Los manifestantes exigieron una mesa de trabajo con el gobierno estatal para que se resuelva a la prontitud este añejo conflicto por límites que mantienen con sus vecinos de Santiago Amoltepec.

Solano Linares advirtió que de no obtener respuestas, alrededor de 500 personas marcharán el próximo miércoles en caravana hacia la capital del país, con la finalidad de instalar ahí un plantón.

Asimismo, anunció que el día de hoy, una representación de pobladores acudirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para denunciar las agresiones de Santiago Amoltepec, en virtud de que el gobierno estatal no atiende esta problemática.


Refuerzan vigilancia en áreas protegidas

Categoría: Oaxaca

Creado en Martes, 21 Mayo 2013 12:37

 

 

 

Lucía MUÑOZ

 

 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), reforzará la vigilancia en zonas consideradas de este tipo para evitar que sean dañadas por el ser humano y los fenómenos naturales, aseguró el director de la Sierra Juárez Mixteca de esta dependencia, Pável Palacios Chávez.

 

Se trata, precisó, de una suma de proyectos para el fortalecimiento de las acciones de vigilancia comunitaria, de protección contra conflagraciones que realizarán los propios pobladores.

 

“Además, también se enfocarán en estrategias que tienen que ver con el desarrollo de alternativas productivas”, señaló el funcionario federal, quien precisó que la mayor parte de estas comunidades se ubican en zonas consideradas como áreas naturales protegidas.

 

“La mayoría de estas poblaciones, como lo establecen sus lineamientos, se encuentran dentro de áreas naturales protegidas, que atiende esa dirección, como son el Monumento Natural Yagul, Parque Nacional Benito Juárez y el área de Protección de Flora y Fauna del Boquerón de Tonalá, y dentro de las regiones prioritarias para la conservación de la Sierra Norte y de la Mixteca”.

 

Confió que con estas estrategias se pretende contar con un mayor impacto para la conservación de los recursos naturales.

 

Por ello, están concurriendo, con otras instancias del sector federal, mecanismos de sinergía institucional que les permitan que esos recursos se vean complementados con los de otras dependencias y de esta manera tener un mayor impacto en las áreas de atención, agregó. Anunció que se ha concluido con el proceso de revisión de los proyectos solicitados por las diferentes comunidades del Programa de Conservación para el Desarrollo (Procode), que tiene la Conanp.

 

Asimismo, aseguró que fueron aprobados 25 proyectos que se implementarán en tres regiones del estado. En la aplicación del Procode, la inversión es de poco más de tres millones de pesos, los cuales se tratan de focalizar para lograr más eficiencia y que los proyectos tengan los resultados e impactos requeridos.

 

Del mismo modo, aseguró que se está por conocer los proyectos del Programa de Empleo Temporal, que han sido aprobados, “sólo nos falta saber  los resultados concretos, esperando contar con un número similar a la cantidad con la que se está financiando el Programa para el Desarrollo”.

 

 

foto: Buscan evitar que las zonas sean dañadas por el humano o desastres naturales.


La Reforma Educativa y la Sección XXII

  • Escrito por  Miguel Á. Elorza-Vásquez.
    • Domingo, 19 Mayo 2013 09:44

Foto: Proces / Xinhua – Rodrigo Oropeza

Aunque el Ejecutivo Federal, los miembros del Consejo Rector del Pacto por México, organizaciones como Mexicanos Primero(presidida por Claudio X González quien también encabezó la criticadísima Fundación Televisa), los medios de comunicación –¡Sobre todo Televisa!— y hasta el SNTE, han afirmado que la Reforma Educativa está hecha para alcanzar la calidad en la educación, lo cierto es que, por lo menos en el texto que fue aprobado por el Congreso de la Unión y la mayoría de las Cámaras de Diputados estatales, dicha afirmación está lejos de ser del todo cierta.

Según la Reforma Constitucional, la calidad educativa “existe en la medida en que los educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas con respecto a los fines y principios establecidos en la Ley Fundamental. Así como en la medida en que las niñas y niños tengan una alimentación suficiente, conforme a los estándares internacionales de nutrición sana, y garantía de acceso a la salud; e igualmente se cuente con los nuevos instrumentos del desarrollo científico y tecnológico para su formación”, por lo que, para alcanzar la referida calidad, no sólo es necesaria una modificación de los diferentes planes y programas de estudio de todos los niveles educativos que tutela el Estado —incluidos los de las normales—, sino que además debe realizarse una reforma constitucional integral que abarque, como refiere el Ejecutivo en la Reforma Educativa, la alimentación, la salud, el desarrollo científico, etc., lo que hasta hoy no se ha hecho.

Así pues, para que la calidad educativa se alcance sería necesario, en primera instancia, acabar con el hambre de los educandos, lo que, dicho sea de paso, la Cruzada Nacional Contra el Hambreno logrará pues, sólo por referir un ejemplo, el estado de Oaxaca (uno de los estados con más bajos índices en calidad educativa según la prueba ENLACE) cuenta con 570 municipios y laCruzada sólo atenderá a 400 municipios en todo el país.

Además de lo anterior, es necesario mencionar que la  calidad educativa por la que el Ejecutivo Federal se preocupa no obedece al contexto nacional pues, en el Pacto por México —“instrumento creado que le da nivel y dimensión a la política, según el tuit publicado el 7 de mayo por el secretario de Gobernación Miguel A. Osorio Chong (@osoriochong)—, se considera que ésta debe reflejarse “en mejores resultados en las evaluaciones internacionales como PISA”, lo que permite asegurar que la calidad educativa en el país no garantiza la mejora en la educación, sino el cumplimiento de los estándares de los diferentes organismos internacionales, lo que desde las diferentes teorías de la educación resulta inconsecuente pues, tratándose de un proceso social en el que el contexto social, el contexto educativo y sus actores son sumamente importantes, no caben categorías universales —internacionales— de evaluación.

También, el Pacto por México plantea el establecimiento de “escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias con el firme mandato de aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico” (Compromiso 10) y la aplicación de “programas de educación artística que desarrollen en los alumnos el gusto por la cultura” (Compromiso 18). Lo anterior requiere necesariamente un rediseño curricular y, aunque una reforma constitucional no es el marco adecuado para dicho rediseño, es de llamar la atención que hasta la fecha nada se haya dicho al respecto,  por lo que no sorprende que en el Compromiso 31, el Pacto por México refiera que “se reformarán los planes de estudio de educación básica para fomentar en los niños y jóvenes valores y conductas respetuosos de los derechos humanos” aunque el Plan de Estudios de Educación Básica 2006 ya considere que, los alumnos, al terminar la educación básica “conozcan la importancia de los derechos humanos y los valores […] para la comprensión del mundo social y la conformación de una perspectiva ética, y se exprese en su acción cotidiana y en sus relaciones con los demás”.

* * *

A pesar de que la Reforma Educativa y el Pacto por México consideren lo que el Ejecutivo Federal ha llamado calidad educativa, en la Reforma al texto del Artículo 3º Constitucional, sólo se plantea que:

  1. “[…] El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concurso de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria de este artículo fijará los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”
  2. “El instituto  Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar el desempeño y resultado del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:
  3. Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;
  4.  Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y
  5. Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social […]”

Así pues, mientras que en un principio la Reforma Educativa supone que la calidad en la educación es, como ya se ha referido, un conjunto de factores, en términos estrictos la Reforma sólo se preocupa por legislar lo concerniente al “Servicio Profesional Docente” y al “Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación” dejando por fuera justamente el imperativo de calidad, por lo que, como bien refiere el Documento de Análisis publicado en la página web de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el pasado 6 de mayo, “la Reforma a los Artículos 3º y 73º constitucionales […] no es Reforma Educativa, sino administrativa y laboral”, es decir, una reforma al apartado B del Artículo 123º Constitucional travestida de Reforma Educativa.

En otro orden de ideas, el Documento de Análisis también refiere que  aunque la sección XXII del SNTE perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) “ha propuesto la modificación a la Ley General de Educación, basado en el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca” que sí establece pautas para el desarrollo de la calidad en la educación nacional a diferencia de la Reforma Educativa del Ejecutivo Federal, la CNTE ha sido golpeada y difamada “a través de diversos medios de información serviles al capitalismo […] para luego crear las condiciones de repudio a las mismas por parte de la sociedad”.

Por lo anterior, no es de extrañar que  la cobertura que Televisa ha estado haciendo al conflicto magisterial (Oaxaca, Michoacán, Guerrero) siempre sea tendenciosa, presentando a los profesores como vándalos sin hacer un análisis de la Reforma Educativa y las propuestas de la sección XXII del SNTE, o la cobertura y difusión que esta empresa le dio al tuit (3 de abril) del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, donde se criminalizaba a los profesores: “No hay derecho contra el derecho. El que argumente que lucha por la educación afectando a terceros carece de razón legal y autoridad moral”, justo cómo Gustavo Díaz Ordaz criminalizaba a los estudiantes: “Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero todo tiene un límite y no podemos permitir que se siga quebrantando el orden jurídico, como a los ojos de todos ha venido sucediendo”.

Así pues, mientras el Ejecutivo Federal, el Consejo Rector del Pacto por México, el Secretario de Gobernación, el Secretario de Educación Pública, Claudio X, González (que seguramente se beneficiará con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) y hasta el SNTE defienden a capa y espada la aparente calidad en la educación de la Reforma Educativa y  atacan a la sección XXII y a la CNTE, éstas han referido que “hacia el estallamiento del paro indefinido, y desde luego retomando la postura central de la CNTE, se coincide que la bandera que debe guiar a este gran movimiento es: la abrogación de la reforma al Art. 3º y 73º constitucionales”.


Todos los internos en Oaxaca tienen empleo: funcionario

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 21 de mayo de 2013, p. 29

Oaxaca, Oax., 20 de mayo.

Ciento por ciento de los internos en los 16 centros penitenciarios del estado cuentan con empleo, aseguró el titular de la Dirección General de Reinserción Social, Raúl Ángeles Villalobos.

Señaló que con trabajo, atención sicológica y la práctica de deportes se busca la reinserción social de los internos.

Explicó que 80 por ciento de los reclusos participan en un proyecto de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), denominado Industria penitenciaria, que consiste en la fabricación de muebles, hamacas, bolsas y balones, entre otros productos. Los demás convictos elaboran comestibles, dan servicio de peluquería o se dedican a lustrar calzado.

Ángeles Villalobos detalló que Industria penitenciaria es un proyecto por medio del cual empresarios oaxaqueños adquirirán los productos que fabriquen los reos para ofrecerlos en sus negocios.

Subrayó que con esta medida se eliminan a los intermediarios. Si un interno ganaba tres pesos por una bolsa (en el penal de Cuicatlán) ahora recibirá 30 y el dinero será para él.

Puntualizó que la SSPO, los custodios y los policías no reciben dinero de estas ventas, sino se utiliza para pagar materia prima y para sustento de las familias de los presos.

Indicó que una empresaria propuso crear un fideicomiso para que parte de las ganancias se entreguen a los reos y otra sea abonada para reparar los daños que hayan cometido.

Agregó que la apertura del penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz –recién inaugurado– y el de Taviteh –próximo a iniciar operaciones– reducirá la sobrepoblación en las 16 prisiones estatales.



NOTICIAS DE MÉXICO

La anticonstitucionalidad de la presencia militar en las calles de México

  • Escrito por  Juan José Díaz Morales
    • Lunes, 20 Mayo 2013 21:58

La primera etapa de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, fue el “Operativo Conjunto Michoacán”, implementado por el Ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, este operativo fue y sigue siendo duramente cuestionado por las faltas graves a la Constitución mexicana y  por  las violaciones a los derechos humanos que podría haber incurrido la presencia militar en el Estado de Michoacán y paulatinamente en México.

Para diferentes analistas políticos y jurídicos resaltan que la intervención de las Fuerzas militares va en contra de lo dispuesto en el artículo 129 Constitucional, que establece  lo siguiente:

Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

 

Bajo este fundamento Constitucional se realiza la pregunta: ¿La disposición que realizó Felipe Calderón Hinojosa y que fue acatada por los Secretarios de Defensa y Marina, viola la Constitución?

 

En términos del artículo 129 Constitucional, no puede realizar las funciones que de manera diaria viene realizando desde aproximadamente siete años el Ejército, Armada y Marina, se podría decir bajo este fundamento que es anticonstitucional la intervención del ejército en las calles.

 

Sin embargo cuando se hable de “amenazas a la seguridad anterior” podría cambiar la opinión al respecto, según la resolución que presenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de una acción de inconstitucionalidad en el año de 1996, presentada por el diputado federal en ese entonces Leonel Godoy Rangel que planteaba que el acto de autoridad era anticonstitucional, la causa de esta acción de inconstitucionalidad era la presencia del Ejército en Michoacán enviados por el Presidente en ese entonces Ernesto Zedillo.

 

Registro No. 192080

Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XI, Abril de 2000
Página: 549
Tesis: P./J. 38/2000
Jurisprudencia
Materia(s:( Constitucional

“ EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN).

La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número XXIX/96), se publique como jurisprudencial, con el número 38/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.”

Esta resolución fue un precedente para que el Ex Presidente Felipe Calderón dispusiera del ejército en las calles, y de esta manera realizar su guerra absurda contra el crimen organizado, haciendo valer su facultad como Presidente que viene establecida en la la fracción VI del artículo 89, siendo este su  fundamento para su acción “bélica”:

“Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. “

 

Bajo estos argumentos se podría decir que la presencia del Ejército en las calles no trasgrede lo dispuesto en la Constitución en el artículo 129 y de igual manera lo planteado por el artículo 21, que dispone que las fuerzas de seguridad pública sean de carácter civil.

Tomar una decisión de trascendencia como la realizada por Calderón, fundamentándose  en una tesis de jurisprudencial, teniendo en cuanta que la resolución de la Corte puede cambiar en cualquier momento, y sabiendo que de los ministros que tomaron aquella resolución solamente se encuentra en la corte en este momento, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.

¿Los actuales ministros resolverían de manera diferente la controversia sobre la presencia del ejército en las calles sin la declaratoria de Estado de emergencia?, la tendencia que ha tomado la SCJN en acotar el fuero militar, al momento que se presente algún conflicto con civiles, podría ser precedente para que la SCJN  fallara en contra de la presencia del ejército en las calles.

Como ejemplo encontramos la declaración que realizó el ministro José Ramón Cossío, en el debate realizado por la SCJN en relación del fuero militar señaló:

“Creo que el Ejército no está para cumplir funciones de seguridad pública en términos de la propia Constitución;  entiendo que todo el sistema de seguridad pública está construido a partir de servicios de policía, no a  partir de servicios de los miembros de las Fuerzas Armadas”

Si se discutiera en este momento la presencia del Ejército en las calles, la SCJN dictaminaría la inconstitucionalidad de este acto de autoridad realizado por Felipe Calderón y sus secretarios de Defensa y Marina, de igual manera él y sus secretarios tendrían que responder por su responsabilidad penal, primero sus secretarios por refrendar un acto completamente en contra de la ley fundamental, y en segundo el Ex Presidente por realizar un decreto completamente contrario a la Constitución que juro guardar y hacer guardar.

El artículo 129 constitucional prohíbe la presencia del Ejército en labores con alguna conexión con la disciplina militar y que se han realizadas en tiempos de paz, en relación el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad del país solo pueden ser de carácter civil.

¿Cómo pudo justificar Felipe Calderón, la presencia del Ejército en las calles, en la lucha contra el crimen organizado?, en la fracción VI del artículo 89 de la Constitución otorga la facultad al Presidente de disponer de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad interior y la defensa exterior, sin embargo, ¿Qué es la “seguridad interior” que menciona la Carta Magna?

La ley vigente de Seguridad Nacional, no contempla el concepto de “seguridad interior”, que es manejado por la Constitución, en la iniciativa que realizó Felipe Calderón presenta una definición: “Es la condición en la que la estabilidad interna y permanencia del Estado mexicano se encuentran garantizadas a través de la aplicación coordinada de sus recursos y medios”

Sin embargo el Senado de la república al momento que le fue turnada para revisar la iniciativa de reforma, creó su propia definición de “seguridad interior”:

“La condición de estabilidad interna, paz y orden público, que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural; y cuya garantía es una función que está a cargo de los tres poderes de gobierno”.

Por último la Cámara de Diputados realizó algunos cambios a la definición planteada en la minuta del Senado, dejándola de la siguiente manera:

“La condición de estabilidad interna y permanencia del Estado  mexicano, que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural; y  cuya garantía es una función que está a cargo de los tres  órdenes de gobierno, con la concurrencia de los sectores social y privado”.

Se realizaron dos decretos uno el 9 de mayo de 2007 y otro el 17 de septiembre de 2007, ambos planteaban la creación de un Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejercito y la Fuerza Área.

Sin embargo el único fundamento legal que presentan esos decretos es una jurisprudencia mencionada anteriormente, no existía un marco jurídico fuerte que apoyara las acciones de “guerra” del presidente, su proyecto no tuvo mayor trascendencia que solo quedarse en iniciativa, ya que no hubo el impulso suficiente por parte del Ejecutivo, puede ser que Calderón se dio cuenta de ilegalidad que estaba por cometer.

El 23 de abril de 2009 el Ejecutivo realizó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

Esta Reforma estuvo de paseo en la Cámara de diputados y la Cámara de Senadores durante más de tres años, sin embargo durante ese lapso de tiempo el Ejército se encontraba en “guerra” contra el crimen organizado, sin mandato conforme a la ley.

Esto demuestra la incompetencia de un Congreso en donde solo se manejan intereses de los miembros que conforman las cámaras, el Congreso tuvo la oportunidad de parar de manera legal, una guerra ilegal que termino al final del 2012 con más de 100 mil muertos, y un centenar de desaparecidos, el Congreso es cómplice de la muerte al mostrar su burocracia y no ver por los intereses de los mexicanos.

Felipe Calderón Hinojosa, actuó fuera de la ley, realizando sus funciones como un dictador, y disponiendo de las Fuerzas Armadas sin tener en cuenta ningún procedimiento, realizando un decreto con fundamento en una jurisprudencia que interpreta el artículo 129 Constitucional y ampliando facultades a un servidor público, cuando claramente solamente la ley puede otorgar estas facultades.

Felipe Calderón utilizo las Fuerzas Armadas, sin una declaración previa de guerra, un decreto de disposición del Ejército, Armada y Marina que se base legalmente en un precepto jurídico con más jerarquía que una jurisprudencia realizada en un tiempo social e histórico, que nada tiene que ver con el México bélico que se vive en estos momentos, de igual manera no hubo un decreto ley de suspensión de garantías, las Fuerzas Armadas están actuando fuera de los limites legales, realizando disposiciones y funciones que no le corresponden.

Felipe Calderón Hinojosa traicionó a la patria, al no respetar las disposiciones que plantea la Constitución, es un criminal de guerra, que dejó al país en una de sus mayores crisis de seguridad en su historia, la psicosis que se vive en la mayoría de las entidades de la federación, es más evidente en los Estados norteños pero eso deja fuera al sur del país, que día con día se viven secuestros y extorsiones,  la gente ha perdido la confianza de las autoridades y de cualquier persona que se encuentre ahí.

Un Congreso inepto es lo que te tocó a Felipe Calderón que fungió como un cómplice de sus crímenes de lesa humanidad.

Sin fundamento legal, o con un fundamento sin fortaleza jurídica, la “guerra contra el crimen organizado” sigue azotando a México, mientras que el “criminal de guerra” (Felipe Calderón), así acusado ante La Corte Penal Internacional de La Haya, disfruta de unas vacaciones todo pagadas por el Estado mexicano, en virtud de la pensión vitalicia presidencial (250 mil pesos mensuales)

L@sdeplazad@s de San Juan Copala nos deslindamos…

  • Escrito por  Carolina Bt
    • Martes, 21 Mayo 2013 12:14

L@sdeplazad@s de San Juan Copala nos deslindamos de manera contundente del Autonombrado presidente Autónomo de San Juan Copala

 

Desplazados y desplazadas de San Juan Copala desconocieron a Jesús Martínez Flores como presidente Autónomo de San Juan Copala.

 

Y es que luego, de que Jesús Martínez Flores se presentara como presidente del municipio autónomo de la comunidad, las desplazadas quienes cuentan con medidas cautelares indicaron que no van a reconocer a dicho personaje y que continuarán con su lucha hasta que el gobierno del estado garantice su regreso a la zona.

 

Las desplazadas y los desplazados que se mantienen con su plantón en el corredor del Palacio de Gobierno señalan lo siguiente:

 

“Nuestra lucha es justa y no cesaremos hasta que el Estado Mexicano nos garantice un lugar digno para vivir, que se ejecuten las órdenes de aprensión en contra de los que asesinaron a 30 compañeros indígenas triquis, que otorgue apoyos suficientes en salud, y a las víctimas desplazadas de San Juan Copala.

 

“Por lo tanto, los desplazados beneficiarios de las medidas cautelares nos deslindamos de manera contundente de Jesús Martínez Flores y no lo reconocemos como presidente autónomo de San Juan Copala”.

 

El Autonombrado Jesús Martínez busca intereses personales con el conflicto, y remarcan que su intervención “en nada abona a la solución del problema de discriminación y constante violación a los Derechos Humanos del pueblo triqui”.

 

Asimismo solicitaron al gobierno del estado tratar el problema de los desplazados con Lorena Merino y Manuel de Jesús Ramírez, los cuales fueron nombrados por la Asamblea General Comunitaria.

L@sdeplazad@s de San Juan Copala nos deslindamos de manera contundente del Autonombrado presidente Autónomo de San Juan Copala


Los yaquis en la defensa de sus recursos hídricos

Magdalena Gómez

E

stán por cumplirse tres años de la activa resistencia yaqui y de organizaciones civiles contra la construcción, en el estado de Sonora, del denominado Acueducto Independencia, el cual se decidió edificar sin respetar siquiera el derecho a la consulta previa, libre e informada y les ocasionaría un grave daño porque desviaría hacia el mismo el agua de la cuenca del río Yaqui, que por decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas del Río les fuera otorgado desde 1937.

Durante estos años se han promovido y ganado diversos juicios en los cuales se decretó la suspensión provisional de la obra referida y el gobierno de Sonora se mostró en abierto desacato como en su momento documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 37/2012. En estos caminos los yaquis recurrieron incluso a bloqueos carreteros sin dejar de lado la defensa jurídica; han sufrido hostigamientos que no han hecho mella en su firme decisión de defender el agua. En su lucha han sido respaldados por las organizaciones del Congreso Nacional Indígena, también han efectuado cabildeo político en la Cámara de Senadores, logrando la integración de una comisión plural que emprendió visitas a la zona.

La etnografía de este caso incluye cuestiones que parecen increíbles, como la petición al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de un peritaje para acreditar que los pueblos de Vícam y Pótam son indígenas. Por supuesto, el INAH les dio amplias evidencias sobre su origen ancestral y sus prácticas actuales ligadas a su identidad. En su momento, el segundo gobernador de Vícam, Tomás Rojo Valencia, señaló:No necesitamos una marca que nos identifique como yaquis, ni siquiera tenemos una vestimenta tradicional. Llevamos en la sangre el ser yaqui, lo vivimos y lo convivimos. En este conflicto el gobierno de Sonora y el federal actuaron de la mano; incluso Felipe Calderón acudió el año pasado a la obra, que no se ha detenido, para rei­terar que es para el bien de las y los habitantes de Hermosillo, Sonora.

En ese muy complejo contexto, el pasado 8 de mayo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó una sentencia emitida por el juzgado 10 de distrito en Sonora en favor de la tribu yaqui, en específico promovido por los cargos del gobierno tradicional del pueblo de Vícam, primera cabecera de los ocho pueblos integrantes de dicha tribu. En consecuencia la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat (Dgira), a quien le fue reclamado en juicio de amparo la manifestación de impacto ambiental (MIA) emitida el 23 de febrero de 2011 para la construcción del referido proyecto denominado Acueducto Independencia, en el estado de Sonora deberá otorgar la audiencia correspondiente a miembros de la etnia yaqui para manifestarse sobre el tema(sic). Por supuesto, estamos hablando del derecho a la consulta que tiene componentes que rebasan a una mera garantía de audiencia. Habrá que ver cómo se procede en Semarnat pues de inmediato se emitió un comunicado señalando que acatará la resolución de la Corte: “La Dgira dará estricto cumplimiento a los efectos de la sentencia dictada el día de hoy. (Comunicado de prensa 108/13, México, DF, 8 de mayo de 2013.)

En Sonora, por su parte, fuentes oficiales declararon que la obra no se suspende porque la resolución, dicen,no es contra el gobierno del estado. Estamos ante un triunfo jurídico más no exento de complejidad y sin visos de que pueda ser ejecutado de manera coherente.La ley general de equilibrio ecológico no regula el derecho a la consulta para pueblos indígenas, la Constitución tampoco, según hemos señalado en otros momentos. Su ley les mandata poner el expediente de la MIA “a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona, también, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública, para lo cual publicará en su Gaceta la solicitud de autorización de la obra y el promovente pagará un extracto del proyecto en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa y en conclusión la secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado (artículo 34 de la ley referida): es poco probable que observemos un ejercicio de aplicación de los tratados internacionales, si la finalidad de la consulta de buena fe debe buscar la construcción de un acuerdo, ello en condiciones de hechos casi consumados. Es positiva la confirmación de la Corte al amparo otorgado, para ello tuvo que asumir el interés jurídico representado por las autoridades tradicionales yaquis, las cuales seguirán luchando para seguir siendo pueblo.

Nuevos vientos en el magisterio

Luis Hernández Navarro

E

ste 15 de mayo, la celebración del Día del Maestro fue diferente a la de años anteriores. El centro del acto oficial no fue el reconocimiento presidencial a la labor del magisterio ni el anuncio del incremento anual al salario de los docentes, sino la defensa de la reforma educativa.

En contraste, en más de la mitad de las entidades del país, centenares de miles de maestros tomaron las calles para exigir la abrogación de la reforma educativa y denunciar el raquítico aumento obtenido por la dirigencia institucional del sindicato.

La ceremonia oficial en Los Pinos estuvo marcada por la ausencia de Elba Esther Gordillo, al frente del sindicato magisterial durante casi 24 años, y hoy inquilina en el reclusorio de Tepepan. Su lugar fue ocupado, con más pena que gloria, por Juan Díaz de la Torre. Su presencia fue de utilería. Como menciona la nota de Rosa Elvira Vargas y José Antonio Román en La Jornada, Peña Nieto hizo referencia al SNTE sólo en dos ocasiones.

Las movilizaciones magisteriales del 15 de mayo muestran que el descontento contra la reforma educativa es una bola de nieve que crece cada día. Se extiende a estados en los que aparentemente no sucede nada y se radicaliza. En Chiapas, los profesores de la sección 7, comenzaron un paro indefinido de labores. En Baja California, los docentes bloquearon durante 90 minutos la garita internacional Tijuana-San Isidro.

Enrique Peña Nieto dijo en Los Pinos que la educación no se privatiza ni se concesiona, que es y seguirá siendo una función pública irrenunciable del Estado mexicano. Aseguró que los derechos del magisterio están a salvo. Los maestros democráticos lo desmintieron. Denunciaron que la reforma educativa abre la puerta a la privatización de la enseñanza y afecta gravemente conquistas laborales, como la de la permanencia en el empleo.

En la ceremonia estuvo presente, pero no habló, Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública. Sus continuos desplantes autoritarios han polarizado el mundo educativo. Sus muy desafortunadas declaraciones sobre la reforma y el conflicto magisterial han avivado la llama del descontento entre los profesores.

Para los maestros, la negociación salarial fue un fracaso. El SNTE obtuvo apenas un aumento directo al sueldo de 3.9 por ciento, 1.7 en prestaciones y 0.35 en otras bolsas de apoyo. El resultado está por debajo de lo alcanzado en años anteriores. Es la primera ocasión en los últimos siete años, que el sindicato no rebasa el tope salarial para los trabajadores.

El 14 de mayo, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, y los dirigentes de PRI, PAN y PRD se reunieron durante dos horas con una comisión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Los maestros presentaron un programa alternativo de enseñanza, claramente diferenciado de la nueva reforma, titulado Hacia la educación que necesitamos los mexicanos, que hizo evidente que tienen propuestas educativas sólidas. Además, expresaron sus críticas y preocupaciones a la reforma y exigieron su abrogación. Los integrantes del pacto respondieron que no hay marcha atrás en ella y ofrecieron presentarles un documento explicando sus bondades. Al finalizar quisieron que se hiciera una declaración conjunta ante la prensa, pero los profesores se negaron a tomarse la foto con ellos.

“La reunión –resumió como balance Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 democrática– puede ser la base para avanzar y construir acuerdos, pero también puede quedarse en una reunión de buenas intenciones.”

Mientras, cobra fuerza entre especialistas educativos y juristas una interpretación de los alcances y contenidos de la reforma, contrapuesta tanto a la defendida por Emilio Chuayffet como a la incorporada en las propuestas de legislaciones secundarias que se analizan en la Cámara de Senadores. Este análisis aborda tres conflictos: federalismo educativo, evaluación única y permanencia en el empleo.

La reforma –apunta esta lectura– no es centralista, ya que no enuncia de manera explícita que la rectoría de la educación será exclusiva de la Federación, e, incluso, deja algunos espacios abiertos para la incorporación del orden local y municipal en dicha actividad.

Sobre la evaluación, señala que la reforma la define como obligatoria, pero no como única. El concepto deevaluación única no aparece una sola vez en la iniciativa del Ejecutivo o los dictámenes de ambas cámaras. Además, una reforma educativa con una evaluación única sería contraria al orden constitucional, que indica que hay que fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad. Por ello, –sostiene– se puede acordar en la legislación secundaria la disposición a efectuar una evaluación elaborada a partir de los lineamientos del INEE, pero con contenidos regionales propios.

La reforma –señala esta interpretación– condiciona la permanencia en el empleo a la evaluación, pero se refiere no a quienes ya están trabajando y adquirieron derechos, sino a quienes se vayan integrando al servicio docente a partir de la promulgación de la nueva legislación. El derecho a la irretroactividad cuando una norma nueva sea perjudicial, es un derecho constitucionalmente reconocido a los maestros y a todo mexicano en términos del artículo 14 de la Constitución.

Nuevos vientos soplan en la educación pública. La resistencia magisterial contra la reforma educativa crece y se extiende nacionalmente. Las negociaciones entre ese movimiento, el gobierno federal y el Pacto por México comienzan a abrirse. Nuevas lecturas de la reforma que liman sus aspectos más punitivos y controladores comienzan a abrirse paso entre especialistas educativos y juristas. La economía se desploma. El gobierno federal necesita concentrarse en sacar adelante las reformas para aumentar y generalizar el IVA y privatizar Pemex. Para hacerlo, le urge quitar presión a las protestas de los maestros, convertidos en un actor incómodo e inesperado. ¿Dejará de lado algunos de los aspectos más negativos de la reforma educativa? El desenlace de esta historia no está escrito. Pero, por lo pronto, los nuevos vientos anuncian tempestades.

El incendio en la guardería ABC fue provocado: deudos de víctimas

Presentan pruebas ante la PGR

Dan a conocer documental sobre la tragedia en Hermosillo

Demandan al ex gobernador Eduardo Bours y al presidente Peña Nieto aclarar la situación

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Martes 21 de mayo de 2013, p. 37

Padres de algunos de los 49 menores que fallecieron durante el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) evidencias que apuntan a que el siniestro fue provocado para destruir archivos que documentaban una deuda del gobierno estatal, los cuales se encontraban en una bodega contigua a la estancia infantil.

Integrantes del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños dio a conocer que los deudos han recabado diversas pruebas que señalan que, conforme a diversos datos recientemente obtenidos, el incendio en el que murieron nuestros hijos fue intencionalmente provocado, con la finalidad de destruir documentos relacionados con la deuda por 10 mil millones de pesos generada durante el sexenio del ex gobernador Eduardo Bours Castelo en la aplicación del programa de obras Sonora proyecta.

El incendio, que se inició en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal y se extendió al local contiguo, donde estaba la guardería, ocurrió el 5 de junio de 2009. Cuarenta y nueve menores perdieron la vida y más de 70 resultaron lesionados, muchos de ellos con quemaduras en más de 80 por ciento de su cuerpo y a la fecha presentan secuelas.

Durante la presentación a la prensa del documental ABC, nunca más –en el que se narran las historias de varias familias afectadas por la tragedia–, Ofelia Vázquez y Germán León, padres del niño Germán Paul, quien falleció en el incendio, afirmaron que éste fue ocasionado por tres personas comandadas por Carlos Andrés López Meza, quien era chofer y guardaespaldas personal de Juan Carlos Lam Félix (entonces secretario técnico del gobernador Eduardo Bours.

Agregaron que, casualmente, dos meses después del siniestro, López Meza fue asesinado –recibió nueve impactos de bala– y no se ha investigado nada, a pesar de que trabajaba como escolta de una persona que ostentó en su tiempo uno de los cargos más altos en el gobierno de Sonora.

La familia León Vázquez indicó que una persona, de la que no pueden revelar su identidad, presenció cuando esas tres personas se encontraban afuera de las instalaciones de la Secretaría de Hacienda de Sonora y fue testigo de lo sucedido. La PGR ya tiene sus datos. Esas pruebas se las entregamos el 17 de abril pasado y corresponderá (a la dependencia) dar respuesta.

Consideraron que el primer interesado en aclarar esa información debe ser el ex mandatario estatal.Estamos seguros de que él será el primer sorprendido ante ese hallazgo y que no usará su poder económico ni el de su grupo político para obstruir la justicia, enfatizaron.

Demandaron al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, cumplir su palabra, que empeñó como candidato presidencial a los deudos de esa tragedia, ante quienes incluso se comprometió a esclarecer el caso y hacer justicia. En particular, porque más de cinco meses después de iniciada su administración no los ha recibido como prometió, aun cuando se solicitó una audiencia.

Esperamos que Peña Nieto cumpla su palabra y no le tiemble la mano para investigar la verdad, caiga quien caiga, y que los involucrados en estos lamentables hechos sean sometidos a la acción de la justicia, sin importar su condición política, económica o social. Es fundamental que el nuevo gobierno federal haga efectivo su principal postulado y dé la seguridad de que nada ni nadie está por encima de la ley.

Astillero

 Grilla alucinógena

 PAN: transfiguraciones

 Oropel marca PND

 Ejército, frenado

Julio Hernández López

 

ACTO EN EL CENTRO HISTÓRICO. Enrique Peña Nieto saluda al rector de la UNAM, José Narro Robles, en Palacio Nacional, donde presentó el Plan Nacional de DesarrolloFoto Presidencia

E

lneopeñista Gustavo Madero adelantó el golpe a Ernesto Cordero ante la evidencia de que el calderonismo senatorial pretendía amotinarse aritméticamente. Asido a Los Pinos y en espera de ayuda pactada para seguir un periodo más como presidente del comité nacional del partido de blanco y azul, el chihuahuense hizo creer a sus adversarios que este martes dialogaría con ellos sobre la posible remoción del ex secretario de hacienda, pero en un madruguete dominical vespertino anunció el retiro que ya tenía decidido (la reunión de hoy será sobre golpe dado, para conocer opiniones respecto a la sustitución que ayer parecía encaminada hacia el yunquista Héctor Larios).

Los pleitos de familia por el control del PAN han sido aderezados con sustancias políticamente alucinógenas. Cordero pretende asumirse como un mártir de la democracia, acusando a su verdugo Gustavo de parecer priísta, mientras el familiar de Francisco I. Madero revira aduciendo que una propuesta de reforma electoral presentada por el Héroe de los Seis Mil Pesos al Mes pareciera inspirada (¡oh!) por Andrés Manuel López Obrador. Envalentonado (aunque las desgracias judiciales de César Nava podrían volverle a la realidad), Cordero anuncia una gira por estados donde habrá elecciones, pero en el fondo pretende armar su candidatura contra Madero por la presidencia del comité panista.

El verdadero jefe, Enrique Peña Nieto (a quien el calderonismo ayudó a hacerse del poder, al obstruir a Josefina Vázquez Mota, apoyar los resultados mercantiles de las elecciones y hacer arreglos que Felipe esperaba duraderos y en exclusiva), se regalaba mientras tanto otra ceremonia de oropel programático. Ahora tocó presentación llena de pompa a la piedra angular de la presunta construcción sexenal, el Plan Nacional de Desarrollo, con una definición extraordinaria y detallada de objetivos, metas, ejes transversales y posibles regalos sorpresa en la compra de palomitas de maíz con mantequilla. La clase política nacional volvió a reunirse, como ya va siendo costumbre, a tomar el té de los buenos propósitos (bastante cargadito de azúcar). Modosos, civilizados, modernos, recibiendo y devolviendo aplausos, inclinando la testa con falsa modestia al recibir cada cual el elogio de sus pares, mezclados opositores con gobernantes, corderos con maderos, chuchos con pablos, compradores con clientes.

Más allá de los recintos palaciegos y los pleitos de cúpula, la tensión social se multiplica. Peña Nieto ha lanzado en Michoacán un plan de recuperación de la legalidad que por lo pronto ha significado la instalación de mandos y equipo militar en esa entidad donde Felipe Calderón dio inicio a su tristemente célebre guerra contra el narcotráfico. Esta vez, las acciones federales (ejército, marina, policía federal) se han concentrado en poblaciones donde existen policías comunitarias o grupos civiles de autodefensa.

El planteamiento peñista parece tardío, impreciso y peligroso. Aunque apenas va a cumplir un semestre en el poder, la nueva administración permitió (¿o promovió, conforme a los estudios doctorales del asesor colombiano Óscar Naranjo?) la multiplicación y el posicionamiento público incluso retador de esos grupos de ciudadanos a los que unos entienden movidos por genuinos propósitos comunales de reacción frente a grupos de delincuencia organizada y otros aseguran que son armados y empujados por algunos de esos grupos para enfrentarse a otros y cuidar o ganar plazas.

El grado de tensión social y el riesgo de tragedias masivas salta a la vista cuando se ve, como sucedió este domingo en Buenavista Tomatlán, Michoacán, que centenares de pobladores se opusieron físicamente a que vehículos del Ejército entraran al lugar, iniciaran tareas de desarme e instalaran retenes oficiales que suplirían a los que han impuesto los propios civiles. Un general, Sergio Arturo García, hubo de subirse al cofre del vehículo delantero del convoy militar para tratar de dialogar con quienes a gritos rechazaban la pretensión de quitarles las armas, acusando a las fuerzas federales de no hacer nada de fondo contra los cárteles. El general García quiso comunicar a uno de los líderes locales con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para convenir los términos de lo que se haría, pero ni eso pudo cerrarse (nota de Laura Castellanoshttp://bit.ly/17VWlsz ).

No es la primera vez que ciudadanos enardecidos encaran al Ejército e incluso lo hacen retroceder en sus pretensiones. Entre el enorme flujo de información preocupante que se genera cada día poca atención se puso a lo sucedido el pasado 12 de marzo en Tixtla, Guerrero, cuando unos 70 soldados intentaron desarmar en dos ocasiones a los integrantes de la Policía Comunitaria de la comunidad de Acatempa, que recientemente se integraron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), durante una marcha que organizaron en Tixtla para exigir al gobierno municipal condiciones para operar.

Los 200 comuneros manifestantes fueron rodeados por los militares, quienes “intentaron desarmarlos, pero el comisario de la comunidad, Pastor Coctecon Plateado, quien también se asume como policía comunitario, encaró al militar y le exigió que respetara a sus hombres. Hubo jaloneos de ambos lados: los policías comunitarios intentaban avanzar, y los soldados, detenerlos. Una mujer del pueblo que iba en la marcha –porque las mujeres también forman parte de la Policía Comunitaria– le gritó al teniente coronel: ‘¡Así fueran a detener a los sicarios!’. El militar, que se mostraba nervioso, ordenó permitir la marcha y dejar pasar a los policías comunitarios con sus rifles terciados”.

Más tarde, en el trayecto de la carretera Chilapa-Chilpancingo, nuevamente los soldados, a bordo de camionetas, intentaron desarmar a los policías comunitarios; esta vez sólo a un centenar de ellos, quienes iban al frente. Pero los comunitarios no cedieron, ni pararon, y el teniente coronel nuevamente desistió de desarmarlos (nota de Margena de la O en La Jornada Guerrero (http://bit.ly/Z962kE )¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx


 El PAN: origen y desastre

Por: Sanjuana Martínez – mayo 20 de 2013 – 10:40 COLUMNAS, Daños colaterales – 10 comentarios

Para entender la actual crisis del PAN hay que remontarse a sus orígenes y particularmente a la especial participación de cristeros, la Unión Nacional, la Unión Nacional Sinarquista, y su estrecha relación con la Iglesia Católica y la Falange Española de las JONS, en su fundación en 1939. Esta parte ideológica fundacional del Partido Acción Nacional y sus principios fue consignada en documentación desclasificada por la Marina de Estados Unidos en 1941. Son textos que hacen referencias claras a la vertiente doctrinaria del PAN con el fascismo, cercano al nacionalsocialismo fundado por Adolfo Hitler, algo que lamentablemente aún perdura en el PAN. Y para muestra un botón: los grupos de extrema derecha han creado agrupaciones clandestinas, como México Despierta, fundada por Juan Iván Peña Neder, coordinador de Asesores de Abraham González, Subsecretario de Gobernación durante el gobierno panista de Felipe Calderón. Hay que recordar que Peña Neder, denunciado por su ex esposa por violación, estaba acompañado en esta organización secreta filofascista por Carlos Villar Erives, ex funcionario en la Secretaría de la Función Pública, y Rafael Mendoza. Ellos, originarios de Chihuahua, fueron extendiendo sus adeptos en el Distrito Federal y Guadalajara, –en esta última ciudad con la ayuda de los famosos Tecos, considerados como una agrupación de corte nazi que ha operado desde la Universidad Autónoma de Guadalajara con ilustres panistas simpatizantes como Francisco Ramírez Acuña, ex Gobernador de Jalisco y ex Secretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón–. De manera preocupante, el poder de los Tecos y su ideología fascista se ha extendido a lugares tan lejanos como Baja California, donde poco a poco fueron cooptando parte de la estructura del PAN y de los distintos gobiernos que han pasado por el poder. Los ejemplos de ideología fascista han sido consignados, por ejemplo, en el Estado de México, donde fue elegido Óscar Sánchez Juárez como dirigente del Partido Acción Nacional y luego rechazado por sus posiciones ultraderechistas. El político se declaró públicamente simpatizante de Hitler, de quien admira, su “liderazgo” porque dijo hubo miles de personas que daban la vida por él. Ciertamente resulta llamativo que a estas alturas, el nazismo siga cosechando simpatías a pesar del repudio que produce. En Nuevo León, por ejemplo, la creación de movimientos ultraderechistas y fascistas está ligada a una parte del empresariado vinculado al PAN. Estos grupos a veces han sido armados en “guardias blancas” para proteger a empresarios, una especie de paramilitarismo de la clase alta muy de moda actualmente debido a la inseguridad. De hecho, en Nuevo León nunca han dejado de crearse grupos fascistas y neonazis. El último se llama la HemandadAlgiz que promueve el nacionalsocialismo, distribuyendo y pegando panfletos contra homosexuales y comunistas. Incluso tiene una página en Facebook. En esta historia de la ultraderecha en México hay una participación de políticos y empresarios ligados al Partido Acción Nacional como el llamado Grupo San Nicolás, formado por ilustres panistas, como Zeferino Salgado, ex alcalde y actual militante del PAN a quien llaman “El Führer”, como se conoce popularmente a Adolfo Hitler. Es hermano del actual alcalde, Pablo Salgado, y compañero de Carlos de la Fuente Flores y el famosos panista Fernando Larrazábal, acusado por corrupción. Este marco referencial de la historia antidemocrática del PAN nos sirve para entender las posiciones actuales del dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, quien notificó a Ernesto Cordero su remoción de la coordinación del grupo parlamentario en la Cámara de Senadores. El panista más priista después de Vicente Fox, ha señalado que posee una ‘‘facultad estatutaria’’ para nombrar al líder de la bancada cuando lo considere necesario, a pesar de que, 24 de los 38 senadores de Acción Nacional, le enviaron una carta con firmas para expresarle su respaldo a Cordero Arroyo. En la deriva y desastre del PAN se encuentra finalmente esta vertiente doctrinaria antidemocrática. ¿Cómo podemos esperar democracia interna en un partido que tiene este tipo de orígenes? Resulta lógico entonces que el PAN pretenda parecerse cada día más al PRI. También resulta lógico que Madero tenga una relación más estrecha con Enrique Peña Nieto e incluso es lógico que ambos ofrezcan detalles de su fascinación mutua. Lo sorprendente es que los panistas decentes lo permitan. Y más sorprendente, que vean cómo el PRI va devorando lentamente al PAN ante la atenta mirada de sus militantes. Finalmente la crisis interna del PAN es reflejo de su crisis externa. No hay que olvidar que el año pasado este partido en cuyos orígenes esta la semilla del autoritarismo, sufrió una de sus peores debacles después de perder la Presidencia de la República y registró una desbandada histórica de miles de militantes, encabezados por el priista Vicente Fox. ¿Qué pensarán los panistas de bien que ayudaron a crecer a su partido a base de trabajo y esfuerzo? Si Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Adolfo Christlieb Ibarrola y Rafael Preciado Hernández levantarán la cabeza, vaya sorpresa que se llevarían: el PAN convertido en una mala copia del PRI. http://www.websanjuanamartinez.com Twitter: @SanjuanaMtz Facebook: SanjuanaMartinez

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Ladynatos y Mireynatos

Por: Jenaro Villamil – mayo 16 de 2013 – 15:47 COLUMNAS, Villamil en Sinembargo – 26 comentarios

Una pasada de mal criada y el otro de copas, Andrea Benítez y Andrés Granier, generacionalmente distintos, pero coincidentes en la cultura de la impudicia y la impunidad, son los dos casos más recientes, no los únicos, de esta era que en redes sociales hemos llamado el #Ladynato y el #Mirreynato. Benítez se volvió trendingtopic en Twitter tras el episodio de su arribo al MaximoBistrot, en la Colonia Roma. Su desplante al no conseguir la mesa que ella quería y el envío de cuatro verificadores de la Procuraduría Federal del Consumidor, encabezada por su padre Humberto Benítez Treviño, dio origen al mote #LadyProfeco. La hija del ex procurador mexiquense, digno alumno de Carlos Hank González, no es responsable de su mal criadez. Nadie le dijo que ya no estaba en Toluca sino en la Colonia Roma. Las Ladies en el reino de Atlacomulco pueden llegar a donde quieran, pedir lo que quieran porque ahí todos saben “con quien se están metiendo”. Pero en una ciudad donde todos somos anónimos hasta que el primer tuit escandaloso nos alcance, el desplante de Benítez resultó mortal. Fue mortal no sólo para su padre –Humberto Benítez apenas el 9 de mayo presumió que “por mi mente no pasó presentar mi renuncia”– sino para una élite que llegó a la presidencia de la República con la sana costumbre de sentirse aristócratas de la nómina y protegidos por el control mediático en el reino de Atlacomulco. El episodio de #LadyProfeco, como el de #SomosProles de la “desaparecida” hija de Peña Nieto, despertó las alarmas en las prácticas y desplantes de la élite peñista. Lo grave no es ser impúdicos, racistas o arbitrarios sino que alguien te cache con un smartphone dispuesto a lanzar el mensaje, el video o el audio a las redes sociales. De ahora en adelante, la orden y el “mensaje” no explícito desde la Secretaría de Gobernación es que cuiden a sus hijos y parientes, pero también sus páginas y cuentas en Facebook, Instagram, Twitter, Google + y otras redes sociales para que no exhiban la riqueza no declarada o el gusto art narcó al estilo de los Romero Deschamps. La involuntaria crónica de sociales y de política ya no está en las bien planeadas (y pagadas) páginas de revistas y secciones de socialités sino en el narcicismo autoincriminatorio de los nuevos y viejos ricos del poder. La contraparte del Ladynato, el Mireynato de los gobernadores, ex gobernadores, legisladores y servidores públicos en general, alcanzó un nuevo clímax con el “químico” Andrés Granier, ex mandatario de Tabasco, quien resultó una revelación como la versión tropicalizada de Imelda Marcos, la ex mandamás de Filipinas. “Me llevé ropa a Miami, me llevé ropa a Cancún, me llevo ropa a mi casa y me quedan, me quedan aún 500 camisas”, le presumió Granier a su interlocutor en la grabación telefónica más mencionada en los últimos días, divulgada por el noticiero local TeleReportaje. La “filtración” seguramente trae otro mensaje: cuidado gobernadores y ex gobernadores porque los múltiples CISEN que operan en el país andan tras sus guardarropas, bienes raíces y operaciones electorales, como en Veracruz. Granier ya no será recordado por su compulsión de ser un Teletón tabasqueño en medio de las peores inundaciones de Villahermosa. Se volvió personaje digno de Ibargüengoitia por presumir ¡y contabilizar! 400 pares de zapatos, mil pares de tenis, 300 trajes, mil camisas, y múltiples departamentos en Miami, Cancún y cuanto paraíso inmobiliario exista. Para algunos periodistas de insufrible tono perdonavidas, el escándalo de Granier es “anecdótico” (Ciro Gómez Leyva en Tercer Grado). No puede ser andecdótico lo que se ha convertido sistemático en el estilo de los políticos que imitan a los Mirreyes, sin importar el signo partidista. Ahí está el episodio del “helicóptero del amor” del panista Sergio Estrada Cajigal en Morelos; las vaqueritas de futbol americano contratadas a costa del erario por el priista Beto Borge en Quintana Roo; o el “multipartidista” Juan Sabines, ex cacique de Chiapas, y su pasión por los excesos y los millonarios contratos con TV Azteca; o a Emilio González, en Jalisco, que con el mismo tono etílico de Granier se envalentonó para mentarle la madre a sus gobernados; o el veracruzano Fidel Herrera quien gustaba de repartir “premios gordos” de Lotería Nacional; o la ex gobernadora yucateca Ivonne Ortega donándole hectáreas a su sobrino de cinco años; o a Humberto Moreira viviendo con una “pensión” del magisterio en un barrio exclusivo de Barcelona; o al regiomontano Rodrigo Medina escondido en los malls de McAllen, mientras a Monterrey se lo llevaba la violencia de los cárteles. No es anecdótico lo que se ha vuelto sistemático. Y eso que faltan los alcaldes, delegados capitalinos y una singular corte de legisladores y juniors de la política. La corrupción ya no es un asunto secreto y encriptado en los expedientes de la complicidad sino en una exhibición grosera de quienes jamás conocieron la rendición de cuentas. http://www.homozapping.com.mx

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¡Por fin la justicia!

Por: Lydia Cacho – mayo 16 de 2013 – 0:00 Cacho en Sinembargo, COLUMNAS – 25 comentarios

Esta semana, perdida entre las noticias de la cotidiana corrupción política y las confesiones de riqueza y vida superflua de gobernantes ebrios, quedó una de las marcas históricas más importantes para la justicia en Latinoamérica y para las mujeres. Guatemala, país hermano, nuestro vecino al sur, acaba de demostrar que a pesar de los sistemas de justicia endebles e infestados de corrupción, un juzgado ético puedo lograr lo inesperado: sentenciar a un poderoso ex presidente por el genocidio de su pueblo. Desde 1999, la Premio Nobel, Rigoberta Menchú, intentó llevar a juicio en España a Ríos Montt y otros generales por delitos de lesa humanidad. España aceptó pero los abogados del militar logaron evitar el juicio. En 2007, buscando el fuero constitucional, Ríos Montt se convirtió en diputado y perdió el fuero al terminar su mandato en 2012. Ya con un expediente perfectamente armado en marzo de 2013 la jueza Jazmín Barrios, presidió el tribunal tripartita que logró sentenciarlo. No solamente Guatemala, sino México, Argentina y otros países de la región se han visto obligados a recurrir a los cortes internacionales para juzgar los delitos de lesa humanidad que el propio sistema interno se ha negado a reconocer, investigar y juzgar a plenitud. La sentencia de 80 años de prisión contra José Efraín Ríos Montt es una victoria para los derechos humanos. La jueza, Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Justicia, leyó la sentencia que con toda claridad especifica los delitos de violencia de género, un precedente vital para las mujeres latinas. Ante una sala dividida entre las familias de las víctimas del genocidio y la familia y amistades del general Ríos, la voz firme de la jueza se escuchó al leer: “El Ejército llegó a considerar a la población civil enemigo interno. Habiendo contemplado el exterminio de la población, lo que se materializó en las masacres indiscriminadas en el área Ixil: violación de mujeres, niñas y ancianas; bombardeos, quema de viviendas, siembras y muertes de animales. De acuerdo con lo indicado por la perito, se produjo la destrucción del entorno social y cultural de los ixiles, a los que se consideró como rebeldes: un pueblo difícil que no se sometía”. Se demostró ante tribunales que el Plan Victoria 82, era una estrategia militar para destruir y castigar a la población indígena que se rebelaba contra un gobierno impuesto a través de un golpe militar. Luego, según la sentencia, “en el plan Firmeza 83, el Ejército veía a las poblaciones como subversivas y enemigas. Por lo tanto el Ejército no hizo diferencia entre población civil y gente armada, iniciando estrategias de persecución. El objetivo es el control físico y psicológico; se establece arrasar las poblaciones y sus cosechas. Despojando a la población en sus fuentes de alimentación, determinando que existió planificación del alto mando militar que se concretizó en el uso de aviones y helicópteros para destruirlos, lo que dio lugar a la persecución de gente a la montaña, afectando a los más vulnerables”. A nada se parece que en un juicio público se reconozca frente a las víctimas y sobreviviente que esas fosas clandestinas, cavadas por miembros del Ejército, ocultaron durante décadas la tortura de miles de hombres, mujeres y jóvenes asesinados con saña por armas de uso oficial. Por fin, después de tres décadas se reivindicó el derecho a la verdad, a la justicia. Es la primera vez también que en nuestro continente se juzga a un genocida por haber ordenado a sus soldados la utilización de la violencia sexual como arma de guerra. Durante décadas las mujeres han denunciado cómo, además de destruir los sembradíos, quemar los hogares y asesinar a los hombres y niños, los ejércitos violan a las mujeres como parte de una ceremonia de colonización total, de la tierra, los cuerpos y las vidas de un población determinada. Y hemos de agradecer a la gran abogada Paloma Soria, de la organización Women’s Link, su impecable trabajo para reunir evidencia, testimonio y material de peritajes irrefutables que son parte fundamental de la demostración de que hasta 20 soldados violaban a a una misma mujer encerrada en un calabozo. En su determinación, la juez, frente a Rigoberta Menchú quien desde el público escuchaba con las lágrimas agolpadas en la garganta, dijo: “El ataque, que incluye violación de menores, mujeres embarazadas y ancianas. El peritaje efectuado constata que las violaciones se produjeron en forma continuada y contribuyeron a la destrucción del tejido social, explicando que tanto las violaciones como las mutilaciones ocasionaron trauma de terror destrucción física y cultural teniendo como objetivo eliminar a la etnia maya Ixil”. La sentencia a este militar que actualmente tiene 87 años, fue de 50 años por delitos de genocidio y de 30 años por delitos contra deberes de humanidad, lo que significa que él como Presidente de facto del Estado Guatemalteco debió utilizar al Ejército para hacer justicia y no para escarmentar, violar y asesinar a la población civil. El público se levantó, aplaudió; las sobrevivientes de violencia sexual, familiares de víctimas desaparecidas o asesinadas se abrazaban, lloraban, y de pronto el salón del tribunal se cimbró con los gritos de una porra emocionada para la jueza presidenta, una y otra vez; mientras una veintena de familiares y amigos del dictador Ríos Montt palidecía congelada ante la sentencia, hombres y mujeres celebraran la justicia. El 23 de marzo de 1982, Ríos Montt participó en un golpe militar y se adueñó, durante dos años, de la presidencia de su país. Ahora, el pasado día de las madres, 31 años después, se convierte en el primer ex presidente sentenciado por su propio país por genocidio y delitos de violencia de género. @lydiacachosi

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La droga, en sí misma, no causa violencia extrema: Buscaglia

Al analizar el informe titulado “El problema de las drogas en las Américas”, elaborado por la OEA, el investigador Edgardo Buscaglia señaló que con este reporte se inicia el debate de la legalización de algunos estuperfacientes.

 

(Foto: Cuartoscuro)

Redacción AN

Mayo 21, 2013 9:47 am

 
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Edgardo Buscaglia, investigador principal de la Universidad de Columbia, hizo un análisis esta mañana sobre el reciente informe de la Organización de Estados Americanos, titulado “El problema de las drogas en las Américas“, al cual calificó como el inicio del debate de la legalización de las drogas.

En entrevista para la primera emisión de Noticias MVS, señaló que los estuperfacientes en sí mismos no son la causa de la “violencia extrema” que vive México, según se obseva en países como Rusia y China, con mafias delincuenciales más poderosas que las mexicanas.

Advirtió que los cárteles no necesariamente se traducen en el mundo en eventos violentos; señaló que “países donde operan grupos criminales más poderosos (como los chinos y rusos) pasan, transitan y se venden drogas masivamente”.

Apuntó que en el caso latinoamericano se observan “vacíos” o “defectos” del Estado, que resulta ser un ingrediente para la violencia que se suscita, por ejemplo, en México y Honduras.

Además, Buscaglia remarcó que los Estados no dicen qué hay que hacer al respecto, cómo cubrir su vacío y permite que los cárteles se disputen el poder “como pirañas”. Mencionó que en lugares como Varsovia o Praga, donde también venden y compran droga, “no ves cuerpos que se tiran en las calles”.

Comentó que esos “vacíos” del gobierno se derivan de “transiciones políticas hacia las democracias”; señaló que los “vacíos institucionales causan que grupos criminales comiencen a tomar el poder” y a dirimir sus propios conflictos.

OEA no ofreció un menú de opciones

Edgardo Buscaglia señaló que el informe dela OEA no ofrece un “menú de opciones” para los presidentes de diferentes países que aún no saben qué hacer con el consumo de drogas.

“Se necesitaba un enfoque puramente científico para que tuvieran (los presidentes) el menú de opciones de solución”, dijo en entrevista.

El investigador consideró que la organización “no se anima” a sugerir abiertamente la legalización de las drogas, con base en la evidencia científica sobre los efectos que tendría autorizar el consumo.

Advirtió que nadie está hablando de que se compre la heroína en la esquina ni que se avalen drogas que hagan daño, sino de legalizar con base en la calidad de esta para que no sea incierto el consumo y no se vuelva un problema de salud pública.

Llamó a “generar mecanismos regulatorios de acceso restringido de acuerdo a sus efectos”, de manera similar a como se hace con el alcohol u otras “medicinas tóxicas” que se venden en el mercado.

Ejemplificó con el presidente de Uruguay, José Mujica, quien propuso recientemente regular la producción de marihuana, lo cual calificó como un “paso importante” en América Latina.

También estimó que “hay que forzar a la ONU a que llame a países miembros a retomar debate abierto” sobre el tema.

“Se requiere de un diálogo científico de muchas disciplinas”, urgió.

Apuntó, además, que no puede haber en el mundo países prohibicionistas al lado de quienes sí regulen el consumo, pues generaría otro problema social.

“Cuando los países fallan en regular adecuadamente las drogas, dejan vacíos regulatorios, es un subsidio directo a la delincuencia organizada”, sentenció.


Luchando por la soberanía popular: primer encuentro de las comunidades indígenas en territorio de la policía ciudadana y popular (pcp)

por zapateandoEscribir un Comentario

Categorías: defensa del territorioGuerreroMedios libresNoticias y REPRESION POLÍTICA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Por Heriberto Paredes Coronel

http://www.agenciasubversiones.org/?p=7783

20 mayo, 2013

 

El pasado 18 de mayo de 2013 tuvo lugar en la comunidad de Nuevo Paraíso, municipio de Cualác, Guerrero, el Primer Encuentro de las Comunidades Indígenas en territorio de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) llevando como título, “Nikantinonamikejuantikijtouatotlajtol” (Aquí nos encontramos y decimos nuestra palabra). La comunidad estaba preparada desde temprano para recibir a los invitados de las demás comunidades de las zona, a los policías integrantes de la PCP, la prensa y pueblo en general, la escuela del pueblo se encontraba dispuesta para que en los salones se llevaran a cabo las mesas de trabajo, el pequeño patio tenía lonas para proteger del calor y el desayuno nos esperaba ya en cada uno de los trastes que llevaban varias familias hasta este patio de escuela.

Toda la jornada transcurrió en calma y con mucha organización. Los casi doscientos policías ciudadanos y populares hacían filas para desayunar, instalaban el sonido, traían garrafones de agua, hacían el registro de los recién llegados. Salvo contadas excepciones, los presentes provenían de comunidades cercanas o bien de Olinalá y Temalacatzingo. Con mucha seriedad se nos pidió que acompañáramos la formación para la marcha que se realizaría como primer acto del evento, por lo que no tardamos en regresar de nuevo a la carretera –casi empapados de sudor y sin mucho agua en las botellas- para apostarnos en los vértices de una formación bien organizada.

Pareciera ser que en Guerrero las marchas sobre la carretera y los caminos aledaños a las comunidades son parte esencial de toda buena organización que cuente con una estructura, principios políticos y un posicionamiento determinado. Este es también el caso de la PCP, que guardando los protocolos necesarios a la usanza guerrerense, comenzó con una marcha encabezada por los coordinadores regionales e integrantes del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia, quienes llevaban en sus brazos, la bandera nacional.

Con fortuna, la vida y los sombreros nos dieron oportunidad de seguir cada paso de las dos formaciones que bloquearon por un momento la carretera que viene de Tlapa y que llega hasta Olinalá. Nuevamente es preciso repetirlo, todo en calma, ninguna presencia incómoda de las instituciones estatales. La gente, hombres, mujeres y niños caminaban acompañando a quienes seguro son familiares, amigos o simplemente las personas en quien confían para lograr lo que ningún gobierno ha podido: tranquilidad.

Luego de la entrada de los policías al patio de la escuela –unos dirían, al paraíso- el evento continuó con la entonación del himno nacional en náhuatl y luego en castilla. Los saludos posteriores y los mensajes de bienvenida también pasaron por este orden, primero en la lengua del lugar y de la zona, luego la otra, sí, esa, la lengua que vino de fuera. Ya con varios policías armados de jarras de agua cristalina y vasos, repartiendo por todo el lugar, una de las compañeras responsables de la estructura de la PCP, la compañera Sitlaly, dio lectura al Manifiesto Político de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP). Un documento extenso que plantea no sólo un análisis de las condiciones económicas, políticas y de inseguridad que se viven en Guerrero, también se trata de un documento que plantea las motivaciones más vivas para construir una organización como la PCP y sus estructura política; dicho manifiesto plantea el posicionamiento de esta organización respecto a los partidos políticos, el gobierno estatal y el gobierno federal pero también caracteriza a la actitud de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) y se deslinda de sus recientes pactos con el gobierno de Ángel Aguirre; sin embargo, y es preciso anotarlo, también hace una crítica política a la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), obviamente bajo términos de compañerismo aunque no de adhesión. Para conocer a detalle el manifiesto completo, es posible descargarlo aquí:

http://agenciasubversiones.org/archivos/MANIFIESTO%20PCP%2018%20MAYO%20.pdf

Como última parte de este encuentro se llevaron a cabo tres mesas de trabajo bajo los siguientes temas puntuales:

a) El comportamiento político del gobierno frente a la PCP y el movimiento social independiente.

b) El Sistema de Seguridad y Justicia de los Pueblos Indígenas

c) Alianzas estratégicas, coyunturales, riesgos y Plan de acción mínimo.

Dentro de distintos salones de la escuela que nos recibió se desarrollaron discusiones bajo metodologías específicas a cada mesa organizadora. Las aulas estuvieron llenas durante las dos horas de trabajo y se abordaron las problemáticas de cada tema, opiniones generales, análisis, resolución de dudas y comentarios.  Era una sensación agradable la que recorría los pasillos y las aulas mientras los y las policías discutían, planteaban dudas o bien daban sus testimonios personales del porqué habían decidido entrar en esta organización popular. Por la dificultad de transmitir los detalles de cada discusión intentamos sintetizar los resultados en algunas entrevistas y en un video más largo que retrata de manera testimonial algunos componentes de la PCP, tan sólo es necesario ir al final de esta entrada y se podrán ver directamente cualquiera de los cuatro videos que acompañan esta nota.

Durante la hora de la comida pudimos conversar de manera más relajada con algunos policías y también fuimos objeto de bromas y algunas burlas al no entender muy bien la broma. La comida durante todo el encuentro estuvo deliciosa y de alguna manera hermanaba a propios y extraños. Sentados en el patio de la escuela, comiendo esas enormes y deliciosas tortillas (características de todo el estado, si se me permite la generalización), aquellos frijoles o el pozole blanco, así nos mirábamos entre nosotros, como parte de una experiencia a la que se nos permitió acercarnos para conocer y romper los prejuicios y las inconsistentes informaciones que la prensa corporativa no se cansa de escupir por todos lados. A quienes encontramos en esta comunidad paradisiaca fueron a seres humanos como nosotros, piel morena y un ánimo infranqueable para que este país cambie de una vez y para siempre, no vimos a ningún grupo del crimen organizado que estuviera dirigiendo a la PCP, simplemente conocimos de cerca de a seres humanos con problemas concretos y con propuestas claras para resolverlos. Y con un sentido culinario muy agradable.

A manera de conclusión quisiera resaltar uno de los conceptos que se usaron a lo largo de toda la jornada y sobre el cual se hizo hincapié por su papel fundamental: soberanía popular. No pretendo dar una definición exacta y precisa de esta idea política, pero si puedo apuntar que lo que se incluye dentro de este gran saco es la capacidad que tienen los pueblos de organizarse de manera autónoma y decidir el curso de su caminar político, social, económico y cultural, es decir, la capacidad de ejercer el poder de manera popular. A esta idea central se le vincula, dentro de las discusiones dadas aquí, con una democracia participativa y con la inutilidad de partidos políticos que desvirtúen el quehacer político  lo llenen de corrupción y violencia. Para la PCP la construcción de la soberanía popular es el objetivo de su lucha y concentraran sus fuerzas –tal y como lo han hecho desde hace trece años, previos a su aparición pública este 2 de diciembre de 2012- en lograrla. Para la PCP no se trata sólo de un ejercicio de seguridad comunitaria sino de justicia social, así lo expresaron en aquel patio de escuela en la comunidad de Nuevo Paraíso, mujeres, hombre y niños.

 

 

 

Videos del Primer Encuentro de las Comunidades Indígenas en territorio de la Policía Ciudadana y Popular (PCP):

 

1.Combate y prevención del delito from SubVersiones on Vimeo.

En este video Martín Flores, Comandante General de la Policía Ciudadana y Popular en la región de Temalacatzingo, nos habla de algunos elementos del contexto regional que motivaron la creación de esta organización y nos presenta de manera sintética algunos pasos por dar para prevenir la delincuencia y de esta manera tener una vida tranquila que permita el desarrollo integral. Esta es una de las varias entrevistas que pudimos hacer con integrantes de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) en Guerrero.

2. Relación con el gobierno, organizaciones sociales y otras experiencias de lucha from SubVersioneson Vimeo.

Esta entrevista a Sitlaly Pérez, mujer con distintos cargos dentro de la Policía Ciudadana y Popular (PCP), nos habla acerca del tipo de relación que ha habido siempre con los partidos políticos y con el gobierno estatal y federal, de los intentos por acabar con experiencias honestas que buscan la construcción de la soberanía popular. Sin embargo, ella también hace algunos comentarios acerca de la UPOEG y de la CRAC-PC en tanto se trata de organizaciones vecinas en el estado de Guerrero.

3. Una mujer policía from SubVersiones on Vimeo.

En palabras sencilla una mujer indígena nahua nos sintetiza el sentido de la existencia de la Policía Ciudadana y Popular. Sus palabras invitan a la lucha…

4. Retrato de la Policía Ciudadana y Popular from SubVersiones on Vimeo.

A través de diversas voces tratamos de mostrar varios aspectos constitutivos de la Policía Ciudadana y Popular. No sólo son sus componentes en términos de cargos y tareas, también nos pareció pertinente abordar la experiencia humana y las valoraciones políticas como partes de un todo. Son sus palabras las que hablan.


Como en la Colonia Española, saquean el oro de los pueblos indios

Los territorios indígenas más golpeados por las concesiones mineras son los rarámuris, zapotecos (principalmente de los valles centrales de Oaxaca), chatinos, mixtecos, coras, tepehuanes y los nahuas de Michoacán. Las concesiones en estos pueblos suman más de un millón de hectáreas.

ECKART BOEGE
FOTOS: ALFARO GALÁN

 

Para finales del año  2012, el gobierno mexicano había concesionado 2 millones 173 mil 141  hectáreas de  territorios indígenas a las compañías mineras trasnacionales. Es decir, en los últimos 100 años los indígenas han perdido la jurisdicción del 17 por ciento de su territorio tan sólo por concesiones mineras, sin tomar en cuenta grandes proyectos hidroeléctricos. La mayoría de las concesiones en territorios de los pueblos indígenas fueron otorgados por los dos últimos gobiernos panistas al amparo de una ley minera neoliberal de corte salinista.

Número de concesiones otorgadas en territorios indígenas por los gobiernos panistas.

Número de Concesiones otorgadas en territorios indígenas 2000-2012: metal principal registrado por concesión

Oro 2814
Plata 71
Cobre 25

Esta pequeña tabla es muy significativa, pues se trata de concesiones recientes, y señala claramente que en la actualidad lo más redituable de la minería a cielo abierto es obtener oro. (Para el año 2009, el uso del oro a nivel mundial se reparte en inversiones privadas 18 por ciento, reservas oficiales 16 por ciento, joyería 52 por ciento y el 10 por ciento para uso industrial (ver William Sacher, Cianuro la cara tóxica del oro http://es.scribd.com/doc/54235978/Cianuro-cara-Toxica-Del-Oro).

Es increíble como el fetichismo de la mercancía oro, genera tantos estragos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ante el agotamiento de los filones la minería industrial masiva, recoge “polvos”  de los minerales en depósitos rocosos o arenillas.  Para obtener infimos volúmenes de metal (una mina de mediano calado obtiene 0.7 gramos de oro por tonelada removida) se requiere obtener en concesión grandes extensiones de territorios para explorar los sitios precisos de interés minero.

La minería industrial a cielo abierto genera cráteres y con el material removido en grandes lagunas de lixiviación utiliza usa el cianuro de sodio, como compuesto más barato y “eficiente” para lixiviar los metales. Después de varios accidentes y los riesgos potenciales en algunos países de Europa, se ha prohibido el uso de cianuro para los procesos de lixiviación, mientras tanto en México las mismas compañias europeas pretenden abrir una planta para producción de este compuesto altamente tóxico.  Estos procesos industriales intensivos son de alto riesgo y no hay manera de acoplarlas al “desarrollo sustentable” con competitividad, tal como se pregona desde la SEMARNAT. Las cicatrices ambientales (destrucción de ecosistemas, comunidades floristicas, biodiversidad), sociales y económicas  son  de larga duración. Se trata de un modelo industrial intensivo de alto riesgo para la salud humana y para los ecosistemas, con una aportación importante de gases de tipo invernadero y ningún beneficio para las localidades, municipios, estados y la nación en general.

La mayoría de las concesiones en los territorios  de los pueblos indígenas se encuentra en fase de exploración (o en búsqueda de inversionistas), mientras  106 mil 833 hectáreas ya se están explotando.

De acuerdo a la ley minera, el gobierno tiene la obligación de informar a los propietarios su pretensión de concesionar estas porciones de tierras, e indagar si hay interés local para “explotar” los minerales y otorgar “preferentemente” a los dueños de la tierra la concesión. En el otorgamiento de las concesiones en territorios indígenas, la ilegalidad oficial es mayor puesto que, por ejemplo, en la Secretaría de Economía se hace  caso omiso a los convenios internacionales y su  manual respecto elconsentimiento libre e informado (Convenio 169 OIT , Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el “ Protocolo de actuación para quienes imparte  justicia en casos que involucren los derechos de personas, comuniades y pueblos indígenas” por parte de la Suprema Corte de la Nación).

Algunas concesiones abarcan casi la totalidad de los  territorios de  los pueblos indígenas pequeños del norte del país (kiliwas, kikapoo, cucapas, pimas, guarijios, pápagos) todos ellos en vías de extinción. Los territorios indígenas más golpeados en términos de la extensión de las concesiones son los rarámuris (tarahumaras), zapotecos (principalmente de los valles centrales de Oaxaca), chatinos, mixtecos, coras y tepehuanes, los nahuas de Michoacán. Las concesiones en territorios de estos pueblos indígenas suman más de un millón de hectáreas.

¿Qué significa para los indígenas la entrega del país por parte del  gobierno a las transnacionales de la minería? Para 2012 los gobiernos panistas habían  concesionado a las grandes compañias 31 millones de hectáreas. Muchas concesiones abarcan porciones de mar, áreas naturales protegidas, territorios indígenas, ejidos y comunidades campesinas, frecuentemente sin que la población esté  enterada.

Se trata de una nueva distribución de territorios a nivel mundial y las concesiones mineras son parte de la “desposeción” territorial de miles de mexicanos, mismas que son transferidas a grandes consorcios mineros,  principalmente extranjeros. Para los pueblos indígenas y comunidades campesinas la incursión de este tipo de minería en sus terriotorios significa que no hay bienes comunes que administrar, relaciones sociales comunitarias que establecer, naturaleza que manejar, conocimientos milenarios que recrear, milpa que sembrar y recursos fitogenéticos que domesticar,  en resumen se trata de la muerte cultural generada en un choque frontal entre un proyecto industrial de la cultura de la muerte  que desplaza el  proyecto implícito  regional indígena y campesino sobre un territorio determinado. Para los indígenas y comunidades campesinas se trata de un proceso neocolonial grave, ya que se pierde la jurisdicción sobre su territorio, sobre su proyecto de vida, sobre la cultura de origen mesoamericano relacionada al territorio, a los ecosistemas y los recursos naturales incluyendo el agua.

Publicada en 20 de mayo de 2013.


  Policías comunitarias en Michoacán rechazan entregar armas al Ejército

JOSÉ GIL OLMOS
21 DE MAYO DE 2013 · 21 COMENTARIOS
DESTACADO

 

Imagen de una reunión de policías comunitarias en Guerrero. Foto archivo: Jessica Guerrero

COALCOMAN, Mich., (proceso.com.mx).- Los habitantes de los municipios de Buenavista Tomatlán, Coalcomá y Tepalcatepec  rechazaron dejar las armas ante representantes del Ejército que ayer iniciaron un despliegue por esta zona del estado conocida como Tierra Caliente, como parte del operativo de seguridad ordenado la semana pasada por el presidente Enrique Peña Nieto.

En un recorrido por estos tres municipios se pudo observar la presencia de grupos de policías fuertemente armados patrullando en camionetas por las carreteras que vienen desde Morelia.

Por parte del Ejército, varios grupos igualmente con armas de asalto establecieron puestos de revisión en los caminos de estos tres municipios.

Sin embargo, los habitantes mantuvieron también sus puestos y rondines de vigilancia día y noche y rechazaron la entrega de las armas.

El lunes, mientras que por órdenes de la presidencia de la República las secretarias de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) desplegaron en la zona de Tierra Caliente de Michoacán casi mil elementos en búsqueda de pacificar la región violentada por la disputa territorial de cárteles de la droga, los habitantes de Buenavista, Coalcomán y Tepalcatepec rechazaron entregar las armas con las que se están defendiendo de los grupos del crimen organizado.

En las cabeceras municipales de ambas poblaciones los habitantes realizaron marchas y manifestaciones exigiendo al gobernador sustituto, Jesús Reyna García, que les de seguridad ante las amenazas del grupo del crimen organizado “Los Templarios”.

Aún siguen con problemas de abastecimiento de gasolina y de algunos alimentos y medicinas, los cuales han traído de las poblaciones aledañas con Jalisco a través de vehículos particulares. Los camiones de refrescos y pan Bimbo, así como de alimentos chatarra siguen sin poder ingresar.

Los habitantes de estos dos municipios y de Buenavista mantienen las armas y la vigilancia a través de grupos de autodefensa ciudadana que se organizaron hace apenas una semana a pesar de la llegada de los soldados.

En el recorrido por esta zona limítrofe con Jalisco solo se observó a miembros del Ejército y no de la Marina. En los retenes revisan los autos que circulan por las carreteras.

Este martes se tiene prevista en Morelia una reunión con el gobernador Jesús Reyna y los titulares de las secretarías de la Defensa y Marina, así como los de la PGR , el Cisen, la Comisión Nacional de Seguridad, y funcionarios estatales.

Hasta hoy en la mañana no se sabe dónde se efectuará dicha reunión, que será a puerta cerrada, pero que está programada para el mediodía.

Defensa de la tierra en Edomex

JESUSA CERVANTES
17 DE MAYO DE 2013 · 3 COMENTARIOS
ANÁLISIS

 

Comuneros en los predios donde se pretende construir la carretera.
Foto: Tomada de Twitter

MÉXICO, D.F. (apro).- El empresario tamaulipeco Armando Hinojosa Cantú y Enrique Peña Nieto hicieron grandes negocios durante la administración de este último en el gobierno del Estado de México.

Hinojosa Cantú creció al amparo del hoy Ejecutivo federal; gracias a él obtuvo la licitación para construir el hospital de Zumpango por un monto de siete mil millones de pesos y no sólo eso, además lo administrará por 30 años cobrándole una respectiva cuota al Estado de México.

Siendo gobernador Peña Nieto, una de las empresas de Hinojosa Cantú, HIGA Edificaciones, se convirtió en la favorita del sexenio. Tuvo a su cargo varias carreteras, la construcción de la Universidad Autónoma del Estado de México y participó, junto con la empresa española OHL y el Grupo de Abogacía Profesional (GAP), en la construcción del aeropuerto de Toluca.

Hinojosa Cantú llegó al Estado de México desde la administración de Arturo Montiel, tío de Peña Nieto y, cuando éste se desempeñaba como diputado local. En esa época HIGA Edificaciones empezó a ganar licitaciones de obras públicas del Estado de México, de Veracruz, con Fidel Herrera (hasta se volvieron consuegros, aunque más tarde los hijos se divorciarían), y en el gobierno de Chiapas, con Juan Sabines.

En 2004, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a esa empresa por tres meses, e incluso emitió la resolución SAN/102/2004, “mediante la cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la empresa HIGA Edificaciones SA de CV”, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en que además se insta a gobiernos estatales y al federal abstenerse de cualquier entrega de obra pública.

Pero el arribo de Peña Nieto al gobierno mexiquense le trajo suerte de nuevo al polémico empresario; como ya se mencionó, no sólo fueron obras estatales, también creó la empresa de servicios aéreos EOLO, la cual se convirtió en la predilecta de Peña para su campaña presidencial.

Armando Hinojosa Cantú engrosó su cartera de clientes y sus bolsillos y, en los círculos cercanos al peñismo, se llegó a comentar que EOLO era empresa de Peña Nieto, fungiendo Hinojosa como prestanombres, aunque nunca se pudo comprobar tal señalamiento.

Lo que sí fue real es que GAP, propiedad de la reconocida familia Fraga dentro del priismo, construyó, junto con OHL, donde se desempeñaba como uno de los principales ejecutivos el hoy director de Pemex, Emilio Lozoya, e HIGA de Armando Hinojosa, dieron el hoy aeropuerto de la ciudad de Toluca.

Todo esto viene a cuenta porque aunque Peña Nieto ya no está en el Estado de México, la suerte sigue acompañando a Armando Hinojosa Cantú. Las grandes beneficiadas no son sólo HIGA y EOLO, también destaca una empresa más de este próspero empresario tamaulipeco: Autovan SA de CV o Autopistas de Vanguardia.

La empresa fue elegida para construir una nueva autopista, la llamada Toluca-Naucalpan que, como su nombre lo dice, correrá desde el aeropuerto de Toluca (construido por HIGA) hasta Naucalpan.

Esa autopista formó parte de los más de 600 compromisos de Peña Nieto como gobernador, pero hasta hoy se pretende concretar. Porque como diría el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, “Peña sí cumple” y, aunque ya no es gobernador sino Ejecutivo federal, pues se impulsa la construcción de esa autopista.

Pero con lo que Peña y su amigo Armando Hinojosa Cantú no cumplen es con respetar la Constitución, donde claramente se reconocen los pueblos indios. Destaco esto porque la carretera que pretende construir el constructor predilecto de Peña Nieto afectará 23 kilómetros del bosque o Parque Estatal Otomí-Mexica, Santuario del Agua, subcuenca del río San Lorenzo y que el propio gobierno mexiquense declaró área protegida.

La autopista mencionada atraviesa siete pueblos otomíes, los que se rigen por la práctica de usos y costumbres y para quienes el bosque forma parte de las tierras que por decreto presidencial de 1951 les fueron dadas en posesión; además del reconocimiento como pueblo regido por usos y costumbres.

La autopista no sólo dañará la tierra que tienen en posesión los indígenas otomíes de siete comunidades ubicadas entre los municipios de Lerma, Huixquilucan y Naucalpan, sino que además afectará uno de los principales “pulmones” del Estado de México y del cual se abastece (prioritariamente) el Sistema de Aguas Cutzamala, que lleva agua a los 20 millones de habitantes que viven en el Distrito Federal y su zona conurbada.

El gobierno de Enrique Peña Nieto inició el proyecto desde 2008, siendo gobernador y, para engatusar a los habitantes de las siete comunidades, las dividió; por ejemplo, cada una de las siete comunidades de otomíes que se rigen por usos y costumbres tiene entre 4 y 8 mil habitantes, sin embargo, el gobierno “registró” como comuneros a 440 habitantes y a ellos les dio el reconocimiento legal para que se constituyeran en “asamblea”, y sea en ese núcleo donde se decida si están de acuerdo o no con la construcción de la autopista.

Así, son los 440 comuneros registrados (en cada una de las siete comunidades) los que el gobierno toma en cuenta para construir la autopista; el resto de los habitantes son ignorados, lo que ha generado enfrentamientos con las policías estatales y municipales.

La mayoría de los pobladores de las siete comunidades determinaron en sus “asambleas de usos y costumbres” que no están de acuerdo con la autopista de la empresa de Armando Hinojosa, ya que afectará su bosque, se derribarán árboles en peligro de extinción y se afectará incluso fauna endémica.

Pero no sólo ello, la tala de árboles provocará que se rompa el ecosistema del cual el sistema Cutzamala se beneficia y por consiguiente los 20 millones de habitantes del Distrito Federal y zona conurbada.

Los otomíes sostienen que lo más importante para ellos es su relación con su creador y él se manifiesta a través de la naturaleza, por ello, desde hace más de 400 años han cuidado del bosque que los alimenta y hoy abastece de agua al sistema Cutzamala.

Sin embargo, el proyecto de Peña Nieto y su constructor favorito pretende hoy destruirles, por lo menos, 2,300 hectáreas de bosque. Por eso, el Frente del Pueblo Indígena en Defensa de la Madre Tierra está hoy en lucha, en resistencia contra la voracidad de Peña Nieto y de Armando Hinojosa Cantú.

Sólo esperemos que en estas comunidades no ocurra lo que pasó en Atenco, cuando Peña Nieto mandó a sus policías para aplastar a la población que se oponía a la construcción del aeropuerto de Vicente Fox y cuyo saldo fue un estudiante y un niño muertos, así como de varias mujeres violadas.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Twitter: @jesusaproceso

 

Tributo multimillonario del gobierno a Televisa

JENARO VILLAMIL
18 DE MAYO DE 2013 · 78 COMENTARIOS
REPORTAJE ESPECIAL

 

Instalaciones de Televisa en Periférico Sur

Un recuento de los favores fiscales del gobierno a Televisa, a partir de la administración de José López Portillo, muestra que la condonación de casi 3 mil millones de pesos del Servicio de Administración Tributaria al gigante mediático es el tributo con que cada presidente –en este caso Enrique Peña Nieto– compra la buena voluntad de quienes deciden el final de las telenovelas.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En su reporte trimestral ante la Bolsa Mexicana de Valores, el Grupo Televisa informó que desde el 15 de abril, “con el consentimiento del SAT” (Servicio de Administración Tributaria), la empresa presentó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un desistimiento al juicio de nulidad y realizó un pago de 343 millones 254 mil pesos.

El reporte no precisaba lo que realmente era la clave: ese pago representaba apenas el 10% del crédito fiscal por 3 mil 334 millones 960 mil pesos que el consorcio adeudaba al SAT por deducciones erróneas de pérdidas en el pago del Impuesto Sobre la Renta.

El sábado 11 de mayo se precisó que, en realidad, la condonación del adeudo fiscal a Televisa equivalía a 2 millones 990 mil 746 pesos. El dato generó un revuelo mayúsculo en las redes sociales, al grado de convertir las frases #SATHazmeUnParo y #PerdonaSAT en los trendig topics más mencionados durante el fin de semana en Twitter.

El mismo día, el SAT intentó “aclarar” en un comunicado el multimillonario favor fiscal indicando que se basó en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, aprobada en la Cámara de Diputados en febrero pasado, cuando se negociaba en el gobierno federal y el Pacto por México la reforma constitucional en telecomunicaciones.

Pese a la “aclaración”, el revuelo por la condonación de casi 3 mil millones a Televisa no disminuyó. Por el contrario, confirmó la regla no escrita desde los sexenios priistas de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, así como en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, de favorecer fiscalmente al monopolio televisivo.

Desde la entrega de concesiones de decenas de canales sin pago de contraprestación alguna, la condonación de los adeudos fiscales y financieros consentida por Ernesto Zedillo durante la crisis de la sucesión de Azcárraga Milmo en 1997, la eliminación de los tiempos fiscales con el decretazo de 2002 en el sexenio de Vicente Fox, y la supresión del pago de derechos en la Licitación 21 durante el gobierno de Felipe Calderón, la constante de todos los gobiernos ha sido la de beneficiar a Televisa.

(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1907, ya en circulación)


Listo el Plan 2013-2018

Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS

Cinco metas inalcanzables hoy
Crisis política agrava economía
Cisma PAN y Pacto por México
Reformas inútiles e inoperantes
EBC presunto culpable por ABC
“Dos cosas contribuyen a avanzar: ir más de prisa que los otros o ir por el buen camino”.-
René Descartes

Mientras México resiente una debacle económica que se acerca peligrosamente a convertirse en una recesión, y atraviesa una crisis política por la lucha interna del poder en los partidos políticos, y un grave conflicto de seguridad interna en diversas regiones, el presidente Enrique Peña Nieto presentó, ante gobernadores y representes de los poderes Legislativo y Judicial, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que dadas las circunstancias que enmarcan al país, no es más que un amplio catálogo de buenas intenciones, que están lejos de concretarse al mantenerse el mismo modelo económico impuesto hace treinta años y al no variar, en forma significativa, la estrategia de combate al Crimen Organizado y los cárteles de la droga.
Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal sostuvo que “están dadas las circunstancias para mover a México hacia la ruta de la paz, la inclusión y la prosperidad”, lo que nos lleva a inferir que si están dadas todas las condiciones para que el país crezca y se desarrolle, algo muy mal debe estar haciéndose desde el gabinete económico para que durante el primer trimestre de este año, se haya dado una desaceleración de la economía que la llevó a un crecimiento marginal de 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el más bajo desde el año 2009. Peña Nieto advirtió que dicho documento no administrará la coyuntura, sino que hará cambios de fondo, pero los únicos cambios que hemos visto, además de los de manos en la administración federal, son las mentadas reformas estructurales, en el ámbito laboral, educativa y telecomunicaciones, y las anunciadas en materia energética y fiscal que, ya nos advirtieron, no promoverán de inmediato el crecimiento económico del país.
El inquilino de Los Pinos convocó a los mexicanos a actuar con unidad, visión y corresponsabilidad para remover los obstáculos y las barreras que hasta ahora han limitado el crecimiento y el desarrollo del país, pero no hizo ninguna alusión al coordinador de su gabinete económico, Luis Videgaray, que está aplicando la estrategia que buen resultado le dio en el Estado de México, de no gastar y ahorrar los recursos hasta la temporada electoral federal, en el 2015, lo que tiene a la planta productiva del país prácticamente paralizada, con los resultados ya difundidos por el INEGI, en el sentido de que estamos ante un “frenón” de la economía que en nada contribuye a mejorar las condiciones de vida de millones de familias mexicanas.
En el terreno económico, las cosas están tan mal que en la Secretaría de Hacienda creen que ya tocamos fondo, por lo que esperan que en los próximos trimestres se observen mejores datos de crecimiento. Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de la SHCP, señaló que la dependencia evalúa el impacto en la recaudación del reciente ajuste en el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2013 de 3.5% del PIB a 3.1 por ciento, para determinar si es necesario un ajuste al gasto, por si se registra algún faltante de ingresos importante y, en su caso, llevar a cabo recortes al gasto público.
El funcionario refutó que el país este en recesión y subrayó que se trata de una desaceleración, debido a factores temporales, por ser un año bisiesto y la estacionalidad de la Semana Santa. Sólo le faltó mencionar que porque los reyes magos no llegaron a todos los hogares mexicanos.
Así, mientras los tecnócratas de la SHCP trabajan arduamente en la economía ficción, su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, se manejó en el terreno de las buenas intenciones, con un PND 2013-2018, que es “una hoja de ruta para caminar hacia una nueva etapa del país, para saber hacia dónde ir y cómo llegar, que permitirá medir el avance real del país”. El mandatario subrayó que dicho documento servirá para realizar los cambios de fondo que se requieren.
Pero en términos generales, el PND 2013-2018 es un compendio de buenas intenciones que tiene como objetivo principal “llevar a México a su máximo potencial”, para lo cual se fija cinco metas nacionales, que engloban otros tantos buenos deseos: en primer lugar busca un “México en paz”, dado que el país ha enfrentado, en los últimos años, una problemática sin precedente en términos de seguridad pública. La falta de seguridad generó y genera un alto costo social y humano, ya que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos. Asimismo, esta carencia incide en el potencial de desarrollo nacional, inhibiendo la inversión de largo plazo en el país y reduciendo la eficiencia y operativa de las empresas. Sin embargo, no se advierten cambios fundamentales a la estrategia seguida durante la administración de Felipe Calderón, por lo que no se auguran resultados diferentes a los alcanzados durante el último gobierno panista.
El segundo “deseo” de Peña Nieto es lograr un “México incluyente”, porque se tiene un país con el 46.2 % de la población en condiciones de pobreza y el 10.4 % en condiciones de pobreza extrema, según los datos oficiales que manejó el titular del Ejecutivo Federal. Al México de hoy lo caracteriza la desigualdad del ingreso, la violación de los derechos humanos, la discriminación y el limitado a servicios de salud y a una vivienda digna, responsabilidades todas de la administración federal. Esta meta nacional será difícil de lograr, pues no hay un cambio de fondo en la estrategia económica que sigue esta administración, que sigue aplicando las mismas recetas que se implementaron desde hace más de 30 años, lo que es evidente con las reformas estructurales aprobadas y las que están en el horno legislativo, por lo que lo único que se prevé lograr es la reproducción de las mismas condiciones con la acumulación de la riqueza en unas cuantas familias, tal y como ha estado sucediendo hasta la fecha.
La tercera meta nacional o tercer deseo se refiere a alcanzar un México con educación de calidad para estar a la altura de las necesidades que un mundo globalizado demanda. La falta de capital humano no es sólo reflejo de un sistema de educación deficiente, también es el resultado de una vinculación inadecuada entre los sectores educativo, empresarial y social. Sin embargo, poco o nada se está realizando para alcanzar este objetivo cuando vemos que la reforma educativa aprobada no está preocupada por alcanzar una educación de calidad en el país, sino en desmontar un sindicato magisterial que se especializó en cuestiones electorales y se vendió al mejor postor. El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, y la persecución a su círculo laboral y familiar cercano confirman este hecho, que se verifica con protestas magisteriales en todo el país, que van encaminadas a impedir cortar de tajo con los beneficios laborales que fueron ganadas en décadas de lucha, y que descuidan, precisamente, el tema de los contenidos a permear en las aulas escolares de todo el país.
La cuarta meta, Igualdad de oportunidades para un México próspero, se ve aún como un anhelo largamente acariciado, pero con pocas bases reales para alcanzarse no sólo por los factores geográficos e históricos que limitan el desarrollo de regiones completas en el país, sino por la propia acción gubernamental enfocada a generar regulaciones que privilegian a empresas establecidas, muchas de ellas con capital trasnacional, sobre nuevos emprendedores. Diferencias importantes se resienten en el hecho no sólo de que las compañías y los individuos no tienen pleno acceso a insumos estratégicos, tales como financiamiento, energía y telecomunicaciones, lo que limita el desarrollo de nuevas inversiones al incrementarse los costos de operación y reducirse la inversión en proyectos productivos. A lo anterior, hay que agregarle que corporaciones trasnacionales se ven beneficiadas con multimillonarias exenciones fiscales, lo que multiplica sus ganancias y reduce los ingresos federales.
Y la quinta meta se refiere al papel de México en el ámbito internacional, habla de un “México con responsabilidad global “ y sostiene que la proyección internacional es la piedra angular de dicho México. El documento, presentado por el mexiquense, vuelve a destacar que el país cuenta con una gran estabilidad macroeconómica y una extraordinaria gobernabilidad democrática, factores que no han sido aprovechados, debido a que la economía nacional fue enganchada a la de Estados Unidos, por lo que es altamente dependiente de esa nación, mientras que nuestra gobernabilidad no está fundamentada en el consenso y el consentimiento de su población, sino en la subordinación de las principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD, a los deseos y lineamientos del titular del Poder Ejecutivo Federal.

CRISIS EN EL PAN
El PND 2013-2018 se presentó cuando uno de los principales actores políticos del país, el Partido Acción Nacional, atraviesa una grave crisis política derivada de la lucha por el poder al interior de este instituto político. En este escenario, el ex coordinador de los senadores del PAN, Ernesto Cordero, calificó como ”desafortunada e inoportuna” la decisión de su dirigente nacional, Gustavo Madero, de destituirlo. El ex secretario de Hacienda en la gestión de Felipe Calderón, sostuvo que el PAN no puede ser satélite del PRI ni estar plegado a las decisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto. Cordero consideró que su destitución podría traducirse en resultados adversos para el PAN en los procesos electorales que se desarrollarán en julio en 14 estados.
En respuesta, Gustavo Madero rechazó que la remoción de Ernesto Cordero, como coordinador de la bancada panista en el Senado, haya sido por autoritario o por una sobre reacción. Explicó que uno de los motivos fue la presentación de una reforma político-electoral un día después de que el propio Madero presentó la suya con Luis Alberto Villarreal. Dijo que dicha propuesta “tiene más la agenda de Andrés Manuel López Obrador que la del PAN”. Lo que es innegable es que el PAN está en una grave crisis por la lucha de facciones a su interior, entre los que apuestan por un partido colaboracionista con el PRI y el presidente, y los que consideran que el PAN debe asumir su papel de partido de oposición.
El hecho de fondo, que realmente preocupa al gobierno federal en esta materia, es que las luchas intestinas en los partidos políticos no afecten su agenda de reformas y que no impacten en el Pacto por México. El actual presidente del Consejo Rector del Pacto por México, César Camacho, afirmó que éste sigue su propio ritmo, por lo que los asuntos al interior de las fuerzas políticas son incidentes que no los afectan. Camacho dijo que están concentrados en la elaboración de las leyes secundarias en materia educativa y en materia de telecomunicaciones, lo que demuestra, una vez más, la sustitución de la labor legislativa que hace este órgano cupular partidista a una función que constitucionalmente compete al Congreso de la Unión.
Por otra parte, el Plan de Desarrollo Nacional presentado por Peña Nieto se dio a conocer, mientras se desarrollaba una reunión en la que los gobernadores de la zona centro del país participaron en la Tercera Reunión con el gabinete de seguridad federal, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En dicho cónclave, el responsable de la política interna del país aseguró que tanto los delitos como la violencia, derivada de la delincuencia organizada, están bajando en los estados de la zona centro de México. Sin embargo, esa afirmación es cuestionable, dado que lo que se ha apreciado es una estrategia del gobierno federal, ya aplicada en el Estado de México, en la que se conmina a los medios de comunicación a no dar amplia cobertura a los hechos de violencia, con lo que se disminuye considerablemente la nota roja y con lo que baja la “percepción” de violencia, pero no la violencia en sí. Otro aspecto es el hecho de que grupos delincuenciales han logrado sustentar su dominio en diversas regiones del país, con lo que al ya no tener que pelear el territorio, baja el número de ejecuciones, no por la acción gubernamental sino por el propio desarrollo del enfrentamiento entre los cárteles.

REFORMAS INÚTILES
Ninguna de las reformas estructurales impulsada por el peñanietismo, a través del Pacto por México, ha dado los resultados esperados. La reforma laboral, aunque precarizó el empleo, no generó mayor productividad ni más fuentes de trabajo; la reforma educativa sólo detonó una gran movilización magisterial para oponerse a los cambios administrativos que les son adversos; de elevar la calidad de la educación, ni hablar.
Por lo que toca a la reforma financiera, anunciada este mes por el gobierno de Enrique Peña Nieto, “no acelerará de inmediato la expansión del crédito en la segunda economía de América Latina, que sufre una baja penetración de su sistema bancario”, advirtió Guillermo Ortiz, presidente del consejo de Banorte.
Los banqueros en México actúan como viles usureros. La banca en nuestro país tiene una baja penetración crediticia en el sistema. De acuerdo con la Encuesta de Acceso Financiero del Fondo Monetario Internacional(FMI) llegó en el 2011 a cerca del 19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), contra un 40 por ciento del PIB en Brasil, la economía más grande de la región.
Y a pesar de la reforma en el sector telecomunicaciones, este mercado en México continuará dominado por América Móvil (Telcel) y Televisa, advierte la empresa calificadora Moody´s. El reporte “Telecom Reform in México to Raise Rugulatory Pressure”, sostiene que “aunque la nueva ley de telecomunicaciones busca incrementar la competencia, es posible que los operadores más pequeños no gocen de grandes beneficios. Primero, el acceso a la red del principal competidor pudiera presentar más dificultades que lo esperado; segundo, las menores tarifas de interconexión normalmente reducen la generación de efectivo y, por ende, menor capacidad para invertir en crecimiento”.

DE LOS PASILLOS
Padres de los niños fallecidos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), un documento que indica que el incendio fue intencionado con la finalidad de destruir documentos relacionados con la deuda de 10 mil millones de pesos generados en la administración del ex gobernador Eduardo Bours Castelo, en la aplicación del programa de obras “Plan Sonora Proyecta”. Las líneas de investigación, en este sentido, son interesantes y muy graves porque hablan del hecho de que la terrible corrupción que imperó en el sexenio de Felipe Calderón, no sólo llevó a intentar borrar las evidencias documentales de los saqueos a las entidades federativas, sino que derivó hasta en asesinatos colectivos de infantes.
Otro grave asunto en la materia lo representa el hecho de que en la administración de Calderón (2006-2012), 24 agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) fueron asesinados en el cumplimiento de su deber. El CISEN se ha negado a precisar las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios de sus agentes, con el argumento de que se trata de información reservada, lo que nos indica que puede perjudicar a altos funcionarios del área de seguridad de la administración federal pasada… También, en materia de seguridad, se debe aclarar la presunta participación de dos profesores disidentes en una banda de secuestradores que fue capturada en Oaxaca… Otro hecho que llama la atención es la incursión de elementos del Ejército, la Armada y la Policía Federal en Michoacán, precisamente en la región en la que actúan los llamados grupos de autodefensa.
El presidente de la Comisión Especial sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, se manifestó contra la modalidad del prepago y demandó la desaparición del cobro por estimación, ya que ambas modalidades ponen en riesgo el suministro de energía.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, nombró a Florentino Cruz Ramírez como secretario general de Gobierno de la entidad, quien ayer asumió su nuevo cargo… Y en Tamaulipas, el abogado Ismael Quintanilla Acosta fue propuesto, ante el Congreso de la entidad, por el gobernador Egidio Torre Cantú, para ocupar en forma oficial, el cargo de procurador general de Justicia del Estado, tras la renuncia el 14 de mayo de Bolívar Hernández Garza.
Lo invitamos a visitar nuestra página http://www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.


 

Electricistas van a la CIDH a interponer queja contra Calderón

Por: Adriana Franco Rosales

Cimacnoticias | México, DF.- 21/05/2013

Una comitiva del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezada por el secretario general del gremio, Martín Esparza, viajará mañana a Washington, para presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violación a los derechos de las y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

La comitiva del SME, que además de su líder está conformada por los secretarios del Exterior, Humberto Montes de Oca, y de Economía, Pablo Rodríguez, así como del tesorero, Fernando Muñoz Ponce, y el abogado Jorge Carbajal Smith, se reunirá el próximo jueves a las 17 horas con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, para exponer su denuncia.

En la queja, el gremio acusará a Felipe Calderón, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los secretarios de Gobernación, Trabajo, Energía, Economía y Hacienda de la pasada administración, así como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por violar sus derechos civiles, jurídicos y laborales, informó Martín Esparza en conferencia.

El líder sindical señaló que solicitarán ante la CIDH medidas de reparación integral para las y los 16 mil 499 trabajadores que no aceptaron ser liquidados, para que les restituyan su empleo, les paguen los salarios caídos, y se le reconozca el derecho a la jubilación, cuya cifra asciende a más de tres mil electricistas.

Cecilia Figueroa, trabajadora electricista en resistencia encargada de la transmisión de Radio SME, informó que la comitiva también se reunirá con la organización sindical estadounidense AFL-CIO y con congresistas del país vecino.

Figueroa expresó que esta acción pudo ser uno de los detonantes para que la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación (Segob) se destrabara en días recientes, hecho que consideró positivo, pero que no les garantiza que será la solución del conflicto.

“La SCJN cometió una injusticia al revocarnos el amparo que nos dio el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en materia laboral, pero nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados. Si el Estado mexicano se niega a otorgar la justicia, entonces acudiremos a instancias internacionales”, aseveró la electricista.

El pasado 30 de enero, la SCJN negó el amparo interpuesto por el SME para que la CFE se convirtiera en el patrón sustituto y contratara a 16 mil 599 trabajadores, de los cuales 10 por ciento son mujeres.

Es por ello que el sindicato convocó a todas las y los trabajadores, en activo y jubilados, a llenar el formato de queja que se interpondrá ante la CIDH.

Por lo pronto, el acuerdo que logró Martín Esparza con la Segob, aborda cuatro puntos que si bien representan un avance en el diálogo, no especifica los alcances que tendrá, ya que todavía está en fase de análisis por parte de Gobernación y no hay planteamientos concretos.

Se revisarán los casos de las y los electricistas que no aceptaron la liquidación, para ver cuántos de ellos alcanzan jubilación, cuya cifra ascendería a tres mil personas, y el resto podría lograr la reinserción laboral a través de contratos terciarios.

Además se abordó el caso de Ulises Uribe, el electricista que está detenido desde hace más de dos años en el Reclusorio Oriente tras una protesta, así como verificar la situación de la clínica que les da servicio a las y los electricistas, misma que se dañó en el sismo de 2012.

Figueroa advirtió que no basta con el anuncio de la Segob, ya que en tanto no sea un hecho no dejarán de movilizarse ante la “táctica del gobierno de administrar y dilatar la solución del conflicto”.



NOTICIAS DEL MUNDO

Por qué no hubo tiempo de evacuar en el tornado de Oklahoma

Redacción

BBC Mundo

Martes, 21 de mayo de 2013

 

De las víctimas mortales, 20 son niños que se encontraban en una escuela primaria que fue derribada por los vientos.

Pasaron tan sólo entre 35 y 40 minutos para que la tormenta que se cernía sobre Oklahoma City se transformara en un tornado.

Pero no fue uno de los tantos que pasan con frecuencia por este “corredor” de Estados Unidos.

Los vientos del tornado que tocó tierra a eso de las tres de la tarde del lunes, en el suburbio de Moore, en el sur de la ciudad, alcanzaron vientos de hasta 320 km/h. Y en un lapso de 40 minutos dejaron un saldo de al menos 24 muertos, más de 200 heridos y barrios enteros reducidos a escombros.

Tres cuartos de los tornados que ocurren en la Tierra tienen lugar en América del Norte”

¿Pero cómo es posible que una ciudad tan acostumbrada a estos azotes de la naturaleza haya sufrido semejante devastación?

En principio el tornado se formó a tal velocidad, y fue de una magnitud tan asombrosa que, aunque las advertencias se hicieron lo más rápido posible, muchos de los que se encontraban en el camino del tornado no tuvieron tiempo suficiente para prepararse, le explicó a la BBC John Hart, del Centro de Predicciones de Tormentas Oklahoma.

Pero además, dice el meteorólogo que tiene más de 25 años de experiencia en tornados, cuando ocurre un fenómeno como éste “no hay mucho que se pueda hacer para evitar el daño”.

“Lo único que uno puede hacer es refugiarse en un sótano bajo tierra, cosa que no hay en Oklahoma, o tratar de huir de la ruta del tornado. Subirse a un auto e intentar escapar también es muy peligroso, pero es lo que ha permitido que se salven muchas vidas”.

clicVea: imágenes de la destrucción

Sin sótanos

Lo único que uno puede hacer es refugiarse en un sótano bajo tierra, cosa que no hay en Oklahoma, o tratar de huir de la ruta del tornado”

John Hart, Meteorólogo del Centro de Predicciones de Tormentas de Oklahoma

Tres cuartos de los tornados que ocurren en la Tierra tienen lugar en América del Norte. Y muchos de ellos suceden en el centro de Estados Unidos, ampliamente conocido como el “corredor de los tornados”.

Si bien la gente de Oklahoma sabe cómo prepararse ante estos fenómenos, las viviendas -y no sólo aquellas en las zonas más pobres- no cuentan con un espacio bajo tierra, explica Hart.

En la mayor parte de la ciudad el suelo es rocoso, lo cual hace que su perforación sea extremadamente costosa si no imposible, y, en el resto, el suelo es de una textura demasiado barrosa, lo cual también dificulta la construcción de un sótano que resista la humedad y las inundaciones.

Por esta razón muchos eligen alejarse del camino del tornado.

Los que lo hacen, cuentan con información detallada que se transmite por televisión, tan precisa como son los informes del tráfico en otras ciudades que indican qué ruta tomar, dónde hay un embotellamiento, o qué caminos están bloqueados.

“En la televisión informan con gran precisión en qué intersección, en qué calle con qué calle está pasando el tornado, hacia dónde se dirige y a qué hora se espera que pueda llegar”, dice Hart.

Pero con un tornado como el del lunes, considerado ya como uno de los peores de la historia “uno se queda impotente”, añade.

 

Las cifras

La capacidad destructiva de este fenómeno climatológico extremo depende de su tamaño, el tiempo que permanezca en contacto con la tierra y, por supuesto, si golpea áreas pobladas.

Patrones

Lo que es evidente, a la luz de los datos recopilados hasta el momento, es que hay algunos patrones que se repiten en estos fenómenos.

De acuerdo a la Administración Atmosférica y Oceánica Nacional de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), las apariciones de tornados en los últimos 30 años alcanzan el punto más alto de su fuerza en los meses de mayo y junio.

Curiosamente, también existe un punto álgido a una determinada hora del día. Tienden a ocurrir con más frecuencia en las horas de la tarde -el que tuvo lugar este lunes se produjo en el momento ascendente de su carga máxima, sobre las 15:00, hora local.

El enorme tornado que azotó Oklahoma ha encontrado ya un hueco en la escalofriante lista de los tornados más mortíferos de la historia.

Un ejemplo aterrador, en los primeros puestos de la lista, ocurrió en la misma región en 1999. Durante el fenómeno climatológico se registraron los vientos más rápidos jamás vistos en la superficie de la Tierra: más de 500 kilómetros por hora.

Sin embargo, no hay indicios de que la frecuencia de grandes tornados vaya en aumento. Aunque en los registros que se remontan a 1954 el año 2011 tuvo el mayor número de tormentas por encima de EF1 -siendo EF0 el menor valor registrado y EF5 el mayor, por encima de los 322km por hora- , 2012 fue uno de los más bajos.

Si bien en los últimos años se registraron más tornados, las mejoras en la construcción y sistemas de alerta cada vez más avanzados en las áreas más vulnerables han hecho que el número de víctimas haya descendido.

Pero tales sistemas de alerta sólo dan una indicación aproximada de un área en la que las condiciones pueden favorecer (casi seguro) que se desencadenen tornados. Lo que no pueden proporcionar es una predicción exacta de que un tornado tocará tierra.


Mineros suspenden huelga en Bolivia tras propuesta del gobierno

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, unos cinco mil obreros de la empresa Huanuni, uno de los grupos que inició las protestas en reclamo del aumento de las jubilaciones, llegaron a un acuerdo con el gobierno de Evo Morales, luego de dos semanas de presión, y comenzaron a retirarse de la ciudad de La Paz. teleSUR

Con este primer paso “baja el tono de la tensión en Bolivia” y se espera que en unas cinco horas termine la reunión entre funcionarios del gobierno y dirigentes sindicales. Se ha contemplado el aumento de las pensiones en 70 por ciento con base a los salarios de los dos últimos años.

Mineros bolivianos decidieron este martes desistir de la protesta que mantuvieron por 15 días en la ciudad de La Paz al oeste de Bolivia por mejoras salariales y de trabajo, luego que el gobierno les presentara una propuesta que contempla el aumento de las pensiones en 70 por ciento con base a los salarios de los dos últimos años y la disminución de 35 a 30 los años de aportes laborales.

Los más de cinco mil mineros de Huanuni, la mayor reserva de estaño de Bolivia, escucharon en la sede de gobierno, un informe de su dirigente Edgar Mejía sobre la negociación que sostuvo este lunes en la Central Obrera Boliviana (COB) con los ministros Luis Arce, Daniel Santalla y Carlos Romero, el cual está siendo nuevamente discutido este martes durante una asamblea con unos 40 dirigentes representantes de los diferentes sindicatos.

La información fue dada a conocer por el corresponsal de teleSUR en ese país Freddy Morales, quien además notificó que los días que estos trabajadores mantuvieron paralizada la empresa, se registró una pérdida de al menos cinco millones de dólares.

De igual forma resaltó, que los mineros decidieron ceder en su protesta “pese a que no están plenamente de acuerdo con la propuesta presentada por el Ejecutivo”. Asimismo, Morales manifestó que con este primer paso “baja el tono de la tensión en Bolivia” y se espera que en unas cinco horas termine la reunión entre funcionarios del gobierno y dirigentes sindicales.

Por su parte, horas antes el máximo dirigente de la federación de mineros Miguel Pérez, precisó a la Agencia de Noticias Fides (ANF) que el Gobierno se había comprometido a respetar el acuerdo para una renta de jubilación del 70 por ciento en base a las últimas 24 papeletas.

Huanuni, un rico yacimiento de estaño, con cuatro mil 700 trabajadores paralizó operaciones el 7 de mayo y las pérdidas alcanzan a 6,5 millones de dólares.


Guatemala. Anulan la condena contra el exdictador de Guatemala General Ríos Montt

por Casapueblos

Martes, 21 de Mayo de 2013 17:25

 

La Corte Constitucional guatemalteca deja sin efectuado lo actuado en el juicio a partir del 19 de abril

 

Noticia de Casapueblos-AEDD

 


El exdictador había sido condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad

 

Los abogados defensores alegan que Ríos Montt se había quedado sin defensa porque el 19 de abril su abogado fue expulsado brevemente de la sala

 

La campaña contra los impulsores del juicio y contra la sentencia ha sido intensa

 

Olga Rodríguez

 

Ríos Montt esquiva la cárcel, al menos de momento. Como muchas víctimas supervivientes de la dictadura temían, las presiones por la anulación de su condena han funcionado. Tres de los cinco magistrados de la Corte Constitucional han votado a favor de la anulación tras analizar un recurso planteado por los abogados defensores, que alegan que el exdictador se quedó sin defensa porque el día 19 de abril su abogado fue expulsado brevemente de la corte después de haber acusado al tribunal de parcialidad.

 

Con este pronunciamiento queda por tanto sin efecto la sentencia que condenaba a 80 años de prisión al exdictador por genocidio y crímenes contra la humanidad, por la muerte de casi 2.000 indígenas ixil entre 1982 y 1983. Durante la dictadura murieron o desaparecieron 250.000 personas, la mayoría indígenas y civiles, y miles de mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Según estableció la propia ONU, el 93% de aquellos crímenes fueron perpetrados por militares y paramilitares.

Ríos Montt ha recibido la noticia de la anulación de su condena desde el hospital militar en el que le ingresaron hace días, tras su primera noche en prisión, por problemas de hipertensión.
La patronal empresarial había demandado la anulación

La campaña contra el juicio a Ríos Montt ha sido intensa. Durante el proceso hubo presiones que intentaron entorpecer su avance, tal y como han denunciado víctimas y diversos defensores de los derechos humanos. Tras la sentencia, la patronal empresarial criticó con dureza el juicio contra el exdictador y demandó la anulación de su condena.

Sectores conservadores difamaron e intentaron deslegitimar a impulsores del juicio, como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, llamándoles “traidores de la paz” y “oenegeros mercenarios” en un documento titulado “Rostros de la infamia”.

El propio presidente del país, Otto Pérez Molina, que ha negado que hubiera genocidio en Guatemala y que se ha visto salpicado por el proceso judicial ya que fue jefe de inteligencia militar en la dictadura, quiso subrayar la semana pasada que la condena contra el exdictador no era definitiva.

Según lo decidido ahora por la Corte Constitucional, deberán repetirse todas las diligencias realizadas dentro del juicio a partir del 19 de abril. En esa fecha ya se había tomado declaración a alrededor de 100 indígenas ixil testigos de las masacres. Pero según diversos abogados y expertos, aún no está claro si su testimonio seguirá incluido en el proceso o si se iniciará un nuevo juicio.

Con la anulación de la condena a Ríos Montt también se anula la absolución del exdirector de inteligencia durante la dictadura, José Mauricio Rodríguez Sánchez, y otras medidas establecidas por la jueza Yasmín Barrios, como la obligación del Estado de pedir perdón a las víctimas de las masacres.

 

Tan lejos, tan cerca: un primer paso contra la impunidad

El genocidio en Guatemala era, hasta el inicio del juicio, una desgarradora injusticia olvidada que sigue marcando el día a día del país, con una mayoría de la población discriminada, sin acceso a cargos públicos, sin igualdad de oportunidades. En una nación caracterizada por la impunidad, lo que parecía imposible ocurrió, pero por poco tiempo. Cuando la jueza Yasmín Barrios dictó sentencia contra Ríos Montt hace poco más de una semana, las víctimas presentes en la sala entonaron este célebre cántico:

“ Aquí solo queremos ser humanos, comer, reir, enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla”. Y corearon: “Sí hubo genocidio”.

Esa condena ahora anulada fue un primer paso contra la impunidad y hacia la justicia. “Si no se resuelve la impunidad del pasado, se instala la impunidad en el presente”, señalaba hace unos días en eldiario.es Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala.

Organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el mundo acogieron con optimismo el proceso contra el exdictador y siguen de cerca los acontecimientos judiciales. Las víctimas insisten en que la presión social y mediática es clave para el avance de la justicia y de los derechos humanos, en un momento en el que el juicio contra el genocidio ha acaparado la atención internacional.

“No apartéis la vista de Guatemala, por favor”, escribía anoche, tras la anulación de la condena, un joven guatemalteco en las redes sociales. “El dictador se ríe de nuevo de sus víctimas”, lamentaba otro.

 

 http://informaciones-noticias-titulares.blogspot.com.es/2013/05/anulan-la-condena-contra-el-exdictador.html


No hay paz sin justicia: la condena de Ríos Montt en Guatemala

Publicado el 17 de mayo de 2013

Amy Goodman

El ex Presidente de Guatemala Efraín Ríos Montt fue condenado a prisión el viernes pasado. Fue un acontecimiento muy importante, ya que es la primera vez en la historia que el ex Presidente de un país es juzgado por genocidio en un tribunal de su propio país. Más de tres décadas después de haber asumido el poder mediante un golpe de Estado, el ex dictador guatemalteco de 86 años de edad, que desató una campaña de asesinatos contra su propio pueblo con el apoyo de Estados Unidos, fue sometido a juicio, acusado de genocidio y de crímenes de lesa humanidad y condenado a 80 años de prisión. El juicio fue el resultado de la iniciativa y el esfuerzo de tres valientes mujeres guatemaltecas: una jueza, una fiscal general y una ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Después de que se anunciara el veredicto del juicio contra Ríos Montt, Rigoberta Menchú me contó que a su hermano Patrocinio lo quemaron vivo en la región Ixil y que nunca hallaron sus restos. En la entrevista, también me contó cómo su familia fue asesinada sistemáticamente: “Lo de mi madre nunca se esclareció exactamente; si está en una fosa común o si fue comida por animales. Lo más probable es que si no es ella la que fue comida por animales, después de ser torturada, humillada, seguramente estará en una fosa común, muy cerca del área Ixil. Porque nosotros en realidad somos parte del área Ixil, aunque hablamos el maya quiché. Igualmente, mi padre fue quemado vivo en la Embajada de España el 31 de enero del año 80. Por eso es que entiendo mucho el dolor de la gente que juzga a Ríos Montt.”

Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992 “en reconocimiento de su labor por la justicia social y la reconciliación étnico-cultural, basada en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas”. Menchú continuó contándome la historia de la destrucción de su familia: “En el año 83 fue fusilado mi hermano Víctor, Víctor Menchú. Fue fusilado en Uspantán, igualmente muy cerca del área Ixil. Mi hermano huyó con sus tres hijos a la montaña. Mi cuñada había sido degollada y él sobrevivió con sus tres hijos. Después de varios meses lo capturaron, lo trajeron al pueblo de Uspantán y a Víctor lo encarcelaron en el pueblo, pero a los tres hijos los confinaron en un destacamento militar que se llamaba Chajul. Mis dos sobrinas murieron de hambre en el destacamento y mi hermano Víctor fue fusilado. Hasta la fecha no encontramos los restos de Víctor.”

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que llevó a cabo una investigación exhaustiva de las tres décadas de genocidio en Guatemala, al menos 200.000 personas fueron asesinadas en ese período. Rigoberta Menchú entabló una de las demandas iniciales contra los responsables del genocidio, que dio lugar al juicio que culminó con la condena de Ríos Montt.

Claudia Paz y Paz es la primera Fiscal General mujer de Guatemala. Fue nombrada en diciembre de 2010 y ha sido muy elogiada por su persecución de los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad. La jueza del caso también es una mujer, Yassmin Barrios. En un país en el que históricamente quienes desafían a los que están en el poder son asesinados, Paz y Paz y Barrios demostraron un valor admirable.

El periodista Allan Nairn, que ha cubierto el conflicto en Guatemala desde el comienzo de la década del 80, así como también otros conflictos en otras partes del mundo, siguió de cerca el juicio. A mediados de abril, otro tribunal de Guatemala ordenó que se archivara el caso, supuestamente bajo la influencia del actual Presidente Otto Pérez Molina. Nairn informó desde la ciudad de Guatemala: “La jueza Yassmin Barrios y la fiscal general Claudia Paz y Paz afirman que van a impugnar la orden de archivar el caso, algo extraordinario”. El juicio prosiguió y, finalmente, Ríos Montt fue hallado culpable. Nairn sostuvo tras conocer el veredicto: “La jueza Barrios fue la que estuvo directamente involucrada en la causa, ella dirigió el juicio. Ella tuvo que pronunciar el veredicto. Cada noche, al salir del tribunal, llevaba un chaleco antibalas. Los jueces y los fiscales de la causa recibieron amenazas de muerte. En un caso, un fiscal fue amenazado de muerte y la persona que lo amenazó colocó una pistola sobre la mesa y le dijo: ‘Sé dónde están tus hijos’. Hace falta mucho valor para llevar a cabo un juicio como este”.

La Premio Nobel de la Paz y referente indígena guatemalteca, Rigoberta Mechú, afirmó: “Esta sentencia es histórica. Es grande. La sentencia de Ríos Montt… Esperamos más de 33 años para que hubiera justicia en Guatemala y queda claro que una paz sin justicia, una paz sin verdad no es paz; es la paz de los victimarios. Un punto que hace muchos años que hemos señalado”. El veredicto es verdaderamente histórico porque proviene de un tribunal nacional de Guatemala. Menchú mencionó que la Corte Penal Internacional no podría haberse ocupado del caso: “Se creó el Tribunal Penal Internacional, pero ese Tribunal Penal Internacional no juzgó a los genocidios ya cometidos, sino que tendría que esperar nuevos genocidios… Eso no es posible…pensar que un Tribunal debe esperar que se cometan genocidios para juzgarlos. Por eso la sentencia contra Ríos Montt significa un enorme desafío para la humanidad. Yo creo que es un gran desafío para todos los países que deben sentir vergüenza porque permitieron el genocidio en Guatemala.”

Allan Nairn iba a declarar en el juicio. Una entrevista que realizó en 1982 atrajo mucha atención internacional. Habló ante la cámara con el “Mayor Tito”, quien afirmó que familias enteras de pobladores indígenas trabajaban con la guerrilla. Los soldados de Tito le dijeron a Nairn que mataban sistemáticamente a esos pobladores civiles. Resulta que “Tito” no es otro que el actual Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Nairn considera que la condena de Ríos Montt podría significar la apertura de un posible procesamiento contra Pérez Molina y otros: “Un último argumento jurídico es que el mandato que emitió la jueza, la orden que le dio a la Fiscal General, la orden de la Jueza Barrios a la Fiscal General Paz y Paz de seguir investigando a todos los implicados en los crímenes de Ríos Montt podría incluir a funcionarios estadounidenses, porque los agregados militares de Estados Unidos en Guatemala, la gente de la CIA que estaba allí ayudando a la unidad G2 de inteligencia militar, los funcionarios encargados de formular las políticas en Washington, la gente como Elliott Abrams y los altos funcionarios del gobierno de Reagan estuvieron directamente involucrados y fueron cómplices del ejército de Guatemala. Les suministraban dinero, armas, apoyo político, inteligencia. Ellos podrían ser acusados en virtud del derecho internacional y del derecho nacional de Guatemala. La justicia y la Fiscal General tendrían derecho a solicitar su extradición de Estados Unidos. Además, en el proceso de investigación podrían solicitar documentos de Estados Unidos, porque seguramente hay informes exhaustivos y registros de las comunicaciones del Ejército de Guatemala interceptadas por el Departamento de Seguridad Nacional durante ese período. También hay informes que aún están clasificados sobre qué estaban haciendo exactamente la CIA y la DIA [Agencia de Inteligencia de la Defensa], la Casa Blanca y el Departamento de Estado con Ríos Montt y con otros comandantes, gente como, bueno, antes de Ríos Montt, el General Benedicto Lucas García, y después Pérez Molina. De modo que, tanto el Presidente Pérez Molina como ex funcionarios estadounidenses son ahora posibles blancos de una investigación penal de estos crímenes de genocidio y de lesa humanidad en Guatemala”.

Más allá de lo que suceda de ahora en adelante, al alejarse de la violencia y la impunidad, Guatemala le ha dado un ejemplo al mundo. Como afirma Nairn “los Mayas de Guatemala alcanzaron un nivel de civilización superior al de Estados Unidos”.


Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2013 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.


 Habla la fiscal argentina María Mercedes Moguilansky

Operación Cóndor en el banquillo

 

Ricardo Klappa Santa Cruz

Punto Final

La Operación Cóndor está siendo procesada en un tribunal argentino. La justicia investiga el destino de más de setenta chilenos secuestrados o asesinados que residían en Argentina. Varios de ellos fueron llevados por la Dina a Chile y permanecen desaparecidos. El Tribunal de Juzgamiento Oral en lo Criminal Federal N°1 de Buenos Aires, inició el juicio oral y público el 5 de marzo. Los fiscales María Mercedes Moguilansky y Pablo Enrique Ouviña poseen pruebas para acusar a generales y coroneles argentinos responsables de crímenes contra la Humanidad (son veinte los militares argentinos, además de uno uruguayo, Cordero Piacentini, y un miembro del Servicio de Inteligencia del Estado, Furci). Entre los acusados está Rafael Videla, ex dictador de la nación trasandina.

La primera etapa del juicio corresponde a casos de chilenos, diez militantes del MIR: Edgardo Enríquez, Luis Elgueta, José de la Maza, Miguel Orellana, Luis Espinoza, Angel Athanasiú, Frida Laschan, Angélica Delard, Gloria Delard, y Luis Appel de la Cruz. Tres militantes socialistas: Luis Muñoz, Juan Hernández y Manuel Tamayo. Cuatro militantes comunistas: Cristina Carreño, Alexei Jaccard, Patricio Rojas y Oscar Oyarzún, además de Luis Zaragoza, Oscar Urra y Rafael Ferrada, también exiliados. Hay que agregar al niño de 4 años, Pablo Athanasiú.

La revista chilena PF entrevistó a la fiscal María Mercedes Moguilansky de gran experiencia en juicios de derechos humanos.

¿Qué es la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Durante el Régimen de Terro-rismo de Estado?

“La Unidad fue creada por el anterior Procurador General de la Nación, luego de la reactivación de las causas por violaciones a los derechos humanos producida en nuestro país como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obe-diencia Debida y Punto Final. La magnitud y especificidad de estas causas impuso (para el Ministerio Público Fiscal) la necesidad de centralizar la información existente y unificar criterios de investigación y promoción de la acción penal frente a los distintos tribunales en los que se tramitan estos procesos.

Su función específica, entonces, como unidad especializada, es intervenir en el trámite judicial de estas causas para promoverlas tanto en la etapa de investigación como en las instancias de apelación y, fundamentalmente, en el juicio oral (para que se entienda, aclaro que el procedimiento penal federal en la Argentina se divide en dos etapas diferentes: la investigación y el juicio oral).

Dentro de la Unidad existen varios equipos de trabajo que están a cargo de diferentes fiscales y que abordan, cada uno, causas diferentes. En nuestro caso, llevamos adelante el juicio por la Operación Cóndor, sin perjuicio de que parte del proceso continúa en la etapa de investigación, que es dirigida por un fiscal federal de instrucción, y que eventualmente, podría derivar en un segundo juicio. Nuestro equipo, además de Pablo Ouviña, que es el fiscal titular y yo, que intervengo en carácter de fiscal ad hoc , está integrado por otros cuatro excelentes abogados y una licenciada en historia, especialista en dictaduras del Cono Sur”.

EL CASO ESMA

Usted fue fiscal en el caso ESMA (Escuela Mecánica de la Armada), hoy espacio para la memoria y promoción de derechos humanos. ¿Cuál fue su experiencia?

“En el último juicio de la causa ESMA, finalizado en 2011, intervinieron como fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky; mi intervención fue en carácter de secretaria de la Unidad, integrante del equipo de trabajo. Actualmente, son otros los fiscales a cargo del (tercer) juicio de ESMA, iniciado a fines del año pasado.

El hecho de que la ESMA hoy sea un espacio para la memoria y la promoción y defensa de los derechos humanos es el resultado del esfuerzo y de la lucha incansable de y por las víctimas del terrorismo de Estado quienes, a través de diferentes organismos no gubernamentales se enfrentaron a los obstáculos que les impuso el Estado durante los años de impunidad”.

Sobre el juicio a la Operación Cóndor. Entre las víctimas chilenas hay familias, militantes y dirigentes de partidos de Iz-quierda, incluso un niño de 4 años. ¿Cuándo cree usted que concluirá el juicio?

“Las víctimas chilenas cuyos casos integran este juicio, al igual que sucede con las víctimas bolivianas, paraguayas y uruguayas, al menos en la mayoría de los casos, llegaron a nuestro país buscando refugio de la persecución a la que eran sometidos en sus lugares de residencia como consecuencia de la actividad política que desarrollaban ellos o sus familiares o conocidos; también hay casos en los que las víctimas vivían en Argentina hacía muchos años.

El exilio como consecuencia del terro-rismo de Estado, así como la persecución transnacional que fue su contrapartida, son asuntos centrales en este juicio y serán tratados con profundidad, independientemente de quiénes son las víctimas que específicamente integran la acusación.

Por la cantidad de testimonios que se recibirán durante la etapa de producción de prueba, se prevé que el juicio se extenderá aproximadamente un año y medio o dos”.

¿Cómo van a declarar los testigos, fami-lia-res y expertos desde Chile?

“En principio, se prevé que los testigos declaren desde los consulados argentinos que existen en Chile o desde la embajada argentina en Santiago (dependiendo del lugar de residencia) ante un funcionario diplomático, y mediante el sistema de video-conferencia en directo con la sala de audiencias.

El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile ha ofrecido su colaboración como nexo con los testigos para facilitar la tarea de las autoridades argentinas. También contamos con el apoyo del equipo de sicólogos del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que -desde la distancia y a través de medios informáticos- están a disposición de los testigos para acompañarlos tanto antes como después de su declaración”.

NOMBRES REPETIDOS

¿Entre las personas que están siendo imputadas hay nombres que se repiten en otros juicios sobre violaciones a los derechos humanos en Argentina?

“Sí, muchos de ellos ya fueron juzgados y condenados por otros casos de violaciones a los derechos humanos, como es el caso de Videla, Riveros, Menéndez, Vañek, Olivera Róvere, entre otros. Algunos también están siendo juzgados simultáneamente a este juicio, lo que conlleva algunas complicaciones logísticas. Para otros esta es la primera vez que enfrentan un juicio, como el militar uruguayo Cordero Piacentini, o los argentinos De Lío y Mazzeo”.

¿Qué podría agregar sobre este histórico juicio?

“Notamos que es mucha la expectativa que existe en otros países sobre este juicio, especialmente sobre la influencia que esto puede tener en el avance de los procesos locales. Ojalá sea efectivamente uno de los resultados de la celebración de este juicio, y podamos transmitir tanto los aspectos positivos como negativos de esta experiencia.

En cuanto a los familiares de las víctimas, me parece importante que sepan que pese a que su contacto con el juicio será desde la distancia, existen medios para que puedan participar de su desarrollo y mantenerse al tanto de lo que sucede. Tienen abiertos todos los canales de consulta con nosotros, además de la información que periódicamente proporciona el Centro de Información Judicial ( http://www.cij.gov.ar ), así como algunos de los medios locales. En la página web del CIJ (CIJTv), además, se transmiten y transmitirán en directo algunas de las audiencias, las del comienzo y las del final del juicio (no así las declaraciones testimoniales), que normalmente se celebran los días martes y viernes durante todo el día”.

 

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 781, 17 de mayo, 2013

www.puntofinal.cl


Ríos Montt logra echar atrás el reloj de su proceso por genocidio

martes 21 de mayo de 2013 Las víctimas del régimen militar de Efraín Ríos Montt no pueden hacer que el tiempo se devuelva, pero los abogados del que fuera dictador de Guatemala lo han conseguido. Anoche, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia contra el militar que lo condenaba a 80 años por genocidio. Defectos de forma en un polémico juicio.

 

Por Equipo Otramérica / Varias fuentes

El objetivo de los abogados de Ríos Montt -y del también juzgado Mauricio Rodríguez Sánchez- es lograr que el Tribunal A de Mayor Riesgo deje de atender el caso y que se cree una sala de apelaciones especial que evalúe si los cargos por delitos de lesa humanidad que pesan sobre los dos acusados entrarían o no en la Ley de Recononciliación Nacional que se aprobó tras los acuerdos de paz en Guatemala. Para ello, ayer mismo pidieron a la Sala Segunda de Apelaciones que saque del proceso al tribunal A de Mayor Riesgo y, por tanto,a  su presidenta, la juez Yassmín Barrios.

Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) y querellante del caso, declaró anoche a El Periódico de Guatemaña que “la Sala debería declarar sin lugar esta acción de amparo frívola e improcedente, porque en su oportunidad el tribunal ya rechazó esta petición”.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ha echado atrás todo el proceso y ha declarado nulas todas las actuaciones del tribunal desd el 19 de abril, cuando los jueces interpretaron que un amparo admitido al abogado de Ríos Montt no debía paralizar la toma de declaraciones ni las audiencias públicas. Según El periódico, “la resolución emitida anoche declaró con lugar una queja interpuesta por Ríos Montt contra la Sala Tercera de Apelaciones, la cual el 9 de mayo de 2013 detalló que el tribunal ‘sí cumplió’ con darle trámite a la recusación que el abogado Francisco García Gudiel interpuso contra Yassmín Barrios y Pablo Xitumul, jueces a cargo del juicio”. Lo que señala el CC es que tras la recusación se debía haber suspendido el trámite de la audiencia de debate oral y público del proceso penal y esto no se hizo. La resolución de la CC tiene dos votos disidentes (de un total de seis) que consideran desproporcionada la decisión de retrotraer el jucio y señalan que el Tribunal A de Mayor Riesgo actuó correctamente.

En la resolución se pone en duda la “independencia e imparcialidad” del tribunal que ha juzgado a Ríos Montt y por eso, entre otras razones, admite el amparo constitucional. Sin embargo, la medida, que debe ser aplicada en las 24 horas siguientes a conocerse la resolución de la CC, no desvincula al Tribunal predidio por Bravo del proceso, sino que le obliga a retomarlo de nuevo desde el 19 de abril.

La decisión de la CC es un duro golpe a las víctimas que habían mostrado su paz tras conocer la sentencia firmada por la juez Bravo el 10 de mayo en la que condenaba a Ríos Montt, dictador del país entre 1982 y1983, por genocidio [30 años] del pueblo Maya Ixil [1,771 asesinados a manos del Ejército] y otros delitos de lesa humanidad [30 años].



 

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