NOTICIAS 29-10-13

ESTOS SON LOS TITULARES DE LAS NOTAS QUE ENCONTRARÁN EN ESTA RECOPILACIÓN:

Nada cambió con Gabino Cué; persiste impunidad y autoritarismo.

Ultiman a tiros a 2 maestros de la 22 en Oaxaca.

Si diputados aprueban la Ley del Transporte, trabajadores del volante se ampararán.

Ganan amparo presos Loxicha.

Conmemoran aniversario luctuoso de Brad Will.

Omisión de Gabino Cué si permite aplicar PTEO en escuelas públicas.

¿Y el derecho a la consulta?

Presentan mercado orgánico en Tanivet.

Habitantes de San Dionisio del Mar, pide a empresa salir del municipio.

PIDE GABINO POSPONER COMICIOS EN CHOAPAM.

Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco reconstruye campamento contra proyecto eólico.

Santa Lucia en Lucha contra proyecto de gasolinera.

Aval unánime de San Lázaro a reforma que abre vía para indultar a Patishtán.

Astillero.

Educación: la obsesión centralizadora.

Resistencia, Autonomía y violencia.

La Junta de Buen Gobierno Hacia La Esperanza denuncia provocaciones contra compañeros del municipio autónomo Tierra y Libertad.

Michoacán es un Estado fallido: Obispo de Apatzingán.

Narcopolítica en auge.

Golpe a la canonización de Juan Pablo II.

Líder de autodefensas en Michoacán reporta 23 muertos por violencia.

En presencia de fuerzas federales, extorsionan y secuestran en Michoacán: obispo de Apatzingán.

La reforma energética, vuelta de tuerca al despojo contra los pueblos indios.

El hambre mata más que el narco.

El poder de una niña.

Cómo erradicar la esclavitud.

Bajo la mirada.

Brutalidad policial, salud mental y el “modelo de Memphis”.

ONU: 188 países apoyan desbloqueo de EE.UU. contra Cuba.

Así asesinaron a Kennedy.

NOTICIAS DE OAXACA

Nada cambió con Gabino Cué; persiste impunidad y autoritarismo

En Oaxaca la alternancia política no acabó con el autoritarismo en el poder, persiste un alto grado de permisibilidad e impunidad en la comisión de delitos, continúa la corrupción y los conflictos sociales aumentaron por la desestructuración de los cacicazgos, de acuerdo a diversos representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Este contexto propició que aumentaran las violaciones a los derechos humanos, los agravios a defensores y defensoras de derechos humanos, los crímenes políticos y mayor conflictividad en las regiones de la entidad que ha desembocado en algunos casos en víctimas fatales.
Hoy, el Gobierno mexicano es evaluado en Ginebra Suiza por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a través del Examen Periódico Universal (EPU), que consiste en revisar cada cuatro años las prácticas y el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos de los 193 miembros de la ONU.

CUE, NEGLIGENTE
E INEFICIENTE

Las organizaciones de la sociedad civil en Oaxaca, elaboraron su “informe sombra” (llamado así porque es alterno al que envía el Estado Mexicano), en el que puntualizan que este tema no sólo no ha sido resuelto, sino que la situación se ha agravado por la “ineficiencia y negligencia” del gobierno que encabeza Gabino Cué Monteagudo.
El documento “Los Derechos Humanos en Oaxaca 2009-2012. Informe Ciudadano: Una agenda pendiente” fue suscrito por más de 46 organizaciones de la sociedad civil en el estado, enviado a las Naciones Unidas y será tomado en cuenta en la compilación de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tanto en la Ciudad de México como en Ginebra, Suiza.
Los resultados del informe revelan que la entidad oaxaqueña se colocó en primer lugar en el país en ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se relacionan con la planeación y ejecución de mega-proyectos de desarrollo; que en el derecho a la educación de los niños y niñas no se garantiza al menos en cobertura.
Además, que las cifras de violencia feminicida van en aumento y que la tortura sigue siendo usada como un mecanismo de castigo contra los opositores políticos. Tan sólo en 2012, se registraron 37 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, en su mayoría contra activistas sociales por diversos cuerpos policiacos.
Felipe Sánchez Rodríguez, coordinador del Centro de Apoyo a la Educación y Creatividad (CALPULLI), afirma que uno de los problemas que enfrenta Oaxaca es la impunidad y la corrupción que juntas han permitido que continúe la ola de asesinatos políticos y de defensores de derechos humanos, así como la violencia y las amenazas.
“En el Estado Mexicano y en Oaxaca no hay una investigación, los casos que se denuncian no se investigan, no se detiene a los responsables, a pesar de que hay evidencias. Los delitos cometidos en el 2006, por ejemplo, hasta la fecha no hay personas que estén encarceladas. Esta ola de impunidad permite que sigan sucediendo este tipo de violaciones a derechos humanos”.
En el mismo sentido opinó la representante de Código DH, Alba Cruz Ramos, quien afirmó que sólo la presión internacional ha apurado al Gobierno de Oaxaca a resolver los casos; específicamente en el asesinato del finlandés Jyri Jaakkola, muerto el 27 de abril de 2010 cuando viajaba en caravana a San Juan Copala.
Pero, recalcó que la impunidad impera en todos los demás casos donde no existe una presión internacional para resolverlos.
Miguel Ángel Vásquez, integrante de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), por su parte explicó que el aumento en las violaciones y agravio a defensores y defensoras de derechos humanos en el estado, se deba a que las organizaciones de la sociedad civil ya llevan registros más específicos de los casos.
“Por ejemplo, cuando hablamos de violaciones a derechos humanos y agresiones a defensores, los dividimos en tres categorías, aquellos que son hostigamiento, amenazas y las agresiones físicas directas. Entonces podemos caracterizar que tipos de agresiones, también podemos especificar cuándo es una agresión a defensores, cuando es un crimen político y en este caso se han disparado en Oaxaca en relación a registros o datos anteriores”.
Una segunda causa, según el activista, es el momento coyuntural que vive la entidad porque desde hace tres años se está experimentando un proceso de desestructuración del poder caciquil en muchas regiones de Oaxaca y del poder centrado en un solo partido a nivel estatal, lo que ha generado una ola de conflictos.
Y una tercera razón, es el aumento en el número de agravios por la inversión extranjera en el estado; es decir, los megaproyectos de inversión están generando tensión en las regiones.
“Esto es parte de una situación digamos natural. Hay una mayor confrontación a nivel local, por supuesto, la gente a nivel local está defendiendo sus territorios, se está luchando contra los caciques, se están generando conflictos. Por supuesto, es producto del proceso que estamos viviendo de transición de la alternancia política en Oaxaca”.

ACUERDOS CUPULARES;
OTRA VEZ LOS MISMOS

Yésica Sánchez Maya, directora adjunta de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, añadió que no se ha salido de un Estado autoritario: “Vivimos una alternancia política, pero sólo basta revisar el gabinete para ver que hubo reacomodos de posiciones. No es un proyecto diferente como tal, con otros acuerdos entre los grupos. Eso me parece que es un principio de realidad y que efectivamente eso redunda en una política de derechos humanos, redunda en una política de derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas”.

IGNORÓ CUÉ HECHOS DEL 2006;
MUERTE A LÍDERES SOCIALES

Asimismo, dijo que una explicación al aumento a las violaciones a los derechos humanos en el estado es la historia de permisibilidad e impunidad. Se esperaban, apuntó, señales de Gabino Cué en relación a los crímenes y asuntos del conflicto de 2006, lo que a la fecha no ha sucedido. Esto lo calificó como un “error garrafal” que redundó en que los tres años que van del sexenio haya una serie de asesinatos de líderes políticos y sociales que están impunes.
Y además, las líneas de investigación son aisladas, nunca hay un móvil político en esto. “Me parece que no hubo las señales precisas por parte del Estado, que tuvieron que haber sido y eso dio paso a un proceso de impunidad que arroja en una permisibilidad. Hoy podemos hablar de un cierto nivel de negligencia. El discurso ha sido rebasado por la misma realidad en el Estado de Oaxaca”.


  Ultiman a tiros a 2 maestros de la 22 en Oaxaca

Javier Hernández / Abel López

Martes 29 Octubre 2013 – 00 : 04

El hecho se reportó en la región de la Costa.

 

Oaxaca.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y un Agente del Ministerio Público de la región de la Costa, se trasladaron a la comunidad de “Los Marcelos” agencia municipal de San Pedro Jicayán en la región de la Costa.

 

Ahí se reportó una balacera donde se reportan a dos maestros de la Sección 22 ultimados a tiros por un sujeto, mismo que logró huir después del artero crimen.

 

En este momento se encuentran los elementos de la AEI realizando las primeras indagatorias.

 

MATAN A TIROS A AUTORIDAD AUXILIAR DE MATIAS ROMERO.

 

Jorge Cruz Toledo de 36 años de edad y quien era agente municipal de Donají en Matías Romero, fue ultimado de al menos 6 por un sujeto desconocido durante la fiesta patronal de dicha comunidad.

 

El hecho se reportó en el salón de usos múltiples cuando el ahora occiso fue agredido a tiros.

 

La autoridad auxiliar fue trasladado en un automóvil particular a un hospital, pero en el camino falleció por la lesiones.

 

El cuerpo fue llevado a su domicilio particular para ser velado.


Si diputados aprueban la Ley del Transporte, trabajadores del volante se ampararán (12:39 h)

Martes, 29 de Octubre de 2013 12:38 Jesús JiménezNotas del día

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. El representante de la organización “Ciudadanos Unidos por la Democracia”, Ramsés Aldeco Reyes Retana, advirtió que la Ley del Transporte que pretenden aprobar los diputados locales, no tiene los elementos necesarios para resolver el problema en este sector.

Señaló que tampoco ha sido analizada por los grupos de transportistas para que verifiquen su composición, además para que den a conocer lo que consideran un faltante o las propuestas para que la iniciativa sea efectiva.

Dijo que ante las inconsistencias diversas organizaciones de taxistas van a ampararse para evitar ser afectados por esta ley, para que en caso de aprobarse, no tengan efectos hasta que se realice una modificación que sea correcta.

Además porque la Secretaría de Vialidad y Transporte está llevando a cabo medidas que violentan las leyes, como él haber dado facultades de desunión a la Dirección Jurídica de esta dependencia.

Sin embargo, en el decreto que se hace en el Periódico Oficial del Estado, se señalan incisos modificados, pero no se dice cual es el artículo o artículos que tuvieron cambios para que esta medida tuviera efecto, lo cual va en contra de toda ley.

Esto ha llevado a los transportistas a solicitar el apoyo de esta organización para que jurídicamente se proteja a los trabajadores del volante en contra de estas disposiciones, por lo cual estarían promoviendo también un paro de labores para presionar a las autoridades.


Ganan amparo presos Loxicha

Posted by Redacción on octubre 28th, 2013

 

Desde esta mi nueva condición de perseguido y sentenciado a muerte, desde mi irreverente costumbre de desafiar a la autoridad cuando atenta contra la inteligencia, las normas constitucionales y los derechos humanos.

 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

AL PUEBLO EN GENERAL

Desde esta mi nueva condición de perseguido y sentenciado a muerte, desde mi irreverente costumbre de desafiar a la autoridad cuando atenta contra la inteligencia, las normas constitucionales y los derechos humanos.

Ahora que no estando en posibilidades de ubicarme rutina alguna se concretan al hostigamiento contra mi familia, creo necesario no resignarme a la inmovilidad y dejarme paralizar por el miedo, en ese orden de ideas, tengo el placer de comunicar que he promovido y ganado un Amparo a favor de los Presos Políticos y de Conciencia de la Región Loxicha:

ANTECEDENTES:

Por escrito presentado el once de junio de dos mil trece, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado y turnado ese mismo día al Juzgado Primero de Distrito se promovió Amparo a favor ABRAHAM GARCÍA RAMÍREZ, AGUSTÍN LUNA VALENCIA, ALVARO SEBASTÍAN RAMÍREZ, ELEUTERIO HERNÁNDEZ GARCÍA, FORTINO ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ y JUSTINO HERNÁNDEZ JOSÉ.

A favor de ZACARÍAS PASCUAL GARCÍA LÓPEZ  lo promovimos en fecha distinta y ha seguido su propio curso, seguro estoy, también vamos a ganar.

AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES:

por considerarse una acción propia del Estado Mexicano se señalaron como autoridades responsables a:

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Gobernador del Estado

Comisionado nacional de Seguridad

Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

 Director del CEFERESO #13 con sede en Mengolí de Morelos, Miahuatlán, Oaxaca.

Director de la Penitenciaría Central del Estado  

ACTOS RECLAMADOS:

El ilegal e inconstitucional traslado a sitio hasta ese momento desconocido, incomunicación, torturas físicas y psicológicas, tratos crueles inhumanos y degradantes.

ADMISIÓN DE LA DEMANDA:

Mediante auto de once de junio, en el Juzgado Primero de Distrito, la demanda se registró bajo el número 745/2013, siendo ratificada por los quejosos el día siguiente, admitiéndose en esa misma fecha a trámite la demanda, solicitando a las autoridades su informe justificado.

RESULTANDO SEXTO:

“… El traslado de los quejosos de la Penitenciaría Central del Estado de Oaxaca al Centro Federal de Readaptación Número 13, es violatorio de sus derechos fundamentales.”   

RESOLUTIVO SEGUNDO: La Justicia de la Unión  ampara y protege a ABRAHAM GARCÍA RAMÍREZ, AGUSTÍN LUNA VALENCIA, ALVARO SEBASTÍAN RAMÍREZ, ELEUTERIO HERNÁNDEZ GARCÍA, FORTINO ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ y JUSTINO HERNÁNDEZ JOSÉ, contra el traslado que se realizó el siete de junio pasado, de la Penitenciaría Central del Estado de Oaxaca al Centro Federal de Readaptación Social Número 13, con sede en Mengolí de Morelos, Miahuatlán, Oaxaca, reclamado al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, para efecto de que deje insubsistente el oficio SEGOB/OADPRS/25470/2013 de siete de junio de dos mil trece, dirigido al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 “CPS Oaxaca, y regrese a los quejosos a la Penitenciaría Central del Estado; concesión que se hace extensivo al Director de la Penitenciaría Central del Estado de Oaxaca…”

 

Así las cosas, ahora, a esperar pacientemente a que lo acepten y cumplan sin chistar.

RESPETUOSAMENTE:

 

Juan Sosa Maldonado


 Conmemoran aniversario luctuoso de Brad Will

HUGUET CUEVAS/FOTOS: EMILIO MORALES

28/10/2013

 

 

 

2Comentarios

La Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), junto con miembros del Frente Único de Lucha  (FUL), se movilizaron ayer para conmemorar el séptimo aniversario luctuoso del camarógrafo de la agencia Indymedia,  Bradley Roland Will.

Con una marcha que partió del Zócalo hacia el municipio de Santa Lucía del Camino, decenas de profesores y activistas exigieron justicia por el asesinato del reportero gráfico de origen estadounidense y también para la veintena de personas asesinadas durante el conflicto magisterial y popular del año 2006.

“Ojo por ojo, diente por diente, Ulises asesino, la cuenta está pendiente”, “Brad no murió, Ulises lo mató”, corearon en la retaguardia de la marcha, mientras en la vanguardia los oradores de la Sección 22 del SNTE condenaban su asesinato por los altavoces.

Culparon al Estado de perseguir a los activistas y militantes de diversas organizaciones, además de recalcar que el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz  comenzó una cacería de brujas contra dirigentes sociales, hecho que aseguraron, continúa en la actualidad.

Los inconformes avanzaron sobre el distribuidor vial, donde colgaron  dos mantas  con la exigencia de justicia y  denunciaron impunidad “pues a siete años del asesinato, hay evidencia de los culpables y no han sido encarcelados”. Algunos activistas  realizaron pintas sobre la obra vial.

La manifestación  llegó hasta el lugar donde policías municipales de Santa Lucía del Camino y personas vestidas de civil presuntamente vinculados al entonces presidente municipal del PRI, Manuel Martínez Feria, agredieron con armas de fuego la barricada de la APPO ubicada sobre la avenida Ferrocarril y la calle Calicanto.

Aquel  27 de octubre del 2006 Brad Will fue herido mortalmente por impactos de bala, mientras cubría una protesta social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en esta  barricada.

Ahí mismo fue instalado ayer un altar de muertos simbólico en honor al camarógrafo, además, la Comisión  Magisterial de Derechos Humanos (Comadh) de la Sección 22 del SNTE, colocó una corona de flores donde Brad Will cayó.

Por la tarde, se llevó a cabo un evento político cultural donde participaron grupos musicales, además de la realización de un foro.

IMPUNIDAD POR SIETE AÑOS

El 27 de octubre del 2006 policías municipales de Santa Lucía del Camino y personas vestidas de civil agredieron con armas de fuego una barricada de la APPO ubicada sobre la avenida Ferrocarril y la calle Calicanto.

Cabe señalar que posteriormente, éstos fueron identificados como Abel Santiago Zárate, regidor de Seguridad Pública de Santa Lucía del Camino; Fernando Espinoza Corona, director de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, y Orlando Manuel Aguilar Coello, suboficial de esa corporación, además de Juan Carlos Martínez Sumano, Luis López Velasco y Pedro Carmona.

En la agresión no sólo resultó asesinado Brad Will, también fue herido en la pierna izquierda, el fotógrafo del diario Milenio, Oswaldo Ramírez.

Ése mismo día se registraron otros dos crímenes, el del profesor de la Sección 22 del SNTE, Emilio Alonso Fabián y del habitante de Santa María Coyotepec, Esteban León Zurita; además se registraron otras agresiones en barricadas instaladas en la colonia Gómez Sandoval, también de Santa Lucía del Camino; en la Experimental, perteneciente a San Antonio de La Cal y en Santa María Coyotepec.

Dos días después del asesinato del camarógrafo de Indymedia, la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) llegó a Oaxaca para ocupar la ciudad capital y el centro histórico desde el mediodía del 29 de octubre.


 

Omisión de Gabino Cué si permite aplicar PTEO en escuelas públicas

octubre 29, 2013 | Autor Diario Despertar de Oaxaca

Si el gobernador otorgó 15 millones de pesos para “pilotear” el PTEO en algunas escuelas públicas de la entidad, la sociedad debe exigirle rendición de cuentas por incurrir en una responsabilidad legal

Agencia JM

Por permitir que la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aplique el Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO), que aún no ha sido aprobado por el Congreso del estado y por lo consiguiente no tiene carácter de ley, el gobernador Gabino Cué Monteagudo “comete muchos delitos por omisión, por no hacer cumplir la ley”, manifestó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Oaxaca, Manuel de Jesús Silva Sumano.

Además, si el gobernador aliancista cedió 15 millones de pesos, que son parte de los recursos públicos, para “pilotear” el PTEO en algunas escuelas de la entidad, como él mismo lo anunció hace unos meses, la sociedad oaxaqueña debe exigirle rendición de cuentas por incurrir en una responsabilidad legal.

El también autor de la Ley de Participación Ciudadana sostuvo que si Cué Monteagudo permite que se aplique una ley que no existe, porque el PTEO no ha sido aprobado por el Congreso local y por lo tanto no tiene carácter de ley, mucho menos vigencia, el gobernador del estado incurre en omisión.

El llamado de atención vino luego de que la Sección 22 anunció que el sábado, 26 de octubre, iniciaron los trabajos en todas las escuelas de la entidad para concretar el PTEO, “rescatando el análisis crítico de la realidad de cada escuela y comunidad, y sobre todo, generar las situaciones necesarias para mejorar las condiciones educativas de los niños y jóvenes, según el entorno donde se desenvuelven”.

Más adelante, el también integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Especial para la Reforma del Estado afirmó que si el gobierno del estado “permite que un sector de la población, como es el magisterio, aplique disposiciones que no son ley, el gobernador comete muchos delitos por omisión, de no hacer cumplir la verdadera ley”.

Precisó que no es válido aplicar el PTEO en Oaxaca, “porque todo lo que no está en la ley, es irregular”; además, si el gobierno del estado ha cedido recursos públicos para un proyecto inconstitucional que ha sido desechado por el Congreso de la Unión y por la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), la sociedad debe exigir rendición de cuentas al Ejecutivo estatal, porque estaría incurriendo en responsabilidad.

Silva Sumano recalcó que la lucha magisterial en estos momentos carece de respaldo social, su única ventaja es que es un sector organizado y su fuerza numérica le permite traspasar sus exigencias más allá de sus derechos sindicales, invadiendo temas de tipo social, político, hasta electorales y formas de autogestión comunitarias.

Abundó que la actitud de los líderes magisteriales es para no perder todas las prebendas de las que goza el magisterio: el gran número de “aviadores”, la improvisación y hasta documentos falsos con los que han ingresado al sistema educativo; por eso la Sección 22 se opone a la aplicación de la reforma educativa y sus leyes secundarias.

El abogado dijo que jurídicamente “el sindicato es para atender asuntos gremiales del magisterio y nada más, sin otros asuntos que no les corresponde, como el de definir los objetivos de la educación pública”.

Resaltó que uno de los grandes retos del gobierno de Gabino Cué debía ser la recuperación de la rectoría de la educación en Oaxaca, darle autonomía al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y generar la condiciones para transparentar la nómina del magisterio oaxaqueño, que sería un gran avance gubernamental, pero sólo se logrará aplicando la ley, como consecuencia de la reforma constitucional educativa.


 

¿Y el derecho a la consulta?

 

Política – Artículo
Escrito por Eduardo Bautista
Lunes, 28 de Octubre de 2013 00:49
La pregunta es pertinente si consideramos que fue planteada a una delegación del gobierno mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en comparecencia el pasado 22 de octubre en Ginebra, Suiza. La representación de Reino Unido preguntó a los mexicanos ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para mejorar la situación de las comunidades en donde no se concedió el derecho al consentimiento libre, previo e informado antes del desarrollo de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec?

Otra pregunta realizada ¿si los procedimientos y las herramientas que se están implementando permiten asegurar que las transacciones de tierras sean transparentes y respetan los derechos de propiedad de las comunidades locales?http://www.codigodh.org/2013/10/23/ante-el-discurso-la-realidad-epumexico/

Al parecer no y por el contrario, lo que encontramos en este caso particular, es una situación de hostigamiento y acoso a las comunidades, como están constatando elementos de las Brigadas Internacionales de Paz -provenientes de Holanda, Alemania y Francia- las cuales acudieron a la ciudad de Juchitán, Oaxaca, para constatar la quema de un campamento de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) ocurrido el pasado 15 de octubre (La Jornada, 22/10/13).

El problema no es local si consideramos que, de acuerdo con la CEPAL, México es uno de los cuatro países de América Latina que acumulan más conflictos socio- ambientales provocados por empresas multinacionales, las cuales son provocadas por la contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa.

El organismo oficial dependiente de la ONU, atribuye los conflictos a la falta de una legislación que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y territoriales entre otras, así como también a la falta de firmeza de los gobiernos al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible.

El documento “Desarrollo minero y confictos socioambientales. Los casos de México, Colombia y Perú”, publicado en la serie de Macroeconomía del Desarrollo, septiembre 2013, enlista casos por minería abierta, pero también por exposición a metales pesados, conflictos territoriales, disputa por la ocupación de zonas arqueológicas o problemas de precios en la compra de terrenos. http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/51146/DesarrolloMineroyconflictosS.pd

En los conflictos entre comunidades y multinacionales,  identifica a las siguientes compañías: Minera San Xavier subsidiaria de Metallica Resources New Gold, Grupo Frisco, Gold Group, Ferro Gusa Carajás (en Real de Catorce), Minefinders Corporation of Vancuver, Pan American Silver, Linear Golpe Corp, Grupo Carso, Mina de Oro Nacional (de capital canadiense), Minefinders Corporation of Vancuver, Continuum Resources Minera Natividad, Minera El Rosario, Great Panther Resources Limited y Media Luna.

Al respecto cabe destacar la observación del geógrafo David Harvey, quien indica que la acumulación capitalista en los últimos 40 años ha dependido cada vez más del despojo y menos de la expansión de la producción real, en un proceso que identifica como “land grab” o despojo de tierras (Nostromo, vol. 5/2012). Agregaría que además del despojo de tierras, la acumulación también se sostiene en la especulación financiera que no tiene asideros productivos o de la volatilidad del capital.

Es importante identificar con claridad la ofensiva del neoliberalismo en sus afectaciones a la humanidad, a los territorios, a la ecología. Además, considerar que el capital no solo tiene un soporte económico como la acumulación, máxima renta y costos mínimos; también tiene una forma política,  la subordinación de los gobiernos y la cooptación y persecución de los disidentes, pero también una forma cultural que se expresa en los medios masivos para fomentar los egoísmos individualistas y la descalificación de quienes se organizan en contra del sistema a través de una fantasía desarrollista que ha demostrado sus efectos devastadores en lo social y en lo ecológico. Sobran investigaciones científicas sobre los desastres generados.

Sin embargo, el proceso neoliberal es sostenido con reformas políticas e institucionales que se imponen a los gobiernos de la región, incluidos los gobiernos identificados como progresistas como Bolivia, Brasil y Argentina. Ni que decir de los gobiernos de derecha como el de México, Perú o Colombia, en donde las multinacionales tienen entrada libre.

En este escenario de conflictividad, de voracidad de las empresas neoextractivas se comprende mejor las nuevas luchas y exigencias de los pueblos indígenas por la defensa del territorio, del medio ambiente, de la dignidad, de la vida, del derecho a la consulta previa, libre e informada sobre los futuros colectivos.

El derecho a la consulta hacia los pueblos y comunidades en donde se emprendan proyectos de impacto regional no debe quedarse en un referente normativo más de la Convención 169 de la OIT, de la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas o de nuevas reformas constitucionales de los Estados. Por el contrario, debe pasar al terreno de los hechos, que se respete como práctica política de los diversos actores sociales en América Latina y en todos los lugares en donde se emprendan proyectos de impacto regional.

Investigador del IISUABJO/ Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Conacyt
sociologouam@yahoo.com.mx


Presentan mercado orgánico en Tanivet

 

REDACCIÓN

 

Con la participación de los pobladores de San Francisco Tanivet, artistas y visitantes atraídos por el proyecto “Nuevo Códice de Oaxaca”, en el que 12 artistas mostraron a esta comunidad cómo mejorar y exhibir sus productos del campo y creaciones artesanales, se presentó el primer mercado orgánico en el marco del Tercer Festival de Artes Visuales “Puntos de Encuentro”.

 

Organizado por la Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta), en coordinación con el Consejo Nacional para las Culturas y las Artes, el festival abrió a todo público, incorporando a participantes de comunidades que desean mostrar lo que hacen y así atraer a la gente a sus comunidades o bien  darlos a conocer en otras zonas.

 

Marieta Benson, coordinadora de “Nuevo Códice de Oaxaca”, señaló que junto a 12 artistas idearon cómo crear un mercado con productos orgánicos cosechados en los traspatios y los producidos por las aves y animales de corral, así también la forma para presentarlos.


Habitantes de San Dionisio del Mar, pide a empresa salir del municipio

  • Escrito por  Rusvel RASGADO
    • Martes, 29 Octubre 2013 09:50

Foto: Mareña Renovables ha comprado a autoridades, afirman pobladores. /AGENCIAS

San Dionisio del Mar, Oax.- La Asamblea General de San Dionisio del Mar, logró un amparo colectivo contra la instalación de un parque eólico conocida como barra de Santa Teresa. Ubicada en el mar muerto ubicado en la laguna superior del Istmo de Tehuantepec.

Martín Rosas Sosa, representante de la Asamblea General de San Dionisio del Mar; comentó que se recabaron 1018 firmas, para que la empresa Mareña Renovables, encargada del proyecto; respete el área de barra de Santa Teresa.

“Para que Mareña Renovables no entre en San Dionisio del Mar, la Asamblea General ha organizado y logrado nuevamente un amparo de territorio de la barra de Santa Teresa”.

La comunidad local y los comuneros firmaron este acuerdo para que se respete el lugar, por el momento la empresa ya no va a poder entrar, si lo hace tenemos un amparo colectivo y ya no es un amparo comunal. Actualmente seguimos trabajando sobre esto y la resistencia sigue.

Tenemos tomado el Palacio Municipal simbólicamente, seguimos de frente. No solo a esta empresa, a cualquiera que quiera entrar a San Dionisio del Mar; primero deben ser consultados.

Los opositores planean liberar el Palacio Municipal de San Dionisio del Mar, el próximo primero de enero, luego de mantenerlo tomado desde enero del año pasado.

Martín Rosas se opone al proyecto, porque consideran que no fueron consultados como comunidad para la instalación del parque eólico.

Además que la empresa Mareña Renovables, otorgó 20.5 mdp por concepto de cambio de uso de suelo al actual alcalde del municipio, Miguel López Castellano. Que no ha aclarado a la población, el destino de dichos recursos.

Realmente la empresa no viene a mejorar al pueblo, solo viene a hacernos pelear más que nada; lo que hace es comprar conciencias, comprar autoridades,  a espalda del pueblo firman convenios que no sabemos.

La empresa eólica Mareña Renovables, pretende invertir 13 mmdp; para la instalación de 132 aerogeneradores de energía a través del viento.

Los trabajos llevan dos años de retraso, y es que la franja de la barra de Santa Teresa, que es una zona de playa en la laguna superior del Istmo; es considerada sagrada, para las comunidades cercanas que subsisten de la pesca.

PIDE GABINO POSPONER COMICIOS EN CHOAPAM

  • Escrito por  Jaime GUERRERO
    • Martes, 29 Octubre 2013 10:07

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1.1.- A menos de 24 horas de que se cumpla el plazo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). /AGENCIAS

 

Se valora con la Secretaría General de Gobierno, el IEEPCO y los actores políticos, realizar o no, elecciones extraordinarias en Santiago Choapam, porque no van ir a comicios bajo riesgo y sin consenso

 

“Cuando hay riesgo y los propios actores de la localidad consideran que no hay condiciones, ninguna resolución puede estar por encima de una resolución”

 

 

Oaxaca de Juárez, Oax.- El gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, consideró que “es preferible posponer elecciones, en tanto no haya condiciones”, para celebrar comicios en Santiago Choapam, ante la falta de condiciones que impera en esa localidad de la región mixe, a casi tres años de la emboscada que cobró la vida de 10 personas, por conflictos electorales.

De acuerdo a Cué Monteagudo, se valora con la Secretaría General de Gobierno, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y los actores políticos, realizar o no, elecciones extraordinarias en Santiago Choapam, porque no van ir a comicios bajo riesgo y sin consenso.

A menos de 24 horas de que se cumpla el plazo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordena al IEEPCO, realizar elecciones o de lo contrario los consejeros pueden ser sujetos a sanciones, Cué Monteagudo, admitió que cualquier decisión de los tribunales tienen que ser acatada.

Sin embargo, justificó que “cuando hay riesgo y los propios actores de la localidad consideran que no hay condiciones, ninguna resolución puede estar por encima de una resolución”.

“Quienes conocemos de los antecedentes, cuando en el marco de una elecciones se asesinaron a 10 personas, imagínense. Si no hay condiciones ninguna autoridad estamos a favor de algo que puede ponerse en riesgo”, completó.

A juicio del mandatario, la Secretaría General de Gobierno y el Congreso, debe de buscar los mecanismos para que haya autoridad en Santiago Choapam, que represente a los intereses de las gente, bajo condiciones de paz y tranquilidad.

Cué Monteagudo, señaló que la Segego y el IEEPCO, deben analizar que si hay una necesidad de notificar al TEPJF, deberán hacerlo.

El mandatario afirmó que la Segego ha dialogado con los actores y estos dicen que no hay condiciones.

En tanto, afirmó su gobierno ha atendido a las viudas de 10 los pobladores ejecutados el pasado mes de mayo del 2011.

 

DIEZ MUERTOS POR LA DISPUTA DEL PODER EN CHOAPAM

 

En el acto violento,  perdieron la vida 10 personas, entre ellos, el agente municipal de San Juan del Río, Herculano Correa Martínez, además del secretario de la agencia, Celestino de Dios, resultado de una emboscada.

En Santiago Choapam se realizarían el pasado 14 de mayo, los preparativos para la elección extraordinaria de presidente municipal, ya que la del año pasado fue anulada por las autoridades electorales, debido a que se presentaron diversas anomalías. Ese se perpetro la emboscada.

En la población, con 40 mil habitantes, existen dos grupos que se disputan la presidencia municipal, uno lo encabeza el ex diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dámaso Nicolás Martínez, cuyo hermano, Andrés, es uno de los candidatos.

El otro grupo lo asesora César Mateos, quien simpatiza con el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) que encabeza Andrés Manuel López Obrador.


 Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco reconstruye campamento contra proyecto eólico

  • Escrito por  Chango
    • Lunes, 28 Octubre 2013 12:31

Podrán arrancar nuestros frutos, cortar nuestras ramas, quemar nuestro tronco. Pero no podrán matar nuestras raíces. Popol Vuh.

R E S I S T I M O S.

Los que integramos la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco hoy 27 de octubre realizamos un tequio para reconstruir nuestro campamento de resistencia en contra del proyecto eólico Bii Hioxho de Gas Natural Fenosa, desde temprana hora se dieron cita hombres y mujeres para el tequio una vez que las integrantes de Brigadas Internacionales para la Paz (PBI) de Reino Unido, Francia y Holanda registraron los daños ocasionados por los incendios que mandaron hacer los autores intelectuales las empresas Gas Natural Fenosa y Construtoral. La barricada y el campamento de Resistencia se mantiene en alerta permanente y se reorganiza para luchar por las Tierras comunales de nuestro Pueblo Juchiteco. Integrates o visita nuestro campamento de resistencia estamos camino a Playa Vicente a un lado de la Colonia San Isidro en la 7a. Sección de Juchitán.

Santa Lucia en Lucha contra proyecto de gasolinera

  • Escrito por  Eugénie Moreau y Santiago Navarro F.
    • Lunes, 28 Octubre 2013 08:44

Habitantes de diversas colonias del municipio de Santa Lucía del Camino Oaxaca, se levantaron esta mañana para rechazar la construcción de un gasolinera en una de sus colonias. La mayoría son mujeres con sus niños, pero también hay campesinos, jornaleros y habitantes en general, tod@s están claros: quieren la cancelación de este proyecto que amenaza el bienestar de los pobladores del municipio. A pesar de los hostigamientos que ya han empezado a sufrir, siguen decididos a resistir.

“Estamos muy preocupados por lo que va a ocasionar esta gasolinera”, nos cuenta una habitante de la colonia. “A 10 metros se encuentra una estancia infantil que alberga a 60 pequeñines. De este lado un pozo profundo que alimenta a 5 colonias y a un costado se encuentran un centro de educación preescolar y una escuela primaria que en total albergan a 700 alumnos. A un lado también se encuentra otra estancia infantil llamada “Pasitos””. Prevenir los riesgos para la seguridad y la salud de sus niños al respirar un aire contaminado es una prioridad para muchos de los habitantes, pero ni siquiera es el único problema. Además de traer consigo un aumento del tráfico en la calle, la gasolinera misma es una promesa de contaminación para el medio ambiente de toda la zona. “Ya sabemos que estas gasolineras contaminan a 100 metros a la redonda, hay estudios. Mentira que con la tecnología no habrán fugas”, denuncian otr@s miembr@s de la comunidad.

Los hidrocarburos almacenados por las gasolineras originan un producto tóxico e inflamable y clasificado ambientalmente como peligroso, almacenados en tanques enterrados bajo la tierra. Un estudio sobre el impacto medioambiental de la implementación de gasolineras realizado desde la Universidad Politécnica de Cataluña reporta que los puntos de mayor riesgo de vertido están en la zona de descarga de los depósitos y en la zona de reposo de los vehículos así como en toda la zona afectada por las instalaciones mecánicas, tuberías, tanques y surtidores, destacando como foco de mayor riesgo la zona de enterramiento de los tanques. No sólo es el aire que está amenazado, sino también el suelo y el agua. Y justamente, el lugar donde se quiere implementar el proyecto es también una zona de mantos acuíferos, y por lo tanto una reserva primordial de agua para las colonias que lo rodean.

“Tenemos todavía agua limpia pero después de esto ¿cómo lo van a sustituir?”, cuestiona un habitante. Mirando hacia la escasez de agua que se sufre en Oaxaca, es fácil darse cuenta de la validez de su preocupación. Además, cabe destacar que no sólo son los pozos que son amenazados, sino toda un área llena de vida que cuenta con una ciénaga, patos, milpas y vida silvestre. Un milagro en esta zona que ya ha sido despojada del río limpio -el río Salado-, que fue totalmente contaminado con aguas negras cuando, hace años, le conectaron el drenaje del municipio vecino de Santa Cruz Amilpas.

“Hemos acudido a las autoridades para manifestarle nuestra preocupación por el asunto de esta gasolinera pero nadie quiere escuchar nuestras demandas”, denuncia una señora que habita la colonia vecina. El 4 de septiembre del mismo año, los inconformes ya se habían levantado para demostrar su descontento. Si bien, como respuesta a esto, los 8 regidores del municipio habían llegado a poner sellos de clausura al proyecto, no les están respetando. Es más, como lo denuncian los habitantes, son las autoridades mismas que quieren implementar la iniciativa sin respetar a los procesos legales. “Hicieron un estudio sobre el impacto ambiental pero no fue difundido”, nos cuenta uno de los inconformes, “en junio cortaron la página por la cuestión de las elecciones, la volvieron a abrir hasta finales de julio”. En cuanto a la licencia de construcción, es la misma lógica: “debe de estar firmada por el cabildo, pero yo tengo copia y nada más firmaron 4. Y no firmo el de ecología!”, agrega el mismo señor.

Frente al rechazo de la población, las autoridades tomaron medidas más fuertes para imponer su proyecto, ya que, como lo denunciaron varias personas, empezaron también a ofrecer dinero a la gente y de ahí a comprar conciencias. “Le dieron dinero a la del kínder, dicen que ya le dieron 30 000 pesos, también le dieron dinero a la gente de rancho nuevo”, nos confía una señora. Y además de intentar dividir a la población, también la están intimidando y amenazando. “En la noche llegue y me iban a golpear un grupo de alrededor de doce personas y me eché a correr. Hay amenazas, pero ya estamos aquí” nos cometa un integrante de la gente de las dieciséis colonias que sostienen el plantón. “Nosotros no venimos en ese papel de pleito y nos hicimos a un lado, pero por parte de ellos nos hubieran atacado a morir. Lo único que nosotros no queremos es la gasolinera y no la negociamos” agrega una da las tantas mujeres presentes.

Santa Lucía del Camino es un municipio conocido como el burdel o la cantina de Oaxaca por la gran presencia de cantinas, bares y centros nocturnos donde se promueve el consumo de alcohol, drogas y la prostitución, sin considerar las afectaciones de la comunidad en su conjunto. Pero también este municipio es conocido desde el año 2006, como un centro de operaciones de losescuadrones de la muerte que atacaron a las distintas barricadas que se levantaron para destituir al gobernador en turno –Ulises Ruiz Ortiz-. En ese sentido, la gente que protesta por la cancelación de este negocio de la gasolina y diesel sostienen que se mantendrán hasta que este proyecto se eche para atrás y que saben que en cualquier momento los podrían atacar.

“Ayer anduvieron rondando unas camionetas y han estado  preguntando por nosotros. Es más, los ha estado apoyando la policía estatal y eso es lo más grave, que el Estado nos quiera meter a la cárcel. Aparte de que somos afectados también somos delincuentes” termina diciendo una de las tantas voces que expresaron sus inconformidades. Así mismo, responsabilizaron a las autoridades de cualquier agresión.

De Ulises Ruiz Ortiz a Gabino Cue Monteagudo y de los escuadrones de la muerte a los sicarios o grupos de choque no hay tanta diferencia, pues la gente que hace uso de su derecho a la protesta, pasa directamente a ocupar un papel de delincuentes por no estar de acuerdo con ciertas políticas o inversiones privadas o la falta de gasto público del Estado en los servicios más básicos. Y cada día hay más gente en el estado de Oaxaca que votó por un cambio de gobierno y que piensa que no hay ninguna diferencia entre Ruiz Ortiz del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Gabino Cue, actual gobernador, quien subió al poder mediante el conjunto de varios partidos de centro-izquierda. La gente piensa que las condiciones de vida siguen igual y que se sigue priorizando a la inversión privada y extranjera, aunque se tenga que afectar a pueblos, comunidades o colonias enteras, como es el caso de la colonia 25 de Enero y el conjunto de las 16 colonias que serán afectadas por esta gasolinera que promete generar empleos.

“Somos como 16 colonias muy unidas y nunca le pedimos nada a nadie, porque el gobierno nunca nos ha apoyado en nada, nos inundamos y no hicieron nada. Si no nos ayudan que no nos perjudiquen” sostiene otra mujer que como la gran mayoría de los entrevistados prefiere no mencionar su nombre porque temen por su vida.. “Estamos también en apoyo muchos de nosotros a lo que están haciendo los maestros, en contra de las reformas, a todo esto, no solamente en el estado de Oaxaca, a nivel país (…). Seguimos entendiendo con tristeza que no va haber ningún gobierno que pueda resolver la problemática del pueblo”, concluye.



NOTICIAS DE MÉXICO

Aval unánime de San Lázaro a reforma que abre vía para indultar a Patishtán

Diputados del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano consideraron innecesaria la modificación, porque el Ejecutivo ya cuenta con dicha atribución.

Enrique Méndez y Roberto Garduño
Publicado: 29/10/2013 15:51

 

México, DF. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 442 votos una reforma al Código Penal Federal para incluir un artículo 97 Bis para que a petición de una de las dos Cámaras del Congreso o decisión propia, el presidente de la República pueda conceder el indulto a una persona, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos del sentenciado, medida que –resaltaron los legisladores– busca beneficiar de manera directa al profesor Alberto Patishtán Gómez.

Durante la sesión de hoy el pleno recibió el dictamen de la Comisión de Justicia, que se discutió de inmediato. Durante las posiciones de los partidos, diputados del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano expresaron que la reforma es innecesaria, porque el Ejecutivo ya cuenta con dicha atribución en el artículo 89 constitucional, para conceder indultos a reos sentenciados por delitos del fuero federal y del orden común.

En contraste, legisladores de otras bancadas resaltaron que la adición no sólo recoge la preocupación de la sociedad civil por la falta de equidad del proceso penal contra Patishtán Gómez, sino que busca corregir la ausencia de justicia que prevalece en el Poder Judicial.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD) refirió que existen más de ocho mil caos de indígenas presos a quienes se les violentó su derecho al debido proceso, sólo por no contar con un intérprete o un traductor.

“De esos ocho mil hay casos paradigmáticos por evidentes violaciones al debido proceso y desafortunadamente se trata de un práctica sistemática en el Estado mexicano”.

El diputado Jesús Aquino Calvo (PAN) sostuvo que la reforma abre la oportunidad de hacer justicia a Patishtán Gómez “quien, se ha evidenciado, ha demostrado su inocencia”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, señaló que si bien el nuevo artículo en el código penal no es la mejor forma para lograr la liberación de Patishtán Gómez, porque el Ejecutivo ya cuenta con la atribución constitucional para concederle el indulto al profesor tzotzil, sí se corrige una injusticia.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, el Canal del Congreso cortó la participación de Monreal en tribuna, y cambió la transmisión a la sesión del Senado de la República. Monreal expresó su molestia y señaló “que no es conveniente que ningún compañero de esta asamblea se le haga esa grosería”.

Los diputados José Francisco Coronato (MC) y Catarino Duarte junto con Rosendo Medina, ambos del PRD, expresaron sus dudas sobre la legalidad de la reforma. Coronato afirmó que si él votó en favor del dictamen “fue por humanidad, porque esta es una aberración jurídica. Lo que procede es reclamar la inocencia de Patishtán”.

El diputado Roberto López Suárez (PRD) planteó que para beneficiar a otros indígenas presos es preferible impulsar una ley de amnistía, pero que por lo pronto es urgente que se libere al profesor, injustamente preso por muchos años sólo porque la justicia no ha llegado a Chiapas.

Astillero

 Carreta tricolor

 Parcelas opositoras

 Michoacán, militarizado

 Injusticias del 2 de octubre

Julio Hernández López

 

OPACIDAD EN EL IFE. En el IFE, consejeros y representantes de partidos han cuestionado la decisión de mantener en reserva un estudio de Deloitte –que tuvo un costo de 16 millones de pesos– sobre la estructura del instituto, el cual informa de duplicidad de funciones, desórdenes administrativos y excesos en la estructura de mando. El consejero presidente, Leonardo Valdés, reiteró su postura de mantener un año la restricciónFoto Cristina Rodríguez

E

l coordinador de los senadores de Acción Nacional, José Luis Preciado, confirmó ayer los emplazamientos partidistas que prefiguran un triunfo doble del reformismo impulsado por Enrique Peña Nieto: el partido de mayor derechismo apoyará la reforma energética en los términos negociados con Los Pinos, mientras el sol azteca lo hará en cuanto a la miscelánea fiscal. Aferrados cada cual a los acuerdos habidos con el priísmo así victorioso, defenderán sus parcelas aunque en general la cosecha se la lleve la carreta de tres colores.

El colimense Preciado, cuyo liderazgo en la bancada blanquiazul del Senado no ha podido consolidarse a causa del activismo en su contra del grupo calderonista que encabeza Ernesto Cordero, dio por fracasadas las posibilidades de un acuerdo con el PRD en virtud de que el partido dirigido por Los Chuchos comprometió su voto a favor de la nueva normativa fiscal a cambio del fondo de capitalidad que le dieron a Miguel Ángel Mancera (y que permitirá a esa dupla, GDF-Nueva Izquierda, desarrollar planes conjuntos de control de la política en el Distrito Federal).

Los arreglos bilaterales en marcha concentrarán en zonas bien definidas el interés electoral de los dos principales partidos de oposición solidaria. El sol azteca, votando a favor de nuevas modalidades fiscales en todo el país, podrá ofrecer a la ciudadanía capitalina obras y servicios, mientras el partido dirigido por Gustavo Madero se reserva el derecho de asumirse como el único que se opuso de manera inflexible a ese menú de nuevos o agravados impuestos que son considerados lesivos por las clases medias y los empresarios.

En el terreno de lo energético se vivirá similar forcejeo con la vista puesta en las urnas venideras. El PAN pagará con gusto el costo de ser el aliado que permita con sus votos la aprobación de la impugnada reforma, mientras el Partido de la Revolución Democrática se reservará el uso de la carta efectista de haberse movido conforme a las reglas del juego para impedir lo que finalmente habría sido aprobado por la dupla pripanista.

Si finalmente salen adelante las reformas fiscal y energética gracias al voto diferenciado de los partidos de oposición pactada, el país tendrá un nuevo rostro, con nuevas reglas y beneficiarios, lo que podría significar el afianzamiento de un poder priísta con pretensiones de larga durabilidad. A partir de esa doble victoria estratégica, Peña Nieto (es decir, el equipo que lo tiene al frente) contará con más recursos para repartir limosnas institucionales con visión electoral (de las tarjetas Mónex y Soriana a los monederos Sedesol-Robles, por dar un ejemplo) y consolidará relaciones de mutua conveniencia con grandes empresarios locales y extranjeros que participen del reparto de Pemex.

Mientras el rediseño general culmina, la realidad cotidiana estremece. En Michoacán, Peña Nieto recurre a la fórmula fácil a la que en su momento se aferró el calderonismo, es decir, el uso a rajatabla de las fuerzas armadas como presunto mecanismo de equilibrio social aunque en muchas comunidades se considera a los agentes del gobierno federal como defensores de determinados intereses locales e intencionales agresores de bandos distintos o de ciudadanos sin vinculación con los grupos en pugna.

En el resto del país se viven situaciones tensas que confirman que, más allá del negociado silenciamiento mediático sobre el tema, la violencia criminal contra la sociedad está en niveles tan altos o más que los registrados durante el funerario gobierno de Felipe Calderón. Un ejemplo de ello se está viviendo en Torreón, Coahuila, donde ayer hubo un paro parcial de labores en establecimientos gastronómicos continuamente asaltados y chantajeados por grupos que actúan en completa impunidad.

Escribe Ilia Adad Infante Trejo desde la celda 3-12 del área de ingreso del Reclusorio Norte. Es uno de los detenidos y procesados por los hechos del pasado 2 de octubre y asegura que no participó en los disturbios y que son fabricados los cargos que se me imputan: ataques a la paz pública, daño en propiedad con dolo en pandilla y ultrajes a la autoridad. Pero considera quedesafortunadamente soy, junto con mis compañeros presos, víctima de la campaña por la cual el jefe del Gobierno del Distrito Federal se ha convertido en el encargado de hacer el trabajo sucio al gobierno federal. La acusación se realiza y se quiere fundamentar en el dicho de policías que ni siquiera nos encapsularon en el inmueble de Reforma 93. Vine a dar aquí junto con otras siete personas (entre ellas, un menor de edad ya liberado y un representante de medios ya exonerado) por el dicho de un comandante de la SSP que nos seleccionó arbitrariamente de entre 40 personas que éramos transportados en un camión de la policía en el estacionamiento de la Agencia del Ministerio Público GAM-2.

Infante Trejo, estudiante de Filosofía y Letras en la UNAM, refiere en el texto enviado a esta columna las diversas formas de criminalización que se han dado contra quienes ejercen derechos y libertades cívicas: la publicación en ciertos medios de presuntas fichas de seguimiento de actividades disidentes o de filiaciones anarquistas, el acomodo de la legalidad capitalina para sancionar con más fuerza y menos problemas a los que protestan, el uso de la policía cibernética, la infiltración de policías vestidos de civil, la provocación y el uso desmedido de la fuerza de agentes policiacos. A punto de cumplirse un mes de esas detenciones es necesario seguir de cerca la evolución de los procesos judiciales, pues hay suficientes indicios de que se cometieron irregularidades e injusticias, y cuidar que no avance el mencionado curso de criminalización de la protesta social.

Y, mientras las vallas van y vienen en una capitalina Plaza de la Constitución donde las libertades cívicas son condicionadas por las exageradas necesidades de seguridad de las autoridades, específicamente de quien suele moverse bajo blindaje automático en Los Pinos, pero de vez en cuando desea asomarse al entorno del Palacio Nacional, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

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Fax: 5605-2099juliohdz@jornada.com.mx

Educación: la obsesión centralizadora

Luis Hernández Navarro

C

omo los cangrejos, el gobierno federal y el Congreso de la Unión caminan hacia atrás en materia de instrucción pública. A contracorriente de lo que sucede en los países democráticos, donde la descentralización de la administración pública es la tendencia dominante, primero acordaron centralizar la evaluación, luego la política educativa, para rematar, ahora, con la nómina de los trabajadores de la educación.

No es un hecho aislado. La obsesión centralizadora del gobierno de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México parece no tener límite. Los gobernadores desfilan por las oficinas de Luis Videgaray para negociar sus presupuestos, en lugar de hacerlo con el Poder Legislativo. Unilateralmente, ha establecido una política de contratación masiva y centralizada de bienes y servicios, medicamentos incluidos, mediante compras consolidadas, contratos marco y subastas en reversa. Finalmente, en lo que constituye un grave asalto al pacto federal, se dispone a desaparecer los institutos electorales de los estados y a sustituirlos por uno de competencia nacional.

La decisión de que el gobierno federal quite a los estados el control sobre el pa­go de nómina a los maestros de educación básica fue justificada en nombre de la transparencia, del afán por evitar la duplicidad de plazas y de la decisión de cancelar la doble negociación gremial.

La medida fue anunciada por el jefe del Ejecutivo el pasado 19 de agosto, durante el inicio del ciclo escolar 2013-2014, en Xochitepec, Morelos. Peña Nieto advirtió allí que se revisaría a fondo el financiamiento de la educación pública”, derivado de la descentralización educativa de 1992. A 20 años de distancia, la federalización del pago de los maestros y las insuficientes transferencias de recursos federales han debilitado las finanzas estatales y acentuado importantes inequidades entre las entidades federativas, señaló.

En los hechos, la recentralización es la expedición del certificado de defunción del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica. Es, por tanto, la confesión pública del fracaso de una política que hizo de la descentralización la panacea a todos los males de la enseñanza en el país.

Efectivamente, desde comienzos de los años 80 del siglo pasado, la descentralización se convirtió en una obsesión gubernamental. El diagnóstico oficial asoció el bajo nivel educativo con la centralización, hasta equiparar automáticamente descentralización con mejoramiento pedagógico.

Sin embargo, al aterrizar el acuerdo las cosas resultaron diferentes. Como señaló el Observatorio Ciudadano de la Educación, más que una verdadera descentralización educativa, lo que se puso en práctica fue unadescentralización centralizadora, conducida con una lógica centralista e inequitativa, en la que la Federación nunca pretendió perder el control del proceso educativo. Fue más una medida administrativa que pedagógica. Se exigió a los gobiernos estatales que hicieran con menos dinero lo que la SEP hacía con más.

No obstante este fracaso, la descentralización de la enseñanza acordada en 1992 tuvo como telón de fondo un elemento real: el enorme e incontrolable aparato burocrático de la SEP impedía que los recursos educativos fueran bien administrados. Por ejemplo, en lo que es una prefiguración de lo que viene, en 1980 estallaron decenas de conflictos magisteriales en todo el país, por graves problemas de pago, propiciados por el manejo centralizado de la nónima.

Lo que hoy se propone con la recentralización de las plazas es hacer crecer aún más la burocracia de la SEP. Con ello, se están creando las condiciones para fabricar un problema de magnitud insospechada. Sin flexibilidad alguna, las autoridades educativas van a administrar ahora mucho más de un millón de plazas que tienen, de por sí, una gran movilidad.

Los maestros de nuevo ingreso cambian constantemente de centro escolar, combinan su trabajo en una escuela primaria con horas de clase en secundaria, cotizan al Issste y/o a los institutos de seguridad social de los estados, adquieren préstamos que se descuentan de su salario. Otros toman días económicos o se incapacitan. Miles de profesores de primaria laboran como directores de escuela sin el contrato apropiado, con tan sólo una comisión de por medio, porque no existen las plazas presupuestales para que lo hagan. Pretender manejar centralizadamente un sistema laboral tan fluido y complejo, es absurdo.

Efectivamente, hay muchas cosas que no funcionan en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Hay problemas serios para establecer la matrícula y uso indebido de los recursos educativos por las autoridades en los estados. Pero, lejos de resolver estos problemas, la recentralización creará nuevos problemas sin solución.

El uso indebido de los recursos y la doble negociación no se resuelven así. La corrupción en el manejo de las plazas no es algo que suceda sólo en el nivel estatal. Toda la administración federal está llena de prácticas de este tipo. Es falso que la centralización permita combatir la corrupción, lo único que hace es concentrarla.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) negocia con las autoridades federales un aumento anual y sus secciones estatales acuerdan con los gobernadores prestaciones adicionales como días de aguinaldo y primas vacacionales. La medida corresponde al ámbito laboral; es allí donde debe solucionarse.

La autoridad educativa debe estar cerca de las escuelas y de las regiones en las se educa a niños y jóvenes, no a cientos o miles de kilómetros de distancia. Requiere estar en contacto con la labor docente, con los maestros y padres de familia, no pertrechada en una torre de marfil informática.

La recentralización educativa no es más que una fuga hacia adelante. Es un intento de la actual administración por huir de los problemas provocados por su insensibilidad y autoritarismo. Lejos de resolver los graves problemas de instrucción pública que hay en el país, los profundizará aún más.

Twitter: @lhan55


Resistencia, Autonomía y violencia

  • Escrito por  Lucio Rivera
    • Domingo, 20 Octubre 2013 17:13

“Proletarios del mundo, escuchemos nuestros corazones y busquemos en ellos la verdad, ¡Hay que crearla nosotros mismos! Que en ninguna otra parte la vamos a encontrar.” – Néstor Makhno

 

1. la escalada en la guerra de clases es una situación objetiva no solo porque a escala global la rebeldía de la clase de abajo aumenta día a día, sino sobre todo porque la estrategia de prevención y represión de los de arriba avanza sobre maquinas cada vez más rápidas y potentes.

 

2. las maquinas del estado y del capital, con las que los de arriba exterminan la vida y convierten su exterminio en un negocio y en un espectáculo policialmente asegurado, avanzan a una velocidad y con una contundencia mayor que lo que pueden avanzar los de abajo actualmente.

 

3. la vida, sin embargo, como lo demuestra la madre tierra, siempre regresa, y la fuente de la fuerza de la clase proletaria y de los pueblos viene de la vida misma, de la solidaridad, de la alegría, que surge del pueblo, pero también de la capacidad de obrerxs, campesinxs, pobladores urbanxs y rurales, de parar los pilares de la vida y del sistema capitalista muerte, como las fábricas, los campos y agroindustrias, las carreteras, puertos, aeropuertos, calles, gasolieneras…

 

4. la maquina fundamental del conjunto de industrias vitales del estado y del capital, es siempre la misma: la maquina-fuerza-de-trabajo. La transformación de un ser humano en tal mercancía de fuerza de trabajo pasa por imponer la dependencia, no solo ideológica y de obediencia, de no ver más allá de las relaciones y la sobrevivencia capitalista, sino sobre todo la dependencia material de alimento, agua, vivienda, trabajo, salud, cultura. Para que esta dependencia no se rompa y se profundice cada vez más, están las miles de policías, ejércitos, grupos paramilitares, cárceles, tribunales, que son la máxima expresión de la maquina fuerza de trabajo que solo obedece y ha perdido por completo su humanidad.

 

5. la rebelión, antes de ser un derecho, es una necesidad vital. El rechazo a las relaciones del circulo vicioso de muerte de la maquina-estado-capital es instintivo en la vida humana y natural. La rebelión crece conforme crecen las agresiones, los golpes y las imposiciones de los de arriba. La rebeldía tiñe las relaciones sociales, aunque muchas veces decir NO quede limitado a acciones diminutas.

 

6. Sin embargo no basta decir NO. Las revueltas con frecuencia son mediatizadas por el estado-capital y se convierten luego en el reforzamiento ideológico de los de arriba. Decirles NO no es la única necesidad vital. Si se vuelve la única concepción política, el rechazo pasa a confirmar y a reforzar siempre la relación oprimidos-opresores, en la cual se entra un círculo vicioso. Seguir rechazando implica que lo que se rechaza sigue existiendo, por lo tanto se confirma la posición de debilidad del que rechaza: se opone, pero no tiene la fuerza para hacer valer su voluntad. De esa posición de debilidad parten las dos principales corrientes, una, la “nacionalista”, representada por la proclama en defensa de la nación, el movimiento de liberación nacional, morena, le dice a los de arriba (que de hecho, muchos de ellos pertenecen a esa clase, como cárdenas y obrador) que no quiere sus reformas, y le pide que no las pase, pero política, ideológica y tácticamente sus acciones implican ya que las reformas van a pasar (la justificación de que las reformas son necesarias, pero son algunos puntos de las formas de tales reformas las que hay que cambiar, sin tocar nunca la esencia) y no contribuyen sino a que las reformas pasen y la dominación de los de arriba se consolide. La otra corriente, la “reformista”, va casi siempre de la mano del nacionalismo burgués, son las organizaciones populares que se dicen socialistas, los sindicatos que se dicen democráticos, las asambleas que se dicen populares, pero solo dicen, y algunos hasta dicen ser radicales, pero un discurso radical no hace radical a nadie, hacen falta acciones, y tácticamente los reformistas no difieren en nada de los nacionalistas burgueses, salvo en la predica de la “huelga general” y el “paro nacional”, dos formas que en el movimiento mexicano entrañan contradicciones fundamentales: quienes más la convocan son quienes tienen menos fuerza para realizarla; los sectores obreros llamados a realizarla no tienen ninguna capacidad real para organizar una huelga general, pues actualmente el sector obrero en general no tiene la capacidad para organizar una resistencia propia, uno de cada diez obreros está sindicalizado y nueve de cada diez sindicatos son charros o patronales, solo una huelga general salvaje podría darse en esta situación, sin embargo a eso no es a lo que se convoca; cuando el “paro nacional” por fin se lleva a cabo, los sectores que se suman no tienen la suficiente fuerza para dañar seriamente al estado y al capital, como maestrxs y estudiantes, y la fuerza que se acumula, así como se concentra se vuelve a disolver en marchas y mítines masivos que aun en el “paro nacional” son la única perspectiva táctica de lucha.

 

7. la marcha de masas y la concentración de masas (mitin, asamblea informativa, etcétera, etc…) son las formas tácticas de la política de oposición mediatizada, que de la misma manera que la política que sostienen, también tácticamente reproducen el orden; al marchar a los edificios de gobierno para “pedir” solo se refuerza la posición de poder de los de arriba y la posición de debilidad propia. Solo se aspira a repetir el mismo teatro, en donde el caos vial que generan las marchas ya es parte de la normalidad de la circulación de mercancías. Desde hace tiempo, la ruta de las marchas es controlada directamente por la policía. En este contexto, la capacidad política de una marcha se vuelve más y más débil, mientras que los contingentes participantes se vuelven más y más vulnerables. Desde hace tiempo cada marcha es reprimida, los marchistas son golpeados y parece haber un consenso entre las corrientes nacionalistas y reformistas con el estado de que así debe de ser. Sin embargo, cada vez más surgen jóvenes encapuchados que no se resignan a su posición de debilidad y se rebelan. Su rebelión, aun así, queda limitada a la perspectiva de derrota de la marcha y solo confirma la posición de debilidad tanto de las corrientes enajenadas como de quienes se rebelan. Política y tácticamente, se repite la misma ruta de derrota.

 

8. La rebelión individual y colectivo a obedecer al poder y al dinero de los jóvenes encapuchados se ve limitada a las perspectivas políticas y tácticas de las corrientes hegemónicas en tanto las revueltas toman lugar en las mismas marchas de masas. La fuerza no ha sido suficiente para derrotar ni siquiera a los rangos más débiles de la policía, como la bancaria industrial (PBI), que son verdadera carne de cañón que el estado usa para que en ellos se gasten los petardos y las molochas, y la muralla más sólida de policías federales y antidisturbios de elite, permanece como pilar que garantice que las cosas no se saldrán de control, pues el orden del estado-capital puede tolerar que decenas de jóvenes se rebelen y que decenas de policías resulten heridos sin que la verdadera fuerza militar sea siquiera tocada y sin que el poder y el dinero sean puestos en peligro. Las revueltas limitadas por las marchas pacíficas son situaciones de extrema debilidad táctica y política. Aunque el combate callejero sea una respuesta digna en una situación donde la represión es inevitable, pelear en un escenario puesto por el enemigo, en condiciones favorables para el enemigo, es ir siempre con las de perder. Además el combate callejero, sin que se busque en concreto nada, sin que se quiera defender una posición o avanzar para tomar una posición, es un combate sin dirección que por definición, no puede avanzar, aspira a la revuelta por la revuelta, y es una forma más de oposición que es mediatizada por la represión y que por más violenta que pueda resultar la desobediencia de cientos de jóvenes encapuchados, al final de unas cuantas horas, el día se acaba, cada quien regresa a sus casas, y sigue la normalidad, solo que el estado, con las corrientes nacionalistas-reformistas atrás haciendo coro, mediatiza la revuelta como vandalismo, delincuencia, violencia sin sentido, y logra convencer con mayor efectividad que los encapuchados con su acción directa. Las recuperaciones de mercancías de los oxxos, por ejemplo, son acciones legítimas en tanto las pequeñas fábricas de distribución como oxxo son instituciones de super-explotación y robo, que acaparan agua y alimento en una situación de sed y hambre generalizada, sin embargo muestran su absoluta limitación cuando lo más valioso que se puede sacar de ahí es una botella de alcohol, una cajetilla de cigarros o una caja de condones ¿Por eso estamos luchando? De la misma manera que los combates con la policía, podríamos llevarlo a un extremo ¿Qué pasaría si saquearamos todos los oxxos, walmarts, sorianas, etcétera, y derrotaramos a todos los rangos de la fuerza policiaca y militar? ¿Qué pasaría si organizaramos una huelga general prolongada y un bloqueo de los centros neurálgicos de la circulación de mercancías? Pues en un tiempo se agotarían las mercancías de las que depende nuestra vida, y el estado-capital reorganizaría sus fuerzas para una guerra abierta, y probablemente aplastaría al pueblo. No basta la rebelión, no basta el bloqueo ni el saqueo, no basta la destrucción.

 

9. La resistencia es una necesidad vital. Para que nuestra fuerza destructiva sea a la vez creadora debemos de ser capaces de crear una fuerza autónoma, independiente, política y culturalmente, no en sus aspectos aislados, como lo suelen tomar las organizaciones populares, pensando que cultura y política son solo palabras, sino como totalidad, ya que la cultura y la política forman una unidad irreductible con la vida y las necesidades materiales y espirituales de reproducción de la vida. La separación que ha hecho el poder de la política de la vida cotidiana es la misma separación del movimiento popular con el pueblo que dice representar. El momento de lucha se reduce imaginariamente, es decir, a la imagen de una marcha, de un mitin, cuando el momento de lucha es ahora, su lugar es aquí. El pueblo, separado así de la política y de sus supuestos “representantes” (tanto del estado como del movimiento, que reproducen la misma política de suplantación y falsificación de la voluntad popular, la práctica de hipocresia y mentira tan arraigada por la colonización, que hace que los “líderes” del movimiento popular salten a ser “líderes” electorales y que frecuentemente se confundan ambas cosas) está también separado de sí mismo, su resistencia se vuelve individual, pa’ sacar adelante a la familia si mucho, y muchas veces como obligación o condena, y de esta manera más que resistencia, que tiene que ser colectiva, se vuelve un simple aguante, andar aguantando y aguantando penas y hambres. De la vida cotidiana del pueblo, es desde donde es posible construir la resistencia, y resolver en comunidad los problemas, las necesidades y los deseos de la población, a través de la autogestión, el apoyo mutuo y la solidaridad. Las luchas de los pueblos en méxico nos enseñan como su práctica de comunidad y de respeto a las diversas prácticas de la vida y de la lucha, en base a un territorio y a la tierra que permiten la autonomía en la vida (trabajo, techo, alimento, agua, salud, cultura, educación, libertad…) son los pilares que han sostenido una dignidad milenaria, y que hacen que cada resistencia sea una victoria. Entre obreros, trabajadoras, estudiantes, profesores y profesoras, también se desarrollan estos lazos de solidaridad, sobre todo en una base territorial que pueda ejercer una posición de fuerza, como los centros de trabajo, estudio, circulación (carreteras, aeropuertos, etcétera…), distribución (walmarts, soriana, oxxos, gasolineras…) y vivienda (pueblos, barrios, colonias, multifamiliares…). Sin embargo, no todas las posiciones ejercen la misma fuerza. Una escuela tomada o varias, no son lo mismo que una o varias fábricas en huelga. Pero aún las fábricas, en una huelga o en una autogestión, están limitadas al sistema indutrial del capital y estado. Una planta nuclear en huelga tendría, a mi parecer tres posibilidades: que los obreros pararan y la planta llegara a una crisis y estallara, causando así un daño enorme a la vida. Esta es la menos posible. Que los obreros no pararan y siguiera funcionando casi todo igual, salvo a la representación imaginaria de una huelga donde no se puede parar porque si no se causa un daño enorme a la vida. Esta es la más posible. Por último, esta la posibilidad de que los obreros en su huelga cerraran la fábrica por completo y así dejarían de ser obreros y a pesar de que no dañarían la vida sino al capital, necesitarían una posición de fuerza en otro lado, al menos para comer y asegurarse de que la planta nuclear siga cerrada. Es un supuesto claro, pero diversas posiciones proletarias, como los buzos del drenaje profundo o los recolectores de basura, plantean esa contradicción. Nuestra resistencia debe construir un mundo radicalmente nuevo, es una necesidad que nuestra fuerza creativa tenga una capacidad destructora. La violenta destrucción del cáncer urbano-industrial es una tarea que aquí y ahora llega a veces a tomar las “pacíficas” expresiones de la recuperación de terrenos, de casas, de espacios públicos como parques, plazas y deportivos, que en última instancia deben de ser defendidos a la fuerza en contra de la violencia del estado y del capital. Ahí tiene sentido y dirección el combate callejero (hacia un lado avanza y hacia el otro retrocede), y las barricadas surgen de manera natural, como forma de lucha táctica vital y básica para estos momentos de la guerra de clases. La recuperación de un pueblo, de un barrio, de una región, de un territorio, es una tarea de limpieza en tanto la civilización occidental de la maquina, estado y el capital, es basura, tóxica y mortal.

 

 

Lo primero que hay que limpiar son nuestros corazones, para escucharlos, ahí hay un mundo nuevo. El mundo capitalista es solamente la gestión de su final, de su crisis terminal, que amenaza con aplastarnos con su caída. Ya no tiene nada que ofrecernos. Nosotros no solo tenemos kilómetros de cadenas que perder, también tenemos muchos mundos por recuperar. Aquí es el lugar para empezar, ahora es el momento, mira en tu vida al rededor, quién está, amigos, compañeros, pareja, familia, banda, raza, mira tu territorio, qué hay, tierra, agua, calle, barrio, mira tu corazón, ya estamos cansados, a todos nos duele, no nos tenemos que seguir aguantando, no vamos a conformarnos con una simple revuelta, vamos por transformar el mundo y cambiar la vida.

La Junta de Buen Gobierno Hacia La Esperanza denuncia provocaciones contra compañeros del municipio autónomo Tierra y Libertad.

  • Escrito por  Carolina Bt
    • Martes, 29 Octubre 2013 13:25

LA REALIDAD, CHIAPAS, MEXICO;
A 28 DE OCTUBRE DEL 2013.

DENUNCIA PÚBLICA.

A la sociedad civil nacional e internacional
A las compañeras y compañeros de la otra campaña nacional e internacional
A las compañeras y compañeros de la sexta internacional
A los organismos independientes de derechos humanos
A los medios de comunicación alternativos
A la prensa nacional e internacional
A las hermanas y hermanos de México y el mundo

La Junta de Buen Gobierno Hacia La Esperanza de esta zona selva fronteriza, con sede en La Realidad municipio Autónomo Rebelde Zapatista San Pedro de Michoacán. DENUNCIAMOS ENERGICAMENTE los actos de injusticias, de provocaciones y de despojos que nuevamente están sufriendo nuestros compañeros y compañeras baces de apoyo del EZLN en el terreno recuperado “CHE GUEVARA” Del municipio autónomo de Tierra y Libertad que se encuentra hubicado en Belisario de Dominguez, Municipio Oficial de Motozintla de Mendoza Chiapas.

Que desde meses atras han sido amenazados que los van a desalojar por el mismo grupo de personas que son manipulados por Guillermo Pompilio Galvez Pinto, Carmela Oseguera Ramos y Silvano Bartolome Pérez, y que hace un año (17 de Octubre del 2012) gente de este mismo grupo agredieron gravemente con arma de fuego a uno de nuestros compañeros.

Pero ahora nuevamente estas mismas personas y sus manipuladores como son: Silvano Bartolome, Carmela Oseguera y Guillermo Pompilio acompañados por gente de los malos gobiernos como son: un Regidor, un sindico, 5 policias, 2 de vialidad y agentes Rurales; que todos estos responden a las ordenes de sus amo como lo es el presidente municipal de Motozintla de Mendoza Chiapas Oscar Rene Gonsalez Galindo, quien a su vez recive ordenes del “disque” gobernador del estado de Chiapas Manuel Velazco Coello que a su vez responde al ladrido de su amo mayor Enrique Peña Nieto presidente de la Republica Mexicana; y que el pasado 6 de octubre llegaron para entregar y Reconocer oficialmente como Ranchería 8 de Julio que es el nombre que ellos le pusieron a la parte que les toca, incluyendo el terreno rrecuperado “Che Guevara” que esta havitado por compañeros nuestros Bases de apoyo del EZLN.

Luego el dia 23 de octubre del presente año este mismo grupo de personas mandaron un documento a un compañero nuestro para decirle que levante su manguera que le abastese del vital liquido como lo es el agua, ya que pasa en la orilla de la parte del terreno que les corresponde a ellos, dandole un plazo de 5 dias. Cabe señalar que al señor Silvano Bartolome Perez la manguera que le abastese de agua cruza por la parte del terreno que les pertenese a nuestros compañeros ademas de una toma de agua que tienen vendido, pero nosotros no les estamos diciendo que saquen sus manguera porque no queremos probocarlos, pero tampoco queremos que nos provoquen.

Y recientemente el 26 de Octubre del 2013, estas personas dan continuidad a sus invacion construyendo una vivienda en la parte del casco que les pertenese a nuestros compañeros sabiendo que esas tierras no les pertenece además de que está habitada por nuestros compañeros.

Todos estos actos de invacion y provocacion que nos hacen estas personas al querer dejar sin agua a un compañero nuestro son organizados, manipulados y apoyados por los 3 niveles de los malos Gobiernos, nosotros como zapatistas sabemos entender y respetar, siempre y cuando se nos respete; ante este hecho le exigimos a los 3 niveles de malos gobiernos que controlen a su gente para que no se bayan a empeorar mas las cosas y que nos obliguen a tomar otras medidas.

Les decimos y les dejamos bien claro que ese terreno recuperado por el EZLN lo vamos a defender cueste lo que cueste, porque estamos en nuestro derecho y en nuestra razón, porque solo estamos defendiendo lo que es nuestro y no estamos chingando a nadie como lo esta haciendo su gente con nuestros compañeros.

¡ Ya Basta de tantas Injusticias, de Tantas Provocaciones. !

ESTAREMOS MUY AL PENDIENTE DE LO QUE PUEDA PASAR MAS ADELANTE SI ES QUE LOS 3 NIVELES DE MALOS GOBIERNOS NO TOMAN CARTAS EN ESTE ASUNTO Y SI NO CONTROLAN A SU GENTE, Y SERAN EYOS LOS INMEDIATOS RESPONSABLES DE LO QUE PUEDA PASAR, ASI COMO GUILLERMO POMPILIO GALVEZ PINTO, SILVANO BARTOLOME PEREZ Y CARMELA OSEGUERA RAMOS.

ATENTAMENTE

JUNTA DE BUEN GOBIERNO HACIA LA ESPERANZA

GABRIEL, YOHALLI, ADOLFO


 Michoacán es un Estado fallido: Obispo de Apatzingán

RODRIGO VERA
29 DE OCTUBRE DE 2013
DESTACADO

Alcaldía de Apatzingán.
Foto: La Voz de Michoacán.

MÉXICO, D.F. (apro).- Los atentados perpetrados contra 18 instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Michoacán, el pasado domingo 27, sacaron a relucir la advertencia que días antes hizo el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, respecto a que esa entidad ya se convirtió en un “Estado fallido” en poder del crimen organizado.

Patiño Velázquez, en una carta pastoral fechada el pasado 15 de octubre, aseguró categórico que Michoacán ya tiene “todas las características de un Estado fallido”.

Y detalló:

“Los grupos criminales: Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan (al estado) como si fuera un botín. La costa: para la entrada de droga y los insumos para la producción de las drogas sintéticas. La Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera: para el cultivo de mariguana y amapola, el establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales. Las ciudades más importantes y todo el Estado: para el trasiego y comercio de droga, ´venta de seguridad´ (cuotas), secuestros, robos y toda clase de extorsión”.

En su carta pastoral, dirigida a los fieles michoacanos, el obispo Patiño agrega:

“Han aumentado los levantones, los secuestros, los asesinatos, el cobro de cuotas se ha generalizado y familias enteras han tenido que emigrar por el miedo y la inseguridad que se está viviendo”.

Asimismo, el prelado asegura que algunas áreas de gobierno tienen nexos con el crimen. Señala al respecto:

“Los gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales, y cada vez más crece el rumor que el gobierno estatal también está al servicio del crimen organizado, lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad”.

Por último, Patiño Velázquez señala que, hasta el momento, ha fracasado la estrategia del Ejército, la Marina y la Policía Federal para combatir a las bandas del narcotráfico:

“Hasta le fecha no hemos visto la efectividad de su estrategia, porque no se ha capturado a ninguno de los capos principales del crimen organizado, aun sabiendo dónde se encuentran… Nos llama la atención cómo no han sido capaces de descubrir las casas de seguridad del crimen organizado”.

Así, estas denuncias del prelado siguen vigentes ante los atentados contra las instalaciones de la CFE, situadas en los municipios de Aguililla, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Apatzingán, Sahuayo, La Piedad, Zinapécuaro, Uruapan, Zamora, Ciudad Hidalgo, Tuxpan y Morelia.

Narcopolítica en auge

ÁLVARO DELGADO
28 DE OCTUBRE DE 2013
ANÁLISIS

Manuel Bartlett, senador.
Foto: Octavio Gómez

MEXICO, D.F. (apro).- Si en México no se juzga a nadie por lavar millones de dólares de un cártel del narcotráfico, como ahora ocurre en Estados Unidos con el presunto cómplice de Lilian de la Concha –la exmujer de Vicente Fox–, es porque la narcopolítica ha penetrado hasta la médula del Estado y sus integrantes.

La narcopolítica se instaló en México gracias también al silencio de autoridades, políticos, empresarios, iglesias y medios de comunicación, y esa mudez colectiva amenaza ahora con arrastrar a la nación al caos, como el que padece Michoacán.

Gobernado por el crimen, Michoacán es la prueba de que todo lo malo en México puede ser peor: Si el demencial belicismo de Felipe Calderón sólo produjo decenas de miles de muertos –miles de inocentes entre ellos–, la inoperancia de Enrique Peña Nieto no ha sido menos funesta para mantener a la sociedad en la indefensión.

Si la violencia es incontrolable en Michoacán y perfila una guerra civil es porque ahí se enraizó el crimen hace por lo menos tres décadas, en un amasiato con los gobiernos que terminó en subordinación, y ese parece ser el futuro del país entero por las complicidades al más alto nivel.

Aludo a esto por el silencio de autoridades, clase política, iglesias y medios de comunicación ante la reveladora información periodística difundida por el semanario Proceso, desde hace tres semanas, sobre el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, que durante décadas se atribuyó al narcotraficante Rafael Caro Quintero y que fue cometido, según personajes involucrados, por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Este caso no es solamente el derrumbe de un mito, según la información testimonial de personajes estadunidenses clave en la trama –como el de Héctor Berrellez, supervisor de la Operación Leyenda de la DEA, articulada para investigar el asesinato de Camarena–, sino la ratificación de que el gobierno de México estaba al servicio de la CIA y sus nexos con el narcotráfico.

Miguel de la Madrid, presidente de México entre 1982 y 1988 –cuando se gestó la narcopolítica–, ya murió, pero hay personajes clave que están vigentes implicados en este fenómeno enraizado en México: Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, y Sergio García Ramírez, procurador general de la República.

A las revelaciones de tres exagentes federales de Estados Unidos sobre los crímenes de la CIA y las complicidades de ésta y el gobierno mexicano con el narcotráfico, difundidas por la cadena Fox en Estados Unidos y Proceso en México, gracias al trabajo del corresponsal Jesús Esquivel, se suma ahora el señalamiento de Jorge Carrillo Olea: Bartlett y García Ramírez lo sabían todo.

Bartlett, actual senador del Partido del Trabajo, ha evadido su responsabilidad en la colusión de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) con la CIA y el narcotráfico, así como en el asesinato del “Kiki” Camarena. “Eso no puede ser… si no era subsecretario de la Reforma Agraria, era secretario de Gobernación”, afirma Carrillo Olea.

En entrevista de Jorge Carrasco, publicada en el número de Proceso que está en circulación, Carrillo Olea, quien fue subsecretario de Gobernación con Bartlett, afirma: “La DFS estaba totalmente al servicio de la CIA”.

Igual que Bartlett, otro personaje que ha guardado silencio sobre la participación de la CIA en el asesinato de Camarena, así como los nexos de ésta con el narco, asegura Carrillo Olea, es García Ramírez, quien fue electo consejero del IFE, en 2011, pese a tener medio siglo como militante priista.

–En su etapa como procurador general de la República se señala que fue cuando se incubó en México el narcotráfico –le pregunté cuando llegó al IFE.

–No es así. No es así –negó–. La procuraduría que yo entregué la entregué en los términos en que lo hice. La situación de aquel entonces era totalmente distinta de la actual, pero en fin, la historia de esa etapa, de lo que pasó entonces, de lo que ocurrió antes y de lo que ocurrió después, está por escribirse. Ya la escribiré.

Pero no sólo no ha escrito nada, sino que renunció repentinamente como consejero del IFE, en febrero de 2013, tras votar en contra de imponer sanciones a Monex, una de las empresas mediante la cual se financió la campaña de Peña Nieto, en un esquema de lavado de dinero que sigue impune.

Destapada la cloaca, es previsible que emerjan más evidencias de otros crímenes cometidos con la complicidad de la CIA, el narcotráfico y el gobierno de México de entonces y ahora. Uno de ellos es el asesinato del periodista Manuel Buendía, por cuya autoría intelectual se sentenció a José Antonio Zorrilla, director de la DFS, subordinada a Bartlett…

Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

Golpe a la canonización de Juan Pablo II

RODRIGO VERA
29 DE OCTUBRE DE 2013
REPORTAJE ESPECIAL

El Papa Juan Pablo II en el Vaticano.
Foto: AP

La justicia de República Dominicana busca al polaco Josef Wesolowski, nuncio apostólico en ese país y en Puerto Rico, a quien se acusa de abusar sexualmente de menores de edad y de crear una red de pornografía infantil de la cual se han encontrado 87 mil fotografías y decenas de videos. Aunque el Vaticano ya lo destituyó, no ha podido parar el escándalo, agigantado por la presunta cercanía de Wesolowski con Karol Wojtyla. Fue éste quien lo ordenó sacerdote y lo nombró obispo. En los hechos estas revelaciones sobre el nuncio empañan la canonización de Juan Pablo II.

 

La canonización del Papa Juan Pablo II, programada para abril de 2014, empieza a ser muy cuestionada por la protección que éste le dio a su compatriota polaco Josef Wesolowski, el nuncio apostólico en República Dominicana y Puerto Rico destituido en agosto pasado por sus actos de pederastia, en los que involucró a un amplio sector del clero caribeño.

Cuando todavía era arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla ordenó sacerdote a Wesolowski, el 21 de mayo de 1972. En el año 2000, ya como Papa, lo consagró como obispo a fin de impulsar su carrera eclesiástica.

Al llegar como nuncio al Caribe, en marzo de 2008, Wesolowski se alió con el sacerdote Alberto Gil Wojciech –también polaco y radicado en República Dominicana– para abusar sexualmente de menores de edad y crear una red de pornografía infantil de la cual, hasta ahora, se han encontrado 87 mil fotografías y decenas de videos. Todo este material gráfico fue realizado por los religiosos polacos, quienes pagaban a los niños por posar desnudos, modelar con ropas femeninas y realizar actos sexuales frente a sus cámaras.

Además, el hoy exnuncio involucró en sus prácticas a varios seminaristas, diáconos y sacerdotes de esa zona isleña. Algunos ya fueron cesados y otros están en proceso de investigación canónica, así como civil.

“Estamos ante un monstruo, no ante un sacerdote”, declaró a la prensa el magistrado dominicano Bolívar Sánchez, quien en ese país lleva la investigación del caso, pero hasta el momento no ha logrado capturar a los polacos prófugos.

Este es un caso sin precedente a escala mundial, pues nunca antes un diplomático vaticano había protagonizado un escándalo sexual de tal magnitud, que además pone en entredicho la canonización de un Papa.


 Líder de autodefensas en Michoacán reporta 23 muertos por violencia

“Estamos entierre y entierre a nuestra gente y no pasa nada”, dijo José Manuel Mireles, líder de autodefensas en Tepalcatepec; sostuvo que las guardias continuarán “limpiando” al estado de criminales.

 

(Fotos: Cuartoscuro)

Redacción AN

octubre 29, 2013 11:12 am

 
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José Manuel Mireles, líder del consejo ciudadano de Autodefensas y coordinador de ese movimiento en Tepalcatepec, aseguró que los hechos de violencia en la entidad han dejado hasta ahora 23 muertos, aunque el gobierno federal y estatal mantuvo en 5 los decesos.

En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, refirió que ayer por la tarde en El Naranjo de Chila (ubicada en Aguililla), fueron encontrados los últimos 2 cadáveres que hasta ahora tienen reportados.

De estos últimos 2 cuerpos, reportó que “traían una bolsita de droga”, por lo que probablemente pertenecían a Los Caballeros Templarios.

Mireles rechazó que lo que ocurre en Michoacán sólo sea un enfrentamiento “entre delincuentes”, sino que es la sociedad organizada enfrentando a Los Templarios.

Comentó que varios cadáveres son recogidos por la comunidad donde son encontrados o incluso por el grupo delincuencial al que pertenecen.

Sobre cómo encuentran los cuerpos, indicó que los ubican en barrancas o montañas, o incluso por la presencia de zopilotes.

En cuanto a la presencia de las autodefensas, aseveró que tan sólo en Tepalcatepec existen 3 mil personas que se arman las 24 horas para defender su comunidad, pero hay otros lugares, como Coalcoman, Michoacán, que cuentan con 5 mil guardias.

El líder en Tepalcatepec afirmó que los gobiernos han “minimizado” la violencia, mientras en Michoacán “estamos entierre y entierre a nuestra gente y no pasa nada“.

Mireles dijo que tienen confianza en el gobernador del estado, Fausto Vallejo, pero las guardias comunitarias seguirán ayudando a “limpiar” Michoacán de criminales.

En presencia de fuerzas federales, extorsionan y secuestran en Michoacán: obispo de Apatzingán

Miguel Patiño aseveró que los gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales, mientras que el Ejército y las fuerzas federales no han capturado a ninguno de los principales capos. Incluso, calificó a la entidad como un estado “fallido.

 

Redacción AN

octubre 29, 2013 10:04 am

 
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Se reproduce el artículo del obispo de Apatzingán,Miguel Patiño, publicado el pasado 15 de octubre en el sitio web del Episcopado Mexicano:

Hagamos de Michoacán un Estado de derecho

de Miguel, M.S.F. Patiño Velázquez
Obispo de Apatzingán  

LA VOZ DE NUESTRO PASTOR

Al Pueblo de Dios que peregrina en la Diócesis de Apatzingán,

y personas de buena voluntad:

“¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches, y denunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas a salvarme?” (Hab 1,2). Tal pareciera que el Profeta estuviera denunciado la situación que se está viviendo en el país, en el Estado de Michoacán y concretamente en nuestro querido Valle de Apatzingán.

Los filósofos nos dicen que para que haya un Estado de Derecho se necesita que éste sea regido por la ley que nos lleve a la práctica de la justicia y de esta manera dar seguridad y bienestar al pueblo. La justicia conduce a la paz donde se viven valores tan fundamentales como la alegría, la fraternidad, el amor, el respeto a la vida, la libertad y el trabajo. Todo esto tiene como resultado el desarrollo, la prosperidad y el bienestar para toda la comunidad social.

Su contra parte es el Estado Fallido, donde hay ausencia de la ley y la justicia provocando inseguridad, miedo, tristeza, ira, desconfianza, rivalidades, indiferencia, muerte y opresión. Cuando no hay justicia tampoco hay paz, ni desarrollo, ni prosperidad, ni bienestar en la sociedad.

El Estado de Michoacán tiene todas las características de un Estado Fallido. Los grupos criminales: Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan como si fuera un botín. La Costa: para la entrada de la droga y los insumos para la producción de las drogas sintéticas; la Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera: para el cultivo de mariguana y amapola, el establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales. Las ciudades más importantes y todo el Estado: para el trasiego y comercio de la droga, “venta de seguridad” (cuotas), secuestros, robos y toda clase de extorsión.

Nuestro pueblo de Michoacán tiene años sufriendo las injusticias del crimen organizado que se han recrudecido en los últimos meses. Han aumentado los levantones, los secuestros, los asesinatos, el cobro de cuotas se ha generalizado y familias enteras han tenido que emigrar por el miedo y la inseguridad que se está viviendo. En los últimos días se está obligando a líderes sociales y a las personas en general para que firmen y pidan que el ejército y los federales se vayan de Michoacán y a los comisariados ejidales se les ha amenazado para que vayan ante el Congreso de la Unión a hacer la misma petición.

Los gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales y cada vez más crece el rumor que el gobierno estatal también está al servicio del crimen organizado lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad.

Son ya 6 municipios que, al ver sus gobiernos municipales vendidos con el crimen organizado y la incapacidad del gobierno federal para restablecer el Estado de Derecho, han tomado la determinación de organizarse para autodefenderse. En estos municipios se expulsaron a los miembros del crimen organizado con lo que se acabaron las cuotas, extorsiones, levantones, secuestros, asesinatos y violaciones. Pero ahora son agredidos constantemente por los Caballeros Templarios que intentan recuperar las plazas perdidas y ahogarlos, dificultándoles la comercialización de sus productos o impidiendo que las pipas de gasolina surtan las gasolineras que se encuentran en esos municipios.

Desde mayo tenemos la presencia de las fuerzas federales (Policía Federal, Ejército y Marina) con una estrategia para devolver la paz a Michoacán. Su presencia se constata por todas partes, pero hasta la fecha no hemos visto la efectividad de su estrategia porque no se ha capturado a ninguno de los capos principales del crimen organizado, aun sabiendo dónde se encuentran; prácticamenteen su presencia se extorsiona, se cobran cuotas, se secuestra y se levanta a personas. Nos llama la atención cómo no han sido capaces de descubrir las casas de seguridad del crimen organizado y hasta la fecha no hayan liberado a nadie cuando se cuentan por decenas las personas levantadas. No obstante les damos el voto de confianza y esperamos tengan el firme propósito de solucionar el problema.

La Iglesia Católica que peregrina en esta diócesis de Apatzingán:  su obispo, sacerdotes, religiosas y laicos, hemos hecho un firme compromiso con la paz y nos hemos trazado como meta pastoral la construcción de la cultura de la paz desde la catequesis infantil, los movimientos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos; las agrupaciones y comunidades. También estamos promoviendo la pastoral del consuelo para la atención a las víctimas de la violencia y ayudarles en su proceso de sanación para evitar que con el tiempo ellos se conviertan en victimarios.

Invitamos a las autoridades competentes a sumarse en este esfuerzo por hacer de Michoacán un Estado de Derecho y que su apoyo sea efectivo en inversiones en nuestro Estado para que los jóvenes tengan alternativas de trabajo.

Queremos invitar a nuestro pueblo a unirse, a formar comunidad y ser solidarios unos con otros porque sólo así podemos solucionar la problemática que enfrentamos. No perdamos la esperanza porque, como dice el himno: “El Señor es mi fuerza, mi roca y Salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad… Aunque pase por valle de tinieblas, yo nunca temeré.”

Mi agradecimiento y bendición para todos.

Apatzingán, Mich., 15 de Octubre del Año de la Fe, 2013.


La reforma energética, vuelta de tuerca al despojo contra los pueblos indios

Los cambios constitucionales propuestos por el Ejecutivo afectarán las tierras de los pueblos indígenas y ponen en riesgo, entre otros, el derecho al territorio y a la consulta.

FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS

 

México. Las iniciativas de reforma constitucional en materia de producción energética y extracción del petróleo –tanto la que presentó el 31 de julio de 2013 el grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, como la presentada el 12 de agosto del 2013 por el presidente de la República ante el mismo órgano legislativo- representan una continuidad de la revolución de los ricos, como Carlos Tello y Jorge Ibarra denominan a la etapa neoliberal del capitalismo mundial.

En México, la revolución de los ricos tiene cerca de tres décadas de implementación y, a pesar de sus nocivos efectos en la mayor parte de la sociedad mexicana, ningún gobierno acierta a corregir el rumbo, sino al contrario, buscan profundizarlo para llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

La primera etapa de la revolución de los ricos se mostró con toda su crudeza el 7 de noviembre de 1991, con la iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución Federal, presentadas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de la República, con el fin de permitir la privatización de las tierras ejidales y comunales, y abrir la puerta legal para la entrada del capital privado en ellas. Las reformas se concretaron el 6 de enero del año siguiente, cuando los cambios propuestos por el presidente y aprobados por el Constituyente Permanente se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.

El contenido de las reformas al artículo 27 fue de tal magnitud, que representaron el rompimiento del pacto social plasmado en la Constitución Federal de 1917 y afectaron profundamente la propiedad de los recursos naturales, incluida la tierra, el agua, los bosques y la minería.

Las iniciativas de reforma constitucional para permitir que la iniciativa privada participe en la producción de energía eléctrica y extracción del petróleo, apuntan en ese mismo sentido. Por eso se trata de la segunda etapa de la revolución de los ricos, con la cual se profundizará el saqueo de los recursos naturales del país. Aquí explicaremos la manera en que se fraguó la primera etapa de esta revolución de los ricos y los efectos que tiene sobre los recursos naturales de México; de igual manera, analizamos el contenido y posibles impactos de la segunda etapa de este proceso si las reformas propuestas llegan a aprobarse. Con estas propuestas como fondo se explora la relación que guardan con los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en materia de territorio y recursos naturales y consulta.

La primera etapa de la revolución de los ricos

Las reformas introducidas al artículo 27 de la Constitución Federal representaron la culminación de un proyecto ampliamente acariciado por la burguesía mexicana, que hasta los años setentas se conformó con apoyar a los industriales agrícolas del norte del país. En esa década comenzaron el impulso de una agresiva política de las reformas que culminaron en 1992.

Desde febrero de 1971, la diputación panista de la XLII Legislatura propuso transformar el ejido en propiedad limitada, permitir la asociación de pequeños propietarios con capitalistas privados, declarar el fin del reparto agrario y crear tribunales que finiquitaran el reparto agrario. En aquel tiempo, dichas propuestas merecieron el rechazo priísta y hasta un ataque del ala de la Confederación Nacional Campesina (CNC) contra algunos diputados panistas que las impulsaron, entre ellos los hermanos Álvaro y Diego Fernández de Ceballos.

La iniciativa panista no tuvo éxito, pero no por eso la demanda empresarial dejó de impulsar la reforma… desde el gobierno priista. En el año de 1979, el presidente José López Portillo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, que fue aprobada el 27 de diciembre de 1980. En ella, por primera vez en la historia del siglo XX, se admitió la firma de contratos entre propietarios capitalistas y ejidos, lo que permitió a los primeros el aprovechamiento de las tierras de los segundos.

La reforma fue un avance pero no satisfizo a los empresarios, que iniciaron una embestida para conseguir sus propósitos. Auspiciados por el Consejo Coordinador Empresarial, en 1984, durante el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, crearon el Consejo Nacional Agropecuario, que aglutinó a las asociaciones agrícolas, agroindustriales y ganaderas. Fue en ese mismo sexenio cuando más certificados de inafectabilidad se entregaron a los empresarios agropecuarios. Antes de ello, se extendieron 193 mil 097 certificados de diversa índole, pero en esos seis años de gobierno madridista se entregaron 293 mil 884, de ellos 80 mil en 1987, un año antes del relevo presidencial.

El Consejo Nacional Agropecuario se encargó también de apuntalar las demandas de sus miembros. En 1988, cuando inició el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sostuvieron que la modernización del campo requería dar por terminado el reparto agrario, rediseñar el ejido para permitir su capitalización y combatir el minifundio con los mismos fines. Para 1990, recomendaron eliminar del cuerpo de la ley los apartados que fundamentaron jurídicamente el reparto agrario, flexibilizar el sistema ejidal con una clara y sostenida tendencia a la privatización y reconocer el derecho del ejidatario a arrendar su tierra. Cuando Carlos Salinas de Gortari presentó su iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional, recogió sustancialmente los mismos argumentos: terminar con el reparto agrario, dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra y permitir el arrendamiento y venta de la tierra para capitalizarla. De esa manera se preparó el despojo a los ejidos y la conversión de su patrimonio, hasta entonces colectivo, en propiedad privada.

En ese inter, además, se negoció, aprobó y entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (TLCAN), que cerró el círculo que trazado sobre los recursos naturales de México. Si bien la reforma a la Constitución Federal y a diversas leyes reglamentarias ya permitían la intervención del capital extranjero, y establecieron las condiciones necesarias para que las empresas transnacionales se apropien de la riqueza natural de México, sin tener casi ningún problema, el TLC les permitió eludir los aspectos derivados de la soberanía nacional, al tiempo que permitió que las empresas pusieran las condiciones en que deseaban operar, con lo cual el Estado dejó de ser nacional para convertirse en un Estado de competencia. De ahí en adelante, sin necesidad de reforma, se nulificaron los efectos de la cláusula Calvo, punto clave de la protección de la soberanía de los Estados y, bajo el rubro de protección a la inversión extranjera del capítulo 11 del TLCAN, el Estado mexicano renunció a su derecho soberano para someter a juicio a las transnacionales si no se ajustaban a las normas aprobadas al interior de Estado.

Las reformas introducidas a la Constitución y el Tratado de Libre Comercio se convirtieron en las bases de las nuevas instituciones y las normas jurídicas, que dieron sustento y legitimidad al nuevo sistema de acumulación pues, como sugiere Joachim Hirsch, ni los mecanismos del libre mercado, ni la existencia de un Estado centralizado son suficientes para garantizarlo; forzosamente necesitan de normas e instituciones ad hoc que lo hagan de manera permanente, pues “el proceso de acumulación […] presenta una estabilidad y continuidad relativa cuando está enmarcado en una red de instituciones y normas de la sociedad, que se encargan de que las personas se comporten en concordancia con las respectivas condiciones de acumulación, o sea, que practiquen los correspondientes modos de trabajo, vida y consumo, así como las formas determinadas de la representación de sus intereses”.

Para lograr lo anterior, con las bases introducidas en la reforma constitucional y las contenidas en el Tratado de Libre Comercio, se reformaron varias leyes enfocadas a crear el entramado institucional y normativo que necesitaron para sustentar el nuevo sistema de acumulación. Entre las varias leyes que fueron reformadas después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos destaca la Ley Minera, la Ley  General de Bienes Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos, la Ley de Inversión Extranjera y el Código Civil, sin contar los reglamentos de varias de ellas.

La segunda etapa de la revolución de los ricos

Con la reforma energética la historia se repite. La iniciativa de reforma del presidente de la República propone modificar una parte del párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Federal, así como el cuarto del artículo 28, los cuales guardan relación con otros artículos constitucionales. Aunque en la propuesta de reforma no se dice, al modificarlos se cambia también el sentido y alcance de los relacionados. Colocado en la parte que regula el aprovechamiento de los recursos naturales, la parte del artículo 27 a modificar expresa: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”. Y en un segundo párrafo determina que “corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.

La prohibición de otorgar concesiones para el aprovechamiento del petróleo y la generación de energía tiene sentido histórico porque, de acuerdo con la Constitución aprobada por el Congreso Constituyente de 1917, los recursos naturales son propiedad de la nación y solo de manera excepcional –cuando el Estado no tiene capacidad para hacerlo por él mismo- puede permitirse a los particulares que los exploten, para lo cual el Estado debe otorgarles concesiones. Pero tratándose de los recursos que en la norma se anuncian, se prohibió otorgar concesiones.

El objetivo de estas medidas, según plasmaron los propios constituyentes -en el mismo párrafo tercero del artículo 27 constitucional-, fue que sirvieran para “el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.

La reforma que el presidente de la República envió al Congreso de la Unión propone que esta disposición quede como sigue: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de estos productos”. El segundo párrafo por su parte, diría que: “Corresponde exclusivamente a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en dichas actividades no se otorgaran concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.

El cambio es sutil pero profundo. Del primer párrafo sólo se suprime la palabra contratos, por lo cual, de aprobarse la reforma en estos términos, en la explotación del petróleo, carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones a los particulares para que los exploten por ellos mismos, pero sí podrían suscribirse contratos con ellos para que lo hagan. No se sabe qué tipo de contratos pueden suscribirse porque eso se contendrá en la Ley Reglamentaria, que se discutirá y aprobará después de la reforma. El presidente no envió la ley junto con ella, seguramente para evitar el debate sobre la naturaleza de los contratos y aprobarlos cuando ya no tenga reversa la modificación.

Algunos conocedores como Adrian Lajous –ex-director de Petróleos Mexicanos (Pemex)- afirman que el tipo de contratos pueden ser los llamados “de utilidad compartida”, una variante de la familia de los contratos de producción compartida. Se diferencian, por el momento, en el que el título de propiedad sobre los hidrocarburos pasa a manos privadas.

En el caso de los contratos de producción compartida, el título de propiedad se transfiere una vez extraídos, jamás en el subsuelo, mientras en la propuesta presidencial lo que se establece es que una empresa comercializadora estatal, que no es propiedad de Pemex, venderá los hidrocarburos y entregará el producto de la venta a un fideicomiso público. Éste garantizará y liquidará en efectivo los costos y las utilidades de la exploración, desarrollo y producción al contratista. En síntesis, los contratos permitirán a las empresas privadas -sin obtener la propiedad del petróleo y sin obtener concesiones para explotarlo, que las obligarían a extraer por ellas mismas el petróleo del subsuelo-, participar de los beneficios de la extracción del mismo, que es lo que finalmente les interesa.

El cambio del segundo párrafo también resulta muy tenue, pero sustancial. De ella se suprime la palabra “generar”, con lo cual la producción de cualquier tipo de energía –hidroeléctrica, eólica o solar- deja de ser una actividad que corresponde exclusivamente a la nación, con lo cual se abre el camino para la intromisión de las empresas privadas en esa actividad. Lo que sí corresponde exclusivamente a la nación es la transmisión y distribución de la energía, caso en el que tampoco se otorgarán concesiones a los particulares, pero el Estado sí podrá celebrar contratos con ellos para que participen. Esto, más que una limitación a las empresas, resulta un privilegio, ya que no tendrán que preocuparse por el mantenimiento de la red de energía eléctrica pues eso lo hará el Estado, naturalmente, usando el presupuesto público para ello.

Evidentemente interesa a las empresas privadas la generación de energía hidroeléctrica, pero aún más la eólica, que se introdujo en nuestro país causando muchos problemas sociales, por el despojo de tierras que conlleva, pero también por la contaminación y la destrucción del medio ambiente y los lugares sagrados de los pueblos indígenas.

A la fecha operan varios proyectos eólicos en diversas partes del país: 15 en el estado de Oaxaca, uno en Baja California y uno en Chiapas. Además, están en desarrollo otros 18: nueve en Oaxaca, cinco en Baja California y dos en Jalisco, y el resto en Zacatecas y Quintana Roo. La mayoría de ellos se proyectan sobre territorios indígenas. Todos los proyectos son importantes, pero ninguno del tamaño del que se asienta en el Istmo de Tehuantepec, concebido en el marco del proyecto Mesoamérica, manejado por la empresa española Mareña Renovables y que se consolidará como el mayor parque eólico de México y uno de los más grandes de América Latina: 132 torres con aerogeneradores y una línea de transmisión de 52 kilómetros para conectar el parque con la red eléctrica.

Veamos ahora el artículo 28, que en su versión actual expresa: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”. La iniciativa de reforma del presidente de la República propone que solamente diga: “Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución”. Para fines jurídicos, el texto propuesto resulta inútil porque, aunque no se exprese, es obvio que se estará a lo que disponga el artículo 27, pues de otra manera se actúa fuera del mandato constitucional y eso pone en riesgo las inversiones y ganancias de las empresas.

Lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se omite. Al modificar el texto para que la explotación del petróleo y la generación de energía eléctrica dejen de ser áreas estratégicas, estas actividades sí constituirán monopolios si el Estado las realiza de manera exclusiva, por tanto, queda obligado constitucionalmente a permitir la participación de la iniciativa privada, sin que exista posibilidad de eludir esa carga. Además de ello, las áreas estratégicas guardan relación con la rectoría del Estado. Lo reglamenta el artículo 25 de la Constitución, cuyo primer párrafo establece que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.

Un segundo contenido del artículo 25 es el relativo a las facultades exclusivas del Estado en el desarrollo nacional, y es el que guarda una relación más directa con las reforma propuestas por la presidencia. El párrafo cuarto expresa que “el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”. Las áreas estratégicas, como ya anotamos, entre otras son el petróleo y la electricidad, que con la reforma dejarán de serlo y por lo tanto dejarán de ser una actividad exclusiva del sector público.

El cambio es sustancial. El concepto de áreas estratégicas expresa que “el sentido del Constituyente mexicano quiso que fuera el Estado el que atendiera de manera exclusiva dichas áreas de la economía, para garantizar que su manejo estuviera vinculado siempre a los objetivos fundamentales de la nación mexicana en materia de desarrollo económico y bienestar general”; por tanto, “ninguna de las áreas calificadas como estratégicas por la Constitución debería manejarse con criterios empresariales, sino también buscando el beneficio de todos los mexicanos”, que es el objetivo fijado por el Congreso Constituyente para la explotación de los recursos naturales.

Los pueblos indígenas y la revolución de los ricos

Aunque no se les nombra, la revolución de los ricos, tanto en su primera etapa como en la segunda, afecta a los pueblos indígenas de varias maneras.

El día 7 de junio de 1989 el presidente de la República firmó el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); a su vez, el senado de la República mexicana, con la facultad que le otorga el artículo 79, fracción décima, de la Constitución, ratificó el documento internacional el 11 de julio de 1990. El presidente de la República depositó ante el director general de la OIT la ratificación del Convenio 169 el 4 de septiembre de 1990. Por disposición del artículo 38 del mismo Convenio, éste entró en vigor al año siguiente.

Es importante recordar que por mandato constitucional, establecido en el artículo 133 de la Carta Magna, todo tratado internacional firmado por el presidente de la República y ratificado por el Senado forma parte de nuestra “norma suprema” y ninguna ley federal o estatal puede contradecirlo. Todavía más, en el caso de que alguna de ellas lo hiciera, las autoridades encargadas de aplicarlas deben ajustar sus actos a las disposiciones del tratado, en este caso el Convenio 169. En ese mismo sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al establecer que en orden jerárquico después de la Constitución Federal se encuentran los tratados internacionales y después las leyes federales.

Además de lo dispuesto en el artículo 133 y su interpretación por la Suprema Corte, el artículo primero de la propia Carta Magna expresa que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”; que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia” y que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

La disposición es importante porque si bien, de acuerdo con el artículo 133 constitucional ya citado, los tratados están por debajo de la Constitución Federal pero por encima de las leyes federales, tratándose de tratados sobre derechos humanos –en Convenio 169 lo es- estos se ubican al nivel de la Constitución Federal, como si de un solo documento se tratara. Una ventaja de esto es que no puede haber contradicción entre la Constitución y los tratados, porque deben interpretarse de manera sistemática; en caso de contradicción, debe aplicarse la norma más favorable a las personas –en este caso los pueblos indígenas- y todas las autoridades, incluyendo las de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en sus diversos niveles, tienen la obligación de aplicarlos. En otras palabras, se amplía el ámbito espacial de aplicación de los tratados de los derechos humanos, así como el de las autoridades obligadas a respetarlos, lo que –de observarse esta disposición constitucional- reditúa en beneficio de los gobernados, en este caso los pueblos indígenas.

De igual manera, no se debe olvidar que la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados establece reglas en materia de interpretación. Este documento, en su artículo 31.1, contiene un principio que estipula que “un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y su fin”. De acuerdo con esta disposición, la base de interpretación de un tratado es su texto y su contexto. El primero porque constituye la auténtica expresión de las intenciones de las partes, el segundo porque explica el sentido de la obligación. Asimismo, el artículo 31.2 expresa que el contexto se compone por el texto mismo, su preámbulo y anexos si los hubiere. También ante la regla general de que se esté al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en su numeral 31.4 establece una regla especial, la cual indica que “se dará a un término su sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes”.

Un año después de que el mencionado Convenio 169 entró en vigor, el gobierno mexicano modificó el artículo 4º de la Constitución Federal para reconocer la existencia de los pueblos indígenas. Eso fue lo que se dijo, pero en el decreto del 28 de enero de 1992, lo que se publicó fue una norma declarativa de la pluriculturalidad de la nación mexicana, que tiene su sustento en la presencia originaria de los pueblos indígenas.

Cuando se introdujeron las reformas al artículo 27 como parte de la primera etapa de la revolución de los ricos, en la fracción séptima, párrafo segundo, se incorporó una norma donde se estableció que “la ley protegerá las tierras de los grupos indígenas”, sin que se expresara a qué tipo de protección se refiere y la manera en que se implementa.

En el año 2001, la Constitución Federal se volvió a reformar para modificar lo dispuesto en materia de derechos indígenas. El contenido del artículo 4° pasó al segundo, incorporando literalmente el contenido del artículo 1 del Convenio 169 de la OIT que describe lo que debe entenderse por pueblo indígena, además de las comunidades indígenas; de igual manera se incorporaron algunos derechos como el acceso preferente a los recursos naturales existentes en sus territorios y el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, que importan en este caso.

En conclusión, con respecto a la reforma energética y los derechos de los pueblos indígenas, en la actualidad existen, tanto en el Convenio 169 de la OIT como en la Constitución Federal, la garantía de la existencia de los pueblos y las comunidades indígenas, el derecho de conservación de sus territorios, el acceso preferente a los recursos naturales que se encuentren en los lugares que habitan y el derecho a ser consultados. Se trata de derechos que resultan afectados directamente –y por lo mismo los analizaremos enseguida- pero no son los únicos, existen también el derecho a su cultura, al su desarrollo propio y a un medio ambiente sano, entre otros.

El Convenio 169 de la OIT, en su artículo primero, prescribe que se aplica “a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. De esta manera, el Estado mexicano reconoció que entre los mexicanos, además de individuos, existen pueblos, y tienen derechos colectivos, diferentes a los de los individuos, entre los que figuran ser pueblos, tener su territorio y ser consultados cuando en ellos se pretendan realizar actos susceptibles de afectarles de alguna manera. En el año 2001 esta disposición pasó íntegra a la Constitución Federal.

Junto con los pueblos indígenas, la Constitución Federal mexicana también reconoce como sujetos de derecho a las comunidades que forman los pueblos indígenas, identificándolas como “aquéllas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”. Esta disposición ha sido muy controvertida por colocar a las comunidades indígenas como sujetos de derecho, en la misma condición jurídica que a los pueblos de los que forman parte, pues en la realidad social entre ambos existe una relación de generalidad a particularidad, donde la comunidad queda incluida dentro del pueblo y éste se estructura basándose en aquella. Reconocer una personalidad a las comunidades similar a la de los pueblos indígenas de los que forman parte puede llevar a situaciones donde las primeras se nieguen a formar parte de los segundos, y entonces estos queden desmembrados o en el mejor de los casos, divididos y sin poder reconstituirse. Lo correcto hubiera sido dotar al primero de la titularidad del derecho y a la segunda como el órgano a través del cual ejercerlo, como parte integrante de aquel. Así, las facultades de las comunidades serían delegadas por el pueblo indígena al que perteneciera.

Visto el reconocimiento de los pueblos indígenas, veamos ahora uno de los derechos de los derechos de los pueblos indígenas que pueden ser afectados por la reforma energética: el derecho al territorio. Como expresamos anteriormente, en 1992, cuando se modificó el artículo 27, se introdujo una norma que mandató una protección de las tierras de los grupos indígenas, sin especificar cuáles eran éstas y en qué consiste tal protección.

La solución se encuentra en lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT, que expresa que los gobiernos tienen la obligación de “respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. La misma disposición determina que “la utilización del término ‘tierras’  en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.

De acuerdo con esta disposición el concepto de tierras indígenas es diferente al de tierras no indígenas; es sinónimo de territorio e incluye la totalidad del espacio y los recursos que existen en él que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera. Dicho de otra manera, el concepto de territorio incluye la tierra, las aguas, el medio ambiente, el espacio aéreo, los lugares de importancia cultural y lugares sagrados, cualquiera que sea su naturaleza, entre otros elementos. Al respecto, la doctrina jurídica internacional de los derechos indígenas se pronuncia en el sentido de que “es difícil separar el concepto de la relación de esos pueblos con sus tierras, territorios y recursos del concepto de sus diferencias y valores culturales.”

Es importante no perder de vista los conceptos de “ocupan o utilizan de alguna manera” porque con ellos, la protección que las normas del Convenio 169 brinda a los territorios indígenas no se reduce a los casos en que los pueblos indígenas sean propietarios de ellos, sino a todos los que ocupen o utilicen de alguna manera, lo que amplía la protección no sólo a la ocupación permanente sino a la temporal u ocasional. En otras palabras, los conceptos de ocupación o utilización del Convenio 169 no se equiparan al de posesión a que se refiere el derecho civil que requiere más requisitos -ocupación pública, pacífica, permanente, de buena fe y a título de dueño- sino a otra diferente, más amplia y con otros objetivos.

El Convenio 169 no exige que la ocupación sea pública, aunque se entiende que la mayoría de ellas lo sean, no tiene que ser permanente, se entiende que es de buena fe aunque puede no ser a título de dueño. En el derecho civil, la ocupación tiene sentido como medio para prescribir y obtener la propiedad, y en la del Convenio 169 proteger una relación especial para preservar las culturas y los valores espirituales de los pueblos indígenas.

El contenido del artículo 14 es más específico que el anterior. Si el primero se refiere al derecho de los pueblos indígenas a usar y ocupar sus territorios, éste se refiere al derecho de propiedad y posesión. El artículo consta de tres partes. La primera expresa que “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Nótese que esta norma protege el derecho de propiedad o posesión, según el caso, pero no de la totalidad del hábitat que ocupan o utilizan de alguna manera, sino sólo de las tierras que tradicionalmente ocupan. El derecho es más específico y por lo mismos estrecho.

Otra parte de la misma norma expresa que “además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes”. El contenido de esta norma busca regular supuestos donde las tierras ya no son poseídas sólo por los pueblos indígenas sino también por otros pueblos indígenas o incluso por grupos no indígenas y aquellos guardan una relación cultural o espiritual con las tierras, caso en que deberá protegerse su derecho a ocupar esas tierras, poniendo especial caso en los pueblos nómadas o agricultores itinerantes, como sería el caso de algunos pueblos indígenas del norte del país.

Las segunda y tercera partes del artículo establecen obligaciones a cargo de los gobiernos para proteger los anteriores derechos. En la segunda se expresa que “los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”; mientras en la tercera determina que “deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. Una de esas medidas para proteger las tierras debe estar referida a las afectaciones que pudieran generar la explotación del petróleo o la generación de energía hidroeléctrica, eólica o solar, sin importar que sean propietarios, poseedores o usuarios de los lugares donde se puedan producir las afectaciones.

Lo anterior con respecto a los territorios, veamos ahora lo referente a los recursos naturales. A este respecto, el párrafo sexto del artículo 2° constitucional, establece que, como parte de su autonomía, los pueblos indígenas pueden “acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

Como hemos expresado anteriormente, hasta ahora los pueblos indígenas no tienen derecho de acceso preferente al petróleo ni a la energía porque son considerados áreas estratégicas, pero con la reforma que pretender privarlos de ese carácter, bien podrían los pueblos exigir que el petróleo o la energía que se pretenda producir en su territorio, antes que permitir que lo extraigan o la produzcan otras personas, les otorguen a ellos los permisos y las facilidades para hacerlo.

Sólo en el caso de caso de que los pueblos renuncien a su derecho preferente a la explotación del petróleo o a generar algún tipo de energía en su territorio, el Estado tendrá abierto el camino para otorgar concesiones o permisos a cualquier particular que quisiera hacerlo pero ante de ello tendría que consultar a los pueblos indígenas, según lo determina el Convenio 169 de la OIT, que en su artículo sexto expresa que al aplicar las disposiciones del Convenio, los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Las consultas según dispone la misma norma jurídica, “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Además de las anteriores disposiciones generales el artículo 15 del Convenio, contiene otras específicas, referidas a la protección especial de los naturales existentes en los territorios de los pueblos indígenas, incluidos aquellos casos en que pertenezcan al Estado. El mencionado artículo expresa que “los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.

Esta disposición es clara: aun cuando los recursos naturales sean propiedad del Estado –como es el caso del petróleo y de los recursos para la generación de energía eléctrica-, si se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas, tiene la obligación de consultarlos antes de realizar actos de administración, uso o disposición de ellos. Para ello, los gobiernos deben establecer procedimientos para consultar a los pueblos antes de otorgar las concesiones, lo mismo que antes de iniciar las actividades para la exploración o explotación, con el fin de saber si dichas concesiones los perjudicarán y en qué medida, para tomar medidas que eviten o mitiguen el perjuicio y si no fuera posible se les indemnice por las afectaciones que puedan sufrir. Ese es un objetivo de la consulta, el otro es participar de los beneficios que la actividad a realizar pueda aportar. Las iniciativas, al no contemplar dichos procedimientos violan los derechos de los pueblos indígenas.

Como puede verse, aunque no se les nombre, los pueblos indígenas serán afectados por la reforma petrolera y energética presentada por el Presidente de la república al Congreso de la Unión y que este se apresta a discutir. Con ella, de manera subrepticia, se les pretende seguir despojando, como actualmente sucede con sus territorios y algunos recursos naturales: la tierra, el agua, las minas, los bosques vía explotación y servicios ambientales, entre otros proyectos. Sería bueno que los pueblos reaccionaran ante esta situación y exigieran se les consultara antes de discutir y aprobar o desechar la propuesta presidencial. Sería bueno también que los políticos no olvidaran a los pueblos a la hora de tomar sus decisiones, pues al final esto generaría más problemas de los que ya se viven actualmente entre el estado y los pueblos indígenas por razones similares.

Publicado el 28 de octubre de 2013


El hambre mata más que el narco

Por: Sanjuana Martínez – octubre 28 de 2013 – 0:00 COLUMNAS, Daños colaterales – 18 comentarios

José Sánchez Carrasco no murió solamente por una negligencia médica. Lo mató el hambre. Tenía tres semanas sin comer. Su cuerpo totalmente desnutrido recuerda las imágenes de los africanos famélicos de Biafra. Se llamaba José Sánchez Carrasco y representa el colapso del sistema de política social del gobierno de Enrique Peña Nieto. Murió afuera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el patio del Hospital General de Guaymas, Sonora, después de esperar atención médica durante cinco días. José Sánchez Carrasco no tenía dinero. Tampoco seguro social. Era jornalero. Trabajaba en la siembra y recolección de sandía por “el lado de la 12”. En esos campos de México donde los dueños de las tierras no tienen nombre. José Sánchez Carrasco fue contratado como jornalero, pero el dueño ocultó su nombre. Esos dueños que ofrecen salarios de miseria que ni siquiera llegan al mínimo miserable. En esos campos de México donde no hay inspección alguna del Seguro Social ni de la Secretaría del Trabajo, donde los empresarios del campo pagan con comida o alcohol 18 horas de trabajo diarios. Donde aún existe el sistema de pago en las tiendas de raya del siglo pasado. Donde se trabaja en condiciones de esclavitud. José Sánchez Carrasco fue ignorado por decenas de médicos y enfermeras que cada día pasaban por el patio del hospital. Lo veían allí tirado en el suelo. Cubierto con un cobertor a cuadros que alguien le regaló para mitigar el frío. José Sánchez Carrasco era invisible. Así de invisible como los 53 millones de pobres que hay en México y de ellos, tan invisible como los más invisibles 28 millones de pobres alimenticios. Esos pobres invisibles que tienen hambre. Esos invisibles que mueren por “cuadros agudos de desnutrición” como él, que no es más que morir de hambre en México. José Sánchez Carrasco tenía 38 años. Nació en Guachochi, Chihuahua, pero se crió en Casas Grandes. Se lastimó la columna mientras trabajaba jornadas extenuantes. No podía caminar. Las piernas no le respondían, tampoco el cuerpo. Se sentía débil. Sin fuerzas. José Sánchez Carrasco tenía los ojos negros, el cabello color azabache y la piel morena. Su rostro simboliza el rostro de la discriminación en México. Del desprecio a los más pobres de los pobres. José Sánchez Carrasco intentó hablar con un médico: “El doctor no me atendió, ni siquiera habló conmigo; me dijeron (en el hospital), quítate la ropa para que se te refresque”, dijo en un video que le grabaron un día antes de morir. José Sánchez Carrasco fue visto por el propio director del hospital, Alfredo Cervantes Alcaraz, quien dijo luego de su muerte: “No se veía enfermo. No tenía dinero. Por eso no lo atendimos”. José Sánchez Carrasco sí estaba enfermo. Enfermo de hambre. Pero desgraciadamente no estaba entre los siete millones de la Cruzada Contra el Hambre de la inefable Rosario Robles. Y aunque hubiera estado, difícilmente el atole de Nestlé o la Pepsi lo hubieran ayudado a salvar su vida. José Sánchez Carrasco dejó de respirar el 21 de octubre. El director del hospital, el doctor Cervantes Alcaraz, dice con absoluta naturalidad: “Él llegó al hospital pero no contaba con dinero y no se le pudo atender. Él mismo decidió quedarse debajo de un árbol, donde durmió varios días y un médico salió a checarlo en el trayecto de su estancia en las afueras del hospital. Pero nunca fue hospitalizado”. José Sánchez Carrasco fue invisible también para el Secretario de Salud de Sonora, Bernardo Campillo García. Mientras él estaba tirado en el patio del hospital del IMSS, el Secretario andaba disfrutando una subasta de caballos. José Sánchez Carrasco fue invisible para el DIF de Sonora, para el DIF nacional, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para las organizaciones no gubernamentales de asistencia social; incluso fue invisible para los reporteros que le hicieron su última entrevista y se fueron. Los reporteros que no le creyeron que llevaba tres semanas sin comer. “Allí hay comida, come José”, le dice el periodista, sin percatarse de que su avance de desnutrición ya no le permitía ingerir nada. José Sánchez Carrasco pudo haber sobrevivido con un suero vitaminado. Pudo haber sobrevivido con una simple inyección que le evitara la deshidratación. Pudo haber sobrevivido con medicamentos, con atención profesional elemental. Ni siquiera requería intervención quirúrgica o algún método complicado de atención. José Sánchez Carrasco murió como los miles de niños que mueren en México por una simple diarrea. Murió como los que mueren por cólera o por cualquier otra enfermedad cuya vacuna o debida atención médica lo evitaría. José Sánchez Carrasco es uno de los muertos por desnutrición. Según el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del 2001 al 2010 murieron 85 mil 343 personas por desnutrición, frente a las 49 mil 804 víctimas por la violencia. José Sánchez Carrasco fue uno de los 12 millones de mexicanos que no tienen ingreso suficiente para comprar la canasta básica de alimentos. Ni para tener un techo digno donde vivir, ni para comprar ropa, ni acceso a educación o salud. José Sánchez Carrasco representa el fracaso de los programas sociales convertidos en la caja chica de los gobiernos, en el botín de cada sexenio. José Sánchez Carrasco tampoco fue salvado por el Pacto por México de Enrique Peña Nieto, ni por su simuladora política social que está generando más hambre y pobreza. José Sánchez Carrasco es la imagen de la falta de equidad en la distribución de la riqueza. Del desprecio de los que tienen. Del desinterés de los ricos empresarios y prósperos funcionarios, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, regidores…  que acumulan millones frente la mitad de la población de México que se muere de hambre. José Sánchez Carrasco no tiene historia propia. El gobierno no ha encontrado a su familia. El gobierno quiere que después de muerto siga siendo invisible. El director del IMSS, José Antonio González Anaya, cree que despidiendo al director del hospital se acaba el problema. El aparato del Estado en materia social guarda silencio ante el colapso de su sistema, ante el desmantelamiento del IMSS, ante las mentiras del Seguro Popular. José Sánchez Carrasco es un nombre que no se nos debe olvidar. Murió ante la mirada atenta de todos. Su fallecimiento es un crimen del sistema. Su muerte es la muerte del Estado del bienestar, la podredumbre del sistema político mexicano. ¿Cuántos más morirán como él? José Sánchez Carrasco… ¡Presente!   Twitter: @SanjuanaMtz Facebook: Sanjuana Martinez http://www.websanjuanamartinez.com.mx

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El poder de una niña

Por: Lydia Cacho – octubre 24 de 2013 – 0:00 Cacho en Sinembargo, COLUMNAS – 20 comentarios

Desde la sierra de Afganistán, sin contacto con la televisión o la cultura de occidente, una niña de 10 años que ha sido entregada en matrimonio a un hombre de 30, se retira la burka (ese velo que cubre de pies a cabeza) y escapa. No sabe a dónde ir, no sabe por qué, pero está convencida de que lo que está sucediendo en su vida es injusto. Nadie le habló jamás de derechos humanos, sin embargo ahora no solamente defiende los suyos, sino los del resto de las niñas que cada año se ven obligadas a entrar en matrimonios infantiles por una cultura misógina que todo lo sustenta en sus principios religiosos. Tres pequeñas –una de Haití, una de México y una de Bolivia– pelearán una batalla antes de cumplir los 12 años porque están seguras de tener derecho inalienable a ser educadas, a aprender a leer y escribir. Una quiere ser matemática, otra médica, otra quiere ser maestra. Además nadie les aleccionó –algo en su interior les dijo desde muy pequeñas que tienen el poder de decidir su destino– que si sus madres no tuvieron esa opción, ellas la tomarán a costa de lo que sea. Cada año, millones de niñas en el mundo están reflejadas detrás de casos individuales que surgen en la prensa. Las niñas valientes, inteligentes y decididas. Chicas que han osado rebelarse contra un sistema opresivo que, a pesar de los avances en los derechos de las mujeres adultas, siguen recibiendo mensajes cifrados sobre su condición de inferiores, de objetos sexuales para adultos, de esclavas serviles para familias ricas, de nacidas para servir y no para vivir, para manipular y no para construir. Delante de mí, una niña de unos seis años se mueve incómoda. Intenta quitarse el velo que le rodea el rostro y el cuello, sonríe porque sabe que está haciendo una travesura, pero sigue intentándolo. Estamos en Indonesia, en la ciudad de Yogijakarta, otrora ciudad hinduista y hoy tomada por los líderes musulmanes. Bajo casi 40 grados centígrados y un sol radiante, ellas deben cubrirse con mangas largas; la cabeza no debe mostrarse, sus cuerpos son impuros, impuros cuando son bellos, impuros cuando desean nadar en las albercas como cualquier niña. Luego sus cuerpos son impuros cuando menstrúan, porque menstruar sigue siendo un tabú monumental que las manda al encierro. Ella no quiere ese velo, pero su padre, vestido con toda frescura, la mira implacable; la madre, sudorosa también, casi desganada, le quita la mano para que no se desvele. No, no puede descubrirse; su nueva religión le impide ir con la belleza al sol como las niñas de Bali, la isla vecina. Según el imán de su mezquita, el Profeta estableció las reglas para el comportamiento de las mujeres. En todo el mundo, esta segunda ola ultraconservadora de machismo postmoderno (reflejado a veces por la vía del discurso religioso, a veces por la retórica política para salvar al mundo de su perdición) intenta someter a las niñas de la misma manera en que estuvieron sometidas sus abuelas. Esas que comenzaron poco a poco una revolución silenciosa para acceder al voto, a espacios públicos y sus derechos privados. El mundo no es de ustedes, parecen decir a las niñas algunos líderes políticos del mundo que pretenden reinstaurar las reglas de virginidad, sumisión y maternidad forzada. Aquí, allá, desde Oaxaca hasta Estambul, desde Camboya hasta Japón. Las he visto fuertes y valientes en Sri Lanka, en Brasil y en Nepal. Ellas tienen voz y es nuestra obligación moral escuchar lo que tienen que decir y compartir sus ideas con las niñas de México. Porque estas niñas postmodernas no son las mismas que fueron nuestras abuelas. En Indonesia, en Afganistán, México, Perú o Bolivia. Ellas se rebelan contra los estereotipos que les dicen que han de ser buenas y santas, pero a la vez les venden la hiper-sexualización como único acceso a una falsa libertad o las fuerzan a la prostitución como si fueran objetos inanimados útiles a la hipocresía de los dueños del doble discurso. Ellas están descubriendo que sus cuerpos les pertenecen y sus ideas también. Las niñas del mundo poco a poco se sublevan, cuestionan, huyen del maltrato, levantan la voz y no se arredran. Ellas son el futuro de un mundo verdaderamente diferente. Nunca antes habíamos presenciado una ola de rebelión tan luminosa, tan vigorosa como la del poder de las niñas y adolescentes, para decirnos que el mundo tal como está, no funciona. Pocas cosas más emocionantes que esta revolución de chicas que afloran aquí y allá, no como un raro milagro, sino como una fuerza social inagotable. Ellas están reclamando un mundo igualitario, el mismo que quieren reconstruir. Son la verdadera revolución porque cuando sean adultas, cuando eduquen a otras y otros, lo harán desde un lugar diferente, porque mirarán el mundo desde un lugar distinto que las habrá tratado con respeto y equidad. Sus voces las documentamos en todas partes, desde distintos frentes. Aquí, dos de ellos, para inspirarnos y entrar en contacto con esa niña interior que alguna vez supo que la libertad no es negociable. Tus hijas, nuestras hijas, las hijas del mundo han comenzado a levantar la voz.

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 Cómo erradicar la esclavitud

 

Imagen retomada del sitio ciw-online.org

Por: Lydia Cacho

Cimacnoticias | México, DF.- 28/10/2013

Si usted piensa que la frase “el pueblo unido jamás será vencido” es una tontería, vuelva a revisar la historia, porque cuando de erradicar ciertos vicios sociales se trata, nada es más poderoso que la unión detrás de un propósito claro de la mano de una estrategia transparente y puntual.

Hace ocho años mientras estaba en Canadá tuve un encuentro con una organización civil de jornaleros migrantes temporales de América Latina que trabajan en la agricultura.

En aquella ocasión se organizaban con una estructura horizontal, estratégicamente impecable para lograr su objetivo: mejor paga, trato respetuoso o boicot a las empresas.

La semana pasada las y los trabajadores de la agricultura reunidos en una coalición fueron premiados por la efectividad de su estrategia con la que lograron doblegar a las empresas alimentarias de ese país, para evitar que compren jitomate sembrado y cosechado por manos esclavas.

Tal y como lo documentó Laura Castellanos en El Universal, las y los jornaleros de origen mexicano, guatemalteco y haitiano crearon, desde 1995 en Estados Unidos, la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW, por sus siglas en inglés).

Su coalición, sin líderes corruptos de por medio, estableció el programa “Comida Justa”, que plantea cero tolerancia a empresas esclavistas que explotan laboralmente a quienes trabajan en la pizca.

Crearon un código de ética para impedir ataques sexuales contra mujeres que laboran en la agricultura. Esta práctica ha sido una constante en los dos países del norte del continente, donde las mujeres migrantes además de hacer el trabajo de pizca de frutas y verduras, son forzadas a preparar los alimentos de los trabajadores y explotadas sexualmente por los capataces.

A lo largo de los años cientos de casos de este tipo han sido documentados por organizaciones que defienden los derechos de las migrantes, quienes son contratadas por los propietarios de sembradíos que proveen materia prima para grandes productoras de comida rápida, o supermercados que presumen su calidad orgánica, como Whole Foods.

Immokalee es un pueblo en la región de Florida, donde se produce el 90 por ciento del jitomate para todo Estados Unidos, y fue históricamente el centro de esclavitud laboral en que las y los trabajadores han sido heridos, e incluso algunos perdieron la vida en manos de capataces violentos y despiadados.

Durante 12 años la coalición educó a la comunidad, recibió apoyo de diversas organizaciones y de estudiantes, para finalmente lograr que los gigantes Taco Bell, McDonald’s, Burger King y Subway, entre otros, fuercen a sus proveedores a firmar el convenio de buenas prácticas libres de esclavitud y trata de personas.

Deben demostrar que dan un trato digno a las y los trabajadores del campo, sean o no migrantes temporales.

La CIW ha demostrado que las y los jornaleros son capaces de transformar las prácticas empresariales esclavistas que avalan la trata laboral, y lo han logrado porque supieron incidir y comunicar su mensaje.

Su constancia y perseverancia, así como la incidencia en todos los eslabones involucrados en la perpetuación de las malas prácticas hicieron historia.

El boicot a las empresas duró mucho tiempo ciertamente; paralelamente esta organización comenzó un trabajo arduo de educación en las universidades, para que sus estudiantes entendieran cómo es la vida de una o un jornalero, cuyo trabajo arduo pone en manos del consumidor final salsa, una hamburguesa o una ensalada. Ahora el boicot es contra Wendy’s, que se niega a evitar la esclavitud.

La efectividad de esta coalición nos recuerda cuál debería de ser el verdadero papel de los sindicatos laborales, cómo avanzar en los derechos para toda la sociedad, fomentar buenas prácticas y educar a la comunidad (y no ganar cotos de poder para una pequeña élite sindical que a su vez reproduce la explotación y fortalece la corrupción). Su ejemplo es inspirador por donde se le vea.

Es importante reconocer este esfuerzo porque nos recuerda la utilidad del boicot empresarial cuando se sustenta en una estrategia integral de largo plazo.

Y vaya que rompieron con falsos preceptos, para comenzar con aquél de que las y los trabajadores de México y Centroamérica carecen de cultura y por ello pueden ser esclavizados; o que quienes emigran por trabajo están dispuestos a cualquier cosa con tal de trabajar.

Su ejemplo de inteligencia, honestidad y dignidad revela la importancia de la defensa de los Derechos Humanos en las luchas laborales; pone sobre la mesa el vital tema de la fuerza laboral migratoria con derechos inalienables, y evoca el valor real de una comunidad unida que no fue vencida.

Twitter: @lydiacachosi

*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.



NOTICIAS DEL MUNDO

Bajo la mirada

 

David Brooks

La Jornada

 

 

Dejen de vigilarnos fue la consigna de miles de estadunidenses que se manifestaron el sábado en Washington, así como el mensaje de los últimos días desde Alemania, Brasil, Francia y México. El gobierno secreto está bajo la mirada de todos y ante ello se revelan los peligros de esa parte del poder que opera en las sombras.

Desde que Edward Snowden se atrevió a divulgar y comprobar la existencia de un aparato masivo de espionaje estadunidense sobre los pueblos y gobernantes del mundo, a través de la ejemplar valentía de los periodistas Glenn Greenwald y Laura Poitras (entre otros) y del diario The Guardian (y después, unos cuantos medios más), parte del disfraz democrático de Wa-shington se ha deshilado y deja ver detrás de la máscara.

Resulta que el gobierno de Barack Obama, que pronunció desde sus inicios que sería el más transparente de la historia, tiene mucho que ocultar no sólo a sus enemigos, sino a los que dice que son aliados y socios –entre ellos, México– y de su propio pueblo.

Si ves algo, di algo, ha sido el lema desde el 11 de septiembre: o sea, todos son sospechosos. De repente, lo más sagrado en la retórica oficial de este país –los derechos y libertades del individuo ante el Estado, que el poder del gobierno se ejerce con autorización de los gobernados– se subordinó ante una amenaza que se caracterizó como constante, brutal y permanente. Se olvidaron los consejos de los padres fundadores, como el de Benjamin Franklin: Los que son capaces de ceder la libertad esencial para obtener un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad.

En nombre de la seguridad nacional se lanzaron las guerras más largas de la historia del país, se amplió un aparato de seguridad interna y se desarrollaron programas de espionaje y operaciones secretas a escala mundial, tal vez sin precedente. El siempre existente gobierno secreto se volvió en un gobierno súpersecreto, con vastos programas de asesinato selectivo, secuestros clandestinos y, como ahora se sabe, una vigilancia masiva de tales proporciones que esta columna posiblemente será vista por algún espía antes de ser revisada por el equipo editorial de este periódico.

El gobierno de Obama, y políticos de ambos partidos que justifican y defienden el espionaje masivo, no se cansan de repetir que estos programas son vitales para la lucha antiterrorista. Por ejemplo, en las últimas semanas el gobierno ha repetido que estos programas han descarrilado o anulado 54 complots terroristas. Sin embargo, un reportaje de ProPublica, agrupación de periodistas de investigación, concluye que no se ha presentado evidencia para comprobar la afirmación y, de hecho, los mismos funcionarios han admitido que no es precisa, a pesar de difundirla de manera constante. Esto se repite en otros rubros de lo que se está revelando.

Cuando se le pidió comprobar su afirmación de que todos los programas son legales por autorización judicial y supervisados por el Congreso, el gobierno argumentó inicialmente que no podía ofrecer pruebas de la autorización judicial porque los fallos también son secretos. Más aún, legisladores se han quejado de que no es posible que supervisen operaciones secretas, ya que no cuentan con los detalles.

Más recientemente, el gobierno ha insistido en que sus programas de inteligencia no son nada diferentes de lo que hacen todos los países. Sin embargo, aún no se sabe de programas de vigilancia masiva de la población estadunidense, ni de su cúpula política, por países como Alemania, Brasil, Francia o México.

A la vez, en estos días ha sido muy difícil para el gobierno justificar su espionaje a las cúpulas políticas de países aliados como parte de un esfuerzo antiterrorista (¿o será que Merkel, Rousseff, Hollande y Peña Nieto son sospechosos de algo que sólo la NSA sabe?)

Como afirma Greenwald en su columna en The Guardian, ¿hay alguna duda de que el gobierno estadunidense repetidamente intentó engañar al mundo al insistir en que este sistema de vigilancia sin sospecha fue motivado por un intento de proteger a los estadunidenses de Los Terroristas? Nuestros reportajes han revelado espionaje sobre conferencias para negociar acuerdos económicos, sobre la Organización de Estados Americanos, empresas petroleras, secretarías que supervisan minas y recursos energéticos, los líderes democráticamente electos de estados aliados y poblaciones enteras en esos estados. ¿El propio presidente Obama y sus simpatizantes más leales pueden mantener, con expresión seria, que se trata de Terrorismo?

Mientras tanto, este gobierno ha criminalizado la difusión de información a través de los medios, e insiste en que hacerlo será considerado algo equivalente a la traición. Las autoridades han perseguido a por lo menos siete filtradores de información oficial clasificada a la prensa según la viejísima Ley de Espionaje, de 1917, el doble del número de casos que el total de todos los gobiernos anteriores.

Pero además ha espiado y perseguido a periodistas. Hace una semana el Comité de Protección de Periodistas emitió su primer informe sobre la libertad de prensa en Estados Unidos y condenó las políticas de control de información de Obama. El autor del informe, Leonard Downie Jr, ex editor ejecutivo del Washington Post, afirmó: “la guerra de la administración Obama contra las filtraciones y otras iniciativas para controlar la información son las más agresivas que he verificado desde la administración del presidente Richard Nixon, cuando yo era uno de los editores involucrados en las investigaciones del Washington Post sobre el caso Watergate”.

Pero cada día, poco a poco, las cosas se revierten y los espías ahora se encuentran en el lugar donde menos desean vivir: bajo la mirada de aquellos a los que antes observaban.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/28/opinion/025o1mun


Brutalidad policial, salud mental y el “modelo de Memphis”

Publicado el 25 de octubre de 2013

Amy Goodman

Esta semana, Elsa Cruz interpuso una demanda ante un tribunal federal de Nueva York, meses después de que la policía le disparara y matara a su esposo. En mayo de este año, Cruz llamó al 911 para pedir ayuda para su esposo, Samuel. Temía que no hubiera tomado su medicación mientras ella estaba de vacaciones en su país de origen, Filipinas. Casi ocho meses antes de la muerte de Cruz, no muy lejos, en Harlem, Hawa Bah llamó al 911 para pedir asistencia médica para su hijo, Mohamed. En lugar de recibir asistencia médica, Mohamed se debió enfrentar al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Horas más tarde también murió en su apartamento a manos de la policía, de ocho disparos, uno de ellos en la cabeza. Su hermana, Oumou Bah, entabló una demanda contra la Ciudad de Nueva York y contra varios oficiales de policía. Si bien ninguno de los juicios les devolverá la vida a las víctimas, podrían evitar otras muertes al obligar a los Departamentos de Policía de New Rochelle y de Nueva York a adoptar una práctica policial cada vez más reconocida para lidiar con personas en situación de estrés emocional, denominada el “modelo de Memphis”.

El martes pasado en el programa de noticias “DemocracyNow!”, tuve la oportunidad de entrevistar en exclusiva a Hawa Bah y a Elsa Cruz. Ellas no se conocían. Se vieron por primera vez en nuestro estudio.

Hawa Bah viajaba todos los años a Nueva York desde Guinea, en África, para ver a su hijo Mohamed. En su última visita, le sorprendió el deterioro del estado de salud de su hijo. Había perdido mucho peso y tenía un corte encima del ojo. Actuaba en forma errática. Sospechó que estaba deprimido y quiso llevarlo al hospital. Como no logró convencerlo de que fuera, pidió ayuda a sus amigos, quienes le sugirieron que llamara al 911. Hawa me dijo: “Cuando vi la patrulla, los miré y les dije ‘Yo no llamé a la policía, llamé a una ambulancia’. Y ellos me dijeron: ‘No, señora. No se preocupe. Aquí, en Nueva York, cuando llama a la ambulancia, nosotros llegamos antes. Vemos a la persona y llamamos a la ambulancia’. Me dijeron: ‘No se preocupe, su hijo estará bien’”.

Los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York nunca le dijeron a Mohamed Bah que estaban allí porque su madre los había llamado. Hawa Bah continuó: “Golpearon a la puerta y no le dijeron a Mohamed: ‘Tu madre dice que debes ir al hospital’. Simplemente le dijeron: ‘Abre la puerta, Mohamed. Vinimos a buscarte’”.

Hawa Bah le suplicó a la policía que la dejaran hablar con su hijo, pero no se lo permitieron. Tampoco le dijeron a Mohamed que su madre estaba con ellos. Su abogado, Randolph McLaughlin, explicó lo que sucedió a continuación: “Después de más de una hora de griterío, de golpear a la puerta, de pasar cosas por debajo de la puerta, como un tipo de espejo, tiraron la puerta abajo, le dispararon con una pistola paralizante, le aplicaron choques eléctricos en los testículos y le dispararon ocho veces. La última bala fue directo a la cabeza. El tipo de herida que tenía alrededor del orificio de entrada indica que le dispararon desde una distancia muy corta”.

El 26 de mayo, Samuel Cruz, al igual que Mohamed Bah, se estaba comportando en forma extraña. Elsa llamó al 911. Me contó lo que le dijo a la operadora: “No sé qué le sucede a mi esposo. Necesita ayuda. ¿Podría, por favor, enviar a alguien para que me ayude a llevarlo al hospital? La operadora me respondió: ‘¿Su esposo le está causando daño a alguien?’ Y yo le dije: ‘No, señora, no. Es una muy buena persona. Nunca dañó a nadie. ¿Podría, por favor, enviar a alguien, o lo que sea?’ Y ella dijo que sí”.

La policía de New Rochelle llegó al lugar, según describió Elsa “vestidos para ir a la guerra”: “Tenían escudos, tenían armas, y parecía que estaban yendo a la guerra. Yo les dije ‘¿Puedo entrar a mi casa? ¿Puedo hablar con él? Y me dijeron: ‘No. Nadie puede hablar’”.

La policía entró al apartamento por la fuerza y mató a su esposo a tiros.

Tanto el Departamento de Policía de Nueva York, en el caso de Bah, como la policía de New Rochelle, en el caso de Cruz, afirman que la persona en dificultades amenazó a los oficiales con un cuchillo. Otro abogado de Bah y de Cruz, Mayo Bartlett, afirmó: “Lo que llama la atención de este tipo de casos es el hecho de que no se llama a la policía para que responda a un delito. No hay apuro. No hay necesidad de actuar de inmediato”.

Aquí es donde entra en escena el “Modelo de Memphis”. El Mayor Sam Cochran es un oficial retirado de la policía de Memphis, Tennessee. En 1987, la policía respondió al llamado de un hombre que se estaba infligiendo daño a sí mismo y amenazando a otros con un cuchillo. La policía mató al individuo. Las protestas de la comunidad impulsaron al alcalde a reclamar una solución urgente. Se creó el Equipo de Intervención en Casos de Crisis (CIT, por sus siglas en inglés). Sam Cochran me explicó qué son los CIT: “CIT es un equipo de intervención en casos de crisis. No se trata de un programa de las fuerzas de seguridad, sino que es un programa comunitario que tiene tres partes: las fuerzas de la ley, los servicios médicos de salud mental y los equipos de defensa”. Ante un llamado de este tipo, el CIT envía a un oficial capacitado o a un profesional de la salud mental al lugar para calmar la situación. Desde su creación en Memphis, este modelo de intervención ha sido adoptado en más de 2.500 comunidades en 40 estados de Estados Unidos, y también a nivel internacional.

Las familias Cruz y Bah entablaron demandas para exigir a los Departamentos de Policía de New Rochelle y de Nueva York que adopten la política de respuesta de los CIT. Como explicó el abogado Randolph McLaughlin: “La policía sostiene exactamente lo mismo en el caso de Bah y en el de Cruz: ‘Nos enfrentó con un cuchillo y lo matamos’. Entonces, surgen varias preguntas: ¿Cuál era el plan? ¿Tenían un plan cuando tiraron la puerta abajo? ¿Por qué tiraron la puerta abajo? ¿Por qué no calmaron los ánimos? ¿Por qué empeoraron la situación? De hecho, los policías que actuaron en todos estos casos no fueron entrenados para intervenir en situaciones de crisis. Fueron entrenados para usar la fuerza, una fuerza mortal. Y si esa es la única arma que un policía tiene a su disposición, la utilizará”.


 ONU: 188 países apoyan desbloqueo de EE.UU. contra Cuba

 

La Asamblea General de la ONU votó este martes, una vez más, por un nuevo llamado al levantamiento del bloqueo que EE.UU. mantiene sobre el pueblo de Cuba. (foto: teleSUR)

Tras un debate que giró en torno a un proyecto de resolución en el que se destacó la necesidad de poner fin al cerco económico, comercial y financiero impuesto por EE.UU. a la isla desde hace más de 50 años, 188 Estados miembros votaron a favor de la iniciativa, dos en contra y tres se abstuvieron.

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) votó este martes, una vez más, por un nuevo llamado al levantamiento del bloqueo que Estados Unidos (EE.UU) mantiene sobre el pueblo y el Gobierno de Cuba, desde hace más de medio siglo, una política unilateral que ha sido rechazada en este organismo durante los últimos 21 años.

Tras un debate que giró en torno a un proyecto de resolución en el que se destacó la necesidad de poner fin al cerco económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la isla desde hace más de 50 años, 188 Estados miembros votaron a favor de la iniciativa, mientras que dos lo hicieron en contra y tres se abstuvieron de emitir su opinión.

Se trató de un documento similar al que desde 1992 ha recibido un amplio respaldo de la comunidad mundial, siempre con más de 180 naciones apoyándolo en los últimos siete años.

Además, la plenaria número 38 de la Asamblea General, que el pasado 17 de septiembre instaló su 68 período de sesiones, tiene en agenda la presentación de un reporte del secretario general del organismo, Ban Ki-moon, sobre el bloqueo estadounidense.

Este documento contempla informaciones suministradas por, al menos, 150 países, la Unión Europea, la Santa Sede y diferentes entidades de la ONU; dirigidas a fijar postura contra el cerco norteamericano, denunciar su impacto y adelantar el respaldo al proyecto de resolución.

Por su parte, La Habana remitió al ente un texto que recoge, de forma detallada, las afectaciones del bloqueo por sectores y, también, denuncia su carácter extraterritorial y su recrudecimiento en materia financiera por la actual administración estadounidense.

El proyecto a considerar por la Asamblea apela a los principios de “soberanía e igualdad entre Estados, la libertad de comercio y navegación y la no interferencia en los asuntos internos”, para, con base en ello, demandar se levanten las sanciones de Washington.

Semanas atrás, más de 40 presidentes, primeros ministros y cancilleres de los cinco continentes pidieron en el debate general del 68 período de sesiones de la Asamblea el fin del bloqueo, que recibió en el foro el calificativo de “genocidio, ilegal y reliquia de la guerra fría”.


Así asesinaron a Kennedy

Martes 29 de octubre de 2013 Han pasado cincuenta años desde el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y las cosas están bastante claras, aunque no correspondan con la versión oficial. José Manuel Martín Medem nos revela los detalles de la investigación que sólo se ha publicado en Francia. Las ilustraciones son de Octavio Colis.

 

Autopsie d’un crime d’Etat, de William Reymond, es una radiografía detallada de la trama de intereses que llevaron al complejo plan para aseinar a Kennedy. 

Por José Manuel Martín Medem / O. Colis

El primero que dispara es Max, el mercenario francés conocido sólo por el nombre que utilizaba en los escuadrones de la muerte de la guerra de Argelia. Contratado cuando se entrenaba en elcampamento clandestino de la CIA en Nueva Orleans, dónde se preparaban las operaciones de sabotaje contra Cuba.

Son las doce y media del 22 de noviembre de 1963 y el Lincoln Continental descapotable circula muy despacio al hacer un complicado giro para entrar por la calle Elm a la plaza Dealey en Dallas. Cuatro tiradores apuntan a la cabeza de John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos, con sofisticados fusilesMauser Gewehr 43 de mirilla telescópica. Dos desde las alturas de edificios muy cercanos, el Dal-Tex Building (1) y el Texas School Book Depository (2), y otros dos detrás del público, camuflados en la colina arbolada (3 y 4). La primera bala de Max entra por el cuello de Kennedy. Desde el Dal-Texel pistolero de la mafia Eugene Brading alcanza al presidente en la espalda. Falla Yito del Valle, oficial de la policía política de la dictadura de Fulgencio Batista, reclutado por la CIA, cuyo disparo desde el quinto piso del Depositoryha herido a John Connally, gobernador de Texas, que acompaña a Kennedy.

 

Junto al tirador, Lee Harvey Oswald, agente de la ONI (Office of Naval Intelligence) colaborador de la CIA y del FBI, que trabaja en ese edificio y le ha facilitado el acceso. Falla también su intento entre los arboles Roscoe White, agente del Departamento de Policía de Dallas y colaborador de la CIA. En ese momento, el conductorWilliam Greer, veterano del Servicio Secreto, detiene el vehículo presidencial y deja a Kennedy como un blanco muy fácil para los nuevos disparos, casi simultáneos, de Max y de White que le destrozan el cráneo.

El tiroteo ha durado diez segundos. Greer acelera la limusina hacia el hospital Parkland. Su colaboración ha sido fundamental pero no sabe que pasa junto a un coche bomba que era el último recurso si el atentado se complicaba.

En Varadero, Fidel Castro acaba de recibir la visita de Jean Daniel, el periodista francés de L’Express que le lleva un mensaje de John F. Kennedy: le propone iniciar contactos de acercamiento cuando regrese de Dallas. En la Casa Blanca, el teléfono rojo mejora la confianza en las negociaciones con Moscú.

El mercenario francés desapareció, a Eugene Brading lo asesinaron, Yito del Valle fue eliminado a machetazos y Roscoe White murió en un atentado con explosivos. En 1990, su hijo Ricky entrega al FBI la agenda del policía con el relato completo de la conspiración. El manuscrito desaparece.

No había periodistas ni cámaras en el escenario del crimen porque elServicio Secreto había colocado el coche de la prensa al final de la comitiva presidencial y estaba fuera de la plaza Dealey. Entre el público, media docena de aficionados hicieron fotos y grabaciones de cine que la CIA, el FBI y el Servicio Secreto confiscaron y manipularon o destruyeron. Cincuenta años después, sólo los organizadores de la conspiración guardan la película del asesinato.William Reymond dice en su libro Autopsie d’un crime d’Etat que “numerosos indicios y algunas fuentes bien conectadas permiten pensar que los asesinos filmaron la operación”.

 

Los Kennedy no me joderán más

El 21 de noviembre de 1963, en la víspera del asesinato, los petroleros texanos encabezados por Haroldson Lafayette Hunt, que era entonces el más rico del mundo, organizan en Dallas una fiesta para Edgar J. Hoover, director del FBI. Hay una reunión a puerta cerrada del vicepresidente Lyndon Baines Johnson con Hoover, Hunt y el invitado especial Richard Nixon. La entonces amante de LBJ, Madeleine Brown, ha contado que, cuando terminó el cónclave, el vicepresidente le anunció que “a partir de mañana los malditos Kennedy no me joderán más”.

Los cuatro odiaban al presidenteJohnsonporque no contaba con él para la reelección (se pronosticaba una mayoría espectacular) e impulsaba las investigaciones sobre sus delitos de corrupción.Nixon porque lo había derrotado por sólo cien mil votos en las elecciones de 1960.Hoover porque lo iba a destituir de la dirección del FBI. Y Hunt porque Kennedy había cancelado los beneficios fiscales de los millonarios petroleros. Al mismo odio se sumaban los generalesque no estaban de acuerdo con la retirada de Vietnam y la distensión con la URSS, la industria militar que perdía sus grandes negocios, los veteranos de la CIA destituidos por haber organizado el desastre de Bahía de Cochinos, los terroristas cubanos de Miami que se consideraban traicionados por la nueva política de la Casa Blanca para la convivencia con Fidel Castro y la mafia que se sentía engañada por no haber conseguido la impunidad a cambio de su colaboración en la campaña electoral de Kennedy.

Dos agentes del FBI contratados para la seguridad personal de Hunt revelaron que el empresario compró un rancho en México para que se entrenaran los asesinos de Kennedy.

 

El tirador solitario

Lee Harvey Oswald colaboró con la CIA cuando hizo el servicio militar en los marines y fue reclutado por la ONI (Office of Naval Intelligence) para sus operaciones de infiltración de agentes dobles en la URSS. A esa supuesta vinculación comunista se añadió su aparente complicidad castrista: una falsa leyenda construida por David Atlee Philips, el entonces jefe de la CIA en México, que envió a un falso Oswald a solicitar un visado en la embajada de Cuba.

Los cuatro tiradores de la plaza Dealey estaban conectados por radio con un coordinador general de la operación y cada uno iba acompañado por dos ayudantes que les protegían, preparaban las armas, recogían los casquillos y facilitaban la huida. Después del asesinato, agentes del Departamento de Policía de Dallas, la mayoría asociados en organizaciones de extrema derecha, se encargaron de guardar los fusiles. Los que habían participado en el despliegue operativo fueron transportados al aeropuerto privado de Redbird, muy cerca de Dallas, desde donde volaron a Canadá. Un error de identificación provocó la detención del mercenario francés Max pero inmediatamente fue deportado también a Canadá en una de las primeras decisiones del nuevo presidente LBJ.

El encargado de sobornar a los policías de Dallas era Jack Ruby, colaborador del FBI y administrador de un bar de copas de la mafiafrecuentado por Oswald. De Ruby dependía el montaje para convertir a Oswald en el tirador solitario del asesinato de Kennedy. A uno de los policías comprados, Jefferson Davis Tippit, le encargaron que lo recogiera en un cine para llevarlo al aeropuerto pero antes lo mataron para acusar a Oswald y provocar su detención mediante falsos testigos. Los agentes sobornados tenían la orden de asesinarlo. Se adelantaron otros policías no comprometidos y lo detuvieron. Mientras tanto ya se habían fabricado las pruebas para demostrar que había matado a Kennedy. Una foto trucada de Oswald con un fusil que se hizo aparecer como el utilizado desde elDepository. La intención era que, con Oswald muerto y comprobadoque había disparado contra Kennedy y Tippit, el caso quedase resuelto. Pero estaba vivo y empezaba a comprender que lo habían traicionado. Lo confirmó al realizar la llamada de emergencia a su contacto con la ONI y no obtener respuesta. Jack Ruby lo mata antes de que pueda hablar. Sus complíces del Departamento de Policía de Dallas le facilitan el acceso cuando lo van a trasladar a la prisión.

 

Presidente LBJ

La intervención del asesino del asesino del presidente provoca las primeras sospechas y ya comienza a hablarse de conspiración cuando Edgar J. Hoover le recomienda a su amigo y nuevo presidente LBJ, sólo una semana después del crimen de Dallas, que organice por decreto una comisión de investigación dirigida por Earl Warren, presidente del Tribunal Supremo. Aunque la designación de Warren le da a la operación una credibilidad inicial, la selección de los seis comisionados anuncia lo que sucederá: la Comisión Warren confirmará la versión del FBI sobre el asesino solitario. Los seis son Allen Dulles, el director de la CIA destituido por Kennedy, el diplomático republicano John McCloy, muy amigo de LBJ, dos congresistas demócratas del grupo del nuevo presidente y dos republicanos: Gerald Ford, compadre de LBJ y de Richard Nixon, y John Cooper, pariente a la vez del vicepresidente y del director del FBI. En diez meses cumplen su misión y establecen la verdad antes de las elecciones presidenciales de 1964 que ganará Johnson. Según la Comisión Warren, Oswald fue el único tirador (aunque “no es posible determinar sus motivos”), los disparos (sólo tres) se hicieron desde el quinto piso del Depository y no hay pruebas sobre una conspiración.

En su libro Autopsie d’un crime d’EtatWilliam Reymondcuenta que el 7 de junio de 1964 Jack Ruby se reune a solas con el juez Earl Warren y el comisionado Gerald Ford en la prisión de Dallas. Confiesa entonces que el asesinato de Kennedy es una conspiración y pide que lo trasladen a Washington para hacer una declaración oficial porque si habla en la cárcel lo matarán. No hay respuesta. Ruby morirá el 3 de junio de 1967 como consecuencia de un cáncer según la versión impuesta, pero consiguió enviar clandestinamente una carta a un amigo en la quedenunciaba que lo utilizaron para impedir que Oswald contara lo que sabía sobre una conspiración que  beneficiaba sobre todo a LBJ para conseguir la presidencia de EEUU, el gran objetivo de su vida.

Sus primeras ordenes fueron anular la retirada de Vietnam,cancelar la distensión con la URSS y Cubaconfirmar a Hoover en la dirección del FBIdevolver las ventajas fiscales a sus patrocinadores petroleros y bloquear las investigaciones sobre las denuncias de corrupción en sus negocios.



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