Golpe de Estado Silencioso

“Golpe de Estado silencioso” (Revista Proceso, 27 de noviembre, 2016)

Salvador Cienfuegos, Enrique Peña Nieto y Vidal Soberón
La intromisión de las fuerzas militares en la vida política y social del país ha llegado a extremos intolerables que ponen en riesgo tanto la institucionalidad democrática como la soberanía nacional. Hoy atestiguamos el equivalente a un golpe de Estado subrepticio y silencioso. Si la sociedad no detiene la militarización rampante, Los Pinos pronto podría ser ocupado por un general.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa que para una nueva Ley de Seguridad Interior, que tiene el objetivo de normalizar la participación inconstitucional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de control social interno.
La aprobación de esta iniciativa implicaría una transformación radical en el papel de los militares en la vida nacional. Normalmente, los soldados solamente pueden participar en asuntos de “seguridad nacional”. Y el artículo 129 de la Constitución es absolutamente claro: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Sin embargo, la propuesta del Diputado César Camacho Quiróz, en cumplimiento de órdenes giradas por Enrique Peña Nieto y el Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, habilitaría a los militares para involucrarse también directamente en asuntos de “seguridad interna”. Y este concepto lo define de la manera más abstracta y general: cualquier asunto que “ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública”.
Con la nueva ley, los militares ya no se dedicarían exclusivamente a defender el territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en casos de emergencia, sino que se transformarían en responsables permanentes del “orden” interno y, por lo tanto, en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país…
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