Tomado de: Sin Embargo
Entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia. La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano. Así lo consigna el periodista J. Jesús Lemus en su libro de reciente publicación “México a Cielo Abierto”, del que se presenta aquí un revelador capítulo para los lectores de SinEmbargo.
Si se ha de creer a las fuentes consultadas y a la observación directa de la violencia, a nivel nacional la lista de empresas trasnacionales que se valen del crimen organizado para la protección de sus intereses es larga; el recuento alcanzaría a por lo menos 915 regiones de todo el país, donde la protección de los intereses de los corporativos mineros posiblemente recaería en células de los cárteles de Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, Guerreros Unidos y el de los hermanos Beltrán Leyva.
Otro ejemplo se da en la región de Ixtacamaxtitlán, en el norte de Puebla: la empresa Almaden Minerals Ltd., por medio de la subsidiaria Compañía Gorrión, S. A. de C. V., descubrió el yacimiento de oro más grande —y uno de los más importantes de plata— de México, en la cuenca alta del río Apulco, sobre una extensión de más de 88 mil hectáreas. La mayor parte del banco de oro se ubica en la comunidad de Santa María Sotoltepec; tiene una proyección productiva de 130 mil onzas de oro y cerca de 8 mil onzas de plata por año.
En esa localidad, los opositores al proyecto minero han recibido amenazas y persecución por parte de las células de Los Zetas con el presunto respaldo de los gobiernos locales, los cuales supuestamente han puesto a disposición del crimen organizado los cuerpos de la policía municipal; los comandos han llegado hasta las casas de opositores al proyecto para hablarles sin tapujos. Les han marcado las alternativas que tienen: desisten de la resistencia, se marchan del pueblo o serán ejecutados.
El conflicto social en torno a las minas se agrava con el silencio de la autoridad estatal poblana y el desplazamiento forzado de la población no es reconocido por el gobierno federal. Ni por error las autoridades mencionan la posibilidad de que detrás de los grupos criminales esté la protección de los intereses de las mineras.
En Chihuahua las administraciones panistas de Fox y Calderón entregaron 2 mil 890 concesiones para el usufructo de 2 millones 734 mil 127 hectáreas, a las que se suman las 182 concesiones otorgadas por Enrique Peña Nieto para explotar una superficie de 223 mil 372 hectáreas, que es un caso muy similar al de Oaxaca, donde los panistas entregaron 267 concesiones para hacer minas en una superficie de 698 mil 198 hectáreas, a las que se suman las 26 concesiones para una superficie de 47 mil 422 hectáreas, entregadas por la administración priista de Peña Nieto.
Para comprender la forma en la que ha venido creciendo la entrega de concesiones en México, basta ver el registro histórico michoacano desde 1940, cuando los primeros títulos de explotación fueron entregados por Lázaro Cárdenas del Río, quien enajenó una superficie de 20 hectáreas para la extracción de hierro. La siguiente entrega de concesiones fue hecha por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que entregó en Michoacán 248 hectáreas con yacimientos minerales. Posteriormente el presidente José López Portillo cedió títulos para la explotación minera en 704 hectáreas. Siguió el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien concesionó mil 12 hectáreas de suelo michoacano.
Carlos Salinas de Gortari hizo entrega de títulos de concesión en suelo michoacano para una superficie de 7 mil 54 hectáreas, ejemplo que fue seguido por la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, que con cesionó 19 mil 206 hectáreas; el panista Vicente Fox entregó 380 mil 709. Por su parte, Felipe Calderón Hinojosa dio a las mineras internacionales 897 mil 735 hectáreas y, hasta el cierre de 2017, Enrique Peña Nieto ya había entregado títulos de explotación minera para otras 70 mil.
Si bien 80% de las concesiones mineras en Michoacán ha ido a parar a manos de grandes trasnacionales de capital estadounidense, canadiense, indio, chino, australiano, argentino e italiano, también una parte de esos títulos de explotación, principalmente de derivados pétreos, ha quedado en manos de algunos de los jefes de células de los cárteles de drogas que operan en la entidad.
Por eso, ante la facilidad con la que se puede obtener un permiso para la explotación minera, que no requiere mayores trámites que comprar la voluntad de los funcionarios en turno, y ante la rentabilidad económica que representan las minas, se ha dado paso a un nuevo fenómeno dentro del crimen organizado: cada vez son más los cárteles que se alejan del trasiego de drogas para incorporarse a la explotación minera, sin dejar de lado sus operaciones de secuestro, extorsión, cobro de piso y homicidio por encargo.
Sólo en la Tierra Caliente de Michoacán son cerca de 200 las minas —la mayoría de extracción de materiales pétreos— operadas por células escindidas del Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana; en Coahuila, de acuerdo con datos del Cisen, Los Zetas controlan la explotación de por lo menos 18; en Sinaloa, el cártel que una vez fue de Joaquín el Chapo Guzmán, tiene presencia en la explotación de 39 minas de materiales pétreos, mientras que el Cártel de Jalisco Nueva Generación se ha apropiado de por lo menos 79 de materiales pétreos y metales en Colima, Jalisco, Nayarit y Guerrero. Este cártel domina la extracción mineral y también controla los sistemas de compraventa y ha podido infiltrar el puerto de Manzanillo para hacer más fácil la exportación de los minerales a China.
La exención fiscal para las mineras es obra de Felipe Calderón Hinojosa, impulsor de la ratificación del convenio entre los gobiernos de México y Canadá para evitar la doble tributación de las empresas canadienses asentadas en nuestro país. Eso hizo posible que a esas compañías les baste pagar impuestos en su país de origen para recibir la condonación del gobierno mexicano, aun cuando extraen sus riquezas de nuestro suelo.
De ahí la gran contradicción en México: las regiones con mayor riqueza minera son a la vez las que mayor pobreza registran; los más pobres del país pisan a diario miles de millones de dólares que están en los yacimientos minerales de sus comunidades. Pero no tienen posibilidades de acceder a esa riqueza.
Zacatecas también ilustra esta situación. En el municipio Mazapil, en pleno semidesierto del centro del país, los vecinos viven en una de las pobrezas más extremas, aun cuando, como refiere el director de La Jornada Zacatecas, Raymundo Cárdenas, “esta gente debería vivir como lo hacen los habitantes de Dubái”, simplemente porque dentro de ese municipio está la mina de oro más grande de México, Peñasquito, operada por la canadiense Goldcorp Inc., asociada con Frisco.
Sólo en 2015 Peñasquito logró una producción de 860 mil 300 onzas de oro, que hicieron que los títulos de valor de ambas empresas crecieran casi 95%. El alto rendimiento de esa mina se ha logrado a pesar de las acciones de algunos de sus trabajadores, quienes en reclamo de mejores condiciones de trabajo realizaron entre 2015 y el primer semestre de 2016 al menos tres paros de labores y bloqueos, que fueron disueltos por la intervención del gobierno federal en favor de las trasnacionales.
De acuerdo con el Registro Público de Derechos del Agua, al cierre de 2016 eran 536 las empresas del ramo minero que habían logrado un título de concesión del gobierno federal para explotar una o varias partes de un manto freático o el cauce de algún afluente; es decir, mil 321 títulos de explotación, lo que le garantiza a esa industria un suministro de por lo menos 462 millones 382 mil 283.39 metros cúbicos anuales de agua, suficientes para para atender la demanda de una población de por lo menos 12 millones 292 mil 980 personas.
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El pasado viernes, sujetos armados y encapuchados que viajaban en una camioneta Ford Lobo negra, cabina y media, incendiaron una unidad de la línea AU rentada por nuestra organización, cerca de la comunidad de Alcomunga en la Sierra Negra de Ajalpan.
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